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El turismo, a debate: ¿es necesaria una reforma de la ley?

En los últimos días, el turismo ha concentrado el foco de los principales medios de comunicación de nuestro país, y no solo por encontrarnos en pleno periodo vacacional o por las espectaculares cifras del sector, que año tras año registra nuevos récords.

En este caso, lo que ha llamado la atención de la opinión pública son diferentes acontecimientos que atañen al turismo, industria que representa más del 10% del PIB español: hablamos de los actos vandálicos que se han producido en Barcelona en las últimas semanas y que han tenido como objetivo el turismo que visita la ciudad condal, o de la reciente controversia que ha generado  la decisión del Gobierno de Baleares de limitar las plazas turísticas dentro de las islas.

La Ley de Turismo del Gobierno Balear

El pasado martes el Gobierno de las Islas Baleares aprobó una ley que limita a 623.624 las plazas turísticas, con lo que, actualmente, aún quedarían en torno a 52.000 plazas libres a disposición de las empresas turísticas, equivaliendo cada una de ellas  a un inquilino; el problema podría darse en el futuro con una hipotética ocupación total de plazas que impidiera el registro de otras nuevas sin que anteriores causen baja.

Como era lógico, la reacción de la Federación Hotelera de Menorca no se ha hecho esperar, entidad que si bien comparte con el Ejecutivo Balear la necesidad de establecer un techo de plazas, no no comulga con otra de sus pretensiones: recortar en 120.000 plazas el actual límite fijado, y esgrime que gran número de la demanda hotelera sería absorbida por alojamientos residenciales ilegales.

Otro de los colectivos que ha mostrado de manera activa su disconformidad con la nueva ley, antes y después de su aprobación, es la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (APTUR), pues en su opinión se ha elaborado “a medida de las grandes cadenas hoteleras” y serán ellos quienes más sufran las consecuencias al haberse prohibido alquiler de pisos y apartamentos a turistas si no se cuenta con la obligatoria licencia de la Consejería de Turismo, ente que desde el martes no otorga nuevos permisos, y se plantean emprender acciones legales para que el conflicto se resuelva en los tribunales.

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