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Las cambios que depara la aprobación de los Presupuestos Generales de 2017

Tras medio año de retraso debido a las divergencias entre los miembros del Congreso, se han aprobado los Presupuestos Generales para 2017 contando con 176 diputados a favor gracias a la coalición de PP, Ciudadanos, PNV, UNP, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El texto pasará al Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría, lo que agilizará su tramitación. De provocarse alguna modificación o corrección el texto volverá al Congreso para su aprobación durante la última semana de junio.

Los presupuestos contemplan 10 millones de euros para reducir la emisión medioambiental en las centrales térmicas de carbón, ayudas de 21,3 millones para los convenios pendientes de liquidación de los planes de minería y bonificaciones fiscales para producciones audiovisuales, entre otros. Según sectores específicos, los cambios que pueden empezar a operar a partir del verano son los siguientes:

Trabajadores Autónomos

Los Presupuestos Generales contemplan un incremento de la base mínima de cotización de autónomos del 3% hasta los 920€ mensuales, de modo que la cuota mensual pasará a ser de 275€ al mes.

Trabajadores Asalariados

El presupuesto provocaría una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional, situándolo en 707,7€ mensuales repartidos en 14 pagas, creciendo así las bases mínimas de cotización un 8% hasta alcanzar los 1.152,8€ al mes, mientras que las bases máximas rondan un incremento del 3% hasta llegar a los 3.752,26€ mensuales.

Empleo público

Los PGE suponen una subida del 1% para los salarios del funcionariado; dependiendo de la administración para la que trabajen podrán recibir, a partir de julio y en un solo pago, los atrasos acumulados desde el 1 de enero, recibiendo entonces un incremento del 1% en su nómina a partir del pago único. Dentro de las cuentas del Estado se incluye la oferta de 67.000 plazas para empleo público, además de una oferta extraordinaria durante un plazo de tres años destinada a hacer fijos a más de 250.000 funcionarios.

Jóvenes

Se destinarán 500 millones de euros al pacto del Gobierno con Ciudadanos que suponía un complemento salarial para menores de 30 años.

Pensionistas

La subida del 0,25% que contempla la ley y se aplicó el 1 de enero se mantiene. Se ha contemplado una revalorización de las pensiones a las que se han destinado 300 millones de euros. La pensión mínima de los jubilados a partir de 65 años sin cónyuge seguirá siendo hasta final del año de 637,7€ al mes, con cónyuge será 784,9€ mensuales. La pensión máxima será de 2.573,7€ al mes.

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Lo que debes saber sobre el registro de la jornada laboral

La controversia que se ha generado en los medios de comunicación y opinión pública acerca del registro de la jornada laboral de los trabajadores por parte de la empresa está siendo mayúscula, algo que encaja dentro de la lógica debido a la importancia de la noticia y a las idas y venidas que se han producido por las divergencias que existen entre la opinión al respecto de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Si bien la primera estableció en una sentencia de diciembre de 2015 que las empresas estaban obligadas a mantener un registro diario de las horas ordinarias efectuadas por los trabajadores a fin de poder observar a través de este si se hacían horas extraordinarias, desde el TS se hace una interpretación distinta del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores puesto que no lo consideran extensivo a los trabajadores a tiempo completo, apoyándose en otros artículos del citado estatuto, siempre y cuando estos últimos no realicen horas extraordinarias, en cuyo caso sí habrá que llevar un registro de las mismas.

El pequeño “caos” que genera en los empresarios la diversidad de sentencias y matices acerca de este asunto invita a los responsables de las empresas a mantener la máxima cautela e intención con respecto a él puesto que también es importante considerar que en la aprobación de la última sentencia del Tribunal Supremo ha habido cinco votos particulares (votos que dejan constancia de que algunos miembros no están de acuerdo con la decisión), con lo que el registro de las horas extraordinarias es un tema especialmente susceptible  a sufrir nuevos cambios.

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Compliance: ¿de quien es la responsabilidad ante un delito en la empresa?

El término compliance adquiere cada vez más importancia dentro de la cultura empresarial: según algunas fuentes, el fraude financiero en España creció durante el año pasado en torno a un 16%, mientras que en el ámbito empresarial este experimentó un aumento del 6%, datos que se pueden achacar tanto al periodo económico tan negativo que hemos sufrido en años recientes como a la ausencia de seguimiento en este tema por parte de las propias empresas al no calibrar adecuadamente el verdadero riesgo que supone.

¿Qué es el compliance?

Compliance es el término que hace referencia al conjunto de normas establecidas por ley que han de regir el funcionamiento interno de la empresa, tanto para cubrirse de posibles riesgos como para asentar de puertas para adentro el desarrollo de una educación empresarial honesta, algo que si bien ya ocurre en las grandes corporaciones de nuestro país, en las empresas más pequeñas sigue siendo una tarea pendiente.

Las consecuencias del no establecimiento de un programa de compliance pueden ser tan funestas que signifiquen el cierre de la sociedad y la prisión para su administrador, pues según las recientes modificaciones legislativas la responsabilidad de las decisiones tomadas por directivos o empleados que no se ajusten al marco legal será depositada en la propia sociedad, salvo si se demuestra que desde la misma se impulsaron, establecieron y controlaron las medidas necesarias encaminadas a evitar prácticas al margen de la ley.

Haciendo uso del refranero a modo de ejemplo de lo que el compliance supone, más vale prevenir que curar, y su aplicación es la herramienta más efectiva, tanto a nivel preventivo como a posteriori, de la que los administradores pueden hacer uso de cara a evitar la incertidumbre que la falta de control supone, así como para fijar las fronteras que permitan identificar la responsabilidad ante la posibilidad de incurrir en delito.

Como hemos mencionado, si bien las grandes empresas asumen los costes que sean necesarios para establecer un compliance de garantías, las pequeñas empresas aún mantienen ciertas reticencias comprensibles debido a que conlleva un coste que en estos casos puede antojarse de mayor relevancia, pero que supone un verdadero seguro para que los responsables de la empresa duerman tranquilos.

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Compliance como herramienta para asegurar la empresa

En los últimos años venimos escuchando con fuerza un concepto dentro del derecho jurídico de las empresas: compliance. Su significado es aún desconocido para muchos empresarios, algo que supone un riesgo tanto para ellos como para sus empresas.

Origen de la medida

Tras la reforma que el Código Penal sufrió en 2010, recae en las personas jurídicas la plena responsabilidad penal por los delitos que hayan sido consumados en su nombre o por algún representante legal o administrador, o por cualquier otro empleado que que se encuentren bajo su potestad, considerándose en este último punto que no se ha ejercido la supervisión suficiente.

¿Qué es el compliance?

El compliance consiste en llevar a cabo dentro de la empresa las actuaciones y procesos adecuados para asegurar que tanto la misma como sus directivos y empleados se rigen por el marco normativo aplicable. El cumplimiento de la normativa no ha de limitarse a aspectos meramente legales sino que también han de considerar políticas internas, compromiso con los clientes, proveedores y terceros, atendiendo también a la ética de sus actuaciones.

A este respecto, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha elaborado un proyecto de norma que permita a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601, una herramienta que permita a las empresas mantener la tranquilidad en lo que se refiere a posibles condenas por algún delito que haya sido llevado a cabo por uno de sus empleados o directivos. Este UNE 19601 incluye buenos hábitos dentro de las empresas que se llevan a cabo a nivel internacional.

Para que una empresa se declare conforme a la norma esta deberá cumplir todos y cada uno de sus puntos, y aunque la certificación correspondiente que se le otorgue tendrá una duración de tres años deberá de examinarse que la norma es satisfecha de manera anual.

Las principales actuaciones que ha de llevar a cabo la empresa para el cumplimiento del une 19601 son:

  • Identificación: mediante ella sostiene la prevención de los riesgos a los que la empresa se expone.
  • Prevención: a colación del punto anterior, toca establecer una estrategia eficiente que sirva de protección.
  • Seguimiento: de nada serviría lo anterior si no se observa de manera exhaustiva que las medidas llevadas a cabo son eficientes.
  • Determinación: cabe la posibilidad de que, a pesar de llevar a cabo las actuaciones que consideremos adecuadas, se produzcan infracciones que hay que solventar de manera inmediata.
  • Asesoramiento: este punto es de vital importancia, pues si la plantilla de la empresa al completo no recibe la información adecuada en torno a la normativa será imposible que se pueda cumplir con eficacia.

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Lo que pagarás de IVA en 2017

El IVA es de las primeras cosas a las que el gobierno de turno recurre cuando toca ajustar presupuestos, atención de los medios de comunicación suele acaparar la atención de los medios de comunicación, pues todos tenemos un bolsillo y si se va a tocar preferimos estar al tanto de ello. ¿Qué rebajas o aumentos se han producido en el IVA de cara a este 2017? antes de ponernos al día conviene recordar los tres tipos de IVA en España.

Tipos de IVA

Como es lógico, no todos los productos a los que se aplica el IVA son iguales, y en función de la necesidad que tiene el consumidor en adquirirlo se aplica uno u otro tipo de impuesto.

IVA Superreducido. Se aplica un 4% de incremento a su precio final, y únicamente se da en cuatro países de la UE, además de España. Se trata de bienes de primera necesidad como alimentos, libros que no contengan publicidad, medicamentos, viviendas VPO, prótesis médicas, etc.

IVA Reducido. Se aplica un 10% de incremento a su precio final. comprende alimentos que no sean considerados de primera necesidad, productos farmacéuticos, billetes de transporte, entradas para espectáculos deportivos o exposiciones, etc.

IVA General. Se aplica un 21% de incremento a su precio final. Aquí se recogen artículos como el alcohol y el tabaco, la ropa, u otros que, a pesar de esta categorización, también son de uso cotidiano, como los combustibles, la luz, el teléfono, etc.

¿Qué novedades nos depara la última reforma del IVA?

El gobierno actual ha procedido a rebajar el impuesto sobre el valor añadido en espectáculos (cine aparte) pasando a ser el impuesto sobre este tipo de bienes de general a reducido, algo que también ocurrirá en las monturas de gafas y lentes de graduación. A pesar de estas medidas, el ejecutivo prevé aumentar su recaudación a través de este impuesto en más de un 7% con respecto al año anterior debido a la buena inercia económica.

 

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El impuesto de sucesiones tiene kilómetros de diferencias

El impuesto de sucesiones ha generado en los últimos años gran controversia debido, en muchos casos, a la diferente tributación de este impuesto dependiendo de la zona de nuestra geografía en que se realice: España es un país de contrastes, y parece ser que este caso no va a ser una excepción.

A este respecto, se dan casos en los que los hijos han llegado reciben cantidades finales diferentes que han variado según la comunidad autónoma de residencia de cada uno de ellos, algo que podría entrar en conflicto con el principio de igualdad recogido en la Constitución.

Las comunidades más caras y más baratas en herencias

Dentro del marco nacional, y teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de sucesor y que, en función a sus características, deberá de tributar una cantidad mayor o menor, las CCAA en las que heredar resulta más costoso son, en líneas generales, Andalucía, Asturias y Extremadura, mientras que otras como Madrid o Canarias aplican bonificaciones que hacen que el papel de este impuesto sea prácticamente testimonial; sobre una base imponible de 800.000 euros, un andaluz tendría que tributar 165.000, una cantidad que multiplica más de cien veces la que tendría que abonar un madrileño (1.500 euros).

Ante este exagerado contraste entre comunidades, muchas han sido las voces que se han alzado para que la armonización en cuanto al impuesto de sucesiones a nivel nacional se produzca cuanto antes, pues la diferencia es tan grande que el porcentaje de sucesores que renuncian a una herencia varía notablemente entre regiones.

En todo caso, existen determinados factores que marcan la fiscalidad que se aplica al impuesto de sucesión, tales como la naturaleza del bien a donar, la cercanía en cuanto al parentesco, el patrimonio del donatario, etc. Debido a la complejidad del asunto, se antoja indispensable la figura de un asesor experto que ayude a que la transmisión se realice dentro de los cauces indicados y resulte lo más beneficiosa posible para el sucesor.

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El TEAC resuelve que la prestación por maternidad sí ha de tributar

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha considerado que la cantidad percibida por las madres que disfruten de permiso de maternidad en su trabajo deben tributar por el IRPF, esgrimiendo para ello la necesidad de un criterio unificado a nivel nacional.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase la exención de tributación para la mencionada prestación en el verano de 2016, y obligase a Hacienda a la devolución de las cantidades percibidas por tal concepto, el TEAC considera que debido a la “especial trascendencia” que el asunto supone para los afectados es necesario un criterio homogéneo. Dicha sentencia estableció que la Agencia Tributaria se hallaba en la obligación de retornar 3.135,11 euros (intereses aparte) a una demandante, apoyando su decisión en las leyes del IRPF del año 2006 y de la Seguridad Social de 1994.

El TEAC respalda su decisión encontrando resoluciones de tribunales económico-administrativos que han dictaminado partiendo de su misma postura, como los de Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja o Murcia. Este organismo delimita la exención a las prestaciones recibidas que sean de ámbito regional y local, y excluyendo a las percibidas que tienen como emisora a la Seguridad Social. Recalca también que el propósito de la prestación por maternidad de la Seguridad Social sustituye a retribución común, y que esta última no está exenta de gravamen.

Casos exentos de tributación

Además de las de ámbito regional y local, sí están exentas aquellas prestaciones que, aún dependiendo de la Seguridad Social, sean por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

 

 

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Impuesto de Plusvalía: ¿el principio del fin?

El Impuesto de Plusvalía hace referencia a aquel gravamen al cual tenemos que hacer frente a la hora de cesar en la titularidad de una propiedad urbana, ya sea por transmisión, herencia o legado, donación, compraventa, etc. Su cuantía se calcula de manera automática atendiendo a dos variables: el IBI y los años transcurridos desde que se adquirió su titularidad hasta que se deja de gozar de ella.

La controversia surge a partir de que el mercado inmobiliario se desajusta de manera tan abrupta como lo hizo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues la correspondencia entre tiempo transcurrido y revalorización de la propiedad no tiene un resultado positivo, sino más bien al contrario: los valores que marca ahora el mercado inmobiliario son inferiores a los de, por poner un ejemplo, hace una década.

La importancia del impuesto para los ayuntamientos

Actualmente, el Impuesto de Plusvalía supone un ingreso muy importante para los ayuntamientos, llegando a equipararse su importancia con la del impuesto de circulación por ser los beneficios que generan muy similares; aún en los últimos años, época en la que se han producido muchas menos compraventas de inmuebles, los ayuntamientos han recibido cantidades que duplican las obtenidas en los años pretéritos a la crisis, algo que se debe a la actual fórmula de cálculo anteriormente mencionada.

¿Cuál es el futuro del Impuesto de Plusvalía?

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto como anticonstitucionales determinados preceptos propios de este impuesto en una sentencia ante un caso planteado por un Juzgado de San Sebastián. A pesar de que este dictamen solo atañe a la norma foral vasca, estos preceptos son calcados a los que forman la norma estatal, con lo que más tarde o más temprano la aplicación de sentencias similares hará referencia a todos los casos similares a nivel nacional.

Posibles reclamaciones

Los contribuyentes que decidan reclamar la cuantía aportada “de más” con este tributo habrán de demostrar que la venta de la propiedad tuvo un impacto negativo para su hacienda particular, poniendo especial énfasis en la depreciación de su valor.

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¿Aprueba España el examen medioambiental de la Comisión Europea?

España se encuentra actualmente bajo la lupa de la Comisión Europea (CE), órgano que recientemente ha solicitado que se aumente la presión fiscal medioambiental y que se rebajen las subvenciones para los procesos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente dentro de nuestras fronteras.

La realidad es que España es uno de los países miembros de la Unión Europea que menos dinero genera con los impuestos ambientales: un 1,85% del PIB, frente a la media europea del 2,46%. Bruselas señala una negativa desproporción entre este tipo de impuestos y, por ejemplo, el gravamen que se impone a las rentas del trabajo, y propone que la carga fiscal se traslade de unos ámbitos a otros. También se denuncia desde el órgano europeo la amenaza bajo la cual se encuentra actualmente la biodiversidad de las aguas españolas, debido en gran parte a la sobreexplotación pesquera y al vertido de residuos.

Manos a la obra

Parece que las advertencias procedentes de la CE no han caído en saco roto, y la propia Comisión Europea ha alzado el pulgar de aprobación ante el plan de presupuestos de España para 2017, según el cual nuestro país dedicará más recursos a promover medidas que equiparen su media fiscal medioambiental a la europea, y que intensifiquen el control sobre la emisión de gases de efecto invernadero y mejoren la gestión de aguas y residuos, medidas esta dos últimas en las que se ha hecho especial hincapié desde Bruselas.

Otro de los aspectos positivos es que, debido a la situación actual que se intenta corregir, el margen de mejora es muy amplio, de manera especial en sectores como los del transporte o la energía. Además, se resalta el arranque de la Red Española de Autoridades Ambientales, o el paradigma de ciudad sostenible que representan ciudades como Vitoria.

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Así será la protección de nuestros datos a partir de 2018

Formularios de contacto, papeles con nuestros datos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas con teleoperadores…¿qué cantidad de información acerca de nosotros se traslada al limbo o escapa a nuestro control cada vez que permitimos a un tercero acceder a ella? Parece que este hecho cada vez nos preocupa más, y la propia UE se ha puesto manos a la obra con el objetivo de controlar, en cierta medida, el ingente tráfico de datos personales que almacenan y utilizan organizaciones y empresas.

A partir de 2018 tendremos derecho a recibir los datos que nos atañan y que hayamos facilitado a cualquier responsable de datos, y que estos sean transferidos sin rémora alguna a quien nosotros decidamos en el plazo máximo de un meses, o de tres si se trata de algún caso que represente una excepción por su complejidad. Estos datos no se limitarán a aquella información que hayamos entregado de manera activa, sino también a toda aquella que se derive de nuestra actividad. Así lo ha determinado el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), un organismo consultivo que aglutina, entre otras instituciones, a las autoridades de Protección de Datos de todos los estados miembros de la Unión Europea.

Con esta medida se pretende el libre flujo de datos dentro de la UE, favoreciéndose con ello la competencia entre empresas y, finalmente, el servicio que se le ofrece al usuario.

Lo que se plantea ahora es poder intercambiar todos esos datos de manera segura; en este sentido, será el encargado de transmitir la información quien se responsabilice ante pérdidas o violaciones de la información; del otro lado, se recomienda que el responsable que reciba esos datos aconseje al usuario acerca de cómo salvaguardar esa información más allá de sus competencias profesionales. Los responsables del tratamiento de estos datos deberán de trabajar a contrarreloj para estar preparados a nivel técnico a la hora de ejecutar solicitudes de portabilidad de datos de acuerdo a la nueva normativa que entrará en vigor en 2018.