vinculadas

Operaciones vinculadas. IS 2010

Las siempre controvertidas OPERACIONES VINCULADAS siguen haciendo meya en el desarrollo económico de las empresas, de los contribuyentes en general.


En la declaración del Impuesto sobre Sociedades se suscitó el inconveniente de obligación de declarar dichas operaciones. Inconveniente porque si bien el art.18 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades establecía la obligación de informar la mismas, no era una condición exigible en todos los casos. Es decir, a pesar de que una operación vinculada estuviera documentada, si el importe de la misma no superaba los 100.000,00 euros por persona, por tipo de operación y por método de valoración, no debía informarse en el modelo 200. Sin embargo y con el fin de suavizar las obligaciones de los contribuyentes, el Real Decreto 897/2010 de 9 de julio, redactaba que las operaciones cuya contraprestación no superara los 250.000,00 euros de valor de mercado no se verían sometidas a obligación de documentación alguna. Con un apunte interesante, con carácter retroactivo.

Ya en el ejercicio 2009 se suscitaron dudas acerca de si las temibles OPERACIONES VINCULADAS debían ser o no informadas en el Impuesto. Dudas más que razonables teniendo en cuenta que no existía conexión entre la obligación de declarar y de informar, y teniendo en cuenta que el RD se publicó 15 días antes de que finalizara el plazo de presentación del Impuesto. ¿Era obligado informar aquellas operaciones que no tenían obligación de ser documentadas? Parece lógico pensar que no. Sin embargo la gran mayoría de las empresas optaron por lo contrario.

Parece que este año el tema se ha aclarado. La Orden Ministerial EHA/1246/2011 lo aclara:

“Nunca va a existir la obligación de informar de operaciones vinculadas, cuando se trate de operaciones respecto de las cuales no existe obligación de documentación”.

Con toda probabilidad, ésta era la inicial intención del legislador. Simplificar cargas a los contribuyentes.

Pero claro… ¿Es la intención lo que cuenta? Pues no, en este caso no.


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Deducir el IVA de los Vehículos

Una de las preguntas más frecuentes que los empresarios suelen hacer es la siguiente: ¿ Me puedo deducir el coche?. Responder a esta sencilla pregunta es sin embargo una tarea compleja, partiendo de que la inmediata respuesta es: Depende.


Efectivamente; depende de la actividad del empresario, depende del tipo de vehículo, depende de si hay más de un vehículo, depende del inspector, depende, depende, depende….

Si el empresario, autónomo, es agente comercial y su trabajo es estar viajando continuamente, se presupone que podrá deducirse el 100%. Esto es, tanto el 100% del IVA en la adquisición del vehículo como el 100% del IVA  de los gastos que ocasione dicho vehículo, como reparaciones, combustible etc.

Se podrá deducir también en IRPF dichos gastos

Si la actividad del empresario autónomo es otra, electricista, fontanero, abogado… Pues la cosa varía. Hacienda (que somos todos), lo complica bastante. Hay que demostrar la afectación del vehículo a la actividad. Y a ver como se demuestra que yo electricista uso el coche únicamente para mi trabajo. O sea que no voy con la familia al campo, a comprar, de vacaciones, etc.

– Si el vehículo,  es un furgón, furgoneta, combi… o similar, es mucho más fácil demostrar la afectación que si se trata de un BMW, Mercedes, Audi…. En especial estas marcas a los inspectores les encantan, porque claro ¿ Cómo se le dice a un inspector que para desatascar tuberías necesito ir en Audi 6?  Regularizan a la primera de cambio, sin miramientos.

Qué ocurre si eres por ejemplo abogado, médico, consultor, ingeniero, etc. y que uses el vehículo para tus muchos viajes de negocios. Pues igual, hay que demostrar la afectación. La prueba de la carga recae sobre el contribuyente, de modo que a buscarlas. Una de las experiencias que yo he tenido en este sentido fue el caso de un empresario  que se dedujo el 100% del IVA de la adquisición del su Porche Cayenne y por supuesto todos los gastos habidos y por haber referentes al mismo.

Hacienda (que somos todos) obviamente regularizó la situación sin contemplaciones. En estos casos se presupone una afectación del 50% y por tanto la deducibilidad del IVA en un 50%, y del resto de gastos 0%. Se recurrió esta decisión por desacuerdo y el resultado fue obtener un afectación del 70%. Pero es complicado.

– Si el empresario posee más de un vehículo, el tema se suaviza. Pero igualmente habría que analizar, marcas, actividad del empresario, etc.

– Hay inspectores que admiten todo, inspectores que no admiten nada, inspectores que aplican la regla del 50% en IRPF, inspectores que… cada uno es un mundo. Hay de todo como en botica.

Como conclusión a esta breve exposición, establezcamos como principio la deducción del IVA en un 50%. El resto señores hay que demostrarlo porque depende de muchos factores.

Aclaración Final

Los vehículos son bienes de inversión, y como tales han de ser tratados. Lo cual significa ente otras muchas cosas que han de declararse en la casilla de bienes de inversión del modelo 390.


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Marta Constantino
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Prestación económica por cuidado de menores afectados por cancer y otra enfermedad grave

 

A partir de enero de 2011 la acción protectora de la Seguridad Social incluye una nueva prestación económica para aquellos progenitores o acogedores que tengan a su cargo el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Se reconoce dicha prestación a los progenitores o acogedores durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad, siempre y cuando, ambos progenitores trabajen.


El subsidio tiene el objeto el compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada laboral, con la consiguiente disminución de sus salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad, siempre y cuando dicha enfermedad y hospitalización esté acreditado por informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores, de carácter preadoptivo o permanente, las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de la prestación, es decir, el derecho a percibirla sólo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.

La prestación consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.

La gestión y el pago de la prestación corresponderán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, en su caso, a la Entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

El subsidio se abonará directamente a cada beneficiario, efectuando el pago por períodos vencidos con la reducción correspondiente por IRPF.

El reconocimiento de la prestación económica a los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, queda supeditado al correspondiente desarrollo reglamentario.

Esperemos acontecimientos.

 


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Isabel García (RRHH)
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