intimidad

Las novedades del artículo 20bis del Estatuto de los Trabajadores ligado al derecho a la intimidad.

El 7 de diciembre ha sido la fecha de entrada en vigor de la nueva LOPD (Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales). Entre sus novedades, encontramos el nuevo artículo 20bis que se ha introducido en el Estatuto de los Trabajadores, íntimamente ligado al derecho a la intimidad y a la desconexión digital.

Qué tiene de nuevo el artículo 20bis del Estatuto de los Trabajadores

Bajo el título “derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión” se determina de forma expresa que:

“los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.

Cuál es la relación del art. 20bis con otros artículos de la ley

El nuevo artículo 20bis debe ponerse en relación con los siguientes artículo de la LPDGDD:

Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

  1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
  2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de la obligaciones laborales o estatutarias y de garantizarla integridad de dichos dispositivos.
  3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional  y legalmente. En la elaboración de los mismos deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que se hayan admitido su uso para fines privados requerirán que se especifique de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, la determinación de los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

  1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
  2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
  3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

  1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
  2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
  3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.

Se hace muy necesario desarrollar una política interna en relación con la desconexión digital, revisando las políticas de implantación y uso de los sistemas de videovigilancia, grabación, etc, en el lugar de trabajo, siempre escuchando a los representantes de los trabajadores en relación con todo lo relacionado con el derecho a la intimidad.

impuesto de sociedades

Impuesto de Sociedades 2018

El impuesto de sociedades es un impuesto directo que se aplica sobre los beneficios de las empresas y sociedades. Es como el IRPF de los autónomos, pero en lugar de gravarlo las personas físicas, grava a sociedades y entidades jurídicas. Si hablamos de sociedades, este impuesto afecta a las sociedades limitadas, unipersonales y, desde 2014, a las sociedades civiles, es decir, asociaciones, entidades deportivas o AMPAS escolares, que hasta esa fecha estaban exentas si su presupuesto no llegaba a 100.000€

Por tanto si tienes una empresa debes saber que para declarar el impuesto de sociedades debes presentar una serie de modelos tributarios:

Modelo 200

Es el modelo anual de declaración del Impuesto de Sociedades. Tu empresa debe presentar el modelo 200 una vez pasados 6 meses, desde el cierre del periodo impositivo, a lo largo de los primeros 25 días del mes que hace 7. Si tu empresa cierra el periodo impositivo en diciembre, debe presentar el modelo 200 a Hacienda en julio, durante los primeros 25 días. Lo habitual es que la mayoría de las empresas van por año natural, por lo que debemos tener en cuenta que el plazo máximo de presentación será hasta el 25 de julio. Una advertencia: debes presentarlo aunque no hayas tenido actividad durante ese ejercicio.

Modelo 202

Lo utilizamos para presentar los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades en los supuestos que la última declaración del modelo 200 haya dado resultado positivo. El pago del 202 sirve como anticipo para el pago de la siguiente declaración de dicho modelo. Recuerda que se presenta en octubre, diciembre y abril.

Modelo 220

Modelo muy similar al 200, aunque más extenso al contar con anexos, por ejemplo para las cooperativas. El plazo de presentación es el mismo que para el modelo 200.

Impuesto de Sociedades en 2018

Hasta la última reforma del impuesto de sociedades existían diferentes tipos impositivos, que dependían del tamaño de la empresa y de sus beneficios. En 2014, las empresas debían pagar el 30% de sus beneficios, mientras que las pymes y micropymes tributaban el 25%, excepto en algunos casos concretos en sólo pagaban el 20%.

En 2016 se rebajó el tipo general y se unificaron criterios. Desde entonces todas las empresas (grandes, pymes y micro empresas) pasaron a pagar lo mismo: el 25%, con independencia del volumen de facturación. Las sociedades pequeñas se mantienen en un pago igual que el que tenían, y las grandes de aprovecharon de la bajada.

Desde Ignacio Constantino somos conscientes de la importancia de la gestión de estos impuestos, sin importar el tamaño de tu empresa. Ponemos a tus disposición nuestro equipo de profesionales para estar al día en la gestión del impuesto de sociedades.

 

Las entradas de regalo en espectáculos deportivos

Las entradas de regalo en espectáculos deportivos

Hacienda pone el ojo en los regalos de cortesía que se llevan a cabo con las entradas a eventos deportivos. Estas están sujetas al IRPF o al IVA según destinatario.

En este tipo de entradas quedan incluidos aquellos colectivos que pueden recibir un acceso gratuito a la cita deportiva como son:

Jugadores y Empleados estas “se consideran retribución en especie” por lo tanto, están sujetas a retención por parte del club, pues tributa en el IRPF de los jugadores y/o empleados y cotizan en la Seguridad Social a todos los efectos. No obstante, no están sujetas al IVA al tener la consideración de auto consumo, siempre según el contexto concreto.

Entradas de Protocolo “en la medida en que son entregadas sin contraprestación y para el cumplimiento de compromisos institucionales, de cortesía, para obtener notoriedad y prestigio, se considera que pueden estar o no gravadas con IVA, dependiendo del destino final, es decir, si tienen destino propio o ajeno”.

Y, Entradas para Patrocinadores que por el contrario, la Dirección General de Tributos considera que las entradas a sponsors están sujetas a IVA, “en la medida en que no tienen carácter gratuito, sino que se encuadran dentro del contrato de patrocinio. Por tanto, se ven afectadas por el artículo 4.1 de la Ley de IVA”.

Qué-puedes-hacer-ante-el-impago-de-facturas-

¿Qué puedes hacer ante el impago de facturas?

Si eres empresario o autónomo es muy probable que más de una vez no hayas recibido la cuantía de facturas que te correspondían. No es un caso aislado, según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), casi la mitad de las empresas de nuestro país tienen facturas que aún no se les han retribuido. En muchos casos, el porcentaje de impago de facturas es cercano al 10% de la facturación anual de la empresa.

Pero el impago de facturas no sólo suponen la ausencia de ingresos, también concluyen en una pérdida de lo abonado a Hacienda en concepto de IVA. Una repercusión doblemente negativa, que dependiendo del tamaño de tu empresa y tu volumen de negocios puede volverse insostenible. Ante lo que cabe preguntarse ¿qué puedes hacer ante el impago de facturas?

Medidas preventivas: Es aconsejable conocer y tener cierta información sobre el cliente con el que podamos llevar a cabo relaciones comerciales para evitar el impago de facturas. Si no sabes dónde preguntar, el Registro Mercantil y de Propiedad puede ser un buen lugar para empezar.

Actuar con rapidez: Es importante actuar en un periodo de menos de 6 meses si el impago de facturas se produce. Las estadísticas nos muestran que 9 de cada 10 casos son resueltos si se actúa en ese plazo.

Reclamar de la mano de un profesional: Si tu situación de reclamo de la deuda no implica el cobro de la misma a pesar de la insistencia, y teniendo en cuenta que los retrasos en este tipo de retribuciones tienen intereses implícitos, la mejor forma de tomar acción para que el pago se realice es de la mano de un abogado especializado que sepa cuáles son tus derechos y conozca la jurisprudencia de casos similares. Es la mejor forma de actuar con seguridad y la mayor posibilidad de garantías.  

 

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Consejos para la declaración de la Renta 2018

El plazo de presentación de la declaración de la Renta comenzó hace una semana y, como cada año, se nos plantean dudas sobre la desgravación anual que urge responder ¿Cómo saber si tengo que hacer la declaración este año? ¿hasta qué fecha se puede entregar? ¿hay alguna novedad en la declaración de la Renta del 2018? o ¿cuándo se me ingresará la devolución? son solo algunas de ellas. Os adelantamos algunos consejos para evitar sorpresas tras la declaración de la Renta 2018. 

– ¿Cuáles son los plazos de entrega?: Desde el pasado 4 de abril hasta el próximo 2 de julio (incluído). Hay casi tres meses para presentar el borrador de la declaración de la Renta. Si, aun así, se nos pasa el plazo se podrá presentar el borrador más tarde, aunque debemos tener en cuenta que la cuantía a pagar asciende con cada retraso.

– ¿Cómo saber si debo hacer la declaración? En principio, todos los trabajadores están obligados a presentar la declaración de la Renta si superan los 22.000€ anuales de ingresos de un mismo pagador. En caso de trabajadores autónomos, deberán presentar la declaración de la Renta siempre que superen los 1.000€ de renta mensuales.

 – ¿Qué cambios personales he de notificar? Se habrán de notificar todos aquellos cambios personales del 2017 que incumban variaciones en el estado civil, el cambio de domicilio, el cambio de trabajo, la compraventa de una vivienda, el nacimiento de hijos, etc.

– ¿Es posible hacer la declaración de la Renta por internet? Sí, como novedad, este año la AEAT ha lanzado una aplicación para dispositivos móviles alternativa a la forma tradicional. A través de ella los contribuyentes podrán acceder tanto a sus datos fiscales, como al resumen del borrador.

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¿Es legal dimitir o despedir a través de mensajería instantánea?

El incesante aumento del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, tanto en el ámbito personal como en el empresarial. Las posibilidades son abrumadoras. Sin embargo, la velocidad de adaptación de estas herramientas se adelanta muchas veces a una legislación existente, dando lugar a conflictos. ¿Es legal dimitir o despedir a través de mensajería instantánea?

Ya se han dado múltiples sentencias que marcan precedente claro a nuestra pregunta. El marco legal es preciso. Tanto el Artículo 1 del Real Decreto, los Artículos 55.1 y 59.3 del Estatuto de Trabajadores, y el Artículo 43.4.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social coinciden.

– El Artículo 1 del Real Decreto también se muestra contrario a este tipo de notificación del despido de un trabajador, ya que “la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”. Esto implicaría que, aunque el empresario comunicase el despido por redes sociales o mensajería instantánea, será totalmente necesario dotar de validez legal a dicha notificación, donde se adjunten carta de despido y los argumentos que lo motivan.

– El Estatuto de Trabajadores establece según sus los Artículos 55.1 y 59.3 que un despido vía redes sociales o canales de mensajería instantánea no será legal, pues “no se permite indicar de forma clara y precisa los hechos o las causas del mismo”. Además, el Artículo 59.3 indica que para poder extinguir el contrato se requiere “la comunicación escrita al trabajador expresando la causa junto con la indemnización correspondiente”.

Definitivamente los despidos no tienen validez legal a través de mensajería instantánea pero sí se entienden válidos y legales los casos de dimisión voluntaria de un trabajador a la empresa. Siempre que se manifieste de forma clara, donde se concrete expresamente la voluntad del trabajador de terminar su vínculo con la empresa.

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Se aprueba el informe del anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales que incorpora lo relativo a la protección de la información y conocimientos técnicos empresariales contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El anteproyecto define secreto empresarial como la información relativa a cualquier ámbito de la empresa que no sea generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice, ni fácilmente accesible para ellas.

El valor dicha información empresarial reside precisamente en ser secreta, y también en caso de que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. –incluidos los aspectos tecnológicos, industriales, financieros, comerciales y organizativos-.

El CGPJ afirma también que se debe hace una clara distinción entre secretos empresariales y conocimiento del trabajador, y asegura que “sería conveniente” que el anteproyecto ofreciera “pautas normativas” para distinguir ambos conceptos.

Asimismo, el Pleno advierte de que los pactos de confidencialidad no afectan a la experiencia, capacidades y conocimientos adquiridos por el trabajador durante su permanencia en la empresa, ya imposibilitarían su desarrollo profesional.

 

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Se aprueba el informe del anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales que incorpora lo relativo a la protección de la información y conocimientos técnicos empresariales contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales define secreto empresarial como la información relativa a cualquier ámbito de la empresa que no sea generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice, ni fácilmente accesible para ellas.

El valor dicha información empresarial reside precisamente en ser secreta, y también en caso de que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. –incluidos los aspectos tecnológicos, industriales, financieros, comerciales y organizativos-.

El CGPJ afirma también que se debe hace una clara distinción entre secretos empresariales y conocimiento del trabajador, y asegura que “sería conveniente” que el anteproyecto ofreciera “pautas normativas” para distinguir ambos conceptos.

Asimismo, el Pleno advierte de que los pactos de confidencialidad no afectan a la experiencia, capacidades y conocimientos adquiridos por el trabajador durante su permanencia en la empresa, ya imposibilitarían su desarrollo profesional.

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Primera sentencia en Europa que obliga a Volkswagen a pagar un coche nuevo

Cuando la empresa alemana aún no se ha levantado del golpe sufrido tras la polémica suscitada por las emisiones de CO2 de los vehículos comercializados bajo su marca, ahora es una sentencia referente a Skoda, una de sus filiales que forma parte de su grupo y que en 2017 batió récord de ventas, la que nubla el horizonte de Volkswagen.

El pasado 5 de enero un juez de Manacor dictó una sentencia que obliga al grupo alemán a devolver el importe íntegro de un Skoda Yeti (19.378,11 euros más intereses) a su propietario, lo que supone un hito en este tipo de dictámenes puesto que en los casos anteriores pertenecientes al ‘dieselgate’ la cantidad devuelta nunca superó el 21% del coste del vehículo.

La principal razón que expone el juez en su decisión es la publicitaria: este vehículo se mostraba al público como “más ecológico que el resto” cuando esto no era así.

Los motivos que esgrimieron los abogados del demandante residió en torno a tres ejes principales:

Alteración del motor. Este argumento no ha significado novedad alguna con respecto a litigios anteriores, pero la implantación en el motor del vehículo del dispositivo que alteraba la medición de las emisiones de CO2 está prohibida por la legislación europea.

Publicidad engañosa. Es aquí donde reside gran parte de la importancia de esta sentencia y la resolución de la misma: el leitmotiv que vertebraba la campaña publicitaria era la “tecnología greenline”. Según el testimonio del propio jefe de taller, las únicas innovaciones de este modelo se redujeron a “montar unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo”, y afirmó “que se vendió bastante poco”; este bajo índice de ventas, según el juez, “lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios”.

Deficiencias en el vehículo tras la corrección. En los casos anteriores a este, los damnificados hubieron de llevar su vehículo al taller para que allí se modificase el medidor de la emisión de gases; pues bien, en el caso de este particular manacorí el coche, según su propietario, comenzó a comportarse de manera extraña una vez se produjo esta rectificación, menoscabándose su potencia y optimización de combustible, llegando a desarrollar un consumo equivalente al doble que antes de la misma, hechos que pudo acreditar técnicamente.

Se abre la puerta a miles de nuevos demandantes

Como cabía esperar, tras esta sentencia muchos de los afectados pretéritos quieren ahora reabrir su caso en aras de una indemnización más beneficiosa para sus intereses; a este respecto, es importante señalar que solamente se podrán reabrir los casos en que la sentencia no sea firme.

 

privacidad grupos whatsapp

Claves para comprender la protección de la privacidad en los grupos de Whatsapp

Seguramente, los dedos de ambas manos no nos sean suficientes a la hora de enumerar todos los chats o grupos de whatsapp de los que formamos parte: de amigos, de trabajo, de familiares, de padres del colegio, de eventos puntuales…Un sinfín de conversaciones en las que, independientemente de su flujo de información, de la mayor o menor actividad que se lleve a cabo en ellos o del interés que nos despierten, nuestro número de teléfono está presente.

En la mayoría de ocasiones, el propio incluido en estas reuniones virtuales ni siquiera ha sido avisado de que se le iba a incluir en ellas ni ha expresado su consentimiento para que así sea; además, ante la huida de algún miembro, el administrador suele volver a incluir al usuario en cuestión pensando que ha debido de abandonar el chat por error o convencido de que lo mejor para él es seguir formando parte del mismo, algo que puede resultar bastante irritante.

De lo que no es consciente este autoproclamado regidor es de que puede enfrentarse a una multa de hasta 300.0000 euros debido a su espíritu de liderazgo: esa es la cifra que puede alcanzar la sanción por incluir a un usuario en un chat de whatsapp sin su consentimiento.

La polémica se ha levantado tras el interés que han suscitado casos recientes como el de un restaurante que, con la excusa de la celebración de la cena de Nochevieja, creó un grupo de whatsapp incluyendo a todos los comensales que habían acudido esa noche a su establecimiento; ante la salido del chat de uno de ellos, la administración del restaurante volvió a incluir a este, además de amenazarle con perder su reserva si volvía a abandonar el grupo. La persona en cuestión denunció el caso a la AEPD que, finalmente, saldó el caso con un apercibimiento para el restaurante a pesar de considerar la infracción como “muy grave”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido que tomar cartas en el asunto y comenzar a regular acerca de este asunto debido a las quejas de muchos usuarios que han considerado traspasados los límites de su intimidad al formar parte, sin su conocimiento ni autorización previa, de grupos de whatsapp que alcanzan, en algunos casos, los 256 miembros.

Este último punto, la dimensión del grupo, es el factor clave a la hora de determinar si se infringido la normativa de protección de datos: mientras que los grupos de los que forman parte exclusivamente personas de nuestros círculos más próximos están protegidos de esta regulación, aquellos que rebasan el límite de 20 usuarios quedan excluidos de la misma.

De igual modo, el desconocimiento de la identidad de alguno de los integrantes, al margen del número de estos o del ámbito del grupo (familia, trabajo, etc), conlleva tener que obtener el consentimiento expreso de cada miembro para ser incluido en el chat.