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Primera sentencia en Europa que obliga a Volkswagen a pagar un coche nuevo

Cuando la empresa alemana aún no se ha levantado del golpe sufrido tras la polémica suscitada por las emisiones de CO2 de los vehículos comercializados bajo su marca, ahora es una sentencia referente a Skoda, una de sus filiales que forma parte de su grupo y que en 2017 batió récord de ventas, la que nubla el horizonte de Volkswagen.

El pasado 5 de enero un juez de Manacor dictó una sentencia que obliga al grupo alemán a devolver el importe íntegro de un Skoda Yeti (19.378,11 euros más intereses) a su propietario, lo que supone un hito en este tipo de dictámenes puesto que en los casos anteriores pertenecientes al ‘dieselgate’ la cantidad devuelta nunca superó el 21% del coste del vehículo.

La principal razón que expone el juez en su decisión es la publicitaria: este vehículo se mostraba al público como “más ecológico que el resto” cuando esto no era así.

Los motivos que esgrimieron los abogados del demandante residió en torno a tres ejes principales:

Alteración del motor. Este argumento no ha significado novedad alguna con respecto a litigios anteriores, pero la implantación en el motor del vehículo del dispositivo que alteraba la medición de las emisiones de CO2 está prohibida por la legislación europea.

Publicidad engañosa. Es aquí donde reside gran parte de la importancia de esta sentencia y la resolución de la misma: el leitmotiv que vertebraba la campaña publicitaria era la “tecnología greenline”. Según el testimonio del propio jefe de taller, las únicas innovaciones de este modelo se redujeron a “montar unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo”, y afirmó “que se vendió bastante poco”; este bajo índice de ventas, según el juez, “lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios”.

Deficiencias en el vehículo tras la corrección. En los casos anteriores a este, los damnificados hubieron de llevar su vehículo al taller para que allí se modificase el medidor de la emisión de gases; pues bien, en el caso de este particular manacorí el coche, según su propietario, comenzó a comportarse de manera extraña una vez se produjo esta rectificación, menoscabándose su potencia y optimización de combustible, llegando a desarrollar un consumo equivalente al doble que antes de la misma, hechos que pudo acreditar técnicamente.

Se abre la puerta a miles de nuevos demandantes

Como cabía esperar, tras esta sentencia muchos de los afectados pretéritos quieren ahora reabrir su caso en aras de una indemnización más beneficiosa para sus intereses; a este respecto, es importante señalar que solamente se podrán reabrir los casos en que la sentencia no sea firme.

 

privacidad grupos whatsapp

Claves para comprender la protección de la privacidad en los grupos de Whatsapp

Seguramente, los dedos de ambas manos no nos sean suficientes a la hora de enumerar todos los chats o grupos de whatsapp de los que formamos parte: de amigos, de trabajo, de familiares, de padres del colegio, de eventos puntuales…Un sinfín de conversaciones en las que, independientemente de su flujo de información, de la mayor o menor actividad que se lleve a cabo en ellos o del interés que nos despierten, nuestro número de teléfono está presente.

En la mayoría de ocasiones, el propio incluido en estas reuniones virtuales ni siquiera ha sido avisado de que se le iba a incluir en ellas ni ha expresado su consentimiento para que así sea; además, ante la huida de algún miembro, el administrador suele volver a incluir al usuario en cuestión pensando que ha debido de abandonar el chat por error o convencido de que lo mejor para él es seguir formando parte del mismo, algo que puede resultar bastante irritante.

De lo que no es consciente este autoproclamado regidor es de que puede enfrentarse a una multa de hasta 300.0000 euros debido a su espíritu de liderazgo: esa es la cifra que puede alcanzar la sanción por incluir a un usuario en un chat de whatsapp sin su consentimiento.

La polémica se ha levantado tras el interés que han suscitado casos recientes como el de un restaurante que, con la excusa de la celebración de la cena de Nochevieja, creó un grupo de whatsapp incluyendo a todos los comensales que habían acudido esa noche a su establecimiento; ante la salido del chat de uno de ellos, la administración del restaurante volvió a incluir a este, además de amenazarle con perder su reserva si volvía a abandonar el grupo. La persona en cuestión denunció el caso a la AEPD que, finalmente, saldó el caso con un apercibimiento para el restaurante a pesar de considerar la infracción como “muy grave”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido que tomar cartas en el asunto y comenzar a regular acerca de este asunto debido a las quejas de muchos usuarios que han considerado traspasados los límites de su intimidad al formar parte, sin su conocimiento ni autorización previa, de grupos de whatsapp que alcanzan, en algunos casos, los 256 miembros.

Este último punto, la dimensión del grupo, es el factor clave a la hora de determinar si se infringido la normativa de protección de datos: mientras que los grupos de los que forman parte exclusivamente personas de nuestros círculos más próximos están protegidos de esta regulación, aquellos que rebasan el límite de 20 usuarios quedan excluidos de la misma.

De igual modo, el desconocimiento de la identidad de alguno de los integrantes, al margen del número de estos o del ámbito del grupo (familia, trabajo, etc), conlleva tener que obtener el consentimiento expreso de cada miembro para ser incluido en el chat.

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Google es sancionado por recoger y almacenar datos privados procedentes de redes WiFi entre 2008 y 2010

Sabemos de la importancia que tiene el acceso a datos de usuarios de internet de manera masiva, y mantenerlos protegidos es algo para lo que cada vez más medios y tecnología se destinan.

Determinados entes velan a diario por la confidencialidad de la información personal de todos aquellos que usan internet, lo cual es prácticamente lo mismo que decir de todos nosotros. Uno de ellos es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que recientemente ha aplicado una sanción de 300.000 euros a Google al considerar como infracción grave la recogida y almacenamiento de datos de carácter personal por medio de redes WiFi abiertas de usuarios que desconocían estos hechos, no habiendo aprobado, consecuentemente, los mismos. Según la propia resolución de la AEPD, “el hecho de que los titulares de redes WiFi no aseguren el cifrado de estas redes, en perjuicio de la seguridad de sus datos, no autoriza de ningún modo la recogida de la información ni ningún uso posterior de esta”.

La usurpación se llevó a cabo de 2008 a 2010, y se gestó a través de los vehículos que Google empleó para recoger las imágenes que utilizadas en la plataforma Street View.

Los datos que se recogieron hacían referencia a direcciones de cuentas email, direcciones IP, direcciones MAC de los routers así como de los dispositivos que a estos se hallaban conectados o nombres de redes inalámbricas que contenían el nombre y apellidos de sus propietarios. Esta información no está considerada como “especialmente” protegida.

La cuantía de la sanción (la de mayor posible en el caso de infracción grave) responde a la naturaleza continuada de la infracción (dos años) a la gran cantidad de datos recogidos, la vinculación de la actividad de Google con el desarrollo de tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad de la compañía teniendo en cuenta su modelo económico, que las infracciones son el producto del sistema de recogida y tratamientos de datos diseñado por Google, así como los daños que dicho sistema ocasiona a la privacidad de las personas afectadas.

Google acata la sanción

La empresa ha manifestado su intención de resolver la sanción de 300.000 que le ha sido impuesta por la AEPD, y ha explicado que el contratiempo que afectaba a sus equipos ya fue solventado.

También ha querido recordar Google que el error que originó este problema fue resuelto hace siete años, con lo que las campañas posteriores a 2010 que fueron llevadas a cabo para obtener las imágenes de Street View respetaron las normas españolas vigentes en la materia.

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Cómo afrontar el registro en una empresa

En los últimos años es frecuente encontrarse en los informativos de las principales cadenas de televisión o en los medios escritos y digitales imágenes de autoridades entrando en sedes y oficinas de empresas para llevar a cabo registros, en la mayoría de casos para encontrar pruebas que aportar a la documentación requerida por los jueces en casos de delitos económicos.

Sin embargo, no es preciso haber infringido ley alguna o haber cometido algún acto delictivo para que estos registros se produzcan: basta con que nuestras oficinas contengan documentación relevante para resolver un caso de cualquier índole que afecte a terceros, a un miembro de la plantilla de la empresa o, incluso, a algún cliente.

Ateniéndonos siempre a la legalidad, es preciso aclarar ciertos aspectos a la hora de afrontar un acontecimiento de estas características.

Recepción de los agentes

Es preciso que alguien acompañe a las fuerzas de seguridad que se personen en el lugar del registro cuando este se produzca, y lo más idóneo es que sea una persona que tenga conocimientos jurídicos o que esté asesorada por expertos legales. Cabe recordar que para la elección de esta persona se puede solicitar un lapso de tiempo necesario y coherente con la diligencia de los agentes, y acudir al bufete que represente a la empresa es la mejor opción.

Personas que pueden llevarlo a cabo

Si la investigación es referente a un delito de carácter económico, suelen ser la Unidad de Investigación Tecnológica o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) las que se personen, en el caso de la Policía, o la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso de la Guardia Civil.

De tratarse de delitos de cualquier otra índole, suele ser alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el que desarrolle el operativo, aunque en el caso de determinadas comunidades autónomas también la policía integral (aquella a la que le han sido asignadas absolutamente las competencias del ámbito policial dentro de una región) puede ser quien lo realice.

Oponerse al registro

Lo primero que tenemos que comprobar es si el registro está amparado por una resolución judicial emitida por el juzgado pertinente según la zona donde se haya cometido el delito, o por la Audiencia Nacional.

Es importante hacer hincapié en que durante el registro no se facilite información innecesaria que comprometa el cumplimiento de la responsabilidad adquirida con los clientes, para lo cual puede resultar útil la ayuda del departamento informático, pues este sabrá cómo acceder de la manera mas pulcra y eficaz a los datos pertinentes.

En el caso de que no exista tal resolución, la empresa deberá examinar la situación con el objetivo de poder colaborar con la autoridad de manera que no se menoscaben los derechos de sus clientes.

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Trabajo y redes sociales: errores que acarrean indemnización en un despido

No es suficiente con justificar de manera sólida el despido procedente de un trabajador, cualesquiera que sean los motivos, si, además, este no se ha llevado a cabo en fecha y forma.

Si bien hasta la llegada de internet y la nueva manera de comunicarnos la jornada y relación laboral se limitaban a las horas de trabajo pactadas y a los encuentros presenciales entre compañeros, en la actualidad los nexos de unión entre estos tienen su reflejo en redes sociales como Whatsapp, Facebook, etc.

Este hecho entraña múltiples ventajas como una comunicación inmediata y más fluida entre trabajadores, pero también peligros, especialmente en el caso de que se abuse de estas herramientas o se haga un uso inadecuado de las mismas.

Por ejemplo, cabe mencionar el caso de un comercial que, en vez de realizar visitas a clientes a fin de cumplir con su cometido laboral, dedicaba su jornada a otros quehaceres no relacionados con su puesto de trabajo, algo de lo que la empresa se dio cuenta tras revisar los datos GPS de su teléfono móvil; si bien los motivos justifican sobradamente el despido, el TSJ de Castilla-La Mancha consideró en esta ocasión que la empresa vulneró derechos fundamentales del trabajador y, consecuentemente, declaró el despido como improcedente, con lo que la empresa tuvo que pagar al trabajador una indemnización que podría haberse ahorrado si hubiese escogido otros cauces a la hora de demostrar la inadecuada conducta de su empleado.

Otros casos de despido han tenido su causa y justificación en los famosos grupos de Wathsapp integrados por compañeros de trabajo, pues conflictos o tiranteces en ellos se han traducido en problemas laborales, y viceversa. El peculiar carácter de estos problemas, que se encajan en un difuso límite de relación laboral, hacen indispensable que, tanto empresa como trabajador, extremen las precauciones a la hora de utilizarlos si no quieren darse de bruces con la ley a la hora de intentar justificar un despido, o todo lo contrario; aunque también hay excepciones: en este sentido, encontramos el caso de un trabajador que comunicó vía WhatsApp su intención de abandonar su trabajo, respondiendo la empresa al mensaje por la misma vía: esto significó que el empleado manifiestó su voluntad de hacerlo de forma clara y firme.

Por todo ello, lo más aconsejables es apoyarse en el asesoramiento profesional especializado en materia laboral antes de proceder al despido de un trabajador.

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El sector legal se abre camino hacia el 4.0

El futuro es hoy, vivimos la era 4.0. Ya existen tecnologías que permitirán en poco tiempo ahorrar costes y plazos. Todo gracias al conocido big data y la inteligencia artificial.

En pocos años será posible agilizar procesos, y de forma más barata en todo el campo legislativo. Todo está basado en interconectar procesos de producción combinando todos los avances de la cuarta revolución industrial. Algunos de ellos son la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el big data.

Queda mucho para que oigamos hablar de los bufetes 4.0, pero por el momento ya son muchos los que intentan coquetear con estos avances, y se intenta buscar la manera de aplicarlos en el sector legal.

Sobre todo, se están buscando soluciones a la tediosa tarea documental que hay en los despachos de abogados. Así por ejemplo surge una herramienta como DigaLaw, que se trata de un sistema de reconocimiento de voz inteligente, que permite la transcripción literal de textos con una precisión de entre el 98-99%. Por otro lado, encontramos los gestores de documentos automatizados, que facilitan la tarea del letrado, y permiten ahorrar mucho tiempo de la gestión documental, para así poder dedicarse a tareas de mayor relevancia.

Un hándicap que encontramos es la barrera lingüística que encuentran los despachos de abogados en España. Y es que existe mucha tecnología en cuanto a inteligencia artificial se refiere, sin embargo, no existe adaptación para su uso en lengua española, y esto hace que los despachos de abogacía españoles no puedan estar ya beneficiándose de todas las ventajas que aporta la industria 4.0 y que podrían estar aplicándose en los procesos legales.

Expertos estiman que se podrá ahorrar entre un 50 y 70% del esfuerzo en revisión de contratos, por ejemplo, reduciendo también los riesgos y los plazos.

Otra herramienta destacable es la conocida como Data Forecast. Ésta mediante big data permite predecir en torno a un 90% el riesgo sancionador en materia de protección de datos. Para ello utiliza la información publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj).

Sin duda la tecnología llegó para quedarse. Y en cuanto al sector legal no iba a ser menos.

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El turismo, a debate: ¿es necesaria una reforma de la ley?

En los últimos días, el turismo ha concentrado el foco de los principales medios de comunicación de nuestro país, y no solo por encontrarnos en pleno periodo vacacional o por las espectaculares cifras del sector, que año tras año registra nuevos récords.

En este caso, lo que ha llamado la atención de la opinión pública son diferentes acontecimientos que atañen al turismo, industria que representa más del 10% del PIB español: hablamos de los actos vandálicos que se han producido en Barcelona en las últimas semanas y que han tenido como objetivo el turismo que visita la ciudad condal, o de la reciente controversia que ha generado  la decisión del Gobierno de Baleares de limitar las plazas turísticas dentro de las islas.

La Ley de Turismo del Gobierno Balear

El pasado martes el Gobierno de las Islas Baleares aprobó una ley que limita a 623.624 las plazas turísticas, con lo que, actualmente, aún quedarían en torno a 52.000 plazas libres a disposición de las empresas turísticas, equivaliendo cada una de ellas  a un inquilino; el problema podría darse en el futuro con una hipotética ocupación total de plazas que impidiera el registro de otras nuevas sin que anteriores causen baja.

Como era lógico, la reacción de la Federación Hotelera de Menorca no se ha hecho esperar, entidad que si bien comparte con el Ejecutivo Balear la necesidad de establecer un techo de plazas, no no comulga con otra de sus pretensiones: recortar en 120.000 plazas el actual límite fijado, y esgrime que gran número de la demanda hotelera sería absorbida por alojamientos residenciales ilegales.

Otro de los colectivos que ha mostrado de manera activa su disconformidad con la nueva ley, antes y después de su aprobación, es la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (APTUR), pues en su opinión se ha elaborado “a medida de las grandes cadenas hoteleras” y serán ellos quienes más sufran las consecuencias al haberse prohibido alquiler de pisos y apartamentos a turistas si no se cuenta con la obligatoria licencia de la Consejería de Turismo, ente que desde el martes no otorga nuevos permisos, y se plantean emprender acciones legales para que el conflicto se resuelva en los tribunales.

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SII: una nueva forma de gestionar el IVA de las empresas

Desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) impuesto por la Agencia Tributaria, y que afecta al 80% de toda la facturación empresarial española, obliga a las empresas a compartir con Hacienda sus facturas de forma prácticamente inmediata.

En concreto, los contribuyentes que se ajusten a los parámetros definidos por la AT, así como aquellos que de manera voluntaria opten por hacer uso del SII, deberán enviar a esta el detalle del registro de sus facturas en un máximo de 96 horas mediante su Sede Electrónica. Sin embargo, el ente contempla un periodo de adaptación al nuevo sistema que amplia el plazo máximo para la comunicación de esta información al doble: 8 días hábiles.

Mejora la comunicación

En palabra del Ministerio de Hacienda, el SII significa una mejora “sustancial” en la comunicación entre Administración y contribuyente, pues supone mantener un nexo “bidireccional, automático e instantáneo”. El nuevo sistema consiste en facilitar de manera electrónica los registros de facturación que componen los Libros de Registro del IVA, actualizándose estos de manera automáticamente con cada nueva alta.

Algunas de las ventajas para el contribuyente es que, siempre cuando también formen parte del SII, podrán cotejar la información de sus Libros de Registro con la facilitada por sus clientes y proveedores, la posibilidad de agrupar las facturas simplificadas, el hecho de disponer de información veraz y actualizada que facilite el sistema de gestión del IVA, o la oportunidad de corregir posibles equivocaciones en la declaración mensual del IVA sin que la Agencia Tributaria tenga que solicitarle dichas modificaciones.

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Las empresas del Ibex 35 presentan sus resultados semestrales

La incertidumbre que ha acompañado a la situación de la economía en España, y consecuentemente, a sus empresas más importantes, parece resolverse de manera positiva de un tiempo a esta parte: desde que nuestro país empezó a levantar cabeza tras la crisis, las buenas noticias en lo que a datos macroeconómicos se refiere se ha convertido en tónica habitual.

Durante esta semana tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo: la empresas del Ibex 35 comenzarán a presentar sus resultados semestrales, un indicador que hará que nos hagamos a una idea de la inercia con la que aún continúen avanzando en el futuro tras un imponente comienzo de 2017 se produjo una subida del 11,9%.

Atendiendo a sectores, las empresas sobre las que se mantienen unas previsiones más halagüeñas son las que se dedican al acero, como ArcelorMittal y Acerinox, sobre las que los analistas han incrementado su desarrollo un 58% y un 45%, respectivamente. También en el Banco Sabadell y en Mediaset depositan los analistas gran parte de su previsión de crecimiento (30% y 24%, respectivamente). En la cara opuesta de la moneda nos topamos con la empresa de comunicaciones Cellnex (-19%), seguida por DIA (-5,7%) e Indra (-5,3%).

Deberemos estar atentos puesto que las cifras que se pronostican serían las más elevadas desde que en 2010 el beneficio acumulado por los socios del Ibex superase la barrera de los 50.000 millones de euros, situándose en un valor conjunto de 44.000M.

Los especialistas vaticinan para este semestre un crecimiento interanual aproximado del 10% del beneficio por acción (BPA) para la mayoría de empresas pertenecientes al Ibex 35, previsión que viene propiciada por la abundante liquidez procedente de los bancos centrales y por el desarrollo positivo de la economía. Ahora, tras haber reducido su deuda de manera considerable, las cotizadas españolas se preparan para optimizar sus márgenes de explotación y cómo allanan un futuro en el que se vislumbra el encarecimiento del crédito.

 

ley autonomos

Estas son las novedades que traerá la nueva Ley de Autónomos

Los trabajadores autónomos han de estar de enhorabuena, si no de manera completa sí en gran medida (desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos- ATA se seguirá trabajando para defender los derechos de estos trabajadores), por las novedades que conllevará la presumible aprobación mañana de la Ley de Autónomos en la Comisión de Empleo.

¿Qué novedades trae el nuevo texto?

Desde ATA aseguran que las nuevas medidas “mejorarán la protección social, las condiciones para emprender y reemprender (…) y que, en definitiva, dará voz a los autónomos”. El total de 20 medidas son:

  • Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta en cuatro ocasiones durante el mismo año su base de cotización, atendiendo a sus intereses e ingresos.
  • Podrán darse de alta y de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con el objetivo de pagar únicamente por los días trabajados.
  • La denominada tarifa plana de 50 euros pasará a tener una duración de un año (anteriormente era de 6 meses).
  • Se podrá acceder nuevamente a la tarifa mencionada en el punto anterior tras dos años de inactividad empresarial.
  • Las mujeres que vuelvan al trabajo tras baja por maternidad también podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros.
  • Quedan exentos de pagar cuota de autónomos durante un año aquellos trabajadores que se dediquen al cuidado de menores o personas dependientes.
  • La cuota de autónomos societarios queda supeditada a la subida del SMI y a la negociación con asociaciones de trabajadores por cuenta propia.
  • Se podrá compatibilizar por completo el trabajo por cuenta propia con la pensión del trabajador por cuenta propia.
  • Se minimizan los recargos por demora en los pagos a la Seguridad Social al 50%, transformándose del 20% al 10% en el primer mes.
  • No será necesario solicitar el exceso de cotización por pluriactividad: se devolverá de manera automática.
  • Los autónomos tendrán derecho a acceso a formación acorde a su ocupación con el objetivo de incrementar su competitividad y consolidar su actividad empresarial.
  • Mejorarán las condiciones de los emprendedores con discapacidad.
  • Se mejorará el acceso a la contratación a los hijos con discapacidad de los trabajadores por cuenta propia.
  • Se reconocerá el accidente in-itinere (durante el trayecto que cubre la ida o la vuelta al lugar de trabajo) en los trabajadores autónomos.
  • Se llevarán a cabo mejoras en la formación para la prevención de riesgos laborales en este tipo de trabajadores.
  • Los trabajadores por cuenta propia gozarán de mayor peso en la participación de las organizaciones.
  • Las organizaciones de trabajadores autónomos de mayor relevancia y que representen a un número más alto de trabajadores tendrán la consideración de “utilidad pública”.
  • Las organizaciones dispondrán de un año para integrarse en el Consejo Económico y Social (CES) y para la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo.
  • Los trabajadores autónomos tendrán la posibilidad de deducir un 20% de sus gastos en suministros (agua, luz, electricidad y telefonía) en el caso de desarrollar la actividad desde casa.
  • También habrá deducciones por manutención si esta afecta de modo directo a la actividad, estableciéndose un límite de 12 euros al día, debiendo acreditarse mediante herramientas telemáticas.