Bitcoin: la moneda ya tiene cara

Satoshi Nakamoto; ese era el parapeto de Craig Steven Wright, empresario australiano de 44 años, creador, recientemente confeso, de los bitcoins, la moneda virtual más extendida del mundo.

Esta confesión viene respaldada por pruebas técnicas, así como por los testimonios de miembros de peso de la comunidad de bitcoin. Sin embargo, el prestigioso The Economist no ha querido dar por segura la identidad del creador de la particular moneda, y considera que revelar la verdadera identidad de este va a ser una tarea que se prolongará más allá en el tiempo.

El bitcoin, moneda cifrada y con sistema de circulación P2P, no había tenido ´padre´ hasta la fecha por el temor del creador a posibles imputaciones por delito federal, pues se podría considerar que esta moneda desestabiliza al dólar.

Los bitcoins no tienen un referente real con el que fijar su valor, como el oro u otras divisas; este se calcula mediante complejas fórmulas algorítmicas, y las ´monedas´ son extraídas por los usuarios.

Si miramos la ´bolsa de valores´ de esta peculiar moneda, podemos observar que actualmente hay en circulación 155 millones de bitcoin, con un valor de 390 euros cada uno de ellos (5.800 millones de euros en total). Lo curioso es que sufre tantas fluctuaciones que es muy difícil determinar su valor, que ha llegado a situarse en 900 euros de máximo.

“Solo quiero que me dejen tranquilo”

Craig Steven Wright, cuya fortuna se estima está situada en 450 millones de dólares, prefiere no concentrar el protagonismo, y explica que ha dado el paso de confesar su identidad para acabar con las especulaciones sobre Satoshi Nakamoto, su seudónimo: “no quiero ser la cara pública de nada. Hubiera preferido no revelar mi identidad. Simplemente quiero seguir haciendo lo que hago y trabajar en lo que trabajo. No busco dinero ni fama ni adoración. Solo que me dejen tranquilo”, ha  señalado en una entrevista para la BBC.

Repercusiones de la anulación de las cláusulas suelo

Esta semana hemos conocido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid que condena a todas las entidades financieras a eliminar por abusivas todas las cláusulas suelo. Se trata de una sentencia sin precedentes debido al número de entidades afectadas (la práctica totalidad de los bancos que operan en España) y al número de consumidores que repercute. Pero, más allá de titulares, es conveniente saber qué significa realmente la sentencia, y de qué modo pueden afrontarla los consumidores.

Aplicación de la sentencia

Lo primero que es importante rescatar de la sentencia es que la jueza anula las hipotecas por su condición de abusivas y opacas a ojos del hipotecado, lo cual no es óbice para que se consideren legales. Es en esta falta de transparencia donde reside la importancia de este punto; entre 1991 y 2007, las entidades estaban obligadas a informar a los clientes con hipotecas de menos de 150.000 euros, mediante documento, de la oferta vinculante. A partir de 2007 se produce un cambio legislativo que deja paso a la ambigüedad sobre si las entidades han de aportar o no dicho documento.

A raíz de este punto, surge el siguiente: sólo se devolverá las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores a partir de esa fecha, a pesar de la opinión contraria de la Comisión Europea.

Es importante también que la sentencia, que en principio sólo afectaba a BBVA, Cajamar y NCG, ahora se amplía al conjunto sel sector financiero.

Otra pregunta es ¿afecta sólo a los 15.000 demandantes que emprendieron acciones, o a la totalidad de hipotecados con cláusula suelo? A esa pregunta, por desgracia, aún no se puede responder.

Por último, hay que señalar que la sentencia no es firme, y que si la banca recurre y la Audiencia Provincial tumba la sentencia, los afectados tendrán que llegar, de nuevo, hasta el Tribunal Supremo.

Hacienda tendrá que pagar las reclamaciones por el ‘céntimo sanitario’

Hacienda tendrá que pagar íntegramente las cantidades que solicitaron al Consejo de Ministros los afectados por el ’céntimo sanitario’, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya estimado los primeros recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.

Se trata del impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas entre 2001 y 2011 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad.

Estas reclamaciones provienen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en febrero de 2014 declaró que la Ley que autorizaba dicho impuesto era contraria a la directiva europea. El alto tribunal tiene pendiente de resolver casi 4.000 reclamaciones similares de afectados, especialmente transportistas.

Los recursos se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron rechazando las miles de solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto.

Al estimar estos recursos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros y reconoce de manera expresa el derecho de la devolución de las cantidades solicitadas, sin que haya necesidad de que la Administración tenga que comprobar en vía administrativa la conformidad de la cantidad solicitada. Además, reconoce los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.

En concreto, el recurso consultado por Europa Press, impugna el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación formulada por la compañía ’Freire, S.L.’. La reclamación económica presentada se fundamentaba en el incumplimiento del derecho comunitario, declarado por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sostenía que la Ley que creó el ’céntimo sanitario’ no cumplía ni trasponía una directiva comunitaria, sino que se trataba de una actuación del legislador español en el ámbito de su competencia. Además, argumentaba que se trataba de una regulación que generaba confusión, pues diversos Tribunales Superiores de Justicia fallaron a favor de la compatibilidad del impuesto con el derecho de la Unión Europea.

Por su parte, el Abogado del Estado, además de señalar que el impuesto fue declarado constitucional, adujo que no concurrían los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por incumplimiento del derecho de la Unión Europea al no tratarse de una “violación suficientemente caracterizada”.

Además, señalaba que la actuación de España fue de buena fe, colaborando con la Comisión, y que la jurisprudencia del TJUE sobre la indicada directiva no concretaba como debía ser interpretada, pues los propios Tribunales Superiores de Justicia expresaron serias dudas de derecho que así lo demuestran.

EL SUPREMO CREE QUE HAY INFRACCIÓN

Frente a estos argumentos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros al concluir que la infracción está suficientemente caracterizada porque cuando entra en vigor el impuesto las autoridades españolas eran conscientes de que el tributo no se ajustaba a la directiva comunitaria, o deberían haberlo sido.

Así, la Administración General del Estado deberá indemnizar a los reclamantes por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del ’céntimo sanitario’ y reclamadas en los recursos. Podrán restarse las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, los demandantes ya hubieran percibido por devolución de ingresos indebidos. También podrán restarse las cantidades percibidas por las devoluciones del tramo autonómico.

Además, el Estado deberá abonar los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades anteriores, desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.