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Fijos vs. Temporales. ¿Y ahora qué?

Hace poco más de una semana nos encontrábamos la noticia en los medios de comunicación: el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que en España se han de equiparar las condiciones de despido de los trabajadores temporales y los fijos, pues según este organismo se considera que en nuestro país se discrimina a los primeros, por lo que el Partido Popular, que actualmente ostenta el gobierno en funciones, promoverá en el Congreso una iniciativa que obtenga como resultado la equidad entre ambos tipos de trabajadores.

Es evidente que se va a tener que realizar una reforma del Estatuto de los Trabajadores; sin embargo, no lo son tanto otros aspectos referentes al fallo del TJUE. Una de las principales dudas que se presentan es el alcance de la sentencia, pues existen interrogantes de si afectará sólo a trabajadores interinos o, por el contrario, a todos los temporales.

De igual modo, suscita controversia entre los interlocutores que se suman el debate generado tras la noticia el posible carácter retroactivo que debiera o no tener la sentencia; la mayoría señala que esto no se producirá en ningún caso, aunque algunos sí apuntan que sí afectará a aquellos interinos cuyo contrato aún no haya finalizado.

Incluso, y rizando el rizo, se plantea si es este un fallo que apunta en la dirección del contrato único por el que aboga Ciudadanos, cuarto principal partido político en España. A este respecto, muchos especialistas no creen que se vaya a establecer este contrato único a raíz del fallo del TJUE del 14 de septiembre, aunque sí es cierto que una de las diferencias más sustanciales entre contrato fijo y temporal se vería equiparado.

Otra interrogante que resultaría conveniente responder es si el empresario perdería la motivación a la hora de contratar a un trabajador interino para cubrir una determinada baja, pues a los costes de contratación ya existentes se les sumaría el de la hipotética indemnización.

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Aumentan las opciones de ‘volver’ a trabajar

Uno de los miedos más extendidos en aquellos que pierden su trabajo, además de la difícil situación en la que quedan, es la expectativa de futuro: ¿volveré a encontrar trabajo? ¿cuándo lo conseguiré, si es que eso ocurre? ¿podré ocupar un puesto en el sector en el que siempre he trabajado…? preguntas que pueden quitar el sueño durante muchas noches si no aparecen respuestas.

Pero hay motivos para el optimismo: según un informe de Lee Hecht Harrison, consultora del grupo Adecco especializada en recolocación, 4 de cada 5 trabajadores que participan es estos planes de vuelta el engranaje laboral encuentran empleo de nuevo, frente a los dos de cada tres que lo hacían el año pasado, lo cual supone una subida porcentual del 14%. Más aún, casi la mitad encuentran empleo a los tres meses. En el otro lado de la moneda, están un 2% que necesita más de un año para volver a trabajar, o un 18% que hasta pasados los 6 primeros meses, y nunca llegando a cumplir un año, no encuentran empleo.

Una de las medidas que refleja la reforma laboral y que contribuye a estos datos es la obligación de las empresas que aplican un ERE a contratar planes de recolocación si estos afectan a más de medio centenar de trabajadores.

Si tenemos en cuenta que en España el periodo medio de búsqueda de empleo son 18 meses, con lo que estos planes de recolocación resultan extremadamente efectivos y atractivos para desempleados.

Desgranando más los datos, el 88% de las personas que participaron en estos planes encontró trabajo por cuenta ajena, y el 12% restante se decantó por el autoempleo. Por su parte, 1 de cada cinco trabajadores que no encontraron empleo decidió emprender estudios de larga duración o dedicar ese tiempo a la atención familiar.

Atendiendo a diferentes sesgos, el 54% de los candidatos fueron hombres, y aproximadamente la mitad tenía entre 35 y 45 años; Madrid fue la Comunidad Autónoma que mejores datos registró con un 51%, por delante de Cataluña (23%), Andalucía (7%).

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que registró un mayor porcentaje de recolocados sobre el total, con un 51%, seguida de Cataluña (23%), Andalucía (7%) y Comunidad Valenciana, con el 5%.

El informe de Lee Hecht Harrison afirma que el 85% de los trabajadores recolocados fueron contratados de manera indefinida, y que la mayoría pudieron trabajar en el sector del que procedían.

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Bitcoin: la moneda ya tiene cara

Satoshi Nakamoto; ese era el parapeto de Craig Steven Wright, empresario australiano de 44 años, creador, recientemente confeso, de los bitcoins, la moneda virtual más extendida del mundo.

Esta confesión viene respaldada por pruebas técnicas, así como por los testimonios de miembros de peso de la comunidad de bitcoin. Sin embargo, el prestigioso The Economist no ha querido dar por segura la identidad del creador de la particular moneda, y considera que revelar la verdadera identidad de este va a ser una tarea que se prolongará más allá en el tiempo.

El bitcoin, moneda cifrada y con sistema de circulación P2P, no había tenido ´padre´ hasta la fecha por el temor del creador a posibles imputaciones por delito federal, pues se podría considerar que esta moneda desestabiliza al dólar.

Los bitcoins no tienen un referente real con el que fijar su valor, como el oro u otras divisas; este se calcula mediante complejas fórmulas algorítmicas, y las ´monedas´ son extraídas por los usuarios.

Si miramos la ´bolsa de valores´ de esta peculiar moneda, podemos observar que actualmente hay en circulación 155 millones de bitcoin, con un valor de 390 euros cada uno de ellos (5.800 millones de euros en total). Lo curioso es que sufre tantas fluctuaciones que es muy difícil determinar su valor, que ha llegado a situarse en 900 euros de máximo.

“Solo quiero que me dejen tranquilo”

Craig Steven Wright, cuya fortuna se estima está situada en 450 millones de dólares, prefiere no concentrar el protagonismo, y explica que ha dado el paso de confesar su identidad para acabar con las especulaciones sobre Satoshi Nakamoto, su seudónimo: “no quiero ser la cara pública de nada. Hubiera preferido no revelar mi identidad. Simplemente quiero seguir haciendo lo que hago y trabajar en lo que trabajo. No busco dinero ni fama ni adoración. Solo que me dejen tranquilo”, ha  señalado en una entrevista para la BBC.

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Repercusiones de la anulación de las cláusulas suelo

Esta semana hemos conocido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid que condena a todas las entidades financieras a eliminar por abusivas todas las cláusulas suelo. Se trata de una sentencia sin precedentes debido al número de entidades afectadas (la práctica totalidad de los bancos que operan en España) y al número de consumidores que repercute. Pero, más allá de titulares, es conveniente saber qué significa realmente la sentencia, y de qué modo pueden afrontarla los consumidores.

Aplicación de la sentencia

Lo primero que es importante rescatar de la sentencia es que la jueza anula las hipotecas por su condición de abusivas y opacas a ojos del hipotecado, lo cual no es óbice para que se consideren legales. Es en esta falta de transparencia donde reside la importancia de este punto; entre 1991 y 2007, las entidades estaban obligadas a informar a los clientes con hipotecas de menos de 150.000 euros, mediante documento, de la oferta vinculante. A partir de 2007 se produce un cambio legislativo que deja paso a la ambigüedad sobre si las entidades han de aportar o no dicho documento.

A raíz de este punto, surge el siguiente: sólo se devolverá las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores a partir de esa fecha, a pesar de la opinión contraria de la Comisión Europea.

Es importante también que la sentencia, que en principio sólo afectaba a BBVA, Cajamar y NCG, ahora se amplía al conjunto sel sector financiero.

Otra pregunta es ¿afecta sólo a los 15.000 demandantes que emprendieron acciones, o a la totalidad de hipotecados con cláusula suelo? A esa pregunta, por desgracia, aún no se puede responder.

Por último, hay que señalar que la sentencia no es firme, y que si la banca recurre y la Audiencia Provincial tumba la sentencia, los afectados tendrán que llegar, de nuevo, hasta el Tribunal Supremo.

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Hacienda tendrá que pagar las reclamaciones por el ‘céntimo sanitario’

Hacienda tendrá que pagar íntegramente las cantidades que solicitaron al Consejo de Ministros los afectados por el ’céntimo sanitario’, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya estimado los primeros recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.

Se trata del impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas entre 2001 y 2011 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad.

Estas reclamaciones provienen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en febrero de 2014 declaró que la Ley que autorizaba dicho impuesto era contraria a la directiva europea. El alto tribunal tiene pendiente de resolver casi 4.000 reclamaciones similares de afectados, especialmente transportistas.

Los recursos se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron rechazando las miles de solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto.

Al estimar estos recursos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros y reconoce de manera expresa el derecho de la devolución de las cantidades solicitadas, sin que haya necesidad de que la Administración tenga que comprobar en vía administrativa la conformidad de la cantidad solicitada. Además, reconoce los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.

En concreto, el recurso consultado por Europa Press, impugna el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación formulada por la compañía ’Freire, S.L.’. La reclamación económica presentada se fundamentaba en el incumplimiento del derecho comunitario, declarado por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sostenía que la Ley que creó el ’céntimo sanitario’ no cumplía ni trasponía una directiva comunitaria, sino que se trataba de una actuación del legislador español en el ámbito de su competencia. Además, argumentaba que se trataba de una regulación que generaba confusión, pues diversos Tribunales Superiores de Justicia fallaron a favor de la compatibilidad del impuesto con el derecho de la Unión Europea.

Por su parte, el Abogado del Estado, además de señalar que el impuesto fue declarado constitucional, adujo que no concurrían los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por incumplimiento del derecho de la Unión Europea al no tratarse de una “violación suficientemente caracterizada”.

Además, señalaba que la actuación de España fue de buena fe, colaborando con la Comisión, y que la jurisprudencia del TJUE sobre la indicada directiva no concretaba como debía ser interpretada, pues los propios Tribunales Superiores de Justicia expresaron serias dudas de derecho que así lo demuestran.

EL SUPREMO CREE QUE HAY INFRACCIÓN

Frente a estos argumentos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros al concluir que la infracción está suficientemente caracterizada porque cuando entra en vigor el impuesto las autoridades españolas eran conscientes de que el tributo no se ajustaba a la directiva comunitaria, o deberían haberlo sido.

Así, la Administración General del Estado deberá indemnizar a los reclamantes por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del ’céntimo sanitario’ y reclamadas en los recursos. Podrán restarse las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, los demandantes ya hubieran percibido por devolución de ingresos indebidos. También podrán restarse las cantidades percibidas por las devoluciones del tramo autonómico.

Además, el Estado deberá abonar los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades anteriores, desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.