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Así será la protección de nuestros datos a partir de 2018

Formularios de contacto, papeles con nuestros datos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas con teleoperadores…¿qué cantidad de información acerca de nosotros se traslada al limbo o escapa a nuestro control cada vez que permitimos a un tercero acceder a ella? Parece que este hecho cada vez nos preocupa más, y la propia UE se ha puesto manos a la obra con el objetivo de controlar, en cierta medida, el ingente tráfico de datos personales que almacenan y utilizan organizaciones y empresas.

A partir de 2018 tendremos derecho a recibir los datos que nos atañan y que hayamos facilitado a cualquier responsable de datos, y que estos sean transferidos sin rémora alguna a quien nosotros decidamos en el plazo máximo de un meses, o de tres si se trata de algún caso que represente una excepción por su complejidad. Estos datos no se limitarán a aquella información que hayamos entregado de manera activa, sino también a toda aquella que se derive de nuestra actividad. Así lo ha determinado el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), un organismo consultivo que aglutina, entre otras instituciones, a las autoridades de Protección de Datos de todos los estados miembros de la Unión Europea.

Con esta medida se pretende el libre flujo de datos dentro de la UE, favoreciéndose con ello la competencia entre empresas y, finalmente, el servicio que se le ofrece al usuario.

Lo que se plantea ahora es poder intercambiar todos esos datos de manera segura; en este sentido, será el encargado de transmitir la información quien se responsabilice ante pérdidas o violaciones de la información; del otro lado, se recomienda que el responsable que reciba esos datos aconseje al usuario acerca de cómo salvaguardar esa información más allá de sus competencias profesionales. Los responsables del tratamiento de estos datos deberán de trabajar a contrarreloj para estar preparados a nivel técnico a la hora de ejecutar solicitudes de portabilidad de datos de acuerdo a la nueva normativa que entrará en vigor en 2018.

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Los franceses reconocen el “Derecho a la desconexión”

 

Con la puesta en marcha del nuevo año, los franceses reconocen desde este primero de enero el derecho a estar desconectados del trabajo una vez finalice la jornada de trabajo, medida cuyos principios, si bien ya tenían respaldo legal, invita a empleados y empleadores a buscar soluciones negociadas al problema que surge cuando la jornada laboral se prolonga más allá de lo estipulado en el contrato.

En concreto, más de la tercera parte de los trabajadores galos utiliza alguna herramienta de trabajo una vez  finalizada su jornada, lo que ha desembocado en que más del 10% sufra agotamiento laboral.

La noticia ocurrida en el país vecino nos hace reflexionar acerca de la idoneidad de adoptarla en España.

En nuestro país, como en Francia, no existe obligación ni de alargar la jornada una vez pase el tiempo estipulado de duración de esta, ni de, por ejemplo, atender a un correo electrónico que aluda a tareas relacionadas con el trabajo. En realidad, la medida aparece como necesidad de subrayar la existencia de estos derechos, pues en en la práctica no se respetan.

La tecnología, un arma de doble filo

Si bien es cierto que los nuevos software informáticos nos facilitan en gran medida las tareas laborales y la manera de comunicarnos en el trabajo, también lo es que abren la puerta a la posibilidad de seguir trabajando desde casa, pues en muchos empleos las tareas que se pueden desempeñar en una oficina y en el hogar son las mismas debido a que todos disponemos de un ordenador personal o de un teléfono móvil. Esta tendencia a la permanente conexión con el trabajo repercute negativamente en la salud del trabajador, pues genera en él una situación de estrés difícilmente sostenible.

En la práctica, si bien el trabajador no tiene obligación de realizar ninguna tarea relacionada con el trabajo fuera de su jornadas, como ya hemos indicado, los casos en que se genera un conflicto por esta práctica entre empresario y trabajador, suelen denunciarse por parte de este último una vez terminada la relación laboral, pues si bien el derecho le asiste y no puede ser objeto de ningún perjuicio por ello, la relación laboral puede deteriorarse en términos “subjetivos” si se niega a atender a una llamada o a contestar a un mail fuera de su horario de trabajo.

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CLAVES PARA EL CIERRE FISCAL

Inmersos en la recta final del año, aún estamos a tiempo de identificar aquellas alternativas que optimicen y rebajen la factura fiscal del próximo Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Las opciones pasan por, exenciones, compensaciones, reducciones y deducciones.

Veamos algunas operaciones que pueden hacer que nuestra próxima declaración de renta sea menos gravosa.

Integración y Compensación de Rentas

La Base Imponible de la declaración se divide en:

1.- Base Imponible General.- Compuesta por los rendimientos de trabajo, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, imputaciones de rentas, actividades económicas, y ganancias y pérdidas patrimoniales que no procedan de la transmisión de elementos patrimoniales.

La escala de gravamen aplicable a esta base es progresiva, tiene 5 tramos y los tipos oscilan entre el 19% y el 45%.

2.- Base Imponible del Ahorro.- La integran los rendimientos de capital mobiliario ( rentas del ahorro ) y las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales. La escala de gravamen aplicable a esta base también es progresiva, pero a diferencia de la anterior, los tipos oscilan entre el 19% y el 23%.

Entre ambas bases imponibles prevalece el principio de estanqueidad, es decir, no pueden compensarse rendimientos negativos de una, con los rendimientos positivos de la otra. Son independientes.

Por tanto, los rendimientos negativos y las pérdidas patrimoniales que se generen en la Base Imponible del Ahorro, solo se compensarán con los rendimientos positivos y ganancias patrimoniales generados también en dicha Base. De igual forma ocurre en la Base Imponible General.

¿ Como se integran y compensan entre sí estos rendimientos ­?

  • Los rendimientos de capital mobiliario se integrarán y compensarán entre sí. Si el resultado de esta compensación fuese negativo, se podrá compensar con el saldo positivo de ganancias patrimoniales, pero únicamente, con el límite del 15% del saldo de dichas ganancias. El importe restante no compensado, se podrá compensar de la misma forma en los próximos 4 años.
  • Las pérdidas patrimoniales se integrarán y compensarán entre sí igualmente. Si el saldo fuese negativo, se podrá compensar con el saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario, con el límite del 15% de dichos rendimientos. El importe restante no compensado se podrá compensar de la misma forma en los próximos 4 años.

Por tanto, si se han obtenido rendimientos negativos o pérdidas patrimoniales, sería interesante valorar la posibilidad de aflorar rendimientos positivos o ganancias patrimoniales y compensar.

Igualmente, si se han obtenido ganancias patrimoniales, interesaría aflorar pérdidas con objeto de que se compensen entre sí y minorar el coste fiscal.

Ganancias Patrimoniales Exentas

No todas las ganancias patrimoniales tributan. Existen determinadas operaciones que conviene tener presentes.

* REINVERSIÓN VIVIENDA HABITUAL

La ganancia obtenida por la transmisión de la vivienda habitual, estará exenta si el importe obtenido en la transmisión se reinvierte en la adquisición de otra vivienda habitual. Para ello deben de cumplirse determinados requisitos:

  • Tener menos de 65 años.
  • La adquisición de la nueva vivienda debe realizarse en el plazo de dos años siguientes a la transmisión, o bien que la nueva vivienda se hubiese adquirido dos años antes.

* TRANSMISIÓN VIVIENDA HABITUAL POR MAYORES DE 65 AÑOS.

Si se tienen más de 65 años, la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual estará exenta. No existen requisitos al respecto. No es necesario reinversión.

* EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE RENTAS VITALICIAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS.

Si se tienen más de 65 años, la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de algún elemento patrimonial estará exenta, si el importe obtenido en la transmisión se reinvierte en una renta vitalicia asegurada. Sin embargo son exigibles algunos requisitos.

  • La reinversión debe hacerse en un plazo de 6 meses.
  • El importe máximo de reinversión es de 240.000 euros.
  • Se reinvierte el importe total obtenido en la transmisión.

Si se reinvierte un importe inferior al obtenido en la transmisión, o el importe de la transmisión es superior a 240.000 euros, la exención se mantiene, pero únicamente sobre la parte proporcional que corresponda a la cantidad invertida.

Aportaciones a Planes de Pensiones

Las cantidades aportadas a los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, reducen la base imponible general, con los siguientes límites:

– 8.000 euros anuales de aportación.

– 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

Si además, el cónyuge obtiene rentas inferiores a 8.000 euros anuales, el contribuyente podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge hasta un limite de 2.500 euros anuales.

En caso de aportaciones a favor de personas con minusvalía, la reducción en la base imponible es muy superior, siendo el limite de 24.250 euros.

Aportaciones a Patrimonios Protegidos de Personas con Discapacidad

El cónyuge, tutores, o los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado, de una persona con discapacidad, podrán reducirse su base imponible en un máximo de 10.000 euros anuales por aportaciones realizadas a un patrimonio protegido. El límite conjunto en caso de varios aportantes es de 24.250 euros anuales.

Si se realizasen aportaciones no dinerarias, se permite la reducción de su valor. Si éste superase los 10.000 euros anuales, el exceso se podrá reducir en los próximos 4 años.

Deducción Inversión Vivienda Habitual

Las cantidades entregadas al pago del préstamo utilizado para adquirir la vivienda habitual, así como las cantidades entregadas a cuenta para su construcción, se podrán deducir. La deducción será el 15% de dichas cantidades con un límite de 9.040 euros. Siempre teniendo en cuenta que la adquisición se haya producido antes del 1 de enero de 2013.

Desde dicha fecha la deducción por adquisición de vivienda habitual, no es aplicable.

Donaciones

Se podrán deducir de la cuota del Impuesto, las cantidades donadas a fundaciones, ONG´s, Asociaciones de utilidad pública… aplicando la siguiente escala:

Aportación                            % Deducción

150 euros                             75%

Desde 150 euros                 30%

Si en años anteriores, se han realizado donaciones a la misma Entidad, por un importe igual o superior en cada uno de ellos al del ejercicio anterior, el porcentaje del 30% indicado ascendería al 35%.

Es importante tener en cuenta que la base de la deducción no podrá ser superior al 10% de la Base liquidable en ningún caso.

Deducción por Inversión en Empresas de Nueva o Reciente Creación

Deducción del 20 % sobre la cuota íntegra del IRPF de las cantidades satisfechas en el ejercicio 2016 por la suscripción de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación.

La base máxima de la deducción es de 50.0000 euros.

No obstante esta deducción está sujeta a determinados requisitos.

  • Los fondos propios de la empresa en la que se invierta no pueden superar los 400.000 euros. El objetivo de esta bonificación fiscal es el de apoyar a las start up y compañías de reciente creación y pymes.
  • No se admitirá la inversión en empresas cotizadas, incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil.
  • La inversión debe realizarse en empresas cuya forma societaria sea una de las siguientes: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.
  • La empresa deberá, lógicamente, realizar actividad económica.

Hay que tener en cuenta además algunas condiciones sobre las propias acciones, empezando por el hecho de que deben mantenerse al menos durante tres años.

Con objeto de evitar que las inversiones se concentren en proyectos familiares, la participación conjunta del contribuyente y familiares no podrá superar el 40% de la empresa.

Los extremeños contamos además con una deducción del 20% sobre la inversión en nuevas empresas y ampliaciones de capital en sociedades de la región, con un máximo de 4.000 euros al año. El límite para el capital social del contribuyente y sus familiares hasta tercer grado, es del 40% de la empresa y es necesario mantener la inversión durante tres años.

En caso de que la inversión corresponda a una una ampliación de capital, la empresa no podrá tener una vida mayor a tres años. Lo que quiere decir que deberá de haberse constituido en los tres ejercicios anteriores a la compra de las acciones.

Deducción por Realización de Actividades Económicas

Deducción del 5% de los rendimientos netos de actividades económicas que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material, inmaterial o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

El importe de la deducción no puede exceder del importe de la cuota íntegra del periodo impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos que se reinvierten.

Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en el que se efectúe la inversión.

En definitiva, teniendo en cuenta estas alternativas, la factura fiscal puede variar.

Optimizar, Optimizar, Optimizar. De esto se trata.

 

 

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Fijos vs. Temporales. ¿Y ahora qué?

Hace poco más de una semana nos encontrábamos la noticia en los medios de comunicación: el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que en España se han de equiparar las condiciones de despido de los trabajadores temporales y los fijos, pues según este organismo se considera que en nuestro país se discrimina a los primeros, por lo que el Partido Popular, que actualmente ostenta el gobierno en funciones, promoverá en el Congreso una iniciativa que obtenga como resultado la equidad entre ambos tipos de trabajadores.

Es evidente que se va a tener que realizar una reforma del Estatuto de los Trabajadores; sin embargo, no lo son tanto otros aspectos referentes al fallo del TJUE. Una de las principales dudas que se presentan es el alcance de la sentencia, pues existen interrogantes de si afectará sólo a trabajadores interinos o, por el contrario, a todos los temporales.

De igual modo, suscita controversia entre los interlocutores que se suman el debate generado tras la noticia el posible carácter retroactivo que debiera o no tener la sentencia; la mayoría señala que esto no se producirá en ningún caso, aunque algunos sí apuntan que sí afectará a aquellos interinos cuyo contrato aún no haya finalizado.

Incluso, y rizando el rizo, se plantea si es este un fallo que apunta en la dirección del contrato único por el que aboga Ciudadanos, cuarto principal partido político en España. A este respecto, muchos especialistas no creen que se vaya a establecer este contrato único a raíz del fallo del TJUE del 14 de septiembre, aunque sí es cierto que una de las diferencias más sustanciales entre contrato fijo y temporal se vería equiparado.

Otra interrogante que resultaría conveniente responder es si el empresario perdería la motivación a la hora de contratar a un trabajador interino para cubrir una determinada baja, pues a los costes de contratación ya existentes se les sumaría el de la hipotética indemnización.

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Aumentan las opciones de ‘volver’ a trabajar

Uno de los miedos más extendidos en aquellos que pierden su trabajo, además de la difícil situación en la que quedan, es la expectativa de futuro: ¿volveré a encontrar trabajo? ¿cuándo lo conseguiré, si es que eso ocurre? ¿podré ocupar un puesto en el sector en el que siempre he trabajado…? preguntas que pueden quitar el sueño durante muchas noches si no aparecen respuestas.

Pero hay motivos para el optimismo: según un informe de Lee Hecht Harrison, consultora del grupo Adecco especializada en recolocación, 4 de cada 5 trabajadores que participan es estos planes de vuelta el engranaje laboral encuentran empleo de nuevo, frente a los dos de cada tres que lo hacían el año pasado, lo cual supone una subida porcentual del 14%. Más aún, casi la mitad encuentran empleo a los tres meses. En el otro lado de la moneda, están un 2% que necesita más de un año para volver a trabajar, o un 18% que hasta pasados los 6 primeros meses, y nunca llegando a cumplir un año, no encuentran empleo.

Una de las medidas que refleja la reforma laboral y que contribuye a estos datos es la obligación de las empresas que aplican un ERE a contratar planes de recolocación si estos afectan a más de medio centenar de trabajadores.

Si tenemos en cuenta que en España el periodo medio de búsqueda de empleo son 18 meses, con lo que estos planes de recolocación resultan extremadamente efectivos y atractivos para desempleados.

Desgranando más los datos, el 88% de las personas que participaron en estos planes encontró trabajo por cuenta ajena, y el 12% restante se decantó por el autoempleo. Por su parte, 1 de cada cinco trabajadores que no encontraron empleo decidió emprender estudios de larga duración o dedicar ese tiempo a la atención familiar.

Atendiendo a diferentes sesgos, el 54% de los candidatos fueron hombres, y aproximadamente la mitad tenía entre 35 y 45 años; Madrid fue la Comunidad Autónoma que mejores datos registró con un 51%, por delante de Cataluña (23%), Andalucía (7%).

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que registró un mayor porcentaje de recolocados sobre el total, con un 51%, seguida de Cataluña (23%), Andalucía (7%) y Comunidad Valenciana, con el 5%.

El informe de Lee Hecht Harrison afirma que el 85% de los trabajadores recolocados fueron contratados de manera indefinida, y que la mayoría pudieron trabajar en el sector del que procedían.

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Bitcoin: la moneda ya tiene cara

Satoshi Nakamoto; ese era el parapeto de Craig Steven Wright, empresario australiano de 44 años, creador, recientemente confeso, de los bitcoins, la moneda virtual más extendida del mundo.

Esta confesión viene respaldada por pruebas técnicas, así como por los testimonios de miembros de peso de la comunidad de bitcoin. Sin embargo, el prestigioso The Economist no ha querido dar por segura la identidad del creador de la particular moneda, y considera que revelar la verdadera identidad de este va a ser una tarea que se prolongará más allá en el tiempo.

El bitcoin, moneda cifrada y con sistema de circulación P2P, no había tenido ´padre´ hasta la fecha por el temor del creador a posibles imputaciones por delito federal, pues se podría considerar que esta moneda desestabiliza al dólar.

Los bitcoins no tienen un referente real con el que fijar su valor, como el oro u otras divisas; este se calcula mediante complejas fórmulas algorítmicas, y las ´monedas´ son extraídas por los usuarios.

Si miramos la ´bolsa de valores´ de esta peculiar moneda, podemos observar que actualmente hay en circulación 155 millones de bitcoin, con un valor de 390 euros cada uno de ellos (5.800 millones de euros en total). Lo curioso es que sufre tantas fluctuaciones que es muy difícil determinar su valor, que ha llegado a situarse en 900 euros de máximo.

“Solo quiero que me dejen tranquilo”

Craig Steven Wright, cuya fortuna se estima está situada en 450 millones de dólares, prefiere no concentrar el protagonismo, y explica que ha dado el paso de confesar su identidad para acabar con las especulaciones sobre Satoshi Nakamoto, su seudónimo: “no quiero ser la cara pública de nada. Hubiera preferido no revelar mi identidad. Simplemente quiero seguir haciendo lo que hago y trabajar en lo que trabajo. No busco dinero ni fama ni adoración. Solo que me dejen tranquilo”, ha  señalado en una entrevista para la BBC.

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Repercusiones de la anulación de las cláusulas suelo

Esta semana hemos conocido la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid que condena a todas las entidades financieras a eliminar por abusivas todas las cláusulas suelo. Se trata de una sentencia sin precedentes debido al número de entidades afectadas (la práctica totalidad de los bancos que operan en España) y al número de consumidores que repercute. Pero, más allá de titulares, es conveniente saber qué significa realmente la sentencia, y de qué modo pueden afrontarla los consumidores.

Aplicación de la sentencia

Lo primero que es importante rescatar de la sentencia es que la jueza anula las hipotecas por su condición de abusivas y opacas a ojos del hipotecado, lo cual no es óbice para que se consideren legales. Es en esta falta de transparencia donde reside la importancia de este punto; entre 1991 y 2007, las entidades estaban obligadas a informar a los clientes con hipotecas de menos de 150.000 euros, mediante documento, de la oferta vinculante. A partir de 2007 se produce un cambio legislativo que deja paso a la ambigüedad sobre si las entidades han de aportar o no dicho documento.

A raíz de este punto, surge el siguiente: sólo se devolverá las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores a partir de esa fecha, a pesar de la opinión contraria de la Comisión Europea.

Es importante también que la sentencia, que en principio sólo afectaba a BBVA, Cajamar y NCG, ahora se amplía al conjunto sel sector financiero.

Otra pregunta es ¿afecta sólo a los 15.000 demandantes que emprendieron acciones, o a la totalidad de hipotecados con cláusula suelo? A esa pregunta, por desgracia, aún no se puede responder.

Por último, hay que señalar que la sentencia no es firme, y que si la banca recurre y la Audiencia Provincial tumba la sentencia, los afectados tendrán que llegar, de nuevo, hasta el Tribunal Supremo.

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Hacienda tendrá que pagar las reclamaciones por el ‘céntimo sanitario’

Hacienda tendrá que pagar íntegramente las cantidades que solicitaron al Consejo de Ministros los afectados por el ’céntimo sanitario’, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya estimado los primeros recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.

Se trata del impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas entre 2001 y 2011 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad.

Estas reclamaciones provienen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en febrero de 2014 declaró que la Ley que autorizaba dicho impuesto era contraria a la directiva europea. El alto tribunal tiene pendiente de resolver casi 4.000 reclamaciones similares de afectados, especialmente transportistas.

Los recursos se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron rechazando las miles de solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto.

Al estimar estos recursos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros y reconoce de manera expresa el derecho de la devolución de las cantidades solicitadas, sin que haya necesidad de que la Administración tenga que comprobar en vía administrativa la conformidad de la cantidad solicitada. Además, reconoce los intereses legales de la cantidad reclamada desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.

En concreto, el recurso consultado por Europa Press, impugna el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación formulada por la compañía ’Freire, S.L.’. La reclamación económica presentada se fundamentaba en el incumplimiento del derecho comunitario, declarado por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sostenía que la Ley que creó el ’céntimo sanitario’ no cumplía ni trasponía una directiva comunitaria, sino que se trataba de una actuación del legislador español en el ámbito de su competencia. Además, argumentaba que se trataba de una regulación que generaba confusión, pues diversos Tribunales Superiores de Justicia fallaron a favor de la compatibilidad del impuesto con el derecho de la Unión Europea.

Por su parte, el Abogado del Estado, además de señalar que el impuesto fue declarado constitucional, adujo que no concurrían los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por incumplimiento del derecho de la Unión Europea al no tratarse de una “violación suficientemente caracterizada”.

Además, señalaba que la actuación de España fue de buena fe, colaborando con la Comisión, y que la jurisprudencia del TJUE sobre la indicada directiva no concretaba como debía ser interpretada, pues los propios Tribunales Superiores de Justicia expresaron serias dudas de derecho que así lo demuestran.

EL SUPREMO CREE QUE HAY INFRACCIÓN

Frente a estos argumentos, el Supremo anula las decisiones del Consejo de Ministros al concluir que la infracción está suficientemente caracterizada porque cuando entra en vigor el impuesto las autoridades españolas eran conscientes de que el tributo no se ajustaba a la directiva comunitaria, o deberían haberlo sido.

Así, la Administración General del Estado deberá indemnizar a los reclamantes por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del ’céntimo sanitario’ y reclamadas en los recursos. Podrán restarse las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, los demandantes ya hubieran percibido por devolución de ingresos indebidos. También podrán restarse las cantidades percibidas por las devoluciones del tramo autonómico.

Además, el Estado deberá abonar los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades anteriores, desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia.