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El turismo, a debate: ¿es necesaria una reforma de la ley?

En los últimos días, el turismo ha concentrado el foco de los principales medios de comunicación de nuestro país, y no solo por encontrarnos en pleno periodo vacacional o por las espectaculares cifras del sector, que año tras año registra nuevos récords.

En este caso, lo que ha llamado la atención de la opinión pública son diferentes acontecimientos que atañen al turismo, industria que representa más del 10% del PIB español: hablamos de los actos vandálicos que se han producido en Barcelona en las últimas semanas y que han tenido como objetivo el turismo que visita la ciudad condal, o de la reciente controversia que ha generado  la decisión del Gobierno de Baleares de limitar las plazas turísticas dentro de las islas.

La Ley de Turismo del Gobierno Balear

El pasado martes el Gobierno de las Islas Baleares aprobó una ley que limita a 623.624 las plazas turísticas, con lo que, actualmente, aún quedarían en torno a 52.000 plazas libres a disposición de las empresas turísticas, equivaliendo cada una de ellas  a un inquilino; el problema podría darse en el futuro con una hipotética ocupación total de plazas que impidiera el registro de otras nuevas sin que anteriores causen baja.

Como era lógico, la reacción de la Federación Hotelera de Menorca no se ha hecho esperar, entidad que si bien comparte con el Ejecutivo Balear la necesidad de establecer un techo de plazas, no no comulga con otra de sus pretensiones: recortar en 120.000 plazas el actual límite fijado, y esgrime que gran número de la demanda hotelera sería absorbida por alojamientos residenciales ilegales.

Otro de los colectivos que ha mostrado de manera activa su disconformidad con la nueva ley, antes y después de su aprobación, es la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (APTUR), pues en su opinión se ha elaborado “a medida de las grandes cadenas hoteleras” y serán ellos quienes más sufran las consecuencias al haberse prohibido alquiler de pisos y apartamentos a turistas si no se cuenta con la obligatoria licencia de la Consejería de Turismo, ente que desde el martes no otorga nuevos permisos, y se plantean emprender acciones legales para que el conflicto se resuelva en los tribunales.

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SII: una nueva forma de gestionar el IVA de las empresas

Desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) impuesto por la Agencia Tributaria, y que afecta al 80% de toda la facturación empresarial española, obliga a las empresas a compartir con Hacienda sus facturas de forma prácticamente inmediata.

En concreto, los contribuyentes que se ajusten a los parámetros definidos por la AT, así como aquellos que de manera voluntaria opten por hacer uso del SII, deberán enviar a esta el detalle del registro de sus facturas en un máximo de 96 horas mediante su Sede Electrónica. Sin embargo, el ente contempla un periodo de adaptación al nuevo sistema que amplia el plazo máximo para la comunicación de esta información al doble: 8 días hábiles.

Mejora la comunicación

En palabra del Ministerio de Hacienda, el SII significa una mejora “sustancial” en la comunicación entre Administración y contribuyente, pues supone mantener un nexo “bidireccional, automático e instantáneo”. El nuevo sistema consiste en facilitar de manera electrónica los registros de facturación que componen los Libros de Registro del IVA, actualizándose estos de manera automáticamente con cada nueva alta.

Algunas de las ventajas para el contribuyente es que, siempre cuando también formen parte del SII, podrán cotejar la información de sus Libros de Registro con la facilitada por sus clientes y proveedores, la posibilidad de agrupar las facturas simplificadas, el hecho de disponer de información veraz y actualizada que facilite el sistema de gestión del IVA, o la oportunidad de corregir posibles equivocaciones en la declaración mensual del IVA sin que la Agencia Tributaria tenga que solicitarle dichas modificaciones.

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Las empresas del Ibex 35 presentan sus resultados semestrales

La incertidumbre que ha acompañado a la situación de la economía en España, y consecuentemente, a sus empresas más importantes, parece resolverse de manera positiva de un tiempo a esta parte: desde que nuestro país empezó a levantar cabeza tras la crisis, las buenas noticias en lo que a datos macroeconómicos se refiere se ha convertido en tónica habitual.

Durante esta semana tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo: la empresas del Ibex 35 comenzarán a presentar sus resultados semestrales, un indicador que hará que nos hagamos a una idea de la inercia con la que aún continúen avanzando en el futuro tras un imponente comienzo de 2017 se produjo una subida del 11,9%.

Atendiendo a sectores, las empresas sobre las que se mantienen unas previsiones más halagüeñas son las que se dedican al acero, como ArcelorMittal y Acerinox, sobre las que los analistas han incrementado su desarrollo un 58% y un 45%, respectivamente. También en el Banco Sabadell y en Mediaset depositan los analistas gran parte de su previsión de crecimiento (30% y 24%, respectivamente). En la cara opuesta de la moneda nos topamos con la empresa de comunicaciones Cellnex (-19%), seguida por DIA (-5,7%) e Indra (-5,3%).

Deberemos estar atentos puesto que las cifras que se pronostican serían las más elevadas desde que en 2010 el beneficio acumulado por los socios del Ibex superase la barrera de los 50.000 millones de euros, situándose en un valor conjunto de 44.000M.

Los especialistas vaticinan para este semestre un crecimiento interanual aproximado del 10% del beneficio por acción (BPA) para la mayoría de empresas pertenecientes al Ibex 35, previsión que viene propiciada por la abundante liquidez procedente de los bancos centrales y por el desarrollo positivo de la economía. Ahora, tras haber reducido su deuda de manera considerable, las cotizadas españolas se preparan para optimizar sus márgenes de explotación y cómo allanan un futuro en el que se vislumbra el encarecimiento del crédito.

 

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Las cambios que depara la aprobación de los Presupuestos Generales de 2017

Tras medio año de retraso debido a las divergencias entre los miembros del Congreso, se han aprobado los Presupuestos Generales para 2017 contando con 176 diputados a favor gracias a la coalición de PP, Ciudadanos, PNV, UNP, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El texto pasará al Senado, donde el Partido Popular ostenta la mayoría, lo que agilizará su tramitación. De provocarse alguna modificación o corrección el texto volverá al Congreso para su aprobación durante la última semana de junio.

Los presupuestos contemplan 10 millones de euros para reducir la emisión medioambiental en las centrales térmicas de carbón, ayudas de 21,3 millones para los convenios pendientes de liquidación de los planes de minería y bonificaciones fiscales para producciones audiovisuales, entre otros. Según sectores específicos, los cambios que pueden empezar a operar a partir del verano son los siguientes:

Trabajadores Autónomos

Los Presupuestos Generales contemplan un incremento de la base mínima de cotización de autónomos del 3% hasta los 920€ mensuales, de modo que la cuota mensual pasará a ser de 275€ al mes.

Trabajadores Asalariados

El presupuesto provocaría una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional, situándolo en 707,7€ mensuales repartidos en 14 pagas, creciendo así las bases mínimas de cotización un 8% hasta alcanzar los 1.152,8€ al mes, mientras que las bases máximas rondan un incremento del 3% hasta llegar a los 3.752,26€ mensuales.

Empleo público

Los PGE suponen una subida del 1% para los salarios del funcionariado; dependiendo de la administración para la que trabajen podrán recibir, a partir de julio y en un solo pago, los atrasos acumulados desde el 1 de enero, recibiendo entonces un incremento del 1% en su nómina a partir del pago único. Dentro de las cuentas del Estado se incluye la oferta de 67.000 plazas para empleo público, además de una oferta extraordinaria durante un plazo de tres años destinada a hacer fijos a más de 250.000 funcionarios.

Jóvenes

Se destinarán 500 millones de euros al pacto del Gobierno con Ciudadanos que suponía un complemento salarial para menores de 30 años.

Pensionistas

La subida del 0,25% que contempla la ley y se aplicó el 1 de enero se mantiene. Se ha contemplado una revalorización de las pensiones a las que se han destinado 300 millones de euros. La pensión mínima de los jubilados a partir de 65 años sin cónyuge seguirá siendo hasta final del año de 637,7€ al mes, con cónyuge será 784,9€ mensuales. La pensión máxima será de 2.573,7€ al mes.

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Lo que debes saber sobre el registro de la jornada laboral

La controversia que se ha generado en los medios de comunicación y opinión pública acerca del registro de la jornada laboral de los trabajadores por parte de la empresa está siendo mayúscula, algo que encaja dentro de la lógica debido a la importancia de la noticia y a las idas y venidas que se han producido por las divergencias que existen entre la opinión al respecto de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Si bien la primera estableció en una sentencia de diciembre de 2015 que las empresas estaban obligadas a mantener un registro diario de las horas ordinarias efectuadas por los trabajadores a fin de poder observar a través de este si se hacían horas extraordinarias, desde el TS se hace una interpretación distinta del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores puesto que no lo consideran extensivo a los trabajadores a tiempo completo, apoyándose en otros artículos del citado estatuto, siempre y cuando estos últimos no realicen horas extraordinarias, en cuyo caso sí habrá que llevar un registro de las mismas.

El pequeño “caos” que genera en los empresarios la diversidad de sentencias y matices acerca de este asunto invita a los responsables de las empresas a mantener la máxima cautela e intención con respecto a él puesto que también es importante considerar que en la aprobación de la última sentencia del Tribunal Supremo ha habido cinco votos particulares (votos que dejan constancia de que algunos miembros no están de acuerdo con la decisión), con lo que el registro de las horas extraordinarias es un tema especialmente susceptible  a sufrir nuevos cambios.

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Compliance: ¿de quien es la responsabilidad ante un delito en la empresa?

El término compliance adquiere cada vez más importancia dentro de la cultura empresarial: según algunas fuentes, el fraude financiero en España creció durante el año pasado en torno a un 16%, mientras que en el ámbito empresarial este experimentó un aumento del 6%, datos que se pueden achacar tanto al periodo económico tan negativo que hemos sufrido en años recientes como a la ausencia de seguimiento en este tema por parte de las propias empresas al no calibrar adecuadamente el verdadero riesgo que supone.

¿Qué es el compliance?

Compliance es el término que hace referencia al conjunto de normas establecidas por ley que han de regir el funcionamiento interno de la empresa, tanto para cubrirse de posibles riesgos como para asentar de puertas para adentro el desarrollo de una educación empresarial honesta, algo que si bien ya ocurre en las grandes corporaciones de nuestro país, en las empresas más pequeñas sigue siendo una tarea pendiente.

Las consecuencias del no establecimiento de un programa de compliance pueden ser tan funestas que signifiquen el cierre de la sociedad y la prisión para su administrador, pues según las recientes modificaciones legislativas la responsabilidad de las decisiones tomadas por directivos o empleados que no se ajusten al marco legal será depositada en la propia sociedad, salvo si se demuestra que desde la misma se impulsaron, establecieron y controlaron las medidas necesarias encaminadas a evitar prácticas al margen de la ley.

Haciendo uso del refranero a modo de ejemplo de lo que el compliance supone, más vale prevenir que curar, y su aplicación es la herramienta más efectiva, tanto a nivel preventivo como a posteriori, de la que los administradores pueden hacer uso de cara a evitar la incertidumbre que la falta de control supone, así como para fijar las fronteras que permitan identificar la responsabilidad ante la posibilidad de incurrir en delito.

Como hemos mencionado, si bien las grandes empresas asumen los costes que sean necesarios para establecer un compliance de garantías, las pequeñas empresas aún mantienen ciertas reticencias comprensibles debido a que conlleva un coste que en estos casos puede antojarse de mayor relevancia, pero que supone un verdadero seguro para que los responsables de la empresa duerman tranquilos.

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Compliance como herramienta para asegurar la empresa

En los últimos años venimos escuchando con fuerza un concepto dentro del derecho jurídico de las empresas: compliance. Su significado es aún desconocido para muchos empresarios, algo que supone un riesgo tanto para ellos como para sus empresas.

Origen de la medida

Tras la reforma que el Código Penal sufrió en 2010, recae en las personas jurídicas la plena responsabilidad penal por los delitos que hayan sido consumados en su nombre o por algún representante legal o administrador, o por cualquier otro empleado que que se encuentren bajo su potestad, considerándose en este último punto que no se ha ejercido la supervisión suficiente.

¿Qué es el compliance?

El compliance consiste en llevar a cabo dentro de la empresa las actuaciones y procesos adecuados para asegurar que tanto la misma como sus directivos y empleados se rigen por el marco normativo aplicable. El cumplimiento de la normativa no ha de limitarse a aspectos meramente legales sino que también han de considerar políticas internas, compromiso con los clientes, proveedores y terceros, atendiendo también a la ética de sus actuaciones.

A este respecto, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha elaborado un proyecto de norma que permita a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601, una herramienta que permita a las empresas mantener la tranquilidad en lo que se refiere a posibles condenas por algún delito que haya sido llevado a cabo por uno de sus empleados o directivos. Este UNE 19601 incluye buenos hábitos dentro de las empresas que se llevan a cabo a nivel internacional.

Para que una empresa se declare conforme a la norma esta deberá cumplir todos y cada uno de sus puntos, y aunque la certificación correspondiente que se le otorgue tendrá una duración de tres años deberá de examinarse que la norma es satisfecha de manera anual.

Las principales actuaciones que ha de llevar a cabo la empresa para el cumplimiento del une 19601 son:

  • Identificación: mediante ella sostiene la prevención de los riesgos a los que la empresa se expone.
  • Prevención: a colación del punto anterior, toca establecer una estrategia eficiente que sirva de protección.
  • Seguimiento: de nada serviría lo anterior si no se observa de manera exhaustiva que las medidas llevadas a cabo son eficientes.
  • Determinación: cabe la posibilidad de que, a pesar de llevar a cabo las actuaciones que consideremos adecuadas, se produzcan infracciones que hay que solventar de manera inmediata.
  • Asesoramiento: este punto es de vital importancia, pues si la plantilla de la empresa al completo no recibe la información adecuada en torno a la normativa será imposible que se pueda cumplir con eficacia.

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Lo que pagarás de IVA en 2017

El IVA es de las primeras cosas a las que el gobierno de turno recurre cuando toca ajustar presupuestos, atención de los medios de comunicación suele acaparar la atención de los medios de comunicación, pues todos tenemos un bolsillo y si se va a tocar preferimos estar al tanto de ello. ¿Qué rebajas o aumentos se han producido en el IVA de cara a este 2017? antes de ponernos al día conviene recordar los tres tipos de IVA en España.

Tipos de IVA

Como es lógico, no todos los productos a los que se aplica el IVA son iguales, y en función de la necesidad que tiene el consumidor en adquirirlo se aplica uno u otro tipo de impuesto.

IVA Superreducido. Se aplica un 4% de incremento a su precio final, y únicamente se da en cuatro países de la UE, además de España. Se trata de bienes de primera necesidad como alimentos, libros que no contengan publicidad, medicamentos, viviendas VPO, prótesis médicas, etc.

IVA Reducido. Se aplica un 10% de incremento a su precio final. comprende alimentos que no sean considerados de primera necesidad, productos farmacéuticos, billetes de transporte, entradas para espectáculos deportivos o exposiciones, etc.

IVA General. Se aplica un 21% de incremento a su precio final. Aquí se recogen artículos como el alcohol y el tabaco, la ropa, u otros que, a pesar de esta categorización, también son de uso cotidiano, como los combustibles, la luz, el teléfono, etc.

¿Qué novedades nos depara la última reforma del IVA?

El gobierno actual ha procedido a rebajar el impuesto sobre el valor añadido en espectáculos (cine aparte) pasando a ser el impuesto sobre este tipo de bienes de general a reducido, algo que también ocurrirá en las monturas de gafas y lentes de graduación. A pesar de estas medidas, el ejecutivo prevé aumentar su recaudación a través de este impuesto en más de un 7% con respecto al año anterior debido a la buena inercia económica.

 

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El TEAC resuelve que la prestación por maternidad sí ha de tributar

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha considerado que la cantidad percibida por las madres que disfruten de permiso de maternidad en su trabajo deben tributar por el IRPF, esgrimiendo para ello la necesidad de un criterio unificado a nivel nacional.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase la exención de tributación para la mencionada prestación en el verano de 2016, y obligase a Hacienda a la devolución de las cantidades percibidas por tal concepto, el TEAC considera que debido a la “especial trascendencia” que el asunto supone para los afectados es necesario un criterio homogéneo. Dicha sentencia estableció que la Agencia Tributaria se hallaba en la obligación de retornar 3.135,11 euros (intereses aparte) a una demandante, apoyando su decisión en las leyes del IRPF del año 2006 y de la Seguridad Social de 1994.

El TEAC respalda su decisión encontrando resoluciones de tribunales económico-administrativos que han dictaminado partiendo de su misma postura, como los de Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja o Murcia. Este organismo delimita la exención a las prestaciones recibidas que sean de ámbito regional y local, y excluyendo a las percibidas que tienen como emisora a la Seguridad Social. Recalca también que el propósito de la prestación por maternidad de la Seguridad Social sustituye a retribución común, y que esta última no está exenta de gravamen.

Casos exentos de tributación

Además de las de ámbito regional y local, sí están exentas aquellas prestaciones que, aún dependiendo de la Seguridad Social, sean por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

 

 

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Impuesto de Plusvalía: ¿el principio del fin?

El Impuesto de Plusvalía hace referencia a aquel gravamen al cual tenemos que hacer frente a la hora de cesar en la titularidad de una propiedad urbana, ya sea por transmisión, herencia o legado, donación, compraventa, etc. Su cuantía se calcula de manera automática atendiendo a dos variables: el IBI y los años transcurridos desde que se adquirió su titularidad hasta que se deja de gozar de ella.

La controversia surge a partir de que el mercado inmobiliario se desajusta de manera tan abrupta como lo hizo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues la correspondencia entre tiempo transcurrido y revalorización de la propiedad no tiene un resultado positivo, sino más bien al contrario: los valores que marca ahora el mercado inmobiliario son inferiores a los de, por poner un ejemplo, hace una década.

La importancia del impuesto para los ayuntamientos

Actualmente, el Impuesto de Plusvalía supone un ingreso muy importante para los ayuntamientos, llegando a equipararse su importancia con la del impuesto de circulación por ser los beneficios que generan muy similares; aún en los últimos años, época en la que se han producido muchas menos compraventas de inmuebles, los ayuntamientos han recibido cantidades que duplican las obtenidas en los años pretéritos a la crisis, algo que se debe a la actual fórmula de cálculo anteriormente mencionada.

¿Cuál es el futuro del Impuesto de Plusvalía?

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto como anticonstitucionales determinados preceptos propios de este impuesto en una sentencia ante un caso planteado por un Juzgado de San Sebastián. A pesar de que este dictamen solo atañe a la norma foral vasca, estos preceptos son calcados a los que forman la norma estatal, con lo que más tarde o más temprano la aplicación de sentencias similares hará referencia a todos los casos similares a nivel nacional.

Posibles reclamaciones

Los contribuyentes que decidan reclamar la cuantía aportada “de más” con este tributo habrán de demostrar que la venta de la propiedad tuvo un impacto negativo para su hacienda particular, poniendo especial énfasis en la depreciación de su valor.