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Consejos para la declaración de la Renta 2018

El plazo de presentación de la declaración de la Renta comenzó hace una semana y, como cada año, se nos plantean dudas sobre la desgravación anual que urge responder ¿Cómo saber si tengo que hacer la declaración este año? ¿hasta qué fecha se puede entregar? ¿hay alguna novedad en la declaración de la Renta del 2018? o ¿cuándo se me ingresará la devolución? son solo algunas de ellas. Os adelantamos algunos consejos para evitar sorpresas tras la declaración de la Renta 2018. 

– ¿Cuáles son los plazos de entrega?: Desde el pasado 4 de abril hasta el próximo 2 de julio (incluído). Hay casi tres meses para presentar el borrador de la declaración de la Renta. Si, aun así, se nos pasa el plazo se podrá presentar el borrador más tarde, aunque debemos tener en cuenta que la cuantía a pagar asciende con cada retraso.

– ¿Cómo saber si debo hacer la declaración? En principio, todos los trabajadores están obligados a presentar la declaración de la Renta si superan los 22.000€ anuales de ingresos de un mismo pagador. En caso de trabajadores autónomos, deberán presentar la declaración de la Renta siempre que superen los 1.000€ de renta mensuales.

 – ¿Qué cambios personales he de notificar? Se habrán de notificar todos aquellos cambios personales del 2017 que incumban variaciones en el estado civil, el cambio de domicilio, el cambio de trabajo, la compraventa de una vivienda, el nacimiento de hijos, etc.

– ¿Es posible hacer la declaración de la Renta por internet? Sí, como novedad, este año la AEAT ha lanzado una aplicación para dispositivos móviles alternativa a la forma tradicional. A través de ella los contribuyentes podrán acceder tanto a sus datos fiscales, como al resumen del borrador.

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¿Es legal dimitir o despedir a través de mensajería instantánea?

El incesante aumento del uso de las nuevas tecnologías y redes sociales ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, tanto en el ámbito personal como en el empresarial. Las posibilidades son abrumadoras. Sin embargo, la velocidad de adaptación de estas herramientas se adelanta muchas veces a una legislación existente, dando lugar a conflictos. ¿Es legal dimitir o despedir a través de mensajería instantánea?

Ya se han dado múltiples sentencias que marcan precedente claro a nuestra pregunta. El marco legal es preciso. Tanto el Artículo 1 del Real Decreto, los Artículos 55.1 y 59.3 del Estatuto de Trabajadores, y el Artículo 43.4.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social coinciden.

– El Artículo 1 del Real Decreto también se muestra contrario a este tipo de notificación del despido de un trabajador, ya que “la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”. Esto implicaría que, aunque el empresario comunicase el despido por redes sociales o mensajería instantánea, será totalmente necesario dotar de validez legal a dicha notificación, donde se adjunten carta de despido y los argumentos que lo motivan.

– El Estatuto de Trabajadores establece según sus los Artículos 55.1 y 59.3 que un despido vía redes sociales o canales de mensajería instantánea no será legal, pues “no se permite indicar de forma clara y precisa los hechos o las causas del mismo”. Además, el Artículo 59.3 indica que para poder extinguir el contrato se requiere “la comunicación escrita al trabajador expresando la causa junto con la indemnización correspondiente”.

Definitivamente los despidos no tienen validez legal a través de mensajería instantánea pero sí se entienden válidos y legales los casos de dimisión voluntaria de un trabajador a la empresa. Siempre que se manifieste de forma clara, donde se concrete expresamente la voluntad del trabajador de terminar su vínculo con la empresa.

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Se aprueba el informe del anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales que incorpora lo relativo a la protección de la información y conocimientos técnicos empresariales contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El anteproyecto define secreto empresarial como la información relativa a cualquier ámbito de la empresa que no sea generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice, ni fácilmente accesible para ellas.

El valor dicha información empresarial reside precisamente en ser secreta, y también en caso de que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto. –incluidos los aspectos tecnológicos, industriales, financieros, comerciales y organizativos-.

El CGPJ afirma también que se debe hace una clara distinción entre secretos empresariales y conocimiento del trabajador, y asegura que “sería conveniente” que el anteproyecto ofreciera “pautas normativas” para distinguir ambos conceptos.

Asimismo, el Pleno advierte de que los pactos de confidencialidad no afectan a la experiencia, capacidades y conocimientos adquiridos por el trabajador durante su permanencia en la empresa, ya imposibilitarían su desarrollo profesional.

 

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Primera sentencia en Europa que obliga a Volkswagen a pagar un coche nuevo

Cuando la empresa alemana aún no se ha levantado del golpe sufrido tras la polémica suscitada por las emisiones de CO2 de los vehículos comercializados bajo su marca, ahora es una sentencia referente a Skoda, una de sus filiales que forma parte de su grupo y que en 2017 batió récord de ventas, la que nubla el horizonte de Volkswagen.

El pasado 5 de enero un juez de Manacor dictó una sentencia que obliga al grupo alemán a devolver el importe íntegro de un Skoda Yeti (19.378,11 euros más intereses) a su propietario, lo que supone un hito en este tipo de dictámenes puesto que en los casos anteriores pertenecientes al ‘dieselgate’ la cantidad devuelta nunca superó el 21% del coste del vehículo.

La principal razón que expone el juez en su decisión es la publicitaria: este vehículo se mostraba al público como “más ecológico que el resto” cuando esto no era así.

Los motivos que esgrimieron los abogados del demandante residió en torno a tres ejes principales:

Alteración del motor. Este argumento no ha significado novedad alguna con respecto a litigios anteriores, pero la implantación en el motor del vehículo del dispositivo que alteraba la medición de las emisiones de CO2 está prohibida por la legislación europea.

Publicidad engañosa. Es aquí donde reside gran parte de la importancia de esta sentencia y la resolución de la misma: el leitmotiv que vertebraba la campaña publicitaria era la “tecnología greenline”. Según el testimonio del propio jefe de taller, las únicas innovaciones de este modelo se redujeron a “montar unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo”, y afirmó “que se vendió bastante poco”; este bajo índice de ventas, según el juez, “lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios”.

Deficiencias en el vehículo tras la corrección. En los casos anteriores a este, los damnificados hubieron de llevar su vehículo al taller para que allí se modificase el medidor de la emisión de gases; pues bien, en el caso de este particular manacorí el coche, según su propietario, comenzó a comportarse de manera extraña una vez se produjo esta rectificación, menoscabándose su potencia y optimización de combustible, llegando a desarrollar un consumo equivalente al doble que antes de la misma, hechos que pudo acreditar técnicamente.

Se abre la puerta a miles de nuevos demandantes

Como cabía esperar, tras esta sentencia muchos de los afectados pretéritos quieren ahora reabrir su caso en aras de una indemnización más beneficiosa para sus intereses; a este respecto, es importante señalar que solamente se podrán reabrir los casos en que la sentencia no sea firme.

 

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Claves para comprender la protección de la privacidad en los grupos de Whatsapp

Seguramente, los dedos de ambas manos no nos sean suficientes a la hora de enumerar todos los chats o grupos de whatsapp de los que formamos parte: de amigos, de trabajo, de familiares, de padres del colegio, de eventos puntuales…Un sinfín de conversaciones en las que, independientemente de su flujo de información, de la mayor o menor actividad que se lleve a cabo en ellos o del interés que nos despierten, nuestro número de teléfono está presente.

En la mayoría de ocasiones, el propio incluido en estas reuniones virtuales ni siquiera ha sido avisado de que se le iba a incluir en ellas ni ha expresado su consentimiento para que así sea; además, ante la huida de algún miembro, el administrador suele volver a incluir al usuario en cuestión pensando que ha debido de abandonar el chat por error o convencido de que lo mejor para él es seguir formando parte del mismo, algo que puede resultar bastante irritante.

De lo que no es consciente este autoproclamado regidor es de que puede enfrentarse a una multa de hasta 300.0000 euros debido a su espíritu de liderazgo: esa es la cifra que puede alcanzar la sanción por incluir a un usuario en un chat de whatsapp sin su consentimiento.

La polémica se ha levantado tras el interés que han suscitado casos recientes como el de un restaurante que, con la excusa de la celebración de la cena de Nochevieja, creó un grupo de whatsapp incluyendo a todos los comensales que habían acudido esa noche a su establecimiento; ante la salido del chat de uno de ellos, la administración del restaurante volvió a incluir a este, además de amenazarle con perder su reserva si volvía a abandonar el grupo. La persona en cuestión denunció el caso a la AEPD que, finalmente, saldó el caso con un apercibimiento para el restaurante a pesar de considerar la infracción como “muy grave”.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido que tomar cartas en el asunto y comenzar a regular acerca de este asunto debido a las quejas de muchos usuarios que han considerado traspasados los límites de su intimidad al formar parte, sin su conocimiento ni autorización previa, de grupos de whatsapp que alcanzan, en algunos casos, los 256 miembros.

Este último punto, la dimensión del grupo, es el factor clave a la hora de determinar si se infringido la normativa de protección de datos: mientras que los grupos de los que forman parte exclusivamente personas de nuestros círculos más próximos están protegidos de esta regulación, aquellos que rebasan el límite de 20 usuarios quedan excluidos de la misma.

De igual modo, el desconocimiento de la identidad de alguno de los integrantes, al margen del número de estos o del ámbito del grupo (familia, trabajo, etc), conlleva tener que obtener el consentimiento expreso de cada miembro para ser incluido en el chat.

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Google es sancionado por recoger y almacenar datos privados procedentes de redes WiFi entre 2008 y 2010

Sabemos de la importancia que tiene el acceso a datos de usuarios de internet de manera masiva, y mantenerlos protegidos es algo para lo que cada vez más medios y tecnología se destinan.

Determinados entes velan a diario por la confidencialidad de la información personal de todos aquellos que usan internet, lo cual es prácticamente lo mismo que decir de todos nosotros. Uno de ellos es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que recientemente ha aplicado una sanción de 300.000 euros a Google al considerar como infracción grave la recogida y almacenamiento de datos de carácter personal por medio de redes WiFi abiertas de usuarios que desconocían estos hechos, no habiendo aprobado, consecuentemente, los mismos. Según la propia resolución de la AEPD, “el hecho de que los titulares de redes WiFi no aseguren el cifrado de estas redes, en perjuicio de la seguridad de sus datos, no autoriza de ningún modo la recogida de la información ni ningún uso posterior de esta”.

La usurpación se llevó a cabo de 2008 a 2010, y se gestó a través de los vehículos que Google empleó para recoger las imágenes que utilizadas en la plataforma Street View.

Los datos que se recogieron hacían referencia a direcciones de cuentas email, direcciones IP, direcciones MAC de los routers así como de los dispositivos que a estos se hallaban conectados o nombres de redes inalámbricas que contenían el nombre y apellidos de sus propietarios. Esta información no está considerada como “especialmente” protegida.

La cuantía de la sanción (la de mayor posible en el caso de infracción grave) responde a la naturaleza continuada de la infracción (dos años) a la gran cantidad de datos recogidos, la vinculación de la actividad de Google con el desarrollo de tratamientos de datos de carácter personal, el volumen de negocio o actividad de la compañía teniendo en cuenta su modelo económico, que las infracciones son el producto del sistema de recogida y tratamientos de datos diseñado por Google, así como los daños que dicho sistema ocasiona a la privacidad de las personas afectadas.

Google acata la sanción

La empresa ha manifestado su intención de resolver la sanción de 300.000 que le ha sido impuesta por la AEPD, y ha explicado que el contratiempo que afectaba a sus equipos ya fue solventado.

También ha querido recordar Google que el error que originó este problema fue resuelto hace siete años, con lo que las campañas posteriores a 2010 que fueron llevadas a cabo para obtener las imágenes de Street View respetaron las normas españolas vigentes en la materia.

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Cómo afrontar el registro en una empresa

En los últimos años es frecuente encontrarse en los informativos de las principales cadenas de televisión o en los medios escritos y digitales imágenes de autoridades entrando en sedes y oficinas de empresas para llevar a cabo registros, en la mayoría de casos para encontrar pruebas que aportar a la documentación requerida por los jueces en casos de delitos económicos.

Sin embargo, no es preciso haber infringido ley alguna o haber cometido algún acto delictivo para que estos registros se produzcan: basta con que nuestras oficinas contengan documentación relevante para resolver un caso de cualquier índole que afecte a terceros, a un miembro de la plantilla de la empresa o, incluso, a algún cliente.

Ateniéndonos siempre a la legalidad, es preciso aclarar ciertos aspectos a la hora de afrontar un acontecimiento de estas características.

Recepción de los agentes

Es preciso que alguien acompañe a las fuerzas de seguridad que se personen en el lugar del registro cuando este se produzca, y lo más idóneo es que sea una persona que tenga conocimientos jurídicos o que esté asesorada por expertos legales. Cabe recordar que para la elección de esta persona se puede solicitar un lapso de tiempo necesario y coherente con la diligencia de los agentes, y acudir al bufete que represente a la empresa es la mejor opción.

Personas que pueden llevarlo a cabo

Si la investigación es referente a un delito de carácter económico, suelen ser la Unidad de Investigación Tecnológica o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) las que se personen, en el caso de la Policía, o la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso de la Guardia Civil.

De tratarse de delitos de cualquier otra índole, suele ser alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el que desarrolle el operativo, aunque en el caso de determinadas comunidades autónomas también la policía integral (aquella a la que le han sido asignadas absolutamente las competencias del ámbito policial dentro de una región) puede ser quien lo realice.

Oponerse al registro

Lo primero que tenemos que comprobar es si el registro está amparado por una resolución judicial emitida por el juzgado pertinente según la zona donde se haya cometido el delito, o por la Audiencia Nacional.

Es importante hacer hincapié en que durante el registro no se facilite información innecesaria que comprometa el cumplimiento de la responsabilidad adquirida con los clientes, para lo cual puede resultar útil la ayuda del departamento informático, pues este sabrá cómo acceder de la manera mas pulcra y eficaz a los datos pertinentes.

En el caso de que no exista tal resolución, la empresa deberá examinar la situación con el objetivo de poder colaborar con la autoridad de manera que no se menoscaben los derechos de sus clientes.

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Trabajo y redes sociales: errores que acarrean indemnización en un despido

No es suficiente con justificar de manera sólida el despido procedente de un trabajador, cualesquiera que sean los motivos, si, además, este no se ha llevado a cabo en fecha y forma.

Si bien hasta la llegada de internet y la nueva manera de comunicarnos la jornada y relación laboral se limitaban a las horas de trabajo pactadas y a los encuentros presenciales entre compañeros, en la actualidad los nexos de unión entre estos tienen su reflejo en redes sociales como Whatsapp, Facebook, etc.

Este hecho entraña múltiples ventajas como una comunicación inmediata y más fluida entre trabajadores, pero también peligros, especialmente en el caso de que se abuse de estas herramientas o se haga un uso inadecuado de las mismas.

Por ejemplo, cabe mencionar el caso de un comercial que, en vez de realizar visitas a clientes a fin de cumplir con su cometido laboral, dedicaba su jornada a otros quehaceres no relacionados con su puesto de trabajo, algo de lo que la empresa se dio cuenta tras revisar los datos GPS de su teléfono móvil; si bien los motivos justifican sobradamente el despido, el TSJ de Castilla-La Mancha consideró en esta ocasión que la empresa vulneró derechos fundamentales del trabajador y, consecuentemente, declaró el despido como improcedente, con lo que la empresa tuvo que pagar al trabajador una indemnización que podría haberse ahorrado si hubiese escogido otros cauces a la hora de demostrar la inadecuada conducta de su empleado.

Otros casos de despido han tenido su causa y justificación en los famosos grupos de Wathsapp integrados por compañeros de trabajo, pues conflictos o tiranteces en ellos se han traducido en problemas laborales, y viceversa. El peculiar carácter de estos problemas, que se encajan en un difuso límite de relación laboral, hacen indispensable que, tanto empresa como trabajador, extremen las precauciones a la hora de utilizarlos si no quieren darse de bruces con la ley a la hora de intentar justificar un despido, o todo lo contrario; aunque también hay excepciones: en este sentido, encontramos el caso de un trabajador que comunicó vía WhatsApp su intención de abandonar su trabajo, respondiendo la empresa al mensaje por la misma vía: esto significó que el empleado manifiestó su voluntad de hacerlo de forma clara y firme.

Por todo ello, lo más aconsejables es apoyarse en el asesoramiento profesional especializado en materia laboral antes de proceder al despido de un trabajador.

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El sector legal se abre camino hacia el 4.0

El futuro es hoy, vivimos la era 4.0. Ya existen tecnologías que permitirán en poco tiempo ahorrar costes y plazos. Todo gracias al conocido big data y la inteligencia artificial.

En pocos años será posible agilizar procesos, y de forma más barata en todo el campo legislativo. Todo está basado en interconectar procesos de producción combinando todos los avances de la cuarta revolución industrial. Algunos de ellos son la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el big data.

Queda mucho para que oigamos hablar de los bufetes 4.0, pero por el momento ya son muchos los que intentan coquetear con estos avances, y se intenta buscar la manera de aplicarlos en el sector legal.

Sobre todo, se están buscando soluciones a la tediosa tarea documental que hay en los despachos de abogados. Así por ejemplo surge una herramienta como DigaLaw, que se trata de un sistema de reconocimiento de voz inteligente, que permite la transcripción literal de textos con una precisión de entre el 98-99%. Por otro lado, encontramos los gestores de documentos automatizados, que facilitan la tarea del letrado, y permiten ahorrar mucho tiempo de la gestión documental, para así poder dedicarse a tareas de mayor relevancia.

Un hándicap que encontramos es la barrera lingüística que encuentran los despachos de abogados en España. Y es que existe mucha tecnología en cuanto a inteligencia artificial se refiere, sin embargo, no existe adaptación para su uso en lengua española, y esto hace que los despachos de abogacía españoles no puedan estar ya beneficiándose de todas las ventajas que aporta la industria 4.0 y que podrían estar aplicándose en los procesos legales.

Expertos estiman que se podrá ahorrar entre un 50 y 70% del esfuerzo en revisión de contratos, por ejemplo, reduciendo también los riesgos y los plazos.

Otra herramienta destacable es la conocida como Data Forecast. Ésta mediante big data permite predecir en torno a un 90% el riesgo sancionador en materia de protección de datos. Para ello utiliza la información publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj).

Sin duda la tecnología llegó para quedarse. Y en cuanto al sector legal no iba a ser menos.

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El turismo, a debate: ¿es necesaria una reforma de la ley?

En los últimos días, el turismo ha concentrado el foco de los principales medios de comunicación de nuestro país, y no solo por encontrarnos en pleno periodo vacacional o por las espectaculares cifras del sector, que año tras año registra nuevos récords.

En este caso, lo que ha llamado la atención de la opinión pública son diferentes acontecimientos que atañen al turismo, industria que representa más del 10% del PIB español: hablamos de los actos vandálicos que se han producido en Barcelona en las últimas semanas y que han tenido como objetivo el turismo que visita la ciudad condal, o de la reciente controversia que ha generado  la decisión del Gobierno de Baleares de limitar las plazas turísticas dentro de las islas.

La Ley de Turismo del Gobierno Balear

El pasado martes el Gobierno de las Islas Baleares aprobó una ley que limita a 623.624 las plazas turísticas, con lo que, actualmente, aún quedarían en torno a 52.000 plazas libres a disposición de las empresas turísticas, equivaliendo cada una de ellas  a un inquilino; el problema podría darse en el futuro con una hipotética ocupación total de plazas que impidiera el registro de otras nuevas sin que anteriores causen baja.

Como era lógico, la reacción de la Federación Hotelera de Menorca no se ha hecho esperar, entidad que si bien comparte con el Ejecutivo Balear la necesidad de establecer un techo de plazas, no no comulga con otra de sus pretensiones: recortar en 120.000 plazas el actual límite fijado, y esgrime que gran número de la demanda hotelera sería absorbida por alojamientos residenciales ilegales.

Otro de los colectivos que ha mostrado de manera activa su disconformidad con la nueva ley, antes y después de su aprobación, es la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (APTUR), pues en su opinión se ha elaborado “a medida de las grandes cadenas hoteleras” y serán ellos quienes más sufran las consecuencias al haberse prohibido alquiler de pisos y apartamentos a turistas si no se cuenta con la obligatoria licencia de la Consejería de Turismo, ente que desde el martes no otorga nuevos permisos, y se plantean emprender acciones legales para que el conflicto se resuelva en los tribunales.