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Lo que debes saber sobre el registro de la jornada laboral

La controversia que se ha generado en los medios de comunicación y opinión pública acerca del registro de la jornada laboral de los trabajadores por parte de la empresa está siendo mayúscula, algo que encaja dentro de la lógica debido a la importancia de la noticia y a las idas y venidas que se han producido por las divergencias que existen entre la opinión al respecto de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Si bien la primera estableció en una sentencia de diciembre de 2015 que las empresas estaban obligadas a mantener un registro diario de las horas ordinarias efectuadas por los trabajadores a fin de poder observar a través de este si se hacían horas extraordinarias, desde el TS se hace una interpretación distinta del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores puesto que no lo consideran extensivo a los trabajadores a tiempo completo, apoyándose en otros artículos del citado estatuto, siempre y cuando estos últimos no realicen horas extraordinarias, en cuyo caso sí habrá que llevar un registro de las mismas.

El pequeño “caos” que genera en los empresarios la diversidad de sentencias y matices acerca de este asunto invita a los responsables de las empresas a mantener la máxima cautela e intención con respecto a él puesto que también es importante considerar que en la aprobación de la última sentencia del Tribunal Supremo ha habido cinco votos particulares (votos que dejan constancia de que algunos miembros no están de acuerdo con la decisión), con lo que el registro de las horas extraordinarias es un tema especialmente susceptible  a sufrir nuevos cambios.

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Compliance: ¿de quien es la responsabilidad ante un delito en la empresa?

El término compliance adquiere cada vez más importancia dentro de la cultura empresarial: según algunas fuentes, el fraude financiero en España creció durante el año pasado en torno a un 16%, mientras que en el ámbito empresarial este experimentó un aumento del 6%, datos que se pueden achacar tanto al periodo económico tan negativo que hemos sufrido en años recientes como a la ausencia de seguimiento en este tema por parte de las propias empresas al no calibrar adecuadamente el verdadero riesgo que supone.

¿Qué es el compliance?

Compliance es el término que hace referencia al conjunto de normas establecidas por ley que han de regir el funcionamiento interno de la empresa, tanto para cubrirse de posibles riesgos como para asentar de puertas para adentro el desarrollo de una educación empresarial honesta, algo que si bien ya ocurre en las grandes corporaciones de nuestro país, en las empresas más pequeñas sigue siendo una tarea pendiente.

Las consecuencias del no establecimiento de un programa de compliance pueden ser tan funestas que signifiquen el cierre de la sociedad y la prisión para su administrador, pues según las recientes modificaciones legislativas la responsabilidad de las decisiones tomadas por directivos o empleados que no se ajusten al marco legal será depositada en la propia sociedad, salvo si se demuestra que desde la misma se impulsaron, establecieron y controlaron las medidas necesarias encaminadas a evitar prácticas al margen de la ley.

Haciendo uso del refranero a modo de ejemplo de lo que el compliance supone, más vale prevenir que curar, y su aplicación es la herramienta más efectiva, tanto a nivel preventivo como a posteriori, de la que los administradores pueden hacer uso de cara a evitar la incertidumbre que la falta de control supone, así como para fijar las fronteras que permitan identificar la responsabilidad ante la posibilidad de incurrir en delito.

Como hemos mencionado, si bien las grandes empresas asumen los costes que sean necesarios para establecer un compliance de garantías, las pequeñas empresas aún mantienen ciertas reticencias comprensibles debido a que conlleva un coste que en estos casos puede antojarse de mayor relevancia, pero que supone un verdadero seguro para que los responsables de la empresa duerman tranquilos.

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Compliance como herramienta para asegurar la empresa

En los últimos años venimos escuchando con fuerza un concepto dentro del derecho jurídico de las empresas: compliance. Su significado es aún desconocido para muchos empresarios, algo que supone un riesgo tanto para ellos como para sus empresas.

Origen de la medida

Tras la reforma que el Código Penal sufrió en 2010, recae en las personas jurídicas la plena responsabilidad penal por los delitos que hayan sido consumados en su nombre o por algún representante legal o administrador, o por cualquier otro empleado que que se encuentren bajo su potestad, considerándose en este último punto que no se ha ejercido la supervisión suficiente.

¿Qué es el compliance?

El compliance consiste en llevar a cabo dentro de la empresa las actuaciones y procesos adecuados para asegurar que tanto la misma como sus directivos y empleados se rigen por el marco normativo aplicable. El cumplimiento de la normativa no ha de limitarse a aspectos meramente legales sino que también han de considerar políticas internas, compromiso con los clientes, proveedores y terceros, atendiendo también a la ética de sus actuaciones.

A este respecto, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha elaborado un proyecto de norma que permita a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601, una herramienta que permita a las empresas mantener la tranquilidad en lo que se refiere a posibles condenas por algún delito que haya sido llevado a cabo por uno de sus empleados o directivos. Este UNE 19601 incluye buenos hábitos dentro de las empresas que se llevan a cabo a nivel internacional.

Para que una empresa se declare conforme a la norma esta deberá cumplir todos y cada uno de sus puntos, y aunque la certificación correspondiente que se le otorgue tendrá una duración de tres años deberá de examinarse que la norma es satisfecha de manera anual.

Las principales actuaciones que ha de llevar a cabo la empresa para el cumplimiento del une 19601 son:

  • Identificación: mediante ella sostiene la prevención de los riesgos a los que la empresa se expone.
  • Prevención: a colación del punto anterior, toca establecer una estrategia eficiente que sirva de protección.
  • Seguimiento: de nada serviría lo anterior si no se observa de manera exhaustiva que las medidas llevadas a cabo son eficientes.
  • Determinación: cabe la posibilidad de que, a pesar de llevar a cabo las actuaciones que consideremos adecuadas, se produzcan infracciones que hay que solventar de manera inmediata.
  • Asesoramiento: este punto es de vital importancia, pues si la plantilla de la empresa al completo no recibe la información adecuada en torno a la normativa será imposible que se pueda cumplir con eficacia.

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¿Aprueba España el examen medioambiental de la Comisión Europea?

España se encuentra actualmente bajo la lupa de la Comisión Europea (CE), órgano que recientemente ha solicitado que se aumente la presión fiscal medioambiental y que se rebajen las subvenciones para los procesos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente dentro de nuestras fronteras.

La realidad es que España es uno de los países miembros de la Unión Europea que menos dinero genera con los impuestos ambientales: un 1,85% del PIB, frente a la media europea del 2,46%. Bruselas señala una negativa desproporción entre este tipo de impuestos y, por ejemplo, el gravamen que se impone a las rentas del trabajo, y propone que la carga fiscal se traslade de unos ámbitos a otros. También se denuncia desde el órgano europeo la amenaza bajo la cual se encuentra actualmente la biodiversidad de las aguas españolas, debido en gran parte a la sobreexplotación pesquera y al vertido de residuos.

Manos a la obra

Parece que las advertencias procedentes de la CE no han caído en saco roto, y la propia Comisión Europea ha alzado el pulgar de aprobación ante el plan de presupuestos de España para 2017, según el cual nuestro país dedicará más recursos a promover medidas que equiparen su media fiscal medioambiental a la europea, y que intensifiquen el control sobre la emisión de gases de efecto invernadero y mejoren la gestión de aguas y residuos, medidas esta dos últimas en las que se ha hecho especial hincapié desde Bruselas.

Otro de los aspectos positivos es que, debido a la situación actual que se intenta corregir, el margen de mejora es muy amplio, de manera especial en sectores como los del transporte o la energía. Además, se resalta el arranque de la Red Española de Autoridades Ambientales, o el paradigma de ciudad sostenible que representan ciudades como Vitoria.

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Así será la protección de nuestros datos a partir de 2018

Formularios de contacto, papeles con nuestros datos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas con teleoperadores…¿qué cantidad de información acerca de nosotros se traslada al limbo o escapa a nuestro control cada vez que permitimos a un tercero acceder a ella? Parece que este hecho cada vez nos preocupa más, y la propia UE se ha puesto manos a la obra con el objetivo de controlar, en cierta medida, el ingente tráfico de datos personales que almacenan y utilizan organizaciones y empresas.

A partir de 2018 tendremos derecho a recibir los datos que nos atañan y que hayamos facilitado a cualquier responsable de datos, y que estos sean transferidos sin rémora alguna a quien nosotros decidamos en el plazo máximo de un meses, o de tres si se trata de algún caso que represente una excepción por su complejidad. Estos datos no se limitarán a aquella información que hayamos entregado de manera activa, sino también a toda aquella que se derive de nuestra actividad. Así lo ha determinado el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), un organismo consultivo que aglutina, entre otras instituciones, a las autoridades de Protección de Datos de todos los estados miembros de la Unión Europea.

Con esta medida se pretende el libre flujo de datos dentro de la UE, favoreciéndose con ello la competencia entre empresas y, finalmente, el servicio que se le ofrece al usuario.

Lo que se plantea ahora es poder intercambiar todos esos datos de manera segura; en este sentido, será el encargado de transmitir la información quien se responsabilice ante pérdidas o violaciones de la información; del otro lado, se recomienda que el responsable que reciba esos datos aconseje al usuario acerca de cómo salvaguardar esa información más allá de sus competencias profesionales. Los responsables del tratamiento de estos datos deberán de trabajar a contrarreloj para estar preparados a nivel técnico a la hora de ejecutar solicitudes de portabilidad de datos de acuerdo a la nueva normativa que entrará en vigor en 2018.

Normativa Marzo 2014

FISCAL

Presupuestos Generales del Estado

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 26/12/2013)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1º.- Art. 62 de la Ley de PGE 2014.- Nueva redacción del art. 35. 2 de la Ley 35/2006, del IRPF. A efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial.

2º.- Art. 63 de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional vigésima séptima de la Ley 35/2006. “Reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo”, amplía sus efectos al año 2014.

3º.- Art. 64 de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 35/2006. “Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013”, amplia sus efectos al año 2014.

4º.- Art. 65.Uno de la Ley de PGE 2014.- La Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 35/2006 “Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información”, prorroga sus efectos para el año 2014.

5º.-Art. 65.Dos de la Ley de PGE 2014.- La Disposición transitoria vigésima de la Ley 35/2006. “Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información”, amplía sus efectos al año 2014.

6º.- D.T. cuarta de la Ley de PGE-2014.- Compensación fiscal por la percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1º.- Art. 66 de la Ley de PGE 2014.- Para periodos impositivos que se inicien en 2014. Transmisión de elementos patrimoniales.

2º.- Art. 67 de la Ley de PGE 2014.- Para periodos impositivos que se inicien a partir de enero de 2013.

Reglas de valoración: cambios de residencia, cese de establecimiento permanente, operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en paraísos fiscales y cantidades sujetas a retención. Reglas especiales.

Nuevo párrafo en el art 17.1 del RD Legislativo 4/2004 (TRIS). En relación con la integración en la base imponible de la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de elementos patrimoniales de entidades que trasladen el domicilio fuera de territorio español, para el pago de la deuda tributaria cuando los elementos patrimoniales se transfieran a otro Estado Miembro se establecen determinados supuestos en los que puede aplazarse, a solicitud del sujeto pasivo, hasta la transmisión de los elementos afectados a terceros.

3º.- Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (art 68 de la Ley de PGE 2014). Para periodos impositivos que se inicien durante 2014.

4º.- Art. 69 Ley PGE 2014.-Régimen de las ventas derivadas de la transmisión. Art.84. 1 TRIS.

Para periodos iniciados a partir de 1 de enero de 2013.

Al igual que en el art. 17.1 del RD Legislativo 4/2004, y relacionado con la no integración de determinadas rentas en la base imponible en supuestos de fusiones a que se refiere el art. 83 TRIS, se indica que para el pago de la deuda tributaria cuando los elementos patrimoniales se transfieran a otro Estado Miembro se establecen determinados supuestos en los que puede aplazarse, a solicitud del sujeto pasivo, hasta la transmisión de los elementos afectados a terceros.

5º.- Art. 70 de la Ley de PGE 2014.- Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2014.

La Disposición adicional duodécima del RD Legislativo 4/2004. “Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo” amplía su vigencia al año 2014.

6º- Beneficios fiscales

La D.A. 51ª de la Ley de PGE 2014 delimita las actividades y programas prioritarios de mecenazgo correspondientes al año 2014, para las que se elevan en cinco puntos los porcentajes de deducción previstos en los Arts. 19, 20 y 21 de la Ley 49/2002. Puede beneficiarse de esta deducción un máximo de 50.000 euros por aportarte.

Entre los programas que se citan están las actividades del Instituto Cervantes, determinadas actuaciones relativas a bienes del Patrimonio Histórico Español, programas de formación del voluntariado, actuaciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información, determinados proyectos de investigación y programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género, entre otros.

Beneficios fiscales para estos acontecimientos: Los máximos establecidos en el artº 27.3 de la Ley 49/2002.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Art. 71 de la Ley de PGE 2014.- D.A. tercera del RD Legislativo 5/2004 “Tipo de gravamen del Impuesto en los ejercicios 2012 y 2013.

Se prorrogan durante 2014 los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que se fijaron para los ejercicios 2012 y 2013.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se prorroga durante 2014 la exigencia del gravamen del Impuesto sobre Patrimonio, al objeto de contribuir a la reducción del déficit público. A estos efectos, el art 72 de la Ley de PGE 2014 modifica el art único 2º del RD-Ley 13/2011, que restablece el Impuesto con carácter temporal.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Arts. 74 al 79 de la Ley de PGE 2014.-

Las modificaciones que se introducen obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la Ley del Impuesto a la Directiva comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la disposición adicional sexta de dicha Ley, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del impuesto que regula.

Ley 37/1992, del IVA. Cambios a partir de 1 de enero de 2014.

IPREM (INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES), PARA 2014

a) EL IPREM diario, 17,75 euros.

b) El IPREM mensual, 535,51 euros.

c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

LABORAL

Empleabilidad de los trabajadores

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE 21/12/2013)

Se introduce en la normativa laboral ciertas medidas en materia de contratación y flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, cuya finalidad es potenciar la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, particularmente mediante el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, el contrato de trabajo a tiempo parcial y el contrato de trabajo en prácticas.

El trabajo a tiempo parcial otorga al empresario flexibilidad en el tiempo de trabajo y posibilita al trabajadorconciliar la vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y formación. Para promocionarlo se simplifica su régimen laboral y se incorporan cambios para que las empresas recurran al mismo como mecanismo adecuado para una composición de las plantillas laborales adaptada a las circunstancias económicas y productivas, asegurando un adecuado equilibrio entre flexibilidad y control. También se permite celebrar a tiempo parcial el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, suprimiéndose la anterior exigencia de que se realice a jornada completa.

El objetivo es fomentar el contrato de trabajo a tiempo parcial. Así, desaparece la posibilidad de que los trabajadores contratados a tiempo parcial puedan realizar horas extraordinarias; flexibiliza el régimen de las horas complementarias; distingue entre las horas pactadas, de realización obligatoria para el trabajador si ha firmado el preceptivo pacto, y las voluntarias, que solo pueden ser ofrecidas en los contratos con duración indefinida y de realización voluntaria para el trabajador; y solo se permite la realización de horas complementarias si la jornada ordinaria establecida en el contrato es de al menos diez horas semanales, en cómputo anual. Y se establece unaobligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.

Se incrementa la flexibilidad del tiempo de trabajo, tanto en lo referente a la distribución irregular de la jornada como respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar. En materia de distribución irregular de la jornada, el régimen de compensación de las diferencias de horas, por exceso o por defecto, será el que pacten las partes y en defecto, las diferencias se compensarán en el plazo de doce meses desde que se produzcan. Se amplía desde los ocho hasta los doce años la edad del menor cuya guarda legal puede justificar una reducción de la jornada del trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.

Se acorta la duración del periodo de prueba en los contratos de duración determinada del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que no sea superior a seis meses, el cual no podrá exceder de un mes salvo que el convenio colectivo de aplicación prevea otra cosa. Y se amplía el régimen de interrupción del periodo de prueba a otras situaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad.

La finalidad de las modificaciones de la Ley 3/2012, de 6 de julio es hacer posible la celebración del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial, adaptando a dicha posibilidad lo relativo a bonificaciones e incentivos fiscales, que en caso de contrato a tiempo parcial se disfrutarán de modo proporcional a la jornada pactada.

Se facilita la formalización de contratos de trabajo en prácticas para mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Se concreta el requisito de procedencia de otro sector de actividad en los incentivos por la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, así como el concepto de grupo de empresas a efectos de las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios.

Se prevé la reducción, en un 1%, del tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial.

En materia de cotización, aproxima el tratamiento de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que en algún momento de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, a lo establecido para los trabajadores incluidos en el Régimen General.

Entra en vigor el 22 de diciembre de 2013, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

MERCANTIL

Registro Público Consursal

Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal (BOE 03/12/2013)

El Real Decreto contiene la regulación del funcionamiento del Registro Público Concursal para asegurar la difusión y publicidad de las resoluciones procesales dictadas al amparo de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y de los asientos registrales derivados del proceso concursal, así como los mecanismos de coordinación entre los diversos registros públicos en los que deban constar la declaración del concurso y sus vicisitudes. El carácter universal de los efectos del concurso de acreedores exige que el conocimiento de su declaración y de los pormenores de su tramitación llegue a todos los posibles interesados.

El Registro Público Concursal responde a un principio de unidad de información que abarca tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, como las que implican la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización y los asientos registrales derivados de los mismos. Se configura como un instrumento que asegura la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, así como con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos.

Debe ponerse a disposición de los interesados una información coordinada y completa. Por ello, la accesibilidad a la publicidad de las resoluciones concursales publicadas se realizará a través de un portal en internet, dentro de la sede electrónica que determine el Ministerio de Justicia.

Corresponde al Ministerio de Justicia la puesta en marcha y el mantenimiento del Registro y se encomienda su gestión material al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Y son losJuzgados, Registradores Mercantiles, Notarios y registros públicos quienes han de proporcionar la información de los distintos concursos y expedientes de acuerdo extrajudicial que se ha de incorporar al mismo. Las comunicaciones que se efectúen a través del Registro Público Concursal serán siempre electrónicas.

El acceso al Registro Público Concursal será público, gratuito y permanente, sin necesidad de justificar o manifestar interés legítimo alguno. Le corresponde el almacenamiento y sistematización de toda la información que le es remitida, facilitando la interconexión con los demás registros. Los asientos que se practiquen como consecuencia de las distintas comunicaciones en los distintos registros públicos se remitirán al Registro Público Concursal, al igual que las resoluciones adoptadas por el Juzgado que tramite el concurso.

Entra en vigor el 3 de marzo de 2014, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Normativa Diciembre 2013

FISCAL

Aspectos fiscales de la Ley de Emprendedores

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 15/05/2013)

Dedica su Título II a los Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores. Dicho título contiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor, entendido éste de forma amplia como quien desarrolla una actividad económica empresarial o profesional.

Las medidas fiscales que introduce esta ley afectan a los siguientes impuestos:

1. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario

En el ámbito de este impuesto se crea, para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, el régimen especial del criterio de caja.

Ámbito de aplicación

Este régimen es aplicable para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no supere los 2.000.000 de euros.

Exclusión

Quedan excluidos los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen una cuantía, pendiente de determinación reglamentaria.

Asimismo, quedan excluidas del régimen especial las siguientes operaciones: regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión; las entregas de bienes exentas en exportaciones de bienes, operaciones asimiladas a las exportaciones, zonas francas, depósitos francos, regímenes aduaneros y fiscales y entregas de bienes destinados a otro Estado miembro; las adquisiciones intracomunitarias de bienes; aquellas en las que sea aplicable la inversión del sujeto pasivo; las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones; y el autoconsumo de bienes y las operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.

2. Impuesto sobre Sociedades

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, los incentivos fiscales que introduce la Ley tienen que ver con la inversión de beneficios, las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

– Nueva deducción por inversión de beneficios.

– Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

– Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

– Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En materia de IRPF, se incentiva fiscalmente por una lado la inversión en empresas de nueva creación o la reinversión en los supuestos de trasmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación y por otro lado los contribuyentes que realicen actividades económicas pueden aplicarse la deducción por inversión en beneficios regulada en el IRPF.

– Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

– Exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

– Deducción por actividades económicas.

LABORAL

Trabajadores a tiempo parcial

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE 03/08/2013)

Tiene como finalidad contribuir a la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.

Modificaciones en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial

Tienen por objeto dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el Sistema Español de Seguridad Social, así como la equidad respecto a la situación de los trabajadores a tiempo completo, y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como evitar la desincentivación de la cotización al Sistema.

Se introduce una serie de reglas específicas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a lostrabajadores a tiempo parcial: periodos de carencia, se flexibiliza el número de años requeridos para acceder a una prestación y recoge una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial.

Modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo

Con el objetivo de otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo se establece que, para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo. 

Se modifica el artículo 27 de la Ley de Empleo, para adaptar el régimen de infracciones y sanciones a la novedad de que la inscripción como demandante de empleo y el mantenimiento de la misma pasan a ser requisitos necesarios para percibir y conservar el derecho a la prestación.

Modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción específica el incumplimiento del empresario de la obligación de comunicar previamente las medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada y de despido colectivo adoptadas, conforme al artículo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Modificaciones en materia laboral

Se introducen determinadas modificaciones en los preceptos del ET que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de despido colectivo y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos.

Se adapta el contenido del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la tramitación de los procedimientos demodificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, a los cambios que afectan a la comisión negociadora en procedimientos de consulta.

Y modifica la Ley reguladora de la jurisdicción social, en relación con la modalidad procesal del despido colectivopara que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio, aclarándose las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

MERCANTIL

Obligación de informar sobre valores negociables

Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables (BOE 02/08/2013)

Esta Circular regula la obligación de informar sobre dichos valores negociables, indicando las entidades que quedan sometidas a dicha obligación de información, así como la periodicidad, contenido y remisión de la misma.

El Banco de España está obligado a recopilar la información detallada en el Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo (BCE), de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores, que establece la necesidad de recopilar, valor a valor, la información de los valores mantenidos por los sectores institucionales de la zona del euro, así como la de los emitidos por residentes en dicha zona y mantenidos por los sectores institucionales no pertenecientes a aquélla, e incluye, entre los agentes sujetos a la obligación de declarar, las instituciones financieras monetarias, los fondos de inversión, las sociedades instrumentales y las entidades depositarias.

Por otra parte, el Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas con el exterior, y la Orden de 27 de diciembre de 1991, establecen la obligación de las entidades registradas en los casos de operaciones, transacciones, actos o negocios con no residentes, así como en las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, y de los residentes que lleven a cabo las operaciones señaladas en el artículo 1 de dicho real decreto o mantengan activos o pasivos en el exterior, de facilitar a los órganos competentes de la Administración General del Estado y al Banco de España los datos que se les requieran, en la forma, periodicidad y por el importe que este determine, para los fines de seguimiento administrativo, fiscal y estadístico de las operaciones.

Entidades que quedan sometidas a la obligación de informar: entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito inscritas en los registros oficiales del Banco de España que actúen como depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables, y el Banco de España; las entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como entidades depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables; y las entidades financieras inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como sociedades gestoras de fondos de inversión, por lo que se refiere a las participaciones en fondos de inversión españoles.

Periodicidad y contenido de la información: la información se deberá remitir, valor a valor (desglosada por clase de valor, y por valor individual, identificado mediante su código ISIN), con periodicidad mensual, dentro de los diez días hábiles siguientes al fin de cada mes.

La información se remitirá al Departamento de Estadística por medios telemáticos, de conformidad con los formatos, condiciones y requisitos que se establezcan en las «aplicaciones técnicas» de esta circular. Se mantendrá en el sitio web del Banco de España una versión actualizada de dichas especificaciones de libre acceso en Internet.

Conexiones normativas: a la entrada en vigor de la presente circular quedará derogada la Circular del Banco de España 2/2001, de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables.

CONTABLE

Modificaciones del Impuesto sobre Sociedades

Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional (BOE 31/08/2013)

Tiene por finalidad, de una parte, potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija, y, de otra, eliminar la obligación de remisión determinada información semestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

Con la modificación introducida en el Real Decreto 1777/2004 se persigue potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija. Al modificar el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se equipara el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija y las del régimen general aplicable a los mercados secundarios oficiales. Así, se suprime la obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos financieros negociados en el citado Mercado Alternativo de Renta Fija.

Con las modificaciones que se llevan a cabo en el Real Decreto 764/2010 se elimina la obligación de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la información estadística semestral de los corredores de seguros y de los corredores de reaseguro, y de la información del negocio semestral de los agentes de seguros vinculados y de los operadores de banca-seguros vinculados. Con ello se reducen las cargas administrativas sin mermar la necesaria información con la que debe contar la autoridad supervisora para el ejercicio de sus funciones. La información anual que deben remitir estos profesionales es suficiente para cumplir este objetivo.

Normativa Septiembre 2013

FISCAL

Protección de deudores hipotecarios

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 15/05/2013)

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, introduce ciertas medidas con la finalidad de aliviar la situación de los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, que se encuentren en riesgo de exclusión social, dadas las dificultades en que se encuentran numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual para poder hacer frente a sus obligaciones, por la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país.

Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales (DA 4.ª)

A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisición de viviendas acogidas a financiación estatal protegida, no se les exigirá la autorización administrativa ni el reintegro a la Administración General del Estado de las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.

Tampoco se exigirá a los adquirentes de viviendas acogidas a financiación estatal de protección oficial la devolución de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia de reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos, se modifiquen las condiciones de los préstamos regulados en los distintos planes estatales de vivienda aun cuando éstos se conviertan en préstamos libres.

Las previsiones contenidas en esta Disposición adicional no implicaran la modificación del régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la misma.

LABORAL

Ultraactividad de los convenios colectivos

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre ultraactividad de los convenios colectivos (BOE 14/06/2013)

En el Acuerdo las partes analizan el problema derivado del transcurso de los plazos de duración de los procesos para la renovación de los convenios ya denunciados, antes de la finalización del periodo legal previsto de ultraactividad, sin que se logre la firma de los nuevos que los sustituyan, y recuerdan que la disposición transitoria 4.ª Ley de la 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores determinan para el caso de falta de pacto expres, que el plazo de mantenimiento de la ultraactividad es de un año desde la denuncia, y que el mismo se computará, en el caso de los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la referida Ley 3/2012, desde el día 8 de julio de 2012, por lo que, superado ese plazo, es decir, a partir del 8 de julio de 2013, perderán vigencia, y se aplicarán, si los hubiere, los convenios colectivos de ámbito superior.

Las partes expresan asimismo que se han dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para obtener información sobre los convenios y trabajadores afectados por esa circunstancia, lo que permitirá formular las recomendaciones oportunas sobre el fomento de la negociación colectiva pendiente.

Sin perjuicio de ello, acuerdan recomendar a los negociadores de los convenios colectivos que pudieran resultar afectados por la posible pérdida de la vigencia del convenio, en síntesis:

• La renovación y actualización de los convenios.

• La potenciación en los convenios de los mecanismos de flexibilidad interna.

• Que los convenios colectivos hagan una adecuada revisión e innovación.

• Una mejora significativa en las técnicas regulatorias de los convenios.

• Agilizar e intensificar los procesos negociadores en curso.

• Que antes de la finalización de dicho plazo, los negociadores se comprometan a seguir el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido.

• La resolución de las situaciones de bloqueo de las negociaciones mediante los sistemas de solución extrajudicial de conflictos establecidos en el ámbito estatal o autonómico, de manera urgente en aquellos convenios que hayan sido denunciados con dos años de antelación al 8 de julio de 2013 y que a la fecha de la firma del Acuerdo no se hayan renovado.

MERCANTIL

Comisión nacional de los mercados y la competencia

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE 05/06/2013)

La Ley 3/2013, tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos. En el desempeño de las funciones, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno, ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Se dota a la Comisión de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Actuará con sometimiento a la ley, autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.

La norma consta de 39 artículos, distribuidos en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo que contiene las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta Ley.

CONTABLE

Contabilización del inmovilizado intangible

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible (BOE 03/06/2013)

El ICAC ha aprobado esta resolución con respecto al inmovilizado intangible, en la que además de reproducir los antecedentes sobre esta materia contenidos en la Resolución de 21 de enero de 1992, por la que se desarrollaban las normas valoración del inmovilizado inmaterial, sistematiza la doctrina administrativa al respecto y desarrolla lasnormas de registro y valoración del Plan General Contable sobre inmovilizado intangible.

Las normas a tener en cuenta son las siguientes:

• Primera: Los criterios de esta resolución se aplican a los elementos del inmovilizado intangible.

• Segunda: Criterios para reconocer un inmovilizado intangible (cumplir la definición de activo y, los criterios de reconocimiento).

La identificabilidad: Se requiere este requisito para reconocer un inmovilizado como intangible.

No se incluyen determinados gastos por el primer establecimiento o inicio de una nueva actividad, así como los desembolsos por crear marcas, cabeceras de prensa, listas de clientes.

• Tercera: La valoración inicial del inmovilizado intangible será por su coste e impuestos no recuperables.

Si son activos intangibles generados internamente por la empresa, no se incluye el coste relacionado con la formación de personal y los imputables a funciones administrativas y comerciales.

Hay reglas especiales en relación con la valoración inicial cuando sean adquiridos en el seno de una combinación de negocios.

• Cuarta: La valoración de un inmovilizado intangible, posterior a su reconocimiento oficial, será por el coste menos amortizaciones.

Las amortizaciones serán teniendo en cuenta la vida útil o periodo en el que se prevea que el activo produzca rendimientos para la empresa.

Salvo circunstancias tasadas, se presumirá que el valor residual será nulo.

Se establecen reglas para el cálculo del deterioro individual.

• Quinta: en la contabilización de los derechos de uso adquiridos a título gratuito se tendrá en cuenta si han sidoadquiridos de manera irrevocable o incondicional; si el plazo de cesión por toda la vida útil del bien o derecho, o si la cesión ha sido pactada por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido superior a un año reservándose el cedente el derecho a la revocación al cierre de cada ejercicio.

• Sexta: Hay normas particulares para:

1 Investigación y desarrollo.

2. Propiedad industrial.

3. Propiedad intelectual.

4. Derechos de traspaso.

5. Aplicaciones informáticas.

6. Concesiones Administrativas.

7. Contratos de franquicia.

8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

• Séptima: Se regulan otros inmovilizados intangibles, como:

1. Derecho de adquisición de jugadores.

2. Derechos de participación en competiciones deportivas.

3. Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos.

4. Derechos de replantación de las empresas vitivinícolas.

Normativa Mayo 2013

FISCAL

Medidas de apoyo al emprendedor. Incentivos fiscales

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 23/02/2013)

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, tiene por finalidad apoyar la iniciativa emprendedora, el desarrollo empresarial y la creación de empleo, introduciendo una serie de medidas dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

Respecto a los incentivos fiscales, se regula un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora para incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.

– En el Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.

– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una nueva reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este. Y también en el ámbito de dicho Impuesto, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

En cuanto a las medidas de fomento de la financiación empresarial, se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas, así como el Reglamento de planes y fondos de pensiones para quelos fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad. También levanta la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas.

Nota: Las medidas de carácter social se tratan en el comentario de la Sección Laboral de esta revista, pág. 6.

LABORAL

Medidas para jubilación anticipada y parcial

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE 16/03/2013)

Este Real Decreto recoge medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, y la lucha contra el fraude y las políticas de empleo, con la finalidad de favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.

El Capítulo I se ocupa de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena y será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

El Capítulo II recoge las modificaciones introducidas en la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial y en la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante.

El Capítulo III modifica la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo, incorporando las modificaciones que se han llevado a cabo respecto a la jubilación parcial.

En el Capítulo IV se incluyen las medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.

Por otra parte, la Disposición Adicional 1ª introduce una serie de cautelas para evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley; la 2ª y 3ª contemplan el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas; la 4ª se ocupa de la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada; la 5ª se refiere al informe sobre la Recomendación 16.ª del Pacto de Toledo; la 6ª se refiere a la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas; la 7ª contempla el informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal; la 8ª establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo; y la 9ª encomienda al Gobierno la creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.

Convenio especial para personas con discapacidad

Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral (BOE 2/03/2013)

Requisitos para poder solicitar la suscripción de dicho convenio:

– Tener dieciocho o más años de edad y no haber cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria.

– Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

– Tener reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral.

– No figurar en alta o en situación asimilada a la de alta.

– Encontrarse inscritas en los servicios públicos de empleo por un período mínimo de seis meses.

– No tener la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, ni de jubilación en su modalidad no contributiva, ni percibir pensiones equivalentes.

La suscripción del convenio especial determinará la inclusión en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, en una situación asimilada a la de alta, para la cobertura de las prestaciones por jubilación, y por muerte y supervivencia.
La cotización a la Seguridad Social será obligatoria desde la fecha de efectos del convenio especial y mientras el mismo se mantenga en vigor. Asimismo, se establecen el coeficiente reductor aplicable en el año 2013 que queda establecido en el 0,89.

Jornada de trabajo de transportistas por cuenta propia

Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera (BOE 23/02/2013)

Se aplicará expresamente al transporte por carretera de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, o de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.

Su finalidad es reforzar la seguridad y la salud de los trabajadores móviles del transporte por carretera, al trasponer la Directiva 2002/15/CE al colectivo de los trabajadores por cuenta propia.

Se concreta su objeto y el ámbito de aplicación, señalándose aquellos supuestos de transporte por carretera expresamente excluidos; se incluyen las definiciones de los conceptos básicos; y se regulan los tiempos de trabajo y de descanso, así como las pausas, recogiendo la obligación del conductor autónomo de registrar diariamente su tiempo de trabajo.

MERCANTIL

Tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita

Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE 23/02/2013)

Ya desde el inicio de su tramitación, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas judiciales ha sido objeto de fuertes críticas, por entender que atentaba contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la tutela judicial efectiva. Pese a ello, las nuevas tasas comenzaron a aplicarse el 17 de diciembre de 2012, tras la publicación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que aprobaba los modelos 696, para la autoliquidación, y 695, para la solicitud de devolución.

Finalmente se ha publicado este Real Decreto Ley que reduce los importes de las tasas judiciales y adelanta la entrada en vigor de determinadas medidas establecidas en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.

Modulación de las tasas judiciales

• Se mantiene la cuantía fija en función del tipo de procedimiento, y se rebaja la cuota variable que debe pagar una persona física: del 0,5% del total de la cuantía de la pretensión al 0,10%.

• En los recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras la tasa no podrá exceder de la mitad de su importe.

• El importe de las tasas en los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual quedarán fuera de la condena en costas, que suele repercutir en el desahuciado o su avalista.

• Se resuelven dudas sobre el devengo de las tasas en determinados procesos: capacidad, filiación, matrimonio, menores, división de patrimonios, procesos concursales…

• Las reclamaciones por incumplimientos de laudos de consumo estarán exentos de tasa. Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco pagarán.

Beneficiarios del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita:

• Aumenta el número de beneficiarios, al reconocer como tales, con independencia de sus recursos, a determinados colectivos:

• Eleva los umbrales de renta para poder acceder a este derecho.

boton6

Normativa Diciembre 2012

FISCAL

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros en Sociedades
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades (BOE 17/07/2012)

La presente Resolución establece los criterios interpretativos para aplicar la limitación general en la deducción de gastos financieros introducida por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que modificó el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Tras definir el concepto de gastos financieros e ingresos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios, declarando que tanto los gastos como los ingresos que se deben tomar en consideración a los efectos de la aplicación del límite establecido en el artículo 20 del TRLIS deben estar relacionados con el endeudamiento empresarial, se ocupa del beneficio operativo, de la aplicación de gastos financieros procedentes de ejercicios anteriores y del beneficio operativo que no ha determinado la deducibilidad de gastos financieros en un periodo impositivo. También incluye reglas específicas para grupos de consolidación fiscal.

Nuevos modelos de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222)
Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE 29/09/2012)

Se hace necesario actualizar los modelos de pagos fraccionados de acuerdo a las importantes modificaciones sufridas desde la aprobación del modelo anterior por la O EHA/664/2010 (RDL 9/2011, de 19 de agosto, RDL 12/2012, de 30 de marzo, RDL 14/2012, de 20 de abril y, sobre todo, RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). Dichas modificaciones normativas, al ser sustanciales, afectan a las variables que inciden en la determinación de los pagos fraccionados a realizar y a las cautelas a establecer en determinados supuestos sobre su importe mínimo, lo que obliga a la aprobación de un nuevo modelo, no solo del modelo general 202 sino también del modelo 222 para efectuar el pago fraccionado en régimen de consolidación fiscal.

En la Orden se procede a configurar el modelo 202 como un modelo cuya presentación se va a realizar exclusivamente por vía telemática, por lo que se amplía dicha obligación a aquellas entidades obligadas a declarar los pagos fraccionados y que no tienen la forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada.
Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 60 millones de euros se establece la presentación obligatoria de una comunicación de datos adicionales junto con el pago fraccionado correspondiente.
Prevención y lucha contra el fraude

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 30/10/2012)
Nota: Nos remitimos al comentario recogido en la sección Fiscal de esta revista, pág. 4.

LABORAL

Prórroga del programa PREPARA


Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE 25/08/2012). Convalidado por Resolución de 13 de septiembre de 2012 (BOE 20/09/2012)

Se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, centrando su función protectora en el colectivo de desempleados que, sin derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares u ostenten la condición de parados de larga duración.

Se incrementa la cuantía de la ayuda hasta el 85% del IPREM para aquellos beneficiarios con tres o más personas a su cargo, manteniéndose en el 75% la cuantía para el resto de los casos. Persiste la vinculación al requisito de rentas de la unidad familiar, aunque se redefine su composición en coherencia con otros programas de análoga finalidad. En este sentido, se pretende que el programa atienda a las situaciones de mayor necesidad y se amplía la ayuda para los casos en los que las cargas familiares sean mayores.

Se articulan mecanismos para fortalecer la vinculación entre las políticas activas y pasivas, que contribuyan a potenciar el carácter de “programa para el empleo”, y así, se refuerza el seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso de actividad, exigiendo que los solicitantes acrediten haber realizado actuaciones de búsqueda de empleo a título personal, o en colaboración con los servicios de empleo, como requisito previo a la obtención de la condición de beneficiarios. El compromiso de búsqueda activa de empleo deberá mantenerse durante todo el programa, y los servicios de empleo podrán requerir al beneficiario que acredite la materialización de dicho compromiso en cualquier momento.

Podrán beneficiarse de este programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del periodo comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el día 15 de febrero de 2013, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo, y que, además, llevaran inscritas como demandantes de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses y tuvieran responsabilidades familiares, además de carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

No obstante lo anterior, y aunque el solicitante carezca de rentas, si convive con padres, cónyuge o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33%, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

El plazo para solicitar la inclusión en el programa será de dos meses desde la finalización de la prestación o subsidio por desempleo.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos


Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (BOE 28/09/2012)
La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado tripartito, cuya función es el asesoramiento y consulta a las partes de la negociación colectiva en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de los convenios. La reforma laboral llevada a cabo ha añadido a sus tradicionales funciones consultivas y de observatorio de la negociación unas funciones decisorias que favorecerán y potenciarán la utilización en las empresas de los mecanismos de flexibilidad interna consistentes en la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, evitando así que el ajuste laboral se produzca a través del recurso a los despidos.
Lo más novedoso de esta regulación es el desarrollo de las funciones decisorias atribuidas por el nuevo artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores a la Comisión para la solución de discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo de aplicación. Esto se desarrolla en el capítulo V del Real Decreto: su primera sección se refiere las disposiciones generales sobre su objeto, ámbito de actuación y sujetos legitimados para solicitar su actuación, que son las empresas y los representantes de los trabajadores. La segunda sección establece el procedimiento para la solución de discrepancias surgidas respecto a la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos. Asimismo, incluye de forma separada los procedimientos para la solución de discrepancias mediante decisión en el seno de la Comisión o mediante la designación de un árbitro, que habrá de ser elegido entre expertos imparciales e independientes, siendo de elección preferente aquel sobre el que las partes hayan mostrado conformidad.

MERCANTIL

Registro Electrónico de Apoderamientos


Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (BOE 25/07/2012)

Se establece en la presente Orden, que entró en vigor el 25 de septiembre, que en el Registro electrónico de apoderamientos se podrán hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, inscribiéndose únicamente las representaciones que los interesados otorguen voluntariamente. Desarrolla los procedimientos a través de los cuales el poderdante procederá a la inscripción de apoderamientos en el Registro y regula la regulación de la renuncia y revocación del apoderamiento.

Por lo que respecta a los trámites y actuaciones por medios electrónicos y sus categorías, y al procedimiento de adhesión al Registro electrónico de apoderamientos, las consultas y certificaciones para el interesado, se señala que, dado que el Registro no tiene carácter público, el interesado solo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado, pudiendo obtener dichas consultas y certificaciones por medios electrónicos.

Se regulan, asimismo, los procedimientos de acceso electrónico a la información del Registro por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y por lo que se refiere a la protección de datos, los artículos 12 y 13 se ocupan de dicha protección y de la creación del fichero de datos personales “Registro electrónico de apoderamientos”, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Por último, los Anexos recogen los formularios para la inscripción en el Registro, para la revocación de poderes y para la renuncia de apoderamientos, así como el contenido del Fichero de datos personales.

Seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales


Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales (BOE 02/06/2012)

Se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales, que deberán acreditar ante el secretario judicial del juzgado que conozca del concurso, y cuya finalidad es cubrir el riesgo del posible nacimiento a su cargo de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función.

El deber de aseguramiento recae sobre el administrador concursal, ya sea persona natural o jurídica; cuando la administración concursal sea una persona jurídica, la cobertura del seguro o garantía equivalente incluirá la responsabilidad de los profesionales que actúen por cuenta de esta.

Siendo dicho seguro o garantía equivalente un presupuesto para la aceptación del cargo, los administradores concursales no pueden aceptar su nombramiento sin acreditar convenientemente que gozan de dicha cobertura, que debe ser mantenida durante toda la tramitación del proceso concursal

El administrador concursal podrá sustituir el aseguramiento por una garantía solidaria de contenido equivalente constituida por entidad de crédito que pueda prestar garantías de este tipo por el importe, y deberá mantener su vigencia hasta que transcurran cuatro años desde la fecha en la que el administrador concursal cesó en el cargo por cualquier causa. La suma mínima asegurada será de 300.000 euros, aunque se establecen cuantías superiores en determinados casos.