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SII: una nueva forma de gestionar el IVA de las empresas

Desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) impuesto por la Agencia Tributaria, y que afecta al 80% de toda la facturación empresarial española, obliga a las empresas a compartir con Hacienda sus facturas de forma prácticamente inmediata.

En concreto, los contribuyentes que se ajusten a los parámetros definidos por la AT, así como aquellos que de manera voluntaria opten por hacer uso del SII, deberán enviar a esta el detalle del registro de sus facturas en un máximo de 96 horas mediante su Sede Electrónica. Sin embargo, el ente contempla un periodo de adaptación al nuevo sistema que amplia el plazo máximo para la comunicación de esta información al doble: 8 días hábiles.

Mejora la comunicación

En palabra del Ministerio de Hacienda, el SII significa una mejora “sustancial” en la comunicación entre Administración y contribuyente, pues supone mantener un nexo “bidireccional, automático e instantáneo”. El nuevo sistema consiste en facilitar de manera electrónica los registros de facturación que componen los Libros de Registro del IVA, actualizándose estos de manera automáticamente con cada nueva alta.

Algunas de las ventajas para el contribuyente es que, siempre cuando también formen parte del SII, podrán cotejar la información de sus Libros de Registro con la facilitada por sus clientes y proveedores, la posibilidad de agrupar las facturas simplificadas, el hecho de disponer de información veraz y actualizada que facilite el sistema de gestión del IVA, o la oportunidad de corregir posibles equivocaciones en la declaración mensual del IVA sin que la Agencia Tributaria tenga que solicitarle dichas modificaciones.

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El impuesto de sucesiones tiene kilómetros de diferencias

El impuesto de sucesiones ha generado en los últimos años gran controversia debido, en muchos casos, a la diferente tributación de este impuesto dependiendo de la zona de nuestra geografía en que se realice: España es un país de contrastes, y parece ser que este caso no va a ser una excepción.

A este respecto, se dan casos en los que los hijos han llegado reciben cantidades finales diferentes que han variado según la comunidad autónoma de residencia de cada uno de ellos, algo que podría entrar en conflicto con el principio de igualdad recogido en la Constitución.

Las comunidades más caras y más baratas en herencias

Dentro del marco nacional, y teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de sucesor y que, en función a sus características, deberá de tributar una cantidad mayor o menor, las CCAA en las que heredar resulta más costoso son, en líneas generales, Andalucía, Asturias y Extremadura, mientras que otras como Madrid o Canarias aplican bonificaciones que hacen que el papel de este impuesto sea prácticamente testimonial; sobre una base imponible de 800.000 euros, un andaluz tendría que tributar 165.000, una cantidad que multiplica más de cien veces la que tendría que abonar un madrileño (1.500 euros).

Ante este exagerado contraste entre comunidades, muchas han sido las voces que se han alzado para que la armonización en cuanto al impuesto de sucesiones a nivel nacional se produzca cuanto antes, pues la diferencia es tan grande que el porcentaje de sucesores que renuncian a una herencia varía notablemente entre regiones.

En todo caso, existen determinados factores que marcan la fiscalidad que se aplica al impuesto de sucesión, tales como la naturaleza del bien a donar, la cercanía en cuanto al parentesco, el patrimonio del donatario, etc. Debido a la complejidad del asunto, se antoja indispensable la figura de un asesor experto que ayude a que la transmisión se realice dentro de los cauces indicados y resulte lo más beneficiosa posible para el sucesor.

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El TEAC resuelve que la prestación por maternidad sí ha de tributar

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha considerado que la cantidad percibida por las madres que disfruten de permiso de maternidad en su trabajo deben tributar por el IRPF, esgrimiendo para ello la necesidad de un criterio unificado a nivel nacional.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase la exención de tributación para la mencionada prestación en el verano de 2016, y obligase a Hacienda a la devolución de las cantidades percibidas por tal concepto, el TEAC considera que debido a la “especial trascendencia” que el asunto supone para los afectados es necesario un criterio homogéneo. Dicha sentencia estableció que la Agencia Tributaria se hallaba en la obligación de retornar 3.135,11 euros (intereses aparte) a una demandante, apoyando su decisión en las leyes del IRPF del año 2006 y de la Seguridad Social de 1994.

El TEAC respalda su decisión encontrando resoluciones de tribunales económico-administrativos que han dictaminado partiendo de su misma postura, como los de Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja o Murcia. Este organismo delimita la exención a las prestaciones recibidas que sean de ámbito regional y local, y excluyendo a las percibidas que tienen como emisora a la Seguridad Social. Recalca también que el propósito de la prestación por maternidad de la Seguridad Social sustituye a retribución común, y que esta última no está exenta de gravamen.

Casos exentos de tributación

Además de las de ámbito regional y local, sí están exentas aquellas prestaciones que, aún dependiendo de la Seguridad Social, sean por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

 

 

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Impuesto de Plusvalía: ¿el principio del fin?

El Impuesto de Plusvalía hace referencia a aquel gravamen al cual tenemos que hacer frente a la hora de cesar en la titularidad de una propiedad urbana, ya sea por transmisión, herencia o legado, donación, compraventa, etc. Su cuantía se calcula de manera automática atendiendo a dos variables: el IBI y los años transcurridos desde que se adquirió su titularidad hasta que se deja de gozar de ella.

La controversia surge a partir de que el mercado inmobiliario se desajusta de manera tan abrupta como lo hizo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues la correspondencia entre tiempo transcurrido y revalorización de la propiedad no tiene un resultado positivo, sino más bien al contrario: los valores que marca ahora el mercado inmobiliario son inferiores a los de, por poner un ejemplo, hace una década.

La importancia del impuesto para los ayuntamientos

Actualmente, el Impuesto de Plusvalía supone un ingreso muy importante para los ayuntamientos, llegando a equipararse su importancia con la del impuesto de circulación por ser los beneficios que generan muy similares; aún en los últimos años, época en la que se han producido muchas menos compraventas de inmuebles, los ayuntamientos han recibido cantidades que duplican las obtenidas en los años pretéritos a la crisis, algo que se debe a la actual fórmula de cálculo anteriormente mencionada.

¿Cuál es el futuro del Impuesto de Plusvalía?

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha resuelto como anticonstitucionales determinados preceptos propios de este impuesto en una sentencia ante un caso planteado por un Juzgado de San Sebastián. A pesar de que este dictamen solo atañe a la norma foral vasca, estos preceptos son calcados a los que forman la norma estatal, con lo que más tarde o más temprano la aplicación de sentencias similares hará referencia a todos los casos similares a nivel nacional.

Posibles reclamaciones

Los contribuyentes que decidan reclamar la cuantía aportada “de más” con este tributo habrán de demostrar que la venta de la propiedad tuvo un impacto negativo para su hacienda particular, poniendo especial énfasis en la depreciación de su valor.

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¿Aprueba España el examen medioambiental de la Comisión Europea?

España se encuentra actualmente bajo la lupa de la Comisión Europea (CE), órgano que recientemente ha solicitado que se aumente la presión fiscal medioambiental y que se rebajen las subvenciones para los procesos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente dentro de nuestras fronteras.

La realidad es que España es uno de los países miembros de la Unión Europea que menos dinero genera con los impuestos ambientales: un 1,85% del PIB, frente a la media europea del 2,46%. Bruselas señala una negativa desproporción entre este tipo de impuestos y, por ejemplo, el gravamen que se impone a las rentas del trabajo, y propone que la carga fiscal se traslade de unos ámbitos a otros. También se denuncia desde el órgano europeo la amenaza bajo la cual se encuentra actualmente la biodiversidad de las aguas españolas, debido en gran parte a la sobreexplotación pesquera y al vertido de residuos.

Manos a la obra

Parece que las advertencias procedentes de la CE no han caído en saco roto, y la propia Comisión Europea ha alzado el pulgar de aprobación ante el plan de presupuestos de España para 2017, según el cual nuestro país dedicará más recursos a promover medidas que equiparen su media fiscal medioambiental a la europea, y que intensifiquen el control sobre la emisión de gases de efecto invernadero y mejoren la gestión de aguas y residuos, medidas esta dos últimas en las que se ha hecho especial hincapié desde Bruselas.

Otro de los aspectos positivos es que, debido a la situación actual que se intenta corregir, el margen de mejora es muy amplio, de manera especial en sectores como los del transporte o la energía. Además, se resalta el arranque de la Red Española de Autoridades Ambientales, o el paradigma de ciudad sostenible que representan ciudades como Vitoria.

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CLAVES PARA EL CIERRE FISCAL

Inmersos en la recta final del año, aún estamos a tiempo de identificar aquellas alternativas que optimicen y rebajen la factura fiscal del próximo Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Las opciones pasan por, exenciones, compensaciones, reducciones y deducciones.

Veamos algunas operaciones que pueden hacer que nuestra próxima declaración de renta sea menos gravosa.

Integración y Compensación de Rentas

La Base Imponible de la declaración se divide en:

1.- Base Imponible General.- Compuesta por los rendimientos de trabajo, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, imputaciones de rentas, actividades económicas, y ganancias y pérdidas patrimoniales que no procedan de la transmisión de elementos patrimoniales.

La escala de gravamen aplicable a esta base es progresiva, tiene 5 tramos y los tipos oscilan entre el 19% y el 45%.

2.- Base Imponible del Ahorro.- La integran los rendimientos de capital mobiliario ( rentas del ahorro ) y las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales. La escala de gravamen aplicable a esta base también es progresiva, pero a diferencia de la anterior, los tipos oscilan entre el 19% y el 23%.

Entre ambas bases imponibles prevalece el principio de estanqueidad, es decir, no pueden compensarse rendimientos negativos de una, con los rendimientos positivos de la otra. Son independientes.

Por tanto, los rendimientos negativos y las pérdidas patrimoniales que se generen en la Base Imponible del Ahorro, solo se compensarán con los rendimientos positivos y ganancias patrimoniales generados también en dicha Base. De igual forma ocurre en la Base Imponible General.

¿ Como se integran y compensan entre sí estos rendimientos ­?

  • Los rendimientos de capital mobiliario se integrarán y compensarán entre sí. Si el resultado de esta compensación fuese negativo, se podrá compensar con el saldo positivo de ganancias patrimoniales, pero únicamente, con el límite del 15% del saldo de dichas ganancias. El importe restante no compensado, se podrá compensar de la misma forma en los próximos 4 años.
  • Las pérdidas patrimoniales se integrarán y compensarán entre sí igualmente. Si el saldo fuese negativo, se podrá compensar con el saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario, con el límite del 15% de dichos rendimientos. El importe restante no compensado se podrá compensar de la misma forma en los próximos 4 años.

Por tanto, si se han obtenido rendimientos negativos o pérdidas patrimoniales, sería interesante valorar la posibilidad de aflorar rendimientos positivos o ganancias patrimoniales y compensar.

Igualmente, si se han obtenido ganancias patrimoniales, interesaría aflorar pérdidas con objeto de que se compensen entre sí y minorar el coste fiscal.

Ganancias Patrimoniales Exentas

No todas las ganancias patrimoniales tributan. Existen determinadas operaciones que conviene tener presentes.

* REINVERSIÓN VIVIENDA HABITUAL

La ganancia obtenida por la transmisión de la vivienda habitual, estará exenta si el importe obtenido en la transmisión se reinvierte en la adquisición de otra vivienda habitual. Para ello deben de cumplirse determinados requisitos:

  • Tener menos de 65 años.
  • La adquisición de la nueva vivienda debe realizarse en el plazo de dos años siguientes a la transmisión, o bien que la nueva vivienda se hubiese adquirido dos años antes.

* TRANSMISIÓN VIVIENDA HABITUAL POR MAYORES DE 65 AÑOS.

Si se tienen más de 65 años, la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual estará exenta. No existen requisitos al respecto. No es necesario reinversión.

* EXENCIÓN POR REINVERSIÓN DE RENTAS VITALICIAS PARA MAYORES DE 65 AÑOS.

Si se tienen más de 65 años, la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de algún elemento patrimonial estará exenta, si el importe obtenido en la transmisión se reinvierte en una renta vitalicia asegurada. Sin embargo son exigibles algunos requisitos.

  • La reinversión debe hacerse en un plazo de 6 meses.
  • El importe máximo de reinversión es de 240.000 euros.
  • Se reinvierte el importe total obtenido en la transmisión.

Si se reinvierte un importe inferior al obtenido en la transmisión, o el importe de la transmisión es superior a 240.000 euros, la exención se mantiene, pero únicamente sobre la parte proporcional que corresponda a la cantidad invertida.

Aportaciones a Planes de Pensiones

Las cantidades aportadas a los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, reducen la base imponible general, con los siguientes límites:

– 8.000 euros anuales de aportación.

– 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

Si además, el cónyuge obtiene rentas inferiores a 8.000 euros anuales, el contribuyente podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge hasta un limite de 2.500 euros anuales.

En caso de aportaciones a favor de personas con minusvalía, la reducción en la base imponible es muy superior, siendo el limite de 24.250 euros.

Aportaciones a Patrimonios Protegidos de Personas con Discapacidad

El cónyuge, tutores, o los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado, de una persona con discapacidad, podrán reducirse su base imponible en un máximo de 10.000 euros anuales por aportaciones realizadas a un patrimonio protegido. El límite conjunto en caso de varios aportantes es de 24.250 euros anuales.

Si se realizasen aportaciones no dinerarias, se permite la reducción de su valor. Si éste superase los 10.000 euros anuales, el exceso se podrá reducir en los próximos 4 años.

Deducción Inversión Vivienda Habitual

Las cantidades entregadas al pago del préstamo utilizado para adquirir la vivienda habitual, así como las cantidades entregadas a cuenta para su construcción, se podrán deducir. La deducción será el 15% de dichas cantidades con un límite de 9.040 euros. Siempre teniendo en cuenta que la adquisición se haya producido antes del 1 de enero de 2013.

Desde dicha fecha la deducción por adquisición de vivienda habitual, no es aplicable.

Donaciones

Se podrán deducir de la cuota del Impuesto, las cantidades donadas a fundaciones, ONG´s, Asociaciones de utilidad pública… aplicando la siguiente escala:

Aportación                            % Deducción

150 euros                             75%

Desde 150 euros                 30%

Si en años anteriores, se han realizado donaciones a la misma Entidad, por un importe igual o superior en cada uno de ellos al del ejercicio anterior, el porcentaje del 30% indicado ascendería al 35%.

Es importante tener en cuenta que la base de la deducción no podrá ser superior al 10% de la Base liquidable en ningún caso.

Deducción por Inversión en Empresas de Nueva o Reciente Creación

Deducción del 20 % sobre la cuota íntegra del IRPF de las cantidades satisfechas en el ejercicio 2016 por la suscripción de acciones o participaciones en empresa de nueva o reciente creación.

La base máxima de la deducción es de 50.0000 euros.

No obstante esta deducción está sujeta a determinados requisitos.

  • Los fondos propios de la empresa en la que se invierta no pueden superar los 400.000 euros. El objetivo de esta bonificación fiscal es el de apoyar a las start up y compañías de reciente creación y pymes.
  • No se admitirá la inversión en empresas cotizadas, incluidas las del Mercado Alternativo Bursátil.
  • La inversión debe realizarse en empresas cuya forma societaria sea una de las siguientes: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.
  • La empresa deberá, lógicamente, realizar actividad económica.

Hay que tener en cuenta además algunas condiciones sobre las propias acciones, empezando por el hecho de que deben mantenerse al menos durante tres años.

Con objeto de evitar que las inversiones se concentren en proyectos familiares, la participación conjunta del contribuyente y familiares no podrá superar el 40% de la empresa.

Los extremeños contamos además con una deducción del 20% sobre la inversión en nuevas empresas y ampliaciones de capital en sociedades de la región, con un máximo de 4.000 euros al año. El límite para el capital social del contribuyente y sus familiares hasta tercer grado, es del 40% de la empresa y es necesario mantener la inversión durante tres años.

En caso de que la inversión corresponda a una una ampliación de capital, la empresa no podrá tener una vida mayor a tres años. Lo que quiere decir que deberá de haberse constituido en los tres ejercicios anteriores a la compra de las acciones.

Deducción por Realización de Actividades Económicas

Deducción del 5% de los rendimientos netos de actividades económicas que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material, inmaterial o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

El importe de la deducción no puede exceder del importe de la cuota íntegra del periodo impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos que se reinvierten.

Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en el que se efectúe la inversión.

En definitiva, teniendo en cuenta estas alternativas, la factura fiscal puede variar.

Optimizar, Optimizar, Optimizar. De esto se trata.

 

 

Fiscal Marzo 2014

Apuntes sobre las novedades fiscales para el ejercicio 2014

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, de medidas en materia de fiscalidad medioambiental y por la que se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, constituyen los hitos principales, en materia tributaria, a lo largo del último período del año 2013. Normas que, verán trasladada su aplicación al ejercicio presente, el 2014, habida cuenta de la fecha de su publicación, así como de su entrada en vigor. Las normas citadas no introducen novedades sustanciales en la tributación, y no tanto porque no comporten para determinados contribuyentes un cambio efectivo en la forma de calcular determinados impuestos (así como un mayor esfuerzo impositivo) como por el hecho de que no dejan de ser una continuación de la política tributaria de los últimos años.

I. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LAS NORMAS

La realidad económica evidencia que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo durante los años pasados, asumidos en buena parte por el contribuyente, para lograr la consolidación de las finanzas públicas, la consecución de dicho objetivo requiere aún a fecha de hoy la adopción de medidas adicionales que, complementando las ya incorporadas al ordenamiento, contribuyan a avanzar en la senda iniciada.

A tal fin, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, de medidas en materia de fiscalidad medioambiental y por la que se adoptan otras medidas tributarias y financieras introdujo diversas modificaciones en la normativa tributaria, fundamentalmente en la regulación del Impuesto sobre Sociedades, que inciden, además de en el mencionado tributo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el Patrimonio y de determinados tributos locales. Y ello pese a que se intituló “de medidas en materia de fiscalidad medioambiental”, quizá persiguiendo distraer la atención del contenido de la misma.

Es posible que por dicho motivo, el legislador reconociendo el propio ardid, se viera obligado a hacer notar en el preámbulo de la Ley que con el propósito de contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, “al que en este caso se une el de coadyuvar al logro de los objetivos en materia de medio ambiente, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea, y como continuación a las medidas adoptadas en este ámbito a finales de 2012, mediante esta Ley se regula el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, como instrumento que actúa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados”.

La segunda de las normas que analizaremos, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el B.O.E. de 26 de diciembre de 2013, recoge en su Título VI una serie de modificaciones en materia tributaria. Esta Ley, pese a no ser el instrumento adecuado para crear tributos, por expreso mandato del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución, sí puede modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

La Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas, la gran mayoría de las cuales son las que habitualmente recoge esta norma, medidas que inciden en las principales figuras del sistema tributario.

En las siguientes líneas analizaremos las principales modificaciones operadas por estas leyes en materia tributaria, si bien por motivos obvios, deberemos centrarnos en aquellas que merezcan una mayor atención, tanto por su alcance como por la novedad que comportan. Y en todo caso, nos centraremos en la imposición directa.

II. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS POR LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y POR LA QUE SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS

1. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

a. Supresión de la deducibilidad fiscal del deterioro de valor de la cartera

Como novedad sustancial, para los períodos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se establece la no deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones en el capital o fondos propios de entidades, así como de las rentas negativas generadas durante el plazo de mantenimiento de establecimientos permanentes ubicados en el extranjero. Ambas medidas tratan de evitar la doble deducibilidad de las pérdidas, en un primer momento, en sede de la entidad o del establecimiento permanente que los genera, y, en un segundo, en sede del inversor o casa central.

Esta modificación va acompañada de un régimen transitorio que establece la recuperación en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de los deterioros de valor de las participaciones y de las rentas negativas de los establecimientos permanentes que han sido fiscalmente deducibles, a través de un incremento de fondos propios o distribución de resultados, en el primer caso, y de la obtención de rentas positivas similar al régimen anterior, en el segundo supuesto.

b. Prórroga para los años 2014 y 2015 de las medidas temporales que fueron introducidas con carácter excepcional durante 2012

En particular se prorrogan las siguientes:

• De la limitación en la compensación de bases imponibles negativas, al 50% de la base imponible previa a dicha compensación cuando en los doce meses anteriores al inicio del período impositivo el importe de la cifra neta de negocios fuera superior a 20 e inferior a 60 millones de euros; y al 25% de la base imponible previa cuando dicho importe fuera superior a 60 millones de euros.

• De la limitación en la deducibilidad fiscal del fondo de comercio (1% anual) en sus diferentes versiones y de los activos intangibles de vida útil indefinida (2% anual).

• Del límite establecido en la aplicación de las deducciones para incentivar determinadas actividades, en cada período impositivo. En particular la reducción del 35% al 25% del porcentaje de cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones, así como la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, en los términos que expusimos en su momento.

• De la inclusión, en la base de los pagos fraccionados que se realicen en los referidos ejercicios, del 25% de los dividendos y rentas que proceden de la transmisión de participaciones que tienen derecho al régimen de exención y el establecimiento de un pago fraccionado mínimo determinado en función del resultado contable del ejercicio, si bien exclusivamente para las grandes empresas (importe de la cifra neta de negocios superior a 20 millones de euros). De igual modo se prorrogan para el 2014 los tipos incrementados correspondientes a los pagos fraccionados.

c. Vigencia indefinida de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales

La norma viene a establecer la vigencia indefinida, para los períodos iniciados a partir del 1 de enero de 2014, de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. El porcentaje de deducción se reduce del 20 al 18%, si bien se amplía la base de la misma, incluyendo las copias y los gastos de publicidad que corran a cargo del productor.

Ambos tipos de gastos cuentan con un límite del 40% del coste de producción.

2. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

La Ley introduce la posibilidad de llevar a cabo la comercialización de fondos de inversión españoles mediante cuentas globales, también conocidas como cuentas ómnibus. Esta norma se vio desarrollada por el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, que concreta la aplicación de los requisitos de comercialización de fondos de inversión españoles mediante este nuevo sistema. Con efectos de 1 de enero de 2014, el comercializador de este tipo de productos pasa a ser el obligado a practicar la retención o ingreso a cuenta de las ganancias que se pongan de manifiesto, quedando obligado además a cumplir con las obligaciones de información a la Administración tributaria.

III. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS POR LA LEY 22/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014

1. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

a. Coeficientes de corrección monetaria para el año 2014 para la transmisión de inmuebles

La Ley de Presupuestos aprueba, como es habitual, los coeficientes de corrección monetaria que han de aplicarse para calcular el importe de la renta a integrar en la base imponible, como consecuencia de las transmisiones de inmuebles que tengan lugar en los periodos impositivos que se inicien en 2014.

b. Reglas especiales de valoración relativas a cambios de residencia al extranjero y transferencia de elementos al extranjero

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, y como consecuencia de la sentencia del TJUE de 25 de abril de 2013 (Asunto C64-11) el pago de la deuda tributaria sobre las plusvalías latentes, en el supuesto de elementos transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, será aplazado a solicitud del sujeto pasivo hasta la fecha en que se produzca la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados.

c. Pagos fraccionados

Se mantiene para 2014 el mismo régimen de pagos fraccionados que en el ejercicio anterior. De este modo, recordamos que los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades han de realizarse en los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre de cada año y calcularse de la siguiente manera:

En la modalidad de pago fraccionado del artículo 45.2 TRLIS, el porcentaje a aplicar sobre la base es del 18%. En la modalidad de pago fraccionado del artículo 45.3 TRLIS, que recordamos que resulta obligatoria para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado los 6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014, el porcentaje variará en función de la cifra de negocios de la entidad en los doce meses del ejercicio anterior, aplicándose un escalado. Así, hasta 10 millones de euros, el 21%; de 10 a 20 millones de euros, el 23%; de 20 a 60 millones de euros, el 26%.

d. Prórroga del tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo

Se prorroga para 2014 la aplicación del tipo reducido de gravamen para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios en el periodo sea inferior a 5 millones de euros, tengan una plantilla media en el periodo inferior a 25 empleados y creen o mantengan empleo.

2. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

a. Coeficientes de actualización del valor de adquisición para transmisiones de inmuebles

La Ley de Presupuestos aprueba, como es habitual, los coeficientes de corrección monetaria que han de aplicarse para calcular el importe de la renta a integrar en la base imponible, como consecuencia de las transmisiones de inmuebles que tengan lugar en los periodos impositivos que se inicien en 2014.

b. Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal y tipos de retención aplicables

Se prorroga para el ejercicio 2014 la aplicación del gravamen complementario a la cuota íntegra estatal introducido por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Inicialmente estaba previsto que no resultara de aplicación en este ejercicio. La prórroga del gravamen complementario se mantiene tanto para la base liquidable general como para la del ahorro.

Los tipos de retención se mantienen incrementados para el año 2014, en los siguientes términos:

• El 21% para el cálculo de los pagos e ingresos a cuenta a los que anteriormente se les aplicaba el porcentaje del 19%.

• El 42% (frente al 35%) para los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos.

c. Prórroga de la reducción del rendimiento neto por creación o mantenimiento de empleo

Se mantiene la reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o mantenimiento de empleo del 20% del rendimiento neto positivo declarado minorado en determinadas reducciones, en los términos expuestos en sede del Impuesto sobre Sociedades.

d. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información

Se extiende al 2014 el tratamiento de los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información como gastos de formación. Por ello, no tendrán la consideración de rentas en el IRPF.

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se retrasa, en principio, al año 2015 la bonificación del 100% introducida en la norma del Impuesto por la Ley 4/2008. Todo ello sin perjuicio de la potestad que cada Comunidad Autónoma ostenta al respecto, por lo que deberá tenerse en cuenta la normativa específica de la Comunidad Autónoma de residencia.

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 26 diciembre). Pretende conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario a través de mejoras introducidas a nivel de sistematización, una ordenación económica y financiera del sector público estatal y definir sus normas de contabilidad y control.

Las pensiones se revalorizarán con carácter general un 0,25%.

Y los empleados públicos tendrían dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre.

Fiscal Diciembre 2013

Análisis de las medidas fiscales tras la reforma operada por la Ley del Emprendedor

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha venido a introducir estímulos al emprendimiento en todas las áreas que a fecha de hoy se ven sometidas al devenir de la crisis: empleo, financiación, morosidad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, responsabilidad patrimonial del emprendedor, cargas administrativas a la hora de iniciar una actividad empresarial y algunas otras. Nosotros nos centraremos en aquellas que tienen una especial incidencia en la fiscalidad. Ello no debe ser óbice para que los operadores jurídicos y económicos presten una especial atención a la totalidad de las medidas que comprende la norma, por su amplitud y por su ambición. 

I. INTRODUCCIÓN

Podría considerarse anecdótico que el pasado 27 de julio de 2.013 apareciera publicado en el B.O.E. la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, norma que singularmente venía a reproducir el nombre del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, denominado también “de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”, publicado en el B.O.E de fecha 23 de febrero de 2.013. Resulta, pues, que la primera de las normas citadas era la convalidación parlamentaria de la más antigua, dictada por la ya usual vía de urgencia, que tanto se aleja de la anhelada seguridad jurídica. Pese a todo, es justo reconocer que al amparo de la transformación en Ley del Decreto, se quiso aprovechar para incluir más estímulos al emprendimiento.

Ciertamente, no podemos menos que hacer notar la similitud entre aquella Ley, la 11/2013 y la que ahora analizaremos, la Ley 14/2013, con un título, el de ambas disposiciones, que puede dar lugar a confusión: la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la primera; y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Este año, que ya se acerca a su fin, bien pudiera haberse bautizado como el del emprendedor, a la vista de la especial atención de que parece ser objeto por parte de nuestro legislador.

Las normas y medidas que analizaremos en el presente artículo, no pueden considerarse aisladamente, resultan en todo caso encuadradas dentro de un largo iter de medidas novedosas y modificaciones normativas de profundo calado, por las consecuencias que de las mismas se derivan. Las reformas estructurales que vienen aplicándose en nuestro país desde hace algunos años, tienen como loable fin la consecución de varios objetivos. Fundamentalmente, y en primer lugar, se persigue dotar a la economía española de estabilidad, no sólo en términos de déficit público e inflación, también en términos de equilibrio exterior. Por último, como colofón a las anteriores, pero en el mismo nivel de importancia y coadyuvando a su consecución, se persigue alcanzar un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios, de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía.

Es precisamente en sede de este último objetivo, que las normas a que nos referiremos proceden a llevar a cabo modificaciones, pretendiendo con ello dar comienzo a una segunda generación de reformas estructurales necesarias para volver a crecer y, sobre todo, a fecha de hoy, crear empleo, aun cuando el mismo se traduzca en la generación del propio empleo. La Ley 11/2013, en su preámbulo, se encargaba de hacer notar la importancia cuantitativa y cualitativa de las pymes y los autónomos dentro del tejido empresarial español, reconociendo que durante los últimos años han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. A la vez que se enfrentan a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que limita a fecha de hoy su capacidad de expansión. Las causas de ello, incide ahora el Preámbulo de la Ley 14/2013, residen en la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora entre los más jóvenes que haya llevado, ante la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena, a unos mayores niveles de autoempleo capaces, a su vez, de generar más empleo.

Nuestro legislador, consciente de la situación en la que estos operadores económicos se encuentran, trata de potenciar la iniciativa empresarial, y a tal fin pretende promover con medidas como las de esta Ley un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.

Las modificaciones y medidas contenidas en la Ley 14/2013, van dirigidas a desarrollar la “Educación en Emprendimiento”, a fomentar la cultura emprendedora por la vía de la limitación de la responsabilidad patrimonial del emprendedor, a la introducción de medidas para agilizar el inicio de la actividad de los emprendedores, y en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

II. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

1. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.1. INCENTIVOS FISCALES POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS

Se establece, en primer lugar, con el objeto de fomentar la capitalización empresarial y la inversión en activos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, afectos a actividades económicas, una nueva deducción por inversión de beneficios para aquellas entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión, vinculada a la creación de una reserva mercantil de carácter indisponible, incentivo que surtirá efectos para los beneficios que se generen en períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013.

Con ello, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas. La nueva deducción será del 5 por ciento en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios, habida en dichos períodos, sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, con mantenimiento de empleo.

La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales, debiendo realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores, salvo que se acuerde un plan especial de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo.

La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que se efectúe la inversión.

La base de la deducción se determinará aplicando al importe de los beneficios del ejercicio objeto de inversión, excluida la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, un coeficiente determinado con arreglo a los elementos que a continuación se dirán; el coeficiente que resulte se tomará con dos decimales redondeado por defecto:

a) En el numerador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean objeto de exención, reducción, bonificación, deducción por depreciación monetaria o deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya generado derecho a deducción en la cuota íntegra.

b) En el denominador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversiones, por un importe igual a la base de deducción, que será indisponible en tanto que los elementos patrimoniales en los que se realice la inversión deban permanecer en la entidad, que deberá dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de inversión.

Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio de la entidad, salvo pérdida justificada, durante un plazo de cinco años, o durante su vida útil si es que fuera inferior. En todo caso, no se perderá la deducción si se produce la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado y se invierte el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor.

Por último, la aplicación de este beneficio fiscal requiere que los sujetos pasivos que la disfruten hagan constar en la memoria de las cuentas anuales (i) el importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvieron; (ii) la reserva indisponible que debe figurar dotada; (iii) la identificación e importe de los elementos adquiridos; y (iv) la fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad económica. Menciones que deberán aparecer en la memoria de las cuentas anuales hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento antes reseñado.

1.2. INCENTIVOS FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A las entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, o a las empresas de reducida dimensión, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que se generen en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas de límite alguno en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, y aplicarse con un descuento del 20 por ciento de su importe.

En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración anual del impuesto.

La Ley se encarga de establecer límites cuantitativos a la medida, de tal modo que, por un lado, el importe de la deducción aplicada o abonada, en los términos expuestos, en el caso de las actividades de innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de un millón de euros anuales. Por otro, el importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo con lo expuesto, no podrá superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales.

La aplicación de este beneficio fiscal exige el cumplimiento de determinados requisitos, a saber, (i) que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación; (ii) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono; (iii) que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los citados 24 meses; y (iv) que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades.

1.3. REDUCCIÓN DE LAS RENTAS PROCEDENTES DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES (PATENT BOX)

La Ley 14/2013 modifica el régimen existente para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. Y en virtud de dicha modificación el beneficio fiscal pasa a recaer no solo sobre la cesión del activo cedido, sino también sobre los ingresos procedentes del mismo, esto es de su transmisión.

1.4. DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Con fecha de efectos de 1 de enero de 2.013, se incrementa el importe de la deducción por la contratación de trabajadores con discapacidad. Con la nueva redacción, será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. Dicho importe se elevará hasta los 12.000 euros cuando, cumpliendo los mismos requisitos, el grado de discapacidad del trabajador contratado sea igual o superior al 65 por ciento.

Recuerda la Ley que los trabajadores contratados con estas condiciones, que dieran derecho a esta deducción, no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo.

2. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

2.1. INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN EN EMPRESAS DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

En virtud de la modificación operada en la LIRPF, se permite la deducción del 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

La modificación prevé que la base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas, sin que pueda formar parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de la cuenta ahorro-empresa.

La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá cumplir ciertos requisitos. Así, en primer lugar, deberá revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Requisitos que deberán cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción o participación. Por otro lado, la entidad deberá ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales para el desarrollo de la misma y no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación. Por último, el importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.

Para que resulte aplicable la nueva deducción, se exige que las acciones o participaciones en la entidad se adquieran por el contribuyente bien en el momento de la constitución de aquélla, bien mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha constitución. En todo caso deberán permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres años e inferior a doce años. Por otro lado, se limita su aplicación a que la participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al mismo por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no sea, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. Por último, dispone la Ley que no deberá tratarse de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los requisitos señalados para la entidad, en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.

2.2. INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN DE BENEFICIOS

La medida incorporada por la Ley en el ámbito del IRPF, supone la extrapolación a este impuesto de lo dispuesto en sede del Impuesto sobre Sociedades, al ámbito de las actividades económicas. Nos remitimos, por tanto, con carácter general a lo expuesto en el epígrafe 1.1, dejando a salvo determinadas particularidades que analizaremos en futuros artículos.

III. EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

La Ley 14/2013 crea, con efectos desde el 1 de enero de 2.014, un nuevo régimen especial en el IVA, el régimen especial de Criterio de Caja. El nuevo régimen, que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario, requerirá la modificación de otras normas con incidencia tributaria, sobre todo en el ámbito de la facturación y de los libros-registro.

Para poder optar a la aplicación de este régimen especial, el volumen de operaciones de los sujetos pasivos durante el año natural anterior, no debe haber superado los 2.000.000 de euros, debiendo elevarse al año en los supuestos de inicio de la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior. Para aquellos sujetos que no hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, podrán aplicar este régimen especial en el año natural en curso.

A los efectos de determinar el volumen de operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, las mismas se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, si a las operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja.

En todo caso quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que, en su momento, se determine reglamentariamente.

Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos que cumplan los requisitos enunciados hasta el momento y opten por su aplicación. La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará en las condiciones que la futura modificación reglamentaria establezca. Esta renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.

El régimen resultará aplicable a todas las operaciones del sujeto pasivo que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, si bien quedan excluidas determinadas operaciones que tienen un tratamiento distinto (entre otras, y sin ánimo de exhaustividad, los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, servicios prestados por vía electrónica, grupo de entidades, adquisiciones intracomunitarias de bienes, importaciones y operaciones asimiladas a las mismas, etc.).

Con arreglo a este nuevo régimen, para aquellos que decidan optar por el mismo, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se hubiera producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la operación.

La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado de la manera antes expuesta.

Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos con carácter general por la Ley del impuesto, si bien con algunas particularidades. A saber:

El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nacerá en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Y ello con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. En todo caso, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.

El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.

– El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el plazo de cuatro años.

Consideramos de capital importancia hacer notar que el posible beneficio de este régimen en sede de quien decida acogerse al mismo, puede no serlo tanto para los destinatarios de las operaciones acogidas a aquel. Esto es, al cliente o clientes destinatarios de los bienes o servicios. Para estos, el nacimiento del derecho a la deducción en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se producirá en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes efectivamente satisfechos, o, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible.

Como ya sucediera en sede del sujeto pasivo, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.

Y en todo caso, advierte la Ley que reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja, por lo que un exceso de cargas formales para los clientes de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial, podría convertirlos en proveedores “poco competitivos”, habida cuenta de la presión fiscal indirecta a que se verán sometidos quienes decidan contratar con ellos.

Fiscal Septiembre 2013

Aspectos a considerar en el cierre fiscal del ejercicio

El cierre del ejercicio constituye un momento esencial en el año de los operadores económicos. El acercamiento del fin del ejercicio constituye el punto de partida para iniciar las operaciones tendentes a determinar la factura fiscal del mismo. Por ello, la toma en consideración de determinadas operaciones, junto con las modificaciones operadas en el ámbito tributario, conlleva que el cierre fiscal del ejercicio vaya más allá de la simple fijación de la cuota impositiva.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los ejercicios anteriores, 2010, 2011 y 2012 fundamentalmente, se han sucedido la aparición y entrada en vigor de una larga lista de nuevas normas con incidencia el ámbito tributario. Normas que, pese a la lejanía temporal de su aparición, continúan teniendo vigor a fecha de hoy, lo que habida cuenta de la profusión legal a que nos ha acostumbrado el legislador tributario no deja de sorprendernos. Pese a todo, y rompiendo una lanza en su favor, no podemos olvidar que el escenario económico en que se mueven los operadores económicos no sólo españoles, sino de nuestro más cercano entorno europeo, constituye un buen caldo de cultivo para que la proliferación de leyes y reglamentos y la modificación reiterada y continua de los mismos, bajo el criterio de la urgencia y la necesidad, acabe por ser habitual. Aunque no sea lo normal, ni mucho menos lo correcto.

En el momento en que se redactan estas líneas somos conscientes de que cuando lea este artículo estará más pendiente de la próxima liquidación trimestral que de planificar el cierre del presente ejercicio, todavía lejano. Quizá por ello resulte el momento propicio para, con la debida distancia temporal, y con la calma y el estudio que requiere, se empiecen ya a tomar decisiones para cerrar el ejercicio 2013.

Precisamente por ello, no nos limitaremos a realizar una enumeración esquemática de las medidas que han venido apareciendo a lo largo del presente año, sino que tomaremos en consideración también aquellas que, surgidas en años anteriores continúan teniendo plena vigencia. Y si se nos permite, son objeto de un especial análisis si se considera que son éstas precisamente las que, a raíz de las últimas modificaciones, extenderán su vigencia al cálculo de los futuros impuestos.

Los aspectos a que nos referiremos a lo largo del artículo, lejos de pretender abarcar todas las circunstancias a considerar para realizar el cierre fiscal del ejercicio económico de una entidad, se centran en algunas especialmente importantes; las que se mencionan poseen un carácter capital que merecen una especial atención a la hora de estudiar su incidencia sobre la determinación del impuesto a pagar. O bien han sido objeto de una modificación reciente, subsistiendo o coexistiendo regímenes distintos, aplicables en función del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma de creación.

II. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LOS TIPOS DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. EL TIPO DE GRAVAMEN GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Las continuas modificaciones que se operan en el ámbito tributario, con la existencia de tipos de gravamen reducidos en función de la entidad que vaya a liquidar el Impuesto, provocan en no pocas ocasiones que se olvide el tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 28 TRLIS establece que “El tipo general de gravamen para los sujetos pasivos de este impuesto será el 35 por ciento”. Esta afirmación se ve matizada por la Disposición Adicional 8.ª de la Ley, introducida por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre nuevos tipos de gravamen con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, a cuyo tenor “El tipo general de gravamen establecido en el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley será el 30 por ciento, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008”.

2. EL TIPO DE GRAVAMEN APLICABLE A LAS EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

Con carácter previo a identificar el tipo de gravamen por el que tributan en el Impuesto sobre Sociedades este tipo de entidades, consideramos necesario identificar los criterios que identifican a este tipo de empresas. Es el artículo 108 TRLIS el que, en la redacción dada por el apartado dos del artículo 1 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011 establece que los incentivos fiscales previstos para este tipo de entidades se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros. Debiendo elevarse al año si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior.

Por otro lado, la bondad de la calificación de la entidad como de reducida dimensión se extiende temporalmente en determinados supuestos. Así, los incentivos fiscales previstos para las entidades de reducida dimensión también serán de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad alcance la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, siempre que haya cumplido las condiciones para ser considerada como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.

Las entidades que reúnan las condiciones anteriormente expuestas tributarán con arreglo a la escala que a continuación se detalla:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 25%.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 30%.

3. EL TIPO DE GRAVAMEN APLICABLE A LAS “MICROEMPRESAS”

El artículo 8 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, dio nueva redacción, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, a la Disposición Adicional Duodécima del TRLIS, que regula el tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo.

A tenor de dicha disposición adicional, en 2013, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios en dichos período sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en el mismo sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la escala que a continuación detallamos:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20%.

Para el año 2013, ese tipo se aplicará sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25%.

La aplicación de la escala está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio del período impositivo, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.

Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período.

Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.

Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya constituido a partir de esa fecha.

Cuando la entidad sea de nueva creación, o bien la actividad se hubiera desarrollado durante un plazo inferior al año, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012 o 2013 y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad.

Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5% a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de demora.

4. EL TIPO DE GRAVAMEN APLICABLE A LAS ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN

El artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, introdujo con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, un nuevo tipo de gravamen para las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013.

Así, las entidades que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la escala que a continuación detallamos:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15%.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%.

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributará al tipo del 15 por ciento será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.

Prevé la Disposición Adicional que no se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50%.

Por último se limita el alcance de esta medida al establecerse que no tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un mercantil, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

III. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON LA LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN

El incentivo fiscal de la libertad de amortización incorporado en su momento por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010, ampliado posteriormente por el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, ampliando su aplicación a los períodos impositivos iniciados en 2010 y 2011, modificado por fin por el Real Decreto-Ley 13/2010, que estableció dicho beneficio fiscal sin condicionarlo al mantenimiento de empleo, y ampliando su período de aplicación a los períodos impositivos iniciados en 2013, 2014 y 2015, quedó derogado por el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, para las inversiones realizadas a partir del 31 de marzo de 2012, con independencia del período en que se encuentre el sujeto pasivo.

IV. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON EL IMPORTE DEDUCIBLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN

Durante los años 2013 y 2014, a aquellas entidades que carezcan de la consideración de entidades de reducida dimensión, y por tanto de los beneficios fiscales reconocidos a estas últimas, se les limitan los gastos contables por amortización.

Sólo serán deducibles el 70% de los gastos por dicho concepto.

La medida se aplica igualmente a las entidades que habiendo superado el límite de la cifra de negocios de 10 millones de euros, continúen aplicando el régimen fiscal más beneficioso, por lo que se refiere al tipo de gravamen, en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad alcance la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, siempre que haya cumplido las condiciones para ser considerada como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.

La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible se aplicará fiscalmente de forma lineal durante un plazo de diez años a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015.

EN CONCLUSIÓN

Las principales modificaciones a tener en cuenta para el cierre fiscal comprenden, por una parte, medidas que han ido apareciendo a lo largo de este año y por otra, algunas surgidas en años anteriores y que continúan teniendo plena vigencia.

Las modificaciones resultan de la siguiente forma:

1. En los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades:

– General del Impuesto sobre Sociedades.

– Aplicable a las empresas de reducida dimensión.

– Aplicable a las “microempresas”.

– Aplicable a las entidades de nueva creación.

2. Modificaciones efectuadas en relación con la libertad de amortización.

3. Modificaciones efectuadas en relación con el importe deducible en concepto de amortización.

Fiscal Mayo 2013

Llegado el momento de enfrentarse a la liquidación del Impuesto sobre la Renta conviene tener presente las novedades que en sede de este impuesto han aparecido a lo largo del año pasado. Resulta cierto que la actual situación económica ha generado un notable incremento de la producción normativa que en poco ayuda a comprender un impuesto ya suficientemente complejo sin las constantes modificaciones a que se ve sometido.

I. UNA CAMPAÑA DE RENTA CON LA VISTA PUESTA EN EL AÑO SIGUIENTE

El ahora lejano 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros del entonces nuevo ejecutivo, adoptó una serie de medidas de carácter urgente en materia presupuestaria, tributaria y financiera con la deseada finalidad de incrementar la recaudación y de esta forma reducir el déficit público. Dichas medidas, recogidas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, fueron convalidadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en fecha 11 de enero de 2012. Ciertamente dicha norma no dejaba de ser un tanto peculiar, si se tiene en cuenta que el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, acordaba la disolución de ambas cámaras y la convocatoria de elecciones generales el 20 de noviembre de 2011. La consecuencia lógica de estas circunstancias fue que no fuera posible aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. De tal modo que, por expreso mandato constitucional, los presupuestos del ejercicio 2011 se vieron prorrogados de forma automática. A la luz de dichos hechos, el Real Decreto Ley 20/2011 vino a corregir la inmovilidad presupuestaria, llevando a cabo modificaciones de hondo calado en buena parte de figuras de nuestro sistema impositivo, habida cuenta que la situación económica y financiera aconsejaban no prorrogar algunas materias que podrían tener repercusiones en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria. A pesar de lo lejano que resulta en el tiempo, buena parte de las medidas que entonces se tomaron afectarán a la declaración de renta a presentar a fecha de hoy.

Ya en el ejercicio 2012 asistimos, no sin cierto estupor, a la aparición de un sinfín de reales decretos, leyes, órdenes, instrucciones, leyes que acogían lo dispuesto con carácter previo por reales decretos leyes, y cada una de ellas con nuevas medidas en el orden tributario. La desmesurada capacidad creativa de nuestro legislador hace que revisemos prácticamente a diario la planificación fiscal de nuestros impuestos, pero ello no debe ser óbice para que pongamos de manifiesto, una vez más, el despropósito que constituye para cualquier operador jurídico (y por lo que se refiere a la materia impositiva, todos lo somos) verse sometido a tamaña inseguridad en lo que se refiere a la correcta aplicación de la normativa tributaria en sede de, por lo que atañe a nuestro comentario, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No nos referiremos de nuevo a todas las novedades aparecidas a lo largo de los ejercicios pasados con incidencia en el Impuesto que nos disponemos a liquidar, y ello porque ya en números anteriores hemos tenido la oportunidad de desgranar su contenido, tratando de hacer inteligibles, en la medida de nuestras posibilidades, la tremenda complejidad de las mismas; y en todo caso, el momento para reordenar la dirección fiscal propia, conformándola a las normas vigentes, finalizó el pasado 31 de diciembre.

Pese a lo dicho, traeremos a colación alguna de las medidas contenidas en Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público; y en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De igual modo nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que ha modificado la Ley del IRPF.

Por último, consideramos necesario hacer una especial mención a las medidas que pueden tener incidencia en el cálculo del IRPF para el próximo ejercicio, por lo que haremos una exposición somera, aunque necesaria, respecto a las medidas recogidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, toda vez que esta norma actúa a modo de la denostada ley de acompañamiento a los presupuestos generales del estado; la cercanía entre su aprobación y la publicación de la Ley de Presupuestos para el 2013, permite vislumbrar la existencia de verdaderas medidas de carácter tributario en su contenido.

II. MODIFICACIONES A CONSIDERAR EN LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. MODIFICACIONES EN LA ESCALA DEL IMPUESTO

La primera de las medidas a que nos referiremos incide en la introducción de un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013. Dicho gravamen aplica tipos adicionales a los existentes que van desde el 0,75 aplicable al tramo inferior de la escala hasta el 7, que se aplicará a los contribuyentes cuya base liquidable supere los 300.000,20 euros (cuadro 1).

En lo referente a las rentas del ahorro, el incremento se opera llevando a cabo una subida sobre los tipos aplicables en un 2 y un 4 para los tipos existentes. Y al mismo tiempo, se regula un nuevo tipo para los contribuyentes cuya base liquidable del ahorro se sitúe por encima de los 24.000 euros (cuadro 2).

Cuadro 1

Base liquidable general – Hasta euros

Incremento en
cuota íntegra 
estatal – Euros

Resto base 
liquidable general – Hasta euros

Tipo
aplicable – 
Porcentaje

0

0

17.707,20

0,75

17.707,20

132,80

15.300,00

2

33.007,20

438,80

20.400,00

3

53.407,20

1.050,80

66.593,00

4

120.000,20

3.714,52

55.000,00

5

175.000,20

6.464,52

125.000,00

6

300.000,20

13.964,52

En adelante

7

Cuadro 2

Base liquidable del ahorro – Hasta euros

Incremento en 
cuota íntegra 
estatal – Euros

Resto base 
liquidable del 
ahorro – Hasta euros

Tipo 
aplicable – 
Porcentaje

0

0

6.000

2

6.000,00

120

18.000

4

24.000,00

840

En adelante

6

La modificación tuvo una inmediata consecuencia en los ingresos públicos, y es que el cálculo de las retenciones a practicar sobre los rendimientos del trabajo se vio igualmente incrementado a partir del mes de febrero de 2012.

2. DEDUCCIÓN POR RETENCIONES. MODIFICACIÓN AL ALZA DE LOS TIPOS

Tanto para el ejercicio 2012 como para el 2013 se establece un incremento en el tipo de retención aplicable a los rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales, premios, arrendamientos de bienes inmuebles y un largo etc., pasando del 19 al 21%.

Por otro lado, las retribuciones a los administradores y miembros de los consejos de administración de sociedades de capital ven incrementado el tipo de retención aplicable a los rendimientos que obtengan de aquellas por tal concepto, pasando del 35 al 42%.

Por último, desde el 1 de septiembre de 2012 se incrementó del 15 al 19% el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos de actividades profesionales y los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias y coloquios. Conviene tener en cuenta sin embargo que, con carácter transitorio, el porcentaje de retención sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen desde el desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 será del 21%. Por ende, se ve igualmente incrementado del 7 al 9% el tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales que inicien su actividad.

3. REDUCCIÓN DE DETERMINADOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Continua vigente el límite de 300.000 euros en la cuantía del rendimiento íntegro sobre la cual se calculará la reducción del 40%, por periodo de generación de determinados rendimientos íntegros del trabajo, superior a dos años u obtención de estos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedando excluidos de dicho límite los rendimientos íntegros previstos en el artículo 17.2 a) LIRPF (prestaciones de la Seguridad Social, mutualidades, planes de pensiones y determinados contratos de seguros).

4. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA

a) Inversión en vivienda habitual. Durante el 2012 la base de esta deducción está constituida por las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual con un máximo de 9.040 euros. A partir del 1 de enero de 2013, esta deducción continuará siendo aplicable para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012, pero desaparece para las nuevas adquisiciones de vivienda habitual.

b) Compensación fiscal por adquisición de vivienda habitual con anterioridad al 31 de diciembre de 2006. Con fecha de efectos de 15 de julio de 2012, desaparece la compensación prevista para aquellos contribuyentes que hubieren adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2006.

c) Alquiler de vivienda habitual. Podrá aplicarse esta deducción por parte de los contribuyentes cuya vivienda habitual sea arrendada y su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros. La base máxima de la deducción se establece en 9.040 euros, para bases imponibles iguales o inferiores a 17.707,20 euros anuales; cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales, la base de la deducción será el resultado de efectuar la siguiente operación: 9.040- 1,4125 x (BI- 17.707,20), por lo que la base de la deducción decrece linealmente hasta quedar a cero a partir de 24.107,20 euros.

d) Reducción por arrendamiento de vivienda. En los supuestos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, la reducción del rendimiento neto se establece en un 60%. En el caso de que proceda la reducción del 100% de dicho rendimiento neto, la edad del arrendatario debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. De igual modo, se establece un régimen transitorio que mantiene la reducción del 100% hasta los 35 años de edad del arrendatario, siempre que el contrato de arrendamiento se hubiera celebrado con anterioridad a 1 de enero de 2011.

e) Cantidades depositadas en cuentas vivienda. Aquellos contribuyentes que hayan depositado cantidades en cuentas vivienda en años anteriores y no hayan adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 y no tengan intención de hacerlo en el plazo de cuatro años desde la apertura de aquella, podrán devolver la deducción por adquisición de vivienda habitual practicada en los ejercicios anteriores, sin pagar intereses de demora.

5. EXENCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O CESE DEL TRABAJADOR

Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012, la disposición final undécima de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó la letra e) del artículo 7 de exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador y añadió una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la Ley del IRPF (indemnizaciones por despido exentas). Con ello, nos encontramos con que se derogó del artículo 7.e) de la Ley del IRPF, el párrafo segundo sobre la exención de la indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación. Con ello, para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca acto de conciliación o resolución judicial.

No obstante, se mantiene la exención para la anterior situación si los despidos se produjeron desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, esto es, para los despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 hasta el 7 de julio de 2012.

6. DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA EN LA VIVIENDA

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2011, hasta el 31 de diciembre de 2012, por las obras realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de su propiedad o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del contribuyente. Quedan excluidas de esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

La base máxima anual de esta deducción será de:

– Cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales: 6.750 euros anuales.

– Cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 euros anuales: 6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.

Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 euros por vivienda. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.

Esta deducción desapareció el 31 de diciembre de 2012.

7. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Las circunstancias actuales de crisis económica llevaron a restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, como una forma de materializar el principio por el cual quienes más tienen deben contribuir en mayor medida a la salida de la crisis. Este impuesto, establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprimió el gravamen, norma que sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo. El Real Decreto Ley 13/2011 restableció el gravamen del impuesto, si bien modificando su contenido, de tal suerte que excluye de su exacción a los contribuyentes con un patrimonio medio. Así, se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008, quedando establecido en 300.000 y 700.000 euros, respectivamente, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, el restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012.

III. LAS MODIFICACIONES FISCALES PARA EL EJERCICIO 2013. NOTAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

Las medidas a que nos referiremos a continuación despliegan sus efectos a partir del 1 de enero de 2013. Resulta oportuno hacer una breve mención a las mismas toda vez que consideramos que una adecuada planificación fiscal requiere no sólo conocimiento, sino también tiempo necesario para implementarse.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, introdujo importantes novedades en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En primer lugar, como ya se ha apuntado, suprime a partir de 1 de enero de 2013 la deducción por inversión en vivienda habitual, si bien se establece un régimen transitorio por el que se podrá seguir practicando esta deducción en ejercicios futuros para todos aquellos contribuyentes que bien hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades para su construcción con anterioridad a 1 de enero de 2013, bien hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017, o bien hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad antes del 1 de enero de 2013 y siempre que estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

Por otro lado, a partir de 1 de enero de 2013 se elimina la exención de los premios de las loterías del Estado, ONCE, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, quedando sometidos a una retención e ingreso a cuenta del 20% de su importe, salvo que el mismo sea inferior a 2.500 euros. El devengo de esta exacción se producirá en el momento en que se abone o satisfaga el premio, practicándose retención o ingreso a cuenta que no tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar autoliquidación. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20%.

La Ley procede igualmente a modificar la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa, cuantificándose por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador. Y ello será así salvo para los supuestos en que el pagador viniera satisfaciendo estos rendimientos en relación con viviendas que no fueran de su propiedad con anterioridad a 4 de octubre de 2012, ya que en dicho supuesto podrá seguir valorando conforme a la regla de valoración existente anteriormente.

Por otro lado, el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha introducido distintas novedades en materia de impuesto sobre la renta que consideramos necesario citar. En primer lugar, se modifica la exención de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, suprimiéndose el límite cuantitativo de 15.500 euros. Con ello, desde el 1 de enero de 2013 estas prestaciones por desempleo quedan exentas de forma íntegra.

Se introduce además una nueva reducción del 20% del rendimiento neto de las actividades económicas que resultará de aplicación cuando concurran determinadas circunstancias; en concreto, los beneficiarios deben determinar el rendimiento por el método de estimación directa, las actividades económicas se deben iniciar a partir del 1 de enero de 2013, y no debe haberse ejercido ninguna otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de la nueva actividad. La reducción se aplicará en el primer período impositivo en el que el rendimiento sea positivo y en el siguiente.