Editorial Marzo 2014

La realidad económica refleja que, a pesar de los esfuerzos de estos años pasados para lograr la consolidación de las finanzas públicas, la consecución de este objetivo, aún hoy requiere de la adopción de medidas adicionales que, complementando a las ya incorporadas al ordenamiento, contribuyan a seguir avanzando.

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, de medidas en materia de fiscalidad medioambiental y por la que se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, constituyen los hitos principales, en materia tributaria, a lo largo del último período del año 2013, normas que verán trasladada su aplicación al ejercicio presente.

Apuntes sobre las novedades fiscales para el ejercicio 2014 es el título de nuestro artículo fiscal. Aquí se analizan las modificaciones efectuadas en las normas tributarias por la Ley 16/2013, de 29 de octubre y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. Normas que no dejan de ser una continuación de la política tributaria de los últimos años.

Con respecto a nuestro comentario en el ámbito social, se analiza la última reforma laboral de 2013, practicada por el Real Decreto-Ley 16/2013, que introduce novedades en materia de contratación estable y de empleabilidad. La norma promueve, entre otras, el trabajo a tiempo parcial, en especial el contrato de trabajo por tiempo indefinido de emprendedores.

Por lo que se refiere a la materia mercantil, en este número comentamos la futura modificación de la Ley de Sociedades de Capital. Esta ley tiene como objeto introducir modificaciones para mejorar el gobierno corporativo de las sociedades, en materia de junta general de accionistas, relativas a la administración de la sociedad y a la retribución de los consejeros.

Por último, en ámbito contable comentamos la Opinión del ICAC sobre la denegación por el registrador mercantil de inscripción de cuentas anuales con informe de auditoría con opinión denegada. A lo largo del artículo se detallan los antecedentes y la solución que ha dado el ICAC sobre el conflicto: presentación al Registro de cuentas anuales con “opinión denegada”.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.

Editorial Diciembre 2013

En una fase de ciclo económico como la actual, la restauración del crecimiento pasa, entre otras cosas, por reducir el índice de mortalidad empresarial, en particular de las pequeñas empresas. Para ello, todas las medidas orientadas a aliviar las tensiones de liquidez, mejorar el acceso al crédito de las empresas e impulsar la empleabilidad de colectivos de riesgo son bienvenidas.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, ha venido a introducir estímulos al emprendimiento en todas las áreas que a fecha de hoy se ven sometidas al devenir de la crisis: empleo, financiación, morosidad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, responsabilidad patrimonial del emprendedor, cargas administrativas a la hora de iniciar una actividad laboral y algunas otras.

Los aspectos a que nos referimos en el comentario fiscal están centrados en aquellas medidas fiscales introducidas por la Ley de apoyo a emprendedores que tienen una especial incidencia en la fiscalidad. La norma introduce modificaciones efectuadas en el ámbito tributario que transitan desde las operadas en el Impuesto sobre Sociedades (incentivos fiscales: por inversión de beneficios y a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica) a las introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (incentivos fiscales: a la inversión en empresas de nueva o reciente creación y a la inversión de beneficios) y la creación del régimen especial del “Criterio de Caja” en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por lo que respecta a la materia social, en este número orientamos cómo hacer un contrato de trabajo, ya que a la hora de iniciar una relación laboral es fundamental su correcta redacción. De este modo reduciremos las posibilidades de conflictos laborales, evitaremos sanciones administrativas y nos permitirá desarrollar una relación laboral con plenas garantías tanto para la empresa como para el trabajador. Todo ello fomentará el normal desarrollo de una sana prestación laboral.

En nuestro comentario del ámbito mercantil nos centramos en los efectos del nombramiento de un auditor de cuentas en el depósito registral de las cuentas anuales. A lo largo del comentario se resuelve la cuestión de si resulta exigible la presentación del informe de auditoría junto con las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil. La existencia de lagunas legales sobre este particular ha dado lugar a que los tribunales se hayan pronunciado sobre la cuestión.

Concluimos con un comentario en materia contable que versa sobre el concepto de grupo de sociedades a nivel contable. Comentamos la cuestión sobre la calificación como empresas del GRUPO DE SOCIEDADES, a efectos del art. 42 del Código de Comercio, de sociedades participadas por familiares próximos, incidiendo o no en la obligación de formular obligatoriamente cuentas anuales consolidadas.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.

Editorial Septiembre 2013

El cierre fiscal del ejercicio constituye un momento esencial en el año de los operadores económicos. El acercamiento del fin del ejercicio constituye el punto de partida para iniciar las operaciones tendentes a determinar la factura fiscal del mismo.

Por ello, la toma en consideración de determinadas operaciones, junto con las modificaciones operadas en el ámbito tributario, conlleva que el cierre fiscal del ejercicio vaya más allá de la simple fijación de la cuota impositiva.

A lo largo de los ejercicios anteriores (2010, 2011 y 2012 fundamentalmente) se han sucedido la aparición y entrada en vigor de una larga lista de nuevas normas con incidencia el ámbito tributario. Normas que, pese a la lejanía temporal de su aparición, continúan teniendo vigor a fecha de hoy, lo que habida cuenta de la profusión legal a que nos ha acostumbrado el legislador tributario no deja de sorprendernos. Pese a todo, y rompiendo una lanza en su favor, no podemos olvidar que el escenario económico en que se mueven los operadores económicos no sólo españoles, sino de nuestro más cercano entorno europeo, constituye un buen caldo de cultivo para que la proliferación de leyes y reglamentos y la modificación reiterada y continua de los mismos, bajo el criterio de la urgencia y la necesidad, acabe por ser habitual. Aunque no sea lo normal, ni mucho menos lo correcto.

Por tanto, los aspectos a que nos referiremos a lo largo de nuestro artículo fiscal, lejos de pretender abarcar todas las circunstancias a considerar para realizar el cierre fiscal del ejercicio económico de una entidad, se centran en algunas especialmente importantes; las que se mencionan poseen un carácter capital que merecen una especial atención a la hora de estudiar su incidencia sobre la determinación del impuesto a pagar. O bien, han sido objeto de una modificación reciente, subsistiendo o coexistiendo regímenes distintos, aplicables en función del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma de creación.

Con respecto a nuestro comentario en el ámbito social, somos conscientes de que la crisis económica en la que estamos inmersos, el incremento del gasto público y el descenso de los ingresos y las afiliaciones a la Seguridad Social, unido al incremento de la esperanza de vida, han llevado a que desde muchas instancias, tanto nacionales como internacionales, se cuestione el futuro del sistema público de pensiones y, concretamente, de la Pensión de Jubilación. En el artículo pretendemos abordar una visión general y no exhaustiva de la Pensión de Jubilación tras la “última” reforma legislativa llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo.

Por lo que se refiere a la materia mercantil, en este número comentamos los contratos de tracto sucesivo en el concurso de acreedores ya que, con relativa frecuencia, la declaración de concurso de un deudor comporta el sometimiento del acreedor a un procedimiento imperativo que aleja la posibilidad de ver satisfecho su derecho de crédito. Esta situación puede verse agravada cuando el contrato celebrado con el concursado es de tracto sucesivo, que se mantiene en el tiempo, toda vez que las normas previstas por la Ley Concursal pueden obligar, en interés del concurso, a mantener su vigencia.

Por último, en nuestro comentario contable, comentamos aspectos interesantes de las dos últimas Resoluciones que ha emitido el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) dedicadas al registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias una de ellas, y al registro y valoración, la otra. Las destacamos porque constituyen el esperado desarrollo reglamentario de las normas de registro y valoración de los criterios incluidos en el Código de Comercio y en el Plan General Contable sobre los citados tipos de activo. Ambas Resoluciones serán de aplicación, sin perjuicio de poder variar en el supuesto de que se incorporen a nuestro derecho interno nuevos pronunciamientos, a nivel internacional.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.

Editorial Mayo 2013

Como cada año, la llegada del mes de mayo anuncia el inicio del período para presentar la declaración de renta del ejercicio inmediatamente anterior. En este caso, el 2012.

Llegado el momento de enfrentarse a la liquidación del Impuesto sobre la Renta conviene tener presentes las novedades que han aparecido a lo largo del año pasado. Es cierto que la actual situación económica ha generado un notable incremento de la producción normativa que en poco ayuda a comprender un impuesto ya suficientemente complejo sin las constantes modificaciones a que se ve sometido.

En este número comentaremos alguna de las medidas contenidas en Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público; y en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De igual modo nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha modificado la Ley del IRPF.

Asimismo, consideramos inevitable hacer una especial mención a las medidas que pueden tener incidencia en el cálculo del IRPF para el próximo ejercicio, por lo que haremos una exposición somera, aunque necesaria, respecto a las medidas recogidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, toda vez que esta norma actúa a modo de la denostada ley de acompañamiento a los presupuestos generales del estado; la cercanía entre su aprobación y la publicación de la Ley de Presupuestos para el 2013, permite vislumbrar la existencia de verdaderas medidas de carácter tributario en su contenido.

En el ámbito laboral, analizaremos el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, norma en la que se regula un primer conjunto de medidas para la puesta en práctica de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Ésta fue elaborada tras un proceso en el que participaron los interlocutores sociales, cuyo objetivo es poner en marcha una serie de medidas para reducir el desempleo juvenil, ya sea a través de la contratación de jóvenes por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.

En nuestro apartado mercantil comentaremos la sorprendente capacidad de expansión que tiene el Derecho Tributario. La aparición de la Ley 7/2012 supuso el establecimiento de medidas destinadas a prevenir y luchar contra el fraude fiscal, medidas que en buena medida deberían quedar circunscritas al ámbito que le es propio. Sin embargo, las medidas establecidas en aquella han superado la barrera de lo tributario, alcanzando aspectos que cualquier ordenado empresario debe conocer, so pena de ver corregida su actuación con la imposición de una sanción (tributaria o no). Las modificaciones operadas en la Ley General Tributaria extienden su ámbito de aplicación a la planificación de operaciones de reestructuración.

Finalmente, en nuestro comentario contable analizaremos el nuevo Reglamento de Facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con el fin de adaptar la normativa española a la legislación comunitaria europea y solucionar las divergencias existentes entre los diferentes Estados Miembros en materia de facturación.

Esta nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica,cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.

Esperamos que los comentarios que le presentamos le resulten de utilidad y, como siempre, quedamos a su disposición invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta que se le plantee.

Editorial Marzo 2013

Iniciamos un nuevo año en el que se continúan aplicando medidas fiscales que requieren nuevos esfuerzos para los contribuyentes, si bien, a diferencia de años anteriores, las novedades aprobadas no generan una especial alarma, quizá porque los contribuyentes ya han agotado la capacidad de sorprenderse, fiscalmente hablando.

Por ello, en nuestro artículo dedicado al ámbito fiscal, se analizan las dos últimas normas aprobadas para conseguir el objetivo de reducción del déficit público: la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Estas normas constituyen la hoja de ruta fiscal para el ejercicio 2013.

Las medidas que se aprueban tienen un efecto inmediato en la recaudación, pero nos planteamos si todas ellas han sido tomadas a su debido tiempo y en su debida cuantía y nos preguntamos hasta cuándo habrá que mantenerlas.

En el comentario laboral nos referimos a las nuevas medidas de lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social, con las que se persigue: impulsar el afloramiento del empleo irregular; corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo; destapar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta de trabajadores en la Seguridad Social; y combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales. Para ello se han utilizado dos normas: la Ley 13/2012, de 28 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, y la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, de reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

Por lo que se refiere al ámbito mercantil, se comentan las cuestiones más novedosas en materia de sociedades de capital. La Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, continúa el camino iniciado por la Ley de Sociedades de Capital, actualizando y modernizando el régimen de las sociedades, en particular en lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías. Se incide en la utilización de las páginas web de las sociedades, así como en el uso de comunicaciones electrónicas entre el socio y la sociedad; todo ello dirigido a la progresiva implantación de una administración electrónica de las sociedades de capital. Alguna de las novedades apuntadas en este artículo verán refrendada su vigencia por el nuevo Código Mercantil.

Finalmente, en nuestro comentario contable, presentamos las novedades en torno a la actualización de balances, su aplicación contable y repercusiones fiscales. Se establece la posibilidad para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades de acogerse a la actualización de balances regulada en la Ley, con el fin de corregir el efecto monetario de la inflación, satisfaciendo un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta de revalorización.

Si bien la aplicación voluntaria de esta actualización de balances permite el reconocimiento de valores contables más cercanos a los de mercado, corrigiendo el efecto de la inflación, el coste fiscal actual del gravamen único, junto con el ahorro fiscal futuro de las amortizaciones y unos coeficientes mucho más conservadores que en actualizaciones pasadas, hacen su aplicación algo menos interesante que en las dos anteriores actualizaciones aprobadas por el legislador en los años 1983 y 1996.

Esperamos que los comentarios que le presentamos le resulten de utilidad y, como siempre, quedamos a su disposición invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta que se le plantee.

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Editorial Diciembre 2012

Cuando llegamos a final de año es conveniente hacer un repaso de lo que nos ha deparado el ejercicio a punto de concluir, para ir preparándonos de cara al nuevo año que vamos a iniciar. En esta ocasión, es más necesario que nunca realizar un análisis de lo acontecido –en lo relativo al ámbito económico y empresarial– teniendo en cuenta que han sido abundantes las novedades legislativas.

Un año más, nos encontramos al final del ejercicio sabiendo de antemano que del resultado de nuestras cuentas a fecha de 31 de diciembre surgirá la cuota tributaria a ingresar en las arcas públicas. Todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a nuestra capacidad económica, pero tenemos la posibilidad de utilizar los medios legales existentes en cada momento para reducir, dentro del ámbito permitido por la ley, la factura fiscal. El empleo de los beneficios fiscales requiere un profundo conocimiento del ámbito tributario, y poco nos ayuda la constante aparición de normas que a menudo desdicen a sus inmediatas antecesoras. En nuestro comentario fiscal exponemos las novedades más importantes aparecidas en el último tramo del presente año.

De igual forma, ante la actual situación de crisis existente, se han aprobado una serie de normas de gran transcendencia en el ámbito laboral. En lo que se refiere a incentivos a la contratación, la disposición transitoria sexta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, “abolió” el derecho a aplicar bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque el apartado segundo de esta misma disposición establecía una amplia relación de excepciones. Además, quedaban sin suprimir las reducciones en las cotizaciones, que continúan siendo aplicables. La nueva regulación afecta a las cuotas correspondientes a las cotizaciones a partir del mes de septiembre, por lo que hemos creído conveniente confeccionar un cuadro actualizado de las bonificaciones que continúan siendo aplicables después de este importante cambio normativo.

En el apartado mercantil se comenta la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establece por vez primera una regulación a nivel estatal de la mediación, aplicable por tanto en todo el territorio del Estado. Ante la creciente aparición de controversias entre empresas, resulta conveniente para las partes en conflicto evitar la judicialización de asuntos para mantener las relaciones jurídicas y económicas existentes y conseguir llegar a acuerdos dirigidos por un tercero ajeno a las partes. La Ley de mediación viene así a cubrir un vacío existente en nuestro ordenamiento, especialmente en el ámbito mercantil.

Por otra parte, dada la restricción del crédito actual por parte de las entidades financieras, y ante la creciente necesidad de tesorería por parte de las empresas para poder hacer frente a sus deudas, son muchas las compañías que están optando por posibilitar que sus accionistas sean retribuidos mediante la entrega de nuevas acciones en lugar de la retribución en metálico. Por ello, en nuestra sección dedicada al ámbito contable comentamos esta política de retribución de dividendos (en acciones o efectivo), utilizada cada día por un mayor número de empresas, y desarrollamos el tratamiento contable de las tres alternativas que se le presentan al accionista, pues cada una de ellas tiene un impacto distinto en la cuenta de resultados y patrimonio neto.

Como siempre, nuestro propósito es que estos comentarios le sean de utilidad y, una vez más, le invitamos a acudir a nuestro despacho para consultarnos cualquier duda o cuestión que precise. Asimismo, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestros más sinceros deseos para el año que estamos a punto de estrenar.

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Editorial septiembre 2012

El cierre fiscal del ejercicio constituye uno de los momentos clave en la vida de las empresas. La finalización del ejercicio es, con carácter general y a excepción de aquellos que fijan su cierre por ejercicio partido, el punto de partida para determinar la cuota del Impuesto que en los siguientes meses debería satisfacer a la Hacienda Pública. El ejercicio que concluirá el próximo 31 de diciembre ha estado marcado en el ámbito tributario por la grave situación de crisis económica y financiera en que nuestro país está inmerso. Nunca es sencillo abordar el cierre fiscal de un ejercicio, pero a la luz de las circunstancias presentes y de las novedades normativas que han ido apareciendo a lo largo del año, bien podemos augurar un final de ejercicio fiscal sometido a continuas modificaciones y revisiones. La toma de decisiones para optimizar el resultado fiscal requiere un análisis sosegado de las novedades tributarias aparecidas a lo largo del año, con el añadido de que las decisiones que se tomen en este sentido podrín afectar también a la cuota tributaria de ejercicios futuros, salvo que el legislador cambie de parecer antes de fin de año, algo a lo que ya estamos acostumbrados.

A lo largo del presente año y hasta la fecha de cierre de esta revista, se han dictado por vía urgente hasta una veintena de normas la última de las cuales ha sido el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por lo que el cierre del ejercicio requerirá un plus de atención para comprobar el cumplimiento de las medidas incorporadas. Sobre todo ello trata nuestro comentario fiscal, donde abordamos aquellas consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el resultado final.

Con respecto a nuestro comentario en el ámbito social, presentamos una reseña sobre la Ley de la Reforma Laboral, que consolida las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 3/2012 pero con algunos cambios y matizaciones relevantes; así como las medidas en materia de Seguridad Social y empleo que, a su vez, contiene el ya mencionado Real Decreto-Ley 20/2012. Asimismo, aunque pendiente de aprobación, el borrador del Reglamento de los despidos colectivos recoge una serie de cambios en el procedimiento a seguir para la tramitación de este tipo de despidos, que merecen ser comentados.

Por lo que se refiere a la materia mercantil, en este número se estudia el pagaré y la responsabilidad del pago a título personal. Es importante resaltar que en el momento de firmar la promesa de pago que constituye el pagaré, es requisito obligado la expresión de la representación con la que se actúa; Este es un principio impuesto en aras de la transparencia de las relaciones cambiarias y de la seguridad del tráfico jurídico, especialmente el cambiario. La mención de la representación en el título valor, de cara a su conocimiento por quienes vayan pasando a formar parte del círculo de partícipes en la relación jurídica que genera el documento, permitirá excluir la responsabilidad personal y directa del librador del mismo.

Por último, en nuestro comentario contable, realizamos un repaso de aquellos aspectos que deben tenerse en consideración durante el ejercicio 2012, ya que a lo largo de este año se han producido determinadas modificaciones legislativas que tienen repercusión en el ámbito de la contabilidad o de las cuentas anuales. Entre las novedades más importantes cabe destacar la supresión de la legitimación notarial de firmas en el depósito de las cuentas anuales, así como la modificación de la deducibilidad de los gastos financieros realizada por el Real Decreto-Ley 12/2012. Además, finalizamos el comentario haciendo mención a la reciente consulta resuelta por el ICAC, relativa al tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de créditos, fórmula que viene siendo utilizada por muchas empresas en estos momentos de crisis y falta de liquidez.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.

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Editorial Mayo 2012

IComo cada año, la llegada del mes de mayo anuncia el inicio del período para presentar la declaración de renta del ejercicio inmediatamente anterior. En el caso que nos ocupa, el 2011. Es evidente que las medidas adoptadas a lo largo del pasado año y la planificación que debe haberse hecho para optimizar la “factura” fiscal en nuestro ámbito personal ya no son susceptibles de cambio. No obstante, es conveniente estar atentos y repasar aquellos acontecimientos con incidencia fiscal que deben incorporarse a la declaración del Impuesto, por ello nuestro comentario fiscal está dedicado precisamente a repasar cada uno de los puntos necesarios para la declaración del IRPF de este año. Ciertamente, las medidas a que nos referimos tienen un origen un tanto lejano (en la LPGE para el 2011), no obstante, otras normas han ido apareciendo en escena hasta completar el escenario fiscal a fecha 31 de diciembre de 2011, con el que tendremos que liquidar el Impuesto. Las medidas que exponemos son fruto de la situación económica en que nos encontramos inmersos y que llevó al anterior ejecutivo a adoptarlas para reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, intensificar las previsiones de apoyo a quienes se encuentran en situaciones más difíciles como consecuencia de la crisis, y dar impulso a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y, por ende, de generación de empleo.

En el ámbito social presentamos un comentario sobre la nueva reforma laboral, más elaborado que el avance que realizamos en nuestro número anterior. Una vez publicado –y convalidado por el Congreso de los Diputados– el texto íntegro del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, exponemos de forma detallada y sistemática los aspectos esenciales de esta importante norma que establece un nuevo marco en la regulación de las relaciones laborales que hasta ahora conocíamos en nuestro país. Largamente esperada, con impaciencia por unos y preocupación por otros, esta nueva reforma regula una importante serie de medidas que transforman el Derecho del Trabajo de forma trascendente, introduciendo importantes instrumentos para su flexibilización y acercándose así a la legislación del entorno europeo.

En nuestro apartado mercantil, comentamos el derecho de información de los socios y la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad. De conformidad con lo previsto por la Ley de Sociedades de Capital, a los socios les asiste el derecho de obtener información o aclaraciones, respecto a los puntos indicados en el Orden del Día de la Junta General, pudiendo obtener los datos requeridos en los plazos y forma indicados por la mencionada ley. A pesar de la aparente claridad del articulado de la norma, los Tribunales de Justicia no dejan de pronunciarse sobre el alcance de este derecho, por tal motivo, consideramos conveniente realizar un repaso a lo previsto en la normativa societaria.

El Impuesto sobre Sociedades es el impuesto que grava periódicamente los rendimientos empresariales. Así, el momento del devengo de dicho impuesto se produce el último día del período impositivo que, si coincide con el año natural, será el 31 de diciembre. A su vez, los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración-liquidación dentro de los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización del período impositivo, debiendo ingresar la cuota resultante. Por ello, en nuestro comentario contable, abordamos las principales consideraciones a tener en cuenta en el asiento a realizar por la previsión del Impuesto sobre Sociedades que las empresas tienen que registrar al cierre del ejercicio, con independencia de que la liquidación del impuesto se presente 6 meses más tarde.
Esperamos que los comentarios que le presentamos le resulten de utilidad y, como siempre, quedamos a su disposición invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que le sea necesario.

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Editorial Marzo 2012

Iniciamos el año con una serie de medidas económicas que, en palabras de la vicepresidenta del recién estrenado Gobierno, sólo es «el inicio del inicio». Ante la ausencia de una nueva Ley de Presupuestos para el año 2012, el pasado 30 de diciembre el Consejo de Ministros del nuevo ejecutivo adoptó una serie de medidas de carácter urgente en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que vieron la luz en el Real Decreto-Ley 20/2011. Como se indica en el preámbulo de la propia norma «la pura y simple prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ocasionaría ciertas disfunciones que es preciso corregir», en particular, porque la situación económica y financiera aconsejan no prorrogar algunas materias que podrían tener repercusiones en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria, con las consecuencia que ello podría tener en los compromisos asumidos por España ante la UE en la reducción del déficit público. Fruto de dicho escenario económico son las medidas que recoge el Real Decreto-Ley 20/2011, estructuradas, además, según el habitual esquema de las leyes presupuestarias. Por lo que bien podríamos hablar en este caso de una ley de presupuestos, sin presupuestos.

Por ello, en nuestro artículo dedicado al ámbito fiscal, hemos considerado oportuno repasar las novedades que para este ejercicio nos depara el citado Real Decreto-Ley 20/2011, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas no dejan de ser, en determinados supuestos, contradictorias, deducciones de ida y vuelta, mantenimiento de determinados beneficios fiscales y prórroga o desaparición súbita de otros.

En nuestro comentario laboral tratamos un tema que ha suscitado bastante polémica desde su reciente aparición. Nos referimos a la obligatoriedad o no de cotizar por los becarios universitarios que realizan prácticas vinculadas a sus estudios. Con una diferencia temporal de casi tan sólo un mes, fueron dictados dos Reales Decretos que, por su contradicción, ha generado el desconcierto ya no sólo entre ese colectivo, sino entre los asesores, empresas y universidades, que han asistido asombrados a una serie de cambios de criterio realmente sorprendentes.

Por lo que se refiere al ámbito mercantil, comentamos algunas cuestiones referentes a la validez de las Cuentas Anuales, ya que en ciertas ocasiones el depósito de las mismas va acompañado de una nota de defectos emitida por el Registrador Mercantil, que califica como contraria a ley la actuación de la sociedad para la aprobación de aquéllas. La regulación operada sobre las Cuentas Anuales por parte del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de Capital tiene una finalidad claramente garantista. Las discrepancias que sobre la interpretación de estas normas surgen entre los registradores y las sociedades que acuden a depositar sus cuentas son frecuentemente solventadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Finalmente, en nuestro comentario contable, presentamos un análisis sobre los arrendamientos operativos y financieros, como consecuencia del estudio que ha realizado el ICAC acerca de la contabilización de un contrato de arrendamiento operativo con un período de carencia. Para ello, y en aras de una mejor comprensión, dividimos el estudio en tres partes bien definidas: por un lado, llevamos a cabo el estudio de la Norma de Valoración nº 8 del PGC, relativa a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar; por otro, explicamos el tratamiento contable que el ICAC ha dado a los arrendamientos operativos con carencia, y por último, apuntamos las modificaciones introducidas por el RDL 20/2011, en relación a los arrendamientos.

Esperamos que los comentarios que le presentamos le resulten de utilidad y, como siempre, quedamos a su disposición invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta que se le plantee.

Coincidiendo con el cierre de la edición de esta revista se ha publicado el REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (BOE del 11), con entrada en vigor el 12 de febrero de 2012. Dada la importancia de esta reforma, consideramos oportuno presentar un avance urgente de sus aspectos más novedosos. Por ello, en las páginas reservadas al resumen de la normativa, encontrará un esquema con LAS 10 CLAVES DE LA REFORMA LABORAL 2012, aplazando para nuestra próxima revista un comentario más detallado.

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Editorial Diciembre 2011

Cuando llegamos a final de año es conveniente realizar un repaso de lo que nos ha deparado el ejercicio a punto de concluir, para ir preparándonos de cara al nuevo año que vamos a iniciar. En esta ocasión, es más necesario que nunca realizar un análisis de lo acontecido –en lo relativo al ámbito económico y empresarial– ya que recientemente han sido abundantes las novedades legislativas aprobadas en el transcurso del verano, hasta próximas modificaciones y a la espera del nuevo Gobierno que resulte de las próximas elecciones, pendientes en el momento del cierre de esta revista.

La actual situación económica ha ocasionado la aprobación de numerosas normas en materia fiscal –dictadas con carácter urgente– tendentes a reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, intensificar las previsiones de apoyo a quienes se encuentran en situaciones más difíciles y dar impulso a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y, por tanto, de generación de empleo. Por ello, en nuestro comentario de ámbito tributario, repasamos las medidas fiscales adoptadas en la recta final de este año 2011, en el marco de las actuaciones de rescate adoptadas por la Unión Europea y dirigidas a los Estados con mayores dificultades en el mercado de deuda pública.

También en el aspecto social se han aprobado una serie de normas de gran trascendencia para paliar el principal problema que afecta a nuestro sistema de Seguridad Social en el momento actual, que es garantizar los derechos de protección social mediante su adecuada sostenibilidad financiera. Para hacer frente a esta situación la Ley 27/2011, de 1 de agosto –conocida como la Ley de Reforma de las Pensiones– recoge los compromisos alcanzados por los interlocutores sociales y el Gobierno en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, con mayor incidencia en lo referente a la jubilación, por ello en la sección laboral dedicamos nuestro comentario a esta reforma que será de aplicación en enero de 2013.

En el apartado mercantil tratamos las novedades que ha supuesto la reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, un año después de su entrada en vigor. Esta reforma tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades –insistentemente reclamadas por los operadores jurídicos– así como la supresión de ciertas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.

Ante la situación actual, en la que un gran número de empresas tienen importantes problemas de financiación, resulta habitual la entrega de activos no monetarios para cancelar deuda, o el intercambio de los mismos, suponiendo una alternativa para reducir el endeudamiento. Por ello, en nuestra sección dedicada al ámbito contable, presentamos un análisis de los distintos tipos de permutas existentes, la problemática para clasificarlas, así como su correcto tratamiento contable.

Como siempre, nuestro propósito es que estos comentarios le sean de utilidad y, una vez más, le invitamos a consultarnos cualquier duda o cuestión que precise, acudiendo a nuestro despacho donde le atenderemos muy gustosamente. Asimismo, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestros más sinceros deseos de prosperidad para el año que estamos a punto de estrenar.