sector legal 4.0

El sector legal se abre camino hacia el 4.0

El futuro es hoy, vivimos la era 4.0. Ya existen tecnologías que permitirán en poco tiempo ahorrar costes y plazos. Todo gracias al conocido big data y la inteligencia artificial.

En pocos años será posible agilizar procesos, y de forma más barata en todo el campo legislativo. Todo está basado en interconectar procesos de producción combinando todos los avances de la cuarta revolución industrial. Algunos de ellos son la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el big data.

Queda mucho para que oigamos hablar de los bufetes 4.0, pero por el momento ya son muchos los que intentan coquetear con estos avances, y se intenta buscar la manera de aplicarlos en el sector legal.

Sobre todo, se están buscando soluciones a la tediosa tarea documental que hay en los despachos de abogados. Así por ejemplo surge una herramienta como DigaLaw, que se trata de un sistema de reconocimiento de voz inteligente, que permite la transcripción literal de textos con una precisión de entre el 98-99%. Por otro lado, encontramos los gestores de documentos automatizados, que facilitan la tarea del letrado, y permiten ahorrar mucho tiempo de la gestión documental, para así poder dedicarse a tareas de mayor relevancia.

Un hándicap que encontramos es la barrera lingüística que encuentran los despachos de abogados en España. Y es que existe mucha tecnología en cuanto a inteligencia artificial se refiere, sin embargo, no existe adaptación para su uso en lengua española, y esto hace que los despachos de abogacía españoles no puedan estar ya beneficiándose de todas las ventajas que aporta la industria 4.0 y que podrían estar aplicándose en los procesos legales.

Expertos estiman que se podrá ahorrar entre un 50 y 70% del esfuerzo en revisión de contratos, por ejemplo, reduciendo también los riesgos y los plazos.

Otra herramienta destacable es la conocida como Data Forecast. Ésta mediante big data permite predecir en torno a un 90% el riesgo sancionador en materia de protección de datos. Para ello utiliza la información publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj).

Sin duda la tecnología llegó para quedarse. Y en cuanto al sector legal no iba a ser menos.

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El turismo, a debate: ¿es necesaria una reforma de la ley?

En los últimos días, el turismo ha concentrado el foco de los principales medios de comunicación de nuestro país, y no solo por encontrarnos en pleno periodo vacacional o por las espectaculares cifras del sector, que año tras año registra nuevos récords.

En este caso, lo que ha llamado la atención de la opinión pública son diferentes acontecimientos que atañen al turismo, industria que representa más del 10% del PIB español: hablamos de los actos vandálicos que se han producido en Barcelona en las últimas semanas y que han tenido como objetivo el turismo que visita la ciudad condal, o de la reciente controversia que ha generado  la decisión del Gobierno de Baleares de limitar las plazas turísticas dentro de las islas.

La Ley de Turismo del Gobierno Balear

El pasado martes el Gobierno de las Islas Baleares aprobó una ley que limita a 623.624 las plazas turísticas, con lo que, actualmente, aún quedarían en torno a 52.000 plazas libres a disposición de las empresas turísticas, equivaliendo cada una de ellas  a un inquilino; el problema podría darse en el futuro con una hipotética ocupación total de plazas que impidiera el registro de otras nuevas sin que anteriores causen baja.

Como era lógico, la reacción de la Federación Hotelera de Menorca no se ha hecho esperar, entidad que si bien comparte con el Ejecutivo Balear la necesidad de establecer un techo de plazas, no no comulga con otra de sus pretensiones: recortar en 120.000 plazas el actual límite fijado, y esgrime que gran número de la demanda hotelera sería absorbida por alojamientos residenciales ilegales.

Otro de los colectivos que ha mostrado de manera activa su disconformidad con la nueva ley, antes y después de su aprobación, es la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (APTUR), pues en su opinión se ha elaborado “a medida de las grandes cadenas hoteleras” y serán ellos quienes más sufran las consecuencias al haberse prohibido alquiler de pisos y apartamentos a turistas si no se cuenta con la obligatoria licencia de la Consejería de Turismo, ente que desde el martes no otorga nuevos permisos, y se plantean emprender acciones legales para que el conflicto se resuelva en los tribunales.