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Así será la protección de nuestros datos a partir de 2018

Formularios de contacto, papeles con nuestros datos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas con teleoperadores…¿qué cantidad de información acerca de nosotros se traslada al limbo o escapa a nuestro control cada vez que permitimos a un tercero acceder a ella? Parece que este hecho cada vez nos preocupa más, y la propia UE se ha puesto manos a la obra con el objetivo de controlar, en cierta medida, el ingente tráfico de datos personales que almacenan y utilizan organizaciones y empresas.

A partir de 2018 tendremos derecho a recibir los datos que nos atañan y que hayamos facilitado a cualquier responsable de datos, y que estos sean transferidos sin rémora alguna a quien nosotros decidamos en el plazo máximo de un meses, o de tres si se trata de algún caso que represente una excepción por su complejidad. Estos datos no se limitarán a aquella información que hayamos entregado de manera activa, sino también a toda aquella que se derive de nuestra actividad. Así lo ha determinado el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), un organismo consultivo que aglutina, entre otras instituciones, a las autoridades de Protección de Datos de todos los estados miembros de la Unión Europea.

Con esta medida se pretende el libre flujo de datos dentro de la UE, favoreciéndose con ello la competencia entre empresas y, finalmente, el servicio que se le ofrece al usuario.

Lo que se plantea ahora es poder intercambiar todos esos datos de manera segura; en este sentido, será el encargado de transmitir la información quien se responsabilice ante pérdidas o violaciones de la información; del otro lado, se recomienda que el responsable que reciba esos datos aconseje al usuario acerca de cómo salvaguardar esa información más allá de sus competencias profesionales. Los responsables del tratamiento de estos datos deberán de trabajar a contrarreloj para estar preparados a nivel técnico a la hora de ejecutar solicitudes de portabilidad de datos de acuerdo a la nueva normativa que entrará en vigor en 2018.

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Los franceses reconocen el “Derecho a la desconexión”

 

Con la puesta en marcha del nuevo año, los franceses reconocen desde este primero de enero el derecho a estar desconectados del trabajo una vez finalice la jornada de trabajo, medida cuyos principios, si bien ya tenían respaldo legal, invita a empleados y empleadores a buscar soluciones negociadas al problema que surge cuando la jornada laboral se prolonga más allá de lo estipulado en el contrato.

En concreto, más de la tercera parte de los trabajadores galos utiliza alguna herramienta de trabajo una vez  finalizada su jornada, lo que ha desembocado en que más del 10% sufra agotamiento laboral.

La noticia ocurrida en el país vecino nos hace reflexionar acerca de la idoneidad de adoptarla en España.

En nuestro país, como en Francia, no existe obligación ni de alargar la jornada una vez pase el tiempo estipulado de duración de esta, ni de, por ejemplo, atender a un correo electrónico que aluda a tareas relacionadas con el trabajo. En realidad, la medida aparece como necesidad de subrayar la existencia de estos derechos, pues en en la práctica no se respetan.

La tecnología, un arma de doble filo

Si bien es cierto que los nuevos software informáticos nos facilitan en gran medida las tareas laborales y la manera de comunicarnos en el trabajo, también lo es que abren la puerta a la posibilidad de seguir trabajando desde casa, pues en muchos empleos las tareas que se pueden desempeñar en una oficina y en el hogar son las mismas debido a que todos disponemos de un ordenador personal o de un teléfono móvil. Esta tendencia a la permanente conexión con el trabajo repercute negativamente en la salud del trabajador, pues genera en él una situación de estrés difícilmente sostenible.

En la práctica, si bien el trabajador no tiene obligación de realizar ninguna tarea relacionada con el trabajo fuera de su jornadas, como ya hemos indicado, los casos en que se genera un conflicto por esta práctica entre empresario y trabajador, suelen denunciarse por parte de este último una vez terminada la relación laboral, pues si bien el derecho le asiste y no puede ser objeto de ningún perjuicio por ello, la relación laboral puede deteriorarse en términos “subjetivos” si se niega a atender a una llamada o a contestar a un mail fuera de su horario de trabajo.