Hemeroteca Diciembre 2013

1

oct.

EL SENADO CREARÁ UNA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS EN ESPAÑA

La Mesa del Senado va a estudiar la creación de una subcomisión de trabajo que estudie la racionalización de los horarios en España, una propuesta que llega tras el informe que acaba de lanzar un grupo similar del Congreso que propone, entre otras cosas, adoptar el horario británico.

Fue CiU la que planteó en junio ante la Mesa una propuesta para estudiar este asunto, pero no obtuvo respuesta. Su portavoz, Josep Lluís Cleries, ha reclamado en la Junta de Portavoces una respuesta y los grupos han decidido crear un grupo de trabajo. La intención de CiU no es tanto estudiar el adelanto de la hora como la racionalización de los horarios.

El paso del Senado llega tras conocerse el informe de la subcomisión creada en el Congreso sobre los horarios, una de cuyas conclusiones es que convendría hacer un estudio socioeconómico sobre las ventajas de adoptar la hora de Portugal o el Reino Unido, recuperando la antigua vinculación al huso horario de Greenwich.

“Se trata de una tarea compleja, puesto que implica una transformación de nuestros usos y costumbres diarios, pero es innegable que los resultados nos harían converger con Europa en muchos aspectos en los que hoy estamos sumamente alejados, y muy particularmente en productividad, en competitividad, en conciliación y corresponsabilidad”, reza el texto.

Jornadas continuas de trabajo

Pero además, el informe de los diputados apuesta por las jornadas continuas de trabajo, con una breve pausa para comer, así como que los niños vayan antes al colegio para favorecer la vida personal y laboral, entre otras muchas recomendaciones sobre los horarios del ocio y de los comercios, de la televisión.

Además, el trabajo del Congreso destaca la necesidad de que el Ejecutivo elabore una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que profundice en todas estas temáticas y corrija aquellas disfunciones recogidas en el citado informe.

Se trata de un estudio en el que los grupos parlamentarios han trabajado durante cerca de nueve meses y para el que han contado con la aportación de unos 60 expertos.

Europa Press

30

sep.

EL GOBIERNO VUELVE APLAZAR UN AÑO LA MEJORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD EN LAS REFORMA DE ZAPATERO

El Gobierno ha decidido volver a aplazar por un año la mejora de las pensiones de viudedad que está prevista en la Ley 27/2011, la última reforma del sistema que se aprobó en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya implantación progresiva debía producirse en un plazo de ocho años a contar desde principios de 2012.

En una de las disposiciones adicionales del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, que ha entrado en el Congreso para su tramitación, se aplaza por un año la aplicación de un precepto de la Ley 27/2011, que también fue pospuesto en las cuentas del pasado año.

Dicho artículo mandaba al Gobierno para adoptar las medidas reglamentarias oportunas para elevar las pensiones de viudedad, aplicándoles de forma progresiva y homogénea a lo largo de ocho años un coeficiente del 60% en el caso de que el beneficiario tenga 65 años o más, no cobre otra pensión pública, no perciba ingresos por trabajar y no supere el límite de ingresos para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Del mismo modo, otra disposición de los PGE 2014 aplaza un año la entrada en vigor de otro precepto de la Ley General de la Seguridad Social que fue introducido a través de la Ley 27/2011 para ampliar la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a todos los regímenes de la Seguridad Social, para los trabajadores que causen alta a partir del 1 de enero de 2013. Así, durante todo el próximo año se aplicará el régimen jurídico existente a 31 de diciembre de 2012.

Europa Press

28

sep.

EL BOE PUBLICA LA LEY DE EMPRENDEDORES QUE LOS EXIME DE RESPONDER CON SU VIVIENDA POR LAS DEUDAS DE LA EMPRESA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley de Emprendedores, aprobada definitivamente el 19 de septiembre, que exime a éstos de responder con la vivienda habitual por las deudas contraídas por su actividad empresarial, siempre que el valor del inmueble no supere los 300.000 euros.

En su paso por el Congreso, la ley incorporó 30 nuevas enmiendas al texto inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros, contando con el voto favorable de PP, PNV y CiU, la abstención de UPyD y el voto en contra de PSOE, Izquierda Plural y ERC.

La Ley de Emprendedores incluye una ‘tarifa plana’ de 50 euros -en lugar de los, como mínimo, 250 euros- a todos los nuevos autónomos, con independencia de su edad, y no sólo a los menores de 30 años, como establecía la norma en un principio.

A partir de 2014, los emprendedores podrán hacer frente al IVA cuando cobre las facturas, en otro de los grandes cambios establecidos por la ley. Además, se elimina el tope de edad a la hora de acceder a la bonificación del 80% en la cuota de autónomos a la Seguridad Social durante los seis primeros meses, y del 50% durante el siguiente semestre.

Otras de las novedades es que se amplían las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o que se facilita que las empresas se beneficien de los incentivos fiscales por reinversión de beneficios.

El apartado de las ayudas fiscales también afecta positivamente a los inversores o ‘business angel’, que ven ampliada la base máxima de deducción en el IRPF de 20.000 euros a 50.000 euros con la finalidad de canalizar una mayor cantidad de recursos privados hacia las empresas de nueva o reciente creación.

Europa Press

28

sep.

EL GOBIERNO PRESENTA EL RECURSO CONTRA LA DECISIÓN DE BRUSELAS SOBRE LOS ‘TAX LEASE’

El Gobierno ha presentado un recurso de anulación en contra de la decisión del pasado mes de julio de la Comisión Europea acerca de la devolución por parte de los inversores de las bonificaciones fiscales al sector naval, conocidas como “tax lease”, durante el periodo 2007-2011.

El recurso de anulación ha sido presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea por no concurrir a juicio del Gobierno ninguno de los requisitos para que los “tax lease” puedan ser considerados ayudas de Estado, conforme al artículo 107 del Tratado de la Unión Europea.

El Gobierno considera que el mecanismo aplicado no es selectivo, sino abierto a todos los inversores, al tiempo que no se falsea ni se amenaza con falsear la competencia.

España alega en el recurso que se produce una violación de los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, por lo que, aunque los “tax lease” fuesen considerados ayudas, no procedería la devolución de las mismas.

El recurso de Exteriores se presenta apenas una semana después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas enviase a la Unión Europea un escrito en el que cifra en 126 millones de euros el importe máximo de la devolución de los ‘tax lease’ exigida por Bruselas.

A principios de septiembre, el Ejecutivo acordó de forma “consensuada” con las comunidades autónomas afectadas, las empresas y los sindicatos del sector naval la presentación de este recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea.

Europa Press

27

sep.

BRUSELAS PUBLICARÁ EN NOVIEMBRE SU EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y REFORMAS EN ESPAÑA

La Comisión Europea ha anunciado que publicará a mediados de noviembre su evaluación sobre los Presupuestos Generales del Estado de España para 2014 y las últimas reformas anunciadas por el Gobierno, como la de las pensiones, para verificar si se ajustan a las recomendaciones de la UE.

Desde este año, el Ejecutivo comunitario goza de nuevos poderes que le permiten pedir cambios en los presupuestos nacionales de los Estados miembros si considera que se desvían de los objetivos de déficit.

“La Comisión toma nota de los anuncios presupuestarios realizados por el Gobierno español”, ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor. “Esperamos recibir en breve todos los detalles del proyecto de presupuestos para 2014”, ha señalado.

“A mediados de noviembre haremos pública nuestra evaluación del proyecto de presupuestos y de las otras medidas fiscales y estructurales adoptadas para cumplir las recomendaciones dirigidas a España hace unos meses”, ha indicado el portavoz.

“Nuestra evaluación tendrá en cuenta nuestras previsiones económicas de otoño, que se publicarán el 5 de noviembre”,ha señalado O’Connor.

Europa Press

26

sep.

REINO UNIDO RECURRE ANTE LA JUSTICIA EUROPEA EL TOPE A LOS BONUS DE LOS BANQUEROS

Reino Unido ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la normativa comunitaria que impondrá a partir de 2014 un tope a los bonus de los directivos bancarios. Londres ha alegado que las nuevas reglas vulneran el Tratado y no contribuirán a la estabilidad financiera.

De acuerdo con estas reglas, los bonus de los banqueros no podrán superar la cuantía de la remuneración fija. Sólo si los accionistas del banco lo autorizan, los bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos a corto plazo, que según Bruselas están en el origen de la crisis financiera.

“Regular las remuneraciones de esta forma va más allá de lo que permite el Tratado de la UE”, ha dicho un portavoz británico. “Por eso estamos llevando estas reglas ante el Tribunal Europeo, para garantizar que la legislación respete el Tratado de la UE”, ha agregado.

El Gobierno de Londres ha sostenido, además, que el resultado de la norma será el contrario de lo que se persigue, ya que se aumentará la parte fija de los salarios de los banqueros y se debilitará así el capital de las entidades en caso de crisis.

El recurso contra el tope a los bonus de los banqueros se suma a otros que ha presentado recientemente Reino Unido contra las normas financieras de la UE.

Europa Press

23

sep.

SEGURIDAD SOCIAL SACA OTROS 300 MILLONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN PARA PAGAR EL IRPF DE LAS PENSIONES

La Seguridad Social ha tenido que emplear otros 300 millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación para sufragar el pago trimestral del IRPF de los pensionistas, y tendrá que hacer uso del Fondo de Reserva (“hucha de las pensiones”) “en un próximo escenario”, que podría ser la “extra” de final de año.

El Gobierno dispuso el pasado mes de julio de otros 1.000 millones de euros de la “hucha de las pensiones” para sufragar la liquidación del IRPF de los pensionistas, que se sumaron a los 3.500 millones que se habían extraído con anterioridad ese mismo mes para pagarles la “extra” de julio.

Con esas nuevas disposiciones, el Fondo de Reserva se redujo hasta los 59.307 millones de euros, el 5,65% del PIB, con lo que cayó por debajo de los 60.000 millones de euros que superó en 2009, cuando cerró el ejercicio con 60.022 millones.

En 2012 se recurrió a 11.683 millones de euros de los fondos de la Seguridad Social: 4.680 millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación y 7.003 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Europa Press

Normativa Diciembre 2013

FISCAL

Aspectos fiscales de la Ley de Emprendedores

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 15/05/2013)

Dedica su Título II a los Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores. Dicho título contiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor, entendido éste de forma amplia como quien desarrolla una actividad económica empresarial o profesional.

Las medidas fiscales que introduce esta ley afectan a los siguientes impuestos:

1. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario

En el ámbito de este impuesto se crea, para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, el régimen especial del criterio de caja.

Ámbito de aplicación

Este régimen es aplicable para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no supere los 2.000.000 de euros.

Exclusión

Quedan excluidos los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen una cuantía, pendiente de determinación reglamentaria.

Asimismo, quedan excluidas del régimen especial las siguientes operaciones: regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión; las entregas de bienes exentas en exportaciones de bienes, operaciones asimiladas a las exportaciones, zonas francas, depósitos francos, regímenes aduaneros y fiscales y entregas de bienes destinados a otro Estado miembro; las adquisiciones intracomunitarias de bienes; aquellas en las que sea aplicable la inversión del sujeto pasivo; las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones; y el autoconsumo de bienes y las operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios.

2. Impuesto sobre Sociedades

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, los incentivos fiscales que introduce la Ley tienen que ver con la inversión de beneficios, las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

– Nueva deducción por inversión de beneficios.

– Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

– Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

– Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

En materia de IRPF, se incentiva fiscalmente por una lado la inversión en empresas de nueva creación o la reinversión en los supuestos de trasmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación y por otro lado los contribuyentes que realicen actividades económicas pueden aplicarse la deducción por inversión en beneficios regulada en el IRPF.

– Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

– Exención por reinversión en el supuesto de transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

– Deducción por actividades económicas.

LABORAL

Trabajadores a tiempo parcial

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE 03/08/2013)

Tiene como finalidad contribuir a la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.

Modificaciones en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial

Tienen por objeto dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el Sistema Español de Seguridad Social, así como la equidad respecto a la situación de los trabajadores a tiempo completo, y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como evitar la desincentivación de la cotización al Sistema.

Se introduce una serie de reglas específicas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a lostrabajadores a tiempo parcial: periodos de carencia, se flexibiliza el número de años requeridos para acceder a una prestación y recoge una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial.

Modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo

Con el objetivo de otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo se establece que, para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo. 

Se modifica el artículo 27 de la Ley de Empleo, para adaptar el régimen de infracciones y sanciones a la novedad de que la inscripción como demandante de empleo y el mantenimiento de la misma pasan a ser requisitos necesarios para percibir y conservar el derecho a la prestación.

Modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar como infracción específica el incumplimiento del empresario de la obligación de comunicar previamente las medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada y de despido colectivo adoptadas, conforme al artículo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Modificaciones en materia laboral

Se introducen determinadas modificaciones en los preceptos del ET que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la dirección de la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de despido colectivo y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos.

Se adapta el contenido del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la tramitación de los procedimientos demodificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, a los cambios que afectan a la comisión negociadora en procedimientos de consulta.

Y modifica la Ley reguladora de la jurisdicción social, en relación con la modalidad procesal del despido colectivopara que la impugnación colectiva asuma un mayor espacio, aclarándose las causas de nulidad del despido colectivo para dotarlo de mayor seguridad jurídica y se permite que las sentencias que declaren nulo un despido colectivo sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

MERCANTIL

Obligación de informar sobre valores negociables

Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables (BOE 02/08/2013)

Esta Circular regula la obligación de informar sobre dichos valores negociables, indicando las entidades que quedan sometidas a dicha obligación de información, así como la periodicidad, contenido y remisión de la misma.

El Banco de España está obligado a recopilar la información detallada en el Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo (BCE), de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre carteras de valores, que establece la necesidad de recopilar, valor a valor, la información de los valores mantenidos por los sectores institucionales de la zona del euro, así como la de los emitidos por residentes en dicha zona y mantenidos por los sectores institucionales no pertenecientes a aquélla, e incluye, entre los agentes sujetos a la obligación de declarar, las instituciones financieras monetarias, los fondos de inversión, las sociedades instrumentales y las entidades depositarias.

Por otra parte, el Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas con el exterior, y la Orden de 27 de diciembre de 1991, establecen la obligación de las entidades registradas en los casos de operaciones, transacciones, actos o negocios con no residentes, así como en las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior, y de los residentes que lleven a cabo las operaciones señaladas en el artículo 1 de dicho real decreto o mantengan activos o pasivos en el exterior, de facilitar a los órganos competentes de la Administración General del Estado y al Banco de España los datos que se les requieran, en la forma, periodicidad y por el importe que este determine, para los fines de seguimiento administrativo, fiscal y estadístico de las operaciones.

Entidades que quedan sometidas a la obligación de informar: entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito inscritas en los registros oficiales del Banco de España que actúen como depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables, y el Banco de España; las entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como entidades depositarias o liquidadoras en los mercados regulados de valores negociables; y las entidades financieras inscritas en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúen como sociedades gestoras de fondos de inversión, por lo que se refiere a las participaciones en fondos de inversión españoles.

Periodicidad y contenido de la información: la información se deberá remitir, valor a valor (desglosada por clase de valor, y por valor individual, identificado mediante su código ISIN), con periodicidad mensual, dentro de los diez días hábiles siguientes al fin de cada mes.

La información se remitirá al Departamento de Estadística por medios telemáticos, de conformidad con los formatos, condiciones y requisitos que se establezcan en las «aplicaciones técnicas» de esta circular. Se mantendrá en el sitio web del Banco de España una versión actualizada de dichas especificaciones de libre acceso en Internet.

Conexiones normativas: a la entrada en vigor de la presente circular quedará derogada la Circular del Banco de España 2/2001, de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables.

CONTABLE

Modificaciones del Impuesto sobre Sociedades

Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional (BOE 31/08/2013)

Tiene por finalidad, de una parte, potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija, y, de otra, eliminar la obligación de remisión determinada información semestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

Con la modificación introducida en el Real Decreto 1777/2004 se persigue potenciar e impulsar el funcionamiento del Mercado Alternativo de Renta Fija. Al modificar el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se equipara el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija y las del régimen general aplicable a los mercados secundarios oficiales. Así, se suprime la obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos financieros negociados en el citado Mercado Alternativo de Renta Fija.

Con las modificaciones que se llevan a cabo en el Real Decreto 764/2010 se elimina la obligación de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la información estadística semestral de los corredores de seguros y de los corredores de reaseguro, y de la información del negocio semestral de los agentes de seguros vinculados y de los operadores de banca-seguros vinculados. Con ello se reducen las cargas administrativas sin mermar la necesaria información con la que debe contar la autoridad supervisora para el ejercicio de sus funciones. La información anual que deben remitir estos profesionales es suficiente para cumplir este objetivo.

Agenda Diciembre 2013

ENERO 2014

HASTA EL 21

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Diciembre 2013. Grandes empresas…………………………111,115,117,123,124,126,128

• Cuarto trimestre 2013………………………….111,115,117,123,124,126,128

• Resumen anual 2013. Presentación modelo preimpreso………………………….180,188,190,193,194

IVA

• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, Régimen especial del grupo de entidades…………………………039

• Cuarto trimestre 2013. Servicios vía electrónica…………………………367

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES

• Declaración anual 2013. Presentación en papel (preimpreso o generado mediante el módulo de impresión de la AEAT)…………………………346

HASTA EL 30

RENTA

Pagos fraccionados

Cuarto trimestre 2013:

• Estimación directa…………………………130

• Estimación objetiva…………………………131

IVA

• Diciembre 2013. Régimen General. Autoliquidación…………………………303

• Diciembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………………322

• Diciembre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones…………………………340

• Diciembre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Diciembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………353

• Diciembre 2013 (o año 2013). Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

• Cuarto Trimestre 2013. Régimen General. Autoliquidación…………………………303

• Cuarto Trimestre 2013. Declaración-Liquidación no periódica…………………………309

• Cuarto Trimestre 2013. Declaración final. Régimen Simplificado…………………………311

• Cuarto Trimestre (o año 2013). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Cuarto Trimestre 2013. Declaración final. Regímenes General y Simplificado…………………………371

• Cuarto trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

• Resumen anual 2013…………………………390

• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales…………………………308

• Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca…………………………341

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL, EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDECIA

• Declaración anual 2013. Presentación en papel…………………………345

HASTA EL 31

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Resumen anual 2013. Presentación en soporte, vía telemática (Internet) y en impreso generado mediante el módulo de impresión de la AEAT (con programa de ayuda)…………………………180,188,190,193,194,196

IVA

• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo para el año precedente…………………………sin modelo

FEBRERO 2014

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Enero 2014 Grandes empresas…………………………111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Enero 2014. Régimen General. Autoliquidación………………………….303

• Enero 2014. Grupo de entidades, modelo individual…………………………322

• Enero 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC…………………………340

• Enero 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Enero 2014. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………353

• Enero 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA

Declaración anual 2013. Presentación en soporte y por Internet………………………….345

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES

Declaración anual 2013. Presentación en soporte y por Internet…………………………346

HASTA EL 28

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada año natural…………………………036

Si el período impositivo no coincide con el año natural la opción/renuncia a la opción se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Declaración anual de operaciones con terceros. Año 2013…………………………347

MARZO 2014

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Febrero 2014. Grandes empresas…………………………111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Febrero 2014. Régimen General. Autoliquidación…………………………303

• Febrero 2014. Grupo de entidades, modelo individual…………………………322

• Febrero 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones…………………………340

• Febrero 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Febrero 2014. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………353

• Febrero 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

NOTA: En el momento de elaborar esta agenda, ninguno de los calendarios tributarios habían sido publicados por los organismos oficiales, por lo tanto, la hemos confeccionado teniendo en cuenta el calendario fiscal del año 2013.

Contabilidad Diciembre 2013

El ICAC vuelve a aclarar el concepto de grupo de consolidación

Mediante una reciente Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC en adelante), publicada en diciembre de 2012 en el Boletín Oficial del ICAC (BOICAC) nº 92, consulta 4, este Organismo, responsable de realizar las interpretaciones en materia contable, se pronunció una vez más sobre la calificación como empresas del GRUPO DE SOCIEDADES a los efectos del artículo 42 del Código de Comercio (Cdco en adelante) de sociedades participadas por familiares próximos, lo que incide en la obligación, o no, de formular de manera obligatoria cuentas anuales consolidadas.

En concreto, la consulta versa sobre si determinadas sociedades participadas mayoritariamente por personas físicas, vinculadas por una relación de parentesco, constituyen un grupo de sociedades de los previstos en el artículo 421 del Cdco, con las implicaciones contables que ello comporta, lo que no deja de tener trascendencia fiscal como con posterioridad se dirá.

En la consulta que estamos analizando, el ICAC vuelve a reiterar el criterio que ya señaló en una anterior, publicada en el BOICAC nº 83 de septiembre de 2010, si bien lo hace ahora con algo más de detalle que su predecesora.

Las dudas en torno a la definición de GRUPO DE SOCIEDADES contenidas en este artículo 42 del Cdco surgieron principalmente a raíz de las últimas modificaciones legislativas que se llevaron a cabo sobre el mismo, primero por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y después por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

La primera de ellas, aplicable a los periodos impositivos que se iniciaran a partir del 1 de enero de 2004, introducía el concepto de unidad de decisión para definir a los grupos contables, con obligación de consolidar, de tal manera que existía grupo consolidable a nivel contable cuando varias sociedades constituían una “unidad de decisión”. El artículo 42 del Cdco, con esta nueva redacción, presumía que existía unidad de decisión cuando una o varias sociedades se hallasen bajo lo que denominaban “dirección única”. En particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada fueran miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

Así surgía el concepto de grupo horizontal o grupo de coordinación2, basados en la unidad de decisión, constituyendo grupo de sociedades las “sociedades hermanas”, esto es, las que tienen un socio persona física común.

Como acabamos de comentar, un ejemplo claro de grupo horizontal es el formado por una persona física, o por varias, unidas por vínculos de parentesco, poseedora de la mayor parte de los derechos de voto de varias sociedades que no tienen relación de poder entre ellas, sino que su relación se produce por el dominio de la persona física sobre todas ellas, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Otro supuesto, un poco más complejo podría ser el siguiente:

En este ejemplo, la Sociedad D se podría considerar a estos efectos como dependiente de un grupo de sociedades con obligación de consolidar contablemente, a pesar de no superar el control del 50% por parte del “último socio”.

En definitiva, con esta redacción anterior del artículo 42 del Cdco aplicable desde el uno de enero de 2004, los grupos horizontales se encontraban sometidos a la obligación contable de consolidar cuentas.

Sin embargo, esta redacción introducía una gran complejidad, puesto que podía darse el supuesto en el que existiera una doble obligación legal de formular cuentas anuales consolidadas (una por el grupo horizontal y otra por el grupo vertical).

Otra importante consecuencia, que afectaba al ámbito fiscal, era que este tipo de estructuras tenían la consideración de entidades vinculadas, dada la remisión que efectúa el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS en lo sucesivo) al artículo 42 del Cdco a estos efectos. Recordemos que el último párrafo del apartado tercero del citado artículo 16 del TRLIS, dispone que:

“Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas”.

Sin embargo, a raíz de la modificación operada por la Ley 16/2007, que entró en vigor el uno de enero de 2008, que da una nueva redacción al artículo 42 del Cdco, se elimina la obligación de consolidar para los denominados grupos horizontales o de coordinación, pues se destierra el concepto de unidad de decisión y deja de definirse como Grupo aquel en el que varias sociedades constituyen unidad de decisión. No obstante lo anterior, el citado artículo 42 del Cdco contempla un supuesto muy específico en el que el control se puede ejercer sin participación alguna, el supuesto de las entidades de “propósito especial” en las que una sociedad participa en los riesgos y beneficios de la otra, que no son objeto de análisis en estos momentos.

Si bien lo anterior, debe tenerse en cuenta que el concepto de GRUPO DE SOCIEDADES no es único a efectos contables, y que debe tenerse en cuenta, además de lo contemplado en el artículo 42 del Cdco, lo dispuesto en el apartado 13 de las Normas de elaboración de las cuentas anuales Parte 3ª del actual Plan General de Contabilidad, que nos ofrece la siguiente definición de grupo:

“A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias”.

De acuerdo con esta definición, podemos concluir que si bien cuando existe unidad de decisión en varias empresas, por estar las mismas sometidas o controladas por la misma persona o personas, físicas o jurídicas, existirá grupo contable, tal y como se recoge en el apartado 13 de las Normas de elaboración de las cuentas anuales, dicho grupo no está, sin embargo, obligado a consolidar contablemente, por no formar grupo de sociedades a los efectos de lo establecido en el artículo 42 del Cdco.

Esto tiene también su repercusión fiscal, dado que en estos casos en los que existe unidad de decisión, las empresas sometidas a la misma, no serían consideradas entidades fiscalmente vinculadas, y por lo tanto, entre otros casos, no estarían obligadas a justificar el valor de mercado de sus operaciones entre ellas ni tampoco les resultaría de aplicación la normativa referida a las obligaciones de documentación de las operaciones entre entidades vinculadas, o incluso podrían adquirir bienes de las citadas empresas que dieran derecho a aplicar la deducción por reinversión del artículo 42 del TRLIS, cosa que no sucedería si fueran grupo del artículo 42 del Cdco.

Merece la pena, por último, referirse a qué se entiende por grupo de sociedades o grupo de consolidación en el ámbito fiscal, el cual es definido en el artículo 67 del TRLIS.

El citado artículo señala básicamente que se entenderá por grupo fiscal el conjunto de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las entidades de crédito, residentes en territorio español formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de ésta.

Se entenderá por sociedad dominante aquella que ostente una participación directa o indirecta, al menos, del 75 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer día del período impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan participaciones indirectas en otras sociedades, siempre que se alcance dicho porcentaje a través de sociedades dependientes, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado.

Los establecimientos permanentes de entidades no residentes situados en territorio español podrán ser considerados sociedades dominantes respecto de las sociedades cuyas participaciones estén afectas al mismo.

El régimen de consolidación fiscal, a diferencia del de consolidación contable que es de aplicación obligatoria, se trata de un régimen de aplicación voluntaria, por lo que, con independencia de alcanzar el citado porcentaje de participación, solo resultará de aplicación cuando así lo acuerden todas y cada una de las sociedades que deban integrar el grupo fiscal.

A modo de resumen, exponemos un cuadro en el que pueden verse los distintos preceptos que regulan en nuestro ordenamiento interno qué se entiende por grupo y la obligación de consolidar:

Normativa

Concepto de grupo

Obligación de consolidar

Código de Comercio (art. 42)

Necesaria la participación. Mayoría de derechos de voto (grupo vertical)

Sí, contable

Plan General Contable
(NECA nº13)

No necesaria la participación. Puede haber grupo si hay unidad de decisión (grupos verticales y horizontales)

No

TRLIS (art. 67)

Necesaria la participación (mínima del 75%, directa o indirecta)

Sí, fiscal si así lo acuerdan de manera voluntaria

1 Se aporta al final del escrito el artículo 42 del Código de Comercio en su redacción actual.

2 “El grupo de coordinación es el integrado por diversas empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o personas jurídicas que actúan conjuntamente o se encuentran bajo una dirección única.”

Recordemos que el citado artículo 42 del Código de Comercio dispone lo siguiente:

“1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona”.

Mercantil y Civil Diciembre 2013

Efectos del nombramiento de un auditor de cuentas en el depósito registral de las cuentas anuales

Cuando la Junta General de una sociedad toma el acuerdo de nombramiento de un auditor, lo hace para que éste realice un trabajo concreto, la verificación de las cuentas anuales de la sociedad, y por un tiempo determinado. Además, dicho acuerdo deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, con la aceptación expresa del auditor. Partiendo de este hecho cierto, legalmente previsto, cabe plantearse si resulta exigible la presentación del informe de auditoría, fruto de aquel encargo, junto con las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil. La existencia de una laguna legal sobre este particular supuesto, ha dado lugar a que nuestros tribunales, y no sólo estos, se hayan pronunciado al respecto.

UN ACERCAMIENTO A LA CUESTIÓN

La Audiencia Provincial de Salamanca, en una sentencia relativamente reciente, resolvió sobre el recurso de apelación planteado por la representación jurídica de una sociedad contra la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que desestimaba la demanda interpuesta contra la calificación del Registrador Mercantil denegando la inscripción y depósito de las cuentas anuales de dicha sociedad por no aportar con las mismas informe de Auditor de Cuentas cuando constaba inscrito en el Registro el nombramiento de auditor realizado por la Junta General ordinaria de la sociedad.

A juicio de la sociedad demandante la calificación realizada por el Registrador Mercantil era improcedente, habida cuenta que, pese al nombramiento voluntario de auditor de cuentas, constando tal nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, la sociedad no estaba obligada legalmente a auditar sus cuentas al poder presentar balance abreviado, al amparo de lo dispuesto por los artículos 257 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, regulador de los supuestos de formulación de balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.

La sentencia de instancia otorgó la razón a la calificación realizada por el Registrador Mercantil. El argumento que utilizó para ello era que el informe de auditor de cuentas resulta exigible en todos los casos en que la sociedad haya nombrado auditor y conste inscrito en el Registro Mercantil. Y ello con independencia de:

a) si su nombramiento se produjo de forma voluntaria, votándose tal nombramiento por la Junta General;

b) de si resulta obligatorio por ministerio legal;

c) o de si fue nombrado por el Registrador Mercantil a petición de uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social.

Concluía la sentencia de instancia indicando que, admitir el depósito de cuentas sin el informe del auditor cuando éste había sido nombrado voluntariamente por la sociedad, constando su inscripción en el Registro, supondría restringir los derechos de los socios respecto al conocimiento de la situación económica y de la gestión de la sociedad en cuestión.

LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

El supuesto sobre el que se pronuncia la Audiencia Provincial de Salamanca presenta unas características muy particulares, toda vez que los hechos que el presupuesto de hecho que da lugar a la calificación negativa del Registrador Mercantil no resultan expresamente contempladas por el legislador. Y es que con carácter previo a la formulación de las cuentas anuales, la sociedad nombra voluntariamente auditor de cuentas con el voto favorable de todos los socios de la entidad; tras la aceptación del cargo por parte del auditor, lo inscribe en el Registro Mercantil. Posteriormente la sociedad presenta balance abreviado en las cuentas del ejercicio sin requerir al auditor para que formule su informe y sin que éste decida presentarlo por sí mismo.

Por último, ningún socio hace uso del derecho conferido por el artículo 265.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo tenor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor. Y en caso de que alguno hubiera ejercido dicho derecho, el Registrador se habría visto obligado a rechazarlo al haber sido nombrado auditor voluntariamente por la propia sociedad y constar inscrito éste, tras su aceptación del cargo, en el Registro Mercantil.

La cuestión, entonces, es si el nombramiento voluntario de auditor de cuentas por una sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil convierte la auditoría de cuentas de voluntaria en obligatoria.

La Audiencia Provincial no duda en plantear la existencia de una laguna legal. Laguna que puede ser colmada con respuestas distintas, atendiendo a la interpretación que el operador jurídico aplique. Una primera postura, que aboga por una interpretación literal de la normativa societaria, incide en que no resulta obligatorio presentar el informe de auditor al tiempo de depositar sus cuentas anuales cada vez que se nombre un auditor y se inscriba en el Registro Mercantil, en los supuestos en que la sociedad no resulte obligada legalmente a auditar sus cuentas por presentar balance abreviado.

Otra interpretación posible se decanta por la necesidad de presentar el informe de auditoría junto a las cuentas anuales siempre que la sociedad haya nombrado voluntariamente auditor y lo inscriba en el Registro Mercantil. Y ello en virtud de una lógica primaria: si se nombra auditor debe ser, en principio, con la intención de auditar cuentas aunque la sociedad no resulte obligada a ello. A dicha interpretación coadyuva la necesidad de tutelar los intereses y expectativas legítimas de los socios y de terceros que conocen la existencia del nombramiento de auditor, bien porque asistieron y votaron a favor a la Junta General que aprobó su nombramiento, bien porque consta inscrito en el Registro Mercantil. En el primer caso se trata de dar cumplimiento a la obligatoriedad de los acuerdos adoptados en Junta General para todos los socios. En el segundo, en la presunción de exactitud y validez de los asientos registrales: figurando inscrito un auditor de cuentas de la sociedad, resulte lícito y lógico pensar que éste emitirá su informe y que se adjuntará a las cuentas anuales para su depósito, para poder ser consultado por cualquier interesado.

La Audiencia Provincial ciertamente se decanta por este último razonamiento. Y así pone de manifiesto que el hecho de que la sociedad nombre voluntariamente auditor de cuentas para el caso de que la sociedad viniera obligada legalmente en algún ejercicio económico a auditar sus cuentas anuales, sin exigir la elaboración del correspondiente informe ni su presentación en el momento de depositar las cuentas en el Registro, podría frustrar el derecho de los socios minoritarios a solicitar al Registrador Mercantil el nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las cuentas de un determinado ejercicio. Y ello pese a que en el caso concreto todos los socios de la entidad votaran a favor del acuerdo de nombramiento de auditor, supuesto éste en el que no puede decirse que dicho derecho se haya visto frustrado. Sin embargo, sí que se podrían ver frustradas por no presentar el informe de auditoría y depositarlo en el Registro las expectativas legítimas de esos socios que votaron a favor del acuerdo o incluso de los que no asistieran a la junta, en relación con el conocimiento de la situación económica de la sociedad de la que son partícipes, una vez conocida la existencia de nombramiento de auditor.

Incide de nuevo la Audiencia Provincial, además, en la presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, toda vez que se verían frustradas las legítimas expectativas de terceros interesados en conocer la situación financiera y patrimonial de la sociedad, comprobado en el Registro el nombramiento de auditor de cuentas por parte de la misma. No puede quedar, pues, al arbitrio de la sociedad el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General.

LA RESPUESTA DE LA DGRN Y DEL ICAC

Tanto en la sentencia de instancia como en la propia de la Audiencia Provincial, el juez y los magistrados han considerado oportuno fundamentar su fallo en los precedentes existentes en otro tipo de pronunciamientos, no judiciales, huelga decirlo, aunque sí de eminente valor jurídico. Así las cosas, la Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció sobre un supuesto sustancialmente similar, en su Resolución de 16 de mayo de 2.007. En la misma venía a decir que “Si bien es cierto que la sociedad no está, en principio, sujeta a la obligación de presentar sus cuentas junto con un informe de auditoría, no es menos cierto que ese ámbito de voluntariedad en el que pudo moverse, terminó cuando la Junta General de accionistas acordó, entre otros acuerdos, el nombramiento de auditor de cuentas y esos acuerdos, elevados a públicos, se inscribieron en el Registro Mercantil. Así se deduce del artículo 93 de la Ley de Sociedades Anónimas que dispone taxativamente (sin que quepa margen interpretativo alguno) que los acuerdos adoptados por la Junta general son obligatorios para todos los socios”.

El ICAC, por su lado, en una contestación a una consulta reciente, ponía de manifiesto en relación a las obligaciones del auditor de cuentas que “si figura inscrito en el Registro Mercantil como auditor de las cuentas anuales de la sociedad y por tanto con contrato en vigor hay que entender que hasta que no se le notifique formalmente el acuerdo de revocación de su nombramiento, tomado por la Junta General, estará obligado a cumplir dicho contrato, no debiendo olvidar a este respecto que el art. 16.2 de la LAC considera como infracción grave el incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas contratada en firme”.

 


Laboral Diciembre 2013

¿Cómo hacer un buen contrato de trabajo?

A la hora de iniciar una relación laboral es fundamental redactar un buen contrato de trabajo, ello reducirá las posibilidades de conflictos laborales, evitará sanciones administrativas y permitirá desarrollar una relación laboral con plenas garantías tanto para la empresa como para el trabajador que contribuirá al normal desarrollo de la prestación laboral. Un contrato bien regulado seguramente no eliminará los posibles conflictos que surgirán entre las partes a lo largo de la prestación laboral pero seguramente reducirá las posibilidades de que estos ocurran.

Recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de redactar un contrato de trabajo:

1. ELECCIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL

Dependerá fundamentalmente de las necesidades de la empresa o entidad que contrate y de las características del trabajador. Existe una variada tipología contractual, por lo que podremos optar por la contratación temporal en cualquiera de sus modalidades siempre que las necesidades de la empresa tengan carácter coyuntural. Por ejemplo, la realización de una obra, un exceso de demanda o la sustitución de algún trabajador con derecho de reserva de puesto de trabajo.

Por otra parte propondremos un contrato indefinido si las necesidades de la empresa tienen carácter permanente. Hay que recordar que la última reforma laboral introdujo el nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores que establece un periodo de prueba de 1 año además de importantes incentivos fiscales y de seguridad social. Por último también existe la posibilidad de suscribir contratos formativos, normalmente destinados a gente joven con o sin titulación y cuyo coste laboral suele ser inferior al de un trabajador con contrato común.

2. HAY QUE SIMULTANEAR EL ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL Y LA FIRMA DEL CONTRATO

Es vital proceder a gestionar el alta en seguridad social del trabajador que vamos a contratar con carácter previo al inicio de la relación laboral. El incumplimiento de este requisito podría llevar aparejado sanciones administrativas y responsabilidades directas para el empresario en el pago de las prestaciones a las que el trabajador pudiera tener derecho.

Del mismo modo, el contrato debe estar suscrito en el momento de iniciarse la prestación laboral como forma de garantizar a las partes contratantes los derechos y obligaciones que cada uno ha asumido.

3. PERIODO DE PRUEBA

Al hilo de lo manifestado anteriormente, es conveniente pactar un periodo de prueba cuya duración estará en función del tipo de contrato que se formalice (hasta un año para el contrato de fomento del empleo) y de lo que establezca el convenio colectivo de aplicación.

Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la extinción de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Finalizado el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento que afecten al trabajador durante el período de prueba interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

4. ESTABLECIMIENTO DE PACTOS ADICIONALES

En el contrato de trabajo, y siempre que el interés de la empresa y trabajador así lo aconsejen, pueden pactarse algunas cláusulas adicionales que serán de obligado cumplimiento para las partes.

A modo de ejemplo podemos citar las siguientes:

4.1. PACTO NO COMPETENCIA

Podemos establecer un pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo. Este pacto que no podrá tener una duración superior a dos años para los trabajadores técnicos y de seis meses para los demás operarios sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y

b) que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

4.2. DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Del mismo modo, podemos pactar que el trabajador preste servicios de manera exclusiva para nuestra empresa, para ello debemos pactar compensación económica expresa y fijar los límites de esa dedicación exclusiva. En este caso deberemos tener en cuenta que el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preaviso de treinta días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.

4.3. PACTO DE PERMANENCIA

Por último, se puede consensuar un pacto de permanencia en la empresa siempre que el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico.

Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios que será conveniente dejemos fijada en el propio contrato.

5. POLÍTICA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La proliferación del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral ha supuesto la introducción de una nueva herramienta de la que puede hacerse un mal uso.

Ante la falta de regulación normativa existente es aconsejable fijar las normas de utilización de estas nuevas tecnologías dentro del contrato de trabajo, así podemos regular por ejemplo el uso de internet y el correo electrónico estableciendo o prohibiendo su uso privado dentro del horario laboral y fijando el protocolo de control que la empresa va a llevar a cabo en caso de que sospeche un mal uso de estos medios informáticos que la empresa pone a disposición del trabajador.

De no existir este protocolo, es posible que los tribunales entiendan que el control ilimitado y no regulado de los medios informáticos por parte de la empresa suponga una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los trabajadores.

Dentro de este pacto que regule las nuevas tecnologías en el trabajo, igualmente podemos regular el uso de los teléfonos móviles que la empresa pone a disposición de los trabajadores para el desarrollo de su trabajo, así como los programas de mensajería instantánea que disponen estos dispositivos.

6. CUIDADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS VOLUNTARIAS

En muchas ocasiones se aprovecha el contrato de trabajo para establecer mejoras económicas o prestacionales que no están comprendidas en la ley o en el convenio colectivo; salarios superiores a los mínimos que fija el convenio colectivo de aplicación, seguros médicos privados, horarios flexibles, uso de vehículo de empresa para fines particulares, etc. Estas mejoras contractuales pasan a formar parte de la relación laboral establecida entre empresa y trabajador y sólo van a poder ser modificadas o eliminadas mediante un procedimiento legal llamado modificación sustancial de condiciones de trabajo y siempre que existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, considerándose como tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa y siguiendo un procedimiento regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

Para evitar la consolidación de esas mejoras pactadas contractualmente, podemos vincularlas a un periodo de tiempo determinado o a parámetros o resultados económicos de la empresa como por ejemplo las ventas, los beneficios, el cumplimiento de objetivos, etc.

7. NO PACTAR SALARIOS NETOS

Asímismo, es muy frecuente que se pacten dentro del contrato de trabajo la percepción de salarios netos por parte del trabajador y es un error del que debemos huir; en primer lugar porque según el artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores, todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por él mismo, siendo nulo todo pacto en contrario; en segundo lugar por las consecuencias negativas que una modificación en el sistema de retenciones fiscales o de tipos de cotización pueden tener en los costes salariales, dado que al asumir el pago neto del salario, una posible subida en retenciones o cotizaciones repercutirá exclusivamente en la empresa con el consiguiente perjuicio económico para ésta.

8. HORAS EXTRAORDINARIAS

La realización de horas extraordinarias por parte del trabajador siempre es voluntaria, con dos excepciones; que su realización se haya pactado en convenio colectivo o que la misma esté pactada en el contrato de trabajo, de esta manera en el contrato de trabajo podemos pactar la obligatoriedad de realización de horas extraordinarias. Igualmente dentro del contrato podemos pactar que esas horas extraordinarias en lugar de retribuirlas sean compensadas por descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

De esta manera, las horas extras compensadas por tiempo de descanso no computan para el máximo de horas extraordinarias autorizadas por el Gobierno que son 80 anuales. Esta fórmula pactada en el contrato de trabajo, supone una medida de flexibilidad que permite a la empresa acumular horas de trabajo en momentos punta de producción y compensar estas horas por descanso en momentos de menor producción dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

9. CONVENIO COLECTIVO

A la hora de redactar las cláusulas de un contrato de trabajo debemos tener siempre en cuenta el convenio colectivo de aplicación a nuestro sector de actividad, o el propio convenio de empresa, si es que existe. Cuestiones como la jornada anual, los salarios mínimos, la duración del periodo de prueba o las obligaciones impuestas al trabajador en caso de querer causar baja voluntaria en la empresa, muchas veces están reguladas en el convenio colectivo y debemos tenerlas en cuenta a la hora de pactar contractualmente las condiciones de trabajo, porque suponen límites que si bien podremos mejorar en el contrato individual, nunca podrán empeorarse.

10. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES O GRUPO PROFESIONAL

Es importante delimitar las funciones que debe realizar el trabajador, o al menos el grupo profesional al que va a estar adscrito, igualmente podremos pactar la posibilidad de polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo profesional.

11. REQUISITOS FORMALES

Por último tenemos que recordar la exigencia de forma escrita del contrato de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los contratos para la realización de una obra o servicio determinado, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Igualmente es obligatorio proceder a registrar el contrato de trabajo suscrito en el Servicio Público de Empleo, el incumplimiento de registro del contrato podría llevar aparejada la imposición de una sanción administrativa por parte de la Inspección de Trabajo.

Fiscal Diciembre 2013

Análisis de las medidas fiscales tras la reforma operada por la Ley del Emprendedor

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha venido a introducir estímulos al emprendimiento en todas las áreas que a fecha de hoy se ven sometidas al devenir de la crisis: empleo, financiación, morosidad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, responsabilidad patrimonial del emprendedor, cargas administrativas a la hora de iniciar una actividad empresarial y algunas otras. Nosotros nos centraremos en aquellas que tienen una especial incidencia en la fiscalidad. Ello no debe ser óbice para que los operadores jurídicos y económicos presten una especial atención a la totalidad de las medidas que comprende la norma, por su amplitud y por su ambición. 

I. INTRODUCCIÓN

Podría considerarse anecdótico que el pasado 27 de julio de 2.013 apareciera publicado en el B.O.E. la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, norma que singularmente venía a reproducir el nombre del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, denominado también “de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”, publicado en el B.O.E de fecha 23 de febrero de 2.013. Resulta, pues, que la primera de las normas citadas era la convalidación parlamentaria de la más antigua, dictada por la ya usual vía de urgencia, que tanto se aleja de la anhelada seguridad jurídica. Pese a todo, es justo reconocer que al amparo de la transformación en Ley del Decreto, se quiso aprovechar para incluir más estímulos al emprendimiento.

Ciertamente, no podemos menos que hacer notar la similitud entre aquella Ley, la 11/2013 y la que ahora analizaremos, la Ley 14/2013, con un título, el de ambas disposiciones, que puede dar lugar a confusión: la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la primera; y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Este año, que ya se acerca a su fin, bien pudiera haberse bautizado como el del emprendedor, a la vista de la especial atención de que parece ser objeto por parte de nuestro legislador.

Las normas y medidas que analizaremos en el presente artículo, no pueden considerarse aisladamente, resultan en todo caso encuadradas dentro de un largo iter de medidas novedosas y modificaciones normativas de profundo calado, por las consecuencias que de las mismas se derivan. Las reformas estructurales que vienen aplicándose en nuestro país desde hace algunos años, tienen como loable fin la consecución de varios objetivos. Fundamentalmente, y en primer lugar, se persigue dotar a la economía española de estabilidad, no sólo en términos de déficit público e inflación, también en términos de equilibrio exterior. Por último, como colofón a las anteriores, pero en el mismo nivel de importancia y coadyuvando a su consecución, se persigue alcanzar un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios, de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía.

Es precisamente en sede de este último objetivo, que las normas a que nos referiremos proceden a llevar a cabo modificaciones, pretendiendo con ello dar comienzo a una segunda generación de reformas estructurales necesarias para volver a crecer y, sobre todo, a fecha de hoy, crear empleo, aun cuando el mismo se traduzca en la generación del propio empleo. La Ley 11/2013, en su preámbulo, se encargaba de hacer notar la importancia cuantitativa y cualitativa de las pymes y los autónomos dentro del tejido empresarial español, reconociendo que durante los últimos años han registrado un descenso de la actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios. A la vez que se enfrentan a una dependencia estructural de la financiación de origen bancario que limita a fecha de hoy su capacidad de expansión. Las causas de ello, incide ahora el Preámbulo de la Ley 14/2013, residen en la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora entre los más jóvenes que haya llevado, ante la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena, a unos mayores niveles de autoempleo capaces, a su vez, de generar más empleo.

Nuestro legislador, consciente de la situación en la que estos operadores económicos se encuentran, trata de potenciar la iniciativa empresarial, y a tal fin pretende promover con medidas como las de esta Ley un entorno que promueva la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.

Las modificaciones y medidas contenidas en la Ley 14/2013, van dirigidas a desarrollar la “Educación en Emprendimiento”, a fomentar la cultura emprendedora por la vía de la limitación de la responsabilidad patrimonial del emprendedor, a la introducción de medidas para agilizar el inicio de la actividad de los emprendedores, y en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

II. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

1. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.1. INCENTIVOS FISCALES POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS

Se establece, en primer lugar, con el objeto de fomentar la capitalización empresarial y la inversión en activos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, afectos a actividades económicas, una nueva deducción por inversión de beneficios para aquellas entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión, vinculada a la creación de una reserva mercantil de carácter indisponible, incentivo que surtirá efectos para los beneficios que se generen en períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013.

Con ello, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas. La nueva deducción será del 5 por ciento en el caso de entidades que tributen de acuerdo con la escala de gravamen prevista para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios, habida en dichos períodos, sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, con mantenimiento de empleo.

La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales, debiendo realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del período impositivo en que se obtienen los beneficios objeto de inversión y los dos años posteriores, salvo que se acuerde un plan especial de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo.

La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que se efectúe la inversión.

La base de la deducción se determinará aplicando al importe de los beneficios del ejercicio objeto de inversión, excluida la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, un coeficiente determinado con arreglo a los elementos que a continuación se dirán; el coeficiente que resulte se tomará con dos decimales redondeado por defecto:

a) En el numerador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean objeto de exención, reducción, bonificación, deducción por depreciación monetaria o deducción por doble imposición, exclusivamente en la parte exenta, reducida, bonificada o deducida en la base imponible, o bien que haya generado derecho a deducción en la cuota íntegra.

b) En el denominador: los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.

Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversiones, por un importe igual a la base de deducción, que será indisponible en tanto que los elementos patrimoniales en los que se realice la inversión deban permanecer en la entidad, que deberá dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de inversión.

Los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio de la entidad, salvo pérdida justificada, durante un plazo de cinco años, o durante su vida útil si es que fuera inferior. En todo caso, no se perderá la deducción si se produce la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado y se invierte el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor.

Por último, la aplicación de este beneficio fiscal requiere que los sujetos pasivos que la disfruten hagan constar en la memoria de las cuentas anuales (i) el importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvieron; (ii) la reserva indisponible que debe figurar dotada; (iii) la identificación e importe de los elementos adquiridos; y (iv) la fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad económica. Menciones que deberán aparecer en la memoria de las cuentas anuales hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento antes reseñado.

1.2. INCENTIVOS FISCALES A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A las entidades a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen, o a las empresas de reducida dimensión, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que se generen en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas de límite alguno en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, y aplicarse con un descuento del 20 por ciento de su importe.

En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración anual del impuesto.

La Ley se encarga de establecer límites cuantitativos a la medida, de tal modo que, por un lado, el importe de la deducción aplicada o abonada, en los términos expuestos, en el caso de las actividades de innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de un millón de euros anuales. Por otro, el importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo con lo expuesto, no podrá superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales.

La aplicación de este beneficio fiscal exige el cumplimiento de determinados requisitos, a saber, (i) que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación; (ii) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono; (iii) que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los citados 24 meses; y (iv) que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades.

1.3. REDUCCIÓN DE LAS RENTAS PROCEDENTES DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES (PATENT BOX)

La Ley 14/2013 modifica el régimen existente para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. Y en virtud de dicha modificación el beneficio fiscal pasa a recaer no solo sobre la cesión del activo cedido, sino también sobre los ingresos procedentes del mismo, esto es de su transmisión.

1.4. DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Con fecha de efectos de 1 de enero de 2.013, se incrementa el importe de la deducción por la contratación de trabajadores con discapacidad. Con la nueva redacción, será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior. Dicho importe se elevará hasta los 12.000 euros cuando, cumpliendo los mismos requisitos, el grado de discapacidad del trabajador contratado sea igual o superior al 65 por ciento.

Recuerda la Ley que los trabajadores contratados con estas condiciones, que dieran derecho a esta deducción, no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo.

2. MODIFICACIONES OPERADAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

2.1. INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN EN EMPRESAS DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

En virtud de la modificación operada en la LIRPF, se permite la deducción del 20 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.

La modificación prevé que la base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas, sin que pueda formar parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de la cuenta ahorro-empresa.

La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá cumplir ciertos requisitos. Así, en primer lugar, deberá revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Requisitos que deberán cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción o participación. Por otro lado, la entidad deberá ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales para el desarrollo de la misma y no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación. Por último, el importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.

Para que resulte aplicable la nueva deducción, se exige que las acciones o participaciones en la entidad se adquieran por el contribuyente bien en el momento de la constitución de aquélla, bien mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha constitución. En todo caso deberán permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres años e inferior a doce años. Por otro lado, se limita su aplicación a que la participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al mismo por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no sea, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. Por último, dispone la Ley que no deberá tratarse de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los requisitos señalados para la entidad, en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.

2.2. INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN DE BENEFICIOS

La medida incorporada por la Ley en el ámbito del IRPF, supone la extrapolación a este impuesto de lo dispuesto en sede del Impuesto sobre Sociedades, al ámbito de las actividades económicas. Nos remitimos, por tanto, con carácter general a lo expuesto en el epígrafe 1.1, dejando a salvo determinadas particularidades que analizaremos en futuros artículos.

III. EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

La Ley 14/2013 crea, con efectos desde el 1 de enero de 2.014, un nuevo régimen especial en el IVA, el régimen especial de Criterio de Caja. El nuevo régimen, que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario, requerirá la modificación de otras normas con incidencia tributaria, sobre todo en el ámbito de la facturación y de los libros-registro.

Para poder optar a la aplicación de este régimen especial, el volumen de operaciones de los sujetos pasivos durante el año natural anterior, no debe haber superado los 2.000.000 de euros, debiendo elevarse al año en los supuestos de inicio de la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior. Para aquellos sujetos que no hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, podrán aplicar este régimen especial en el año natural en curso.

A los efectos de determinar el volumen de operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, las mismas se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, si a las operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja.

En todo caso quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que, en su momento, se determine reglamentariamente.

Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos que cumplan los requisitos enunciados hasta el momento y opten por su aplicación. La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará en las condiciones que la futura modificación reglamentaria establezca. Esta renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.

El régimen resultará aplicable a todas las operaciones del sujeto pasivo que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, si bien quedan excluidas determinadas operaciones que tienen un tratamiento distinto (entre otras, y sin ánimo de exhaustividad, los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, servicios prestados por vía electrónica, grupo de entidades, adquisiciones intracomunitarias de bienes, importaciones y operaciones asimiladas a las mismas, etc.).

Con arreglo a este nuevo régimen, para aquellos que decidan optar por el mismo, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se hubiera producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la operación.

La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado de la manera antes expuesta.

Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos con carácter general por la Ley del impuesto, si bien con algunas particularidades. A saber:

El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nacerá en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Y ello con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. En todo caso, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.

El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.

– El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el plazo de cuatro años.

Consideramos de capital importancia hacer notar que el posible beneficio de este régimen en sede de quien decida acogerse al mismo, puede no serlo tanto para los destinatarios de las operaciones acogidas a aquel. Esto es, al cliente o clientes destinatarios de los bienes o servicios. Para estos, el nacimiento del derecho a la deducción en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se producirá en el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes efectivamente satisfechos, o, si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible.

Como ya sucediera en sede del sujeto pasivo, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.

Y en todo caso, advierte la Ley que reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja, por lo que un exceso de cargas formales para los clientes de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial, podría convertirlos en proveedores “poco competitivos”, habida cuenta de la presión fiscal indirecta a que se verán sometidos quienes decidan contratar con ellos.

Editorial Diciembre 2013

En una fase de ciclo económico como la actual, la restauración del crecimiento pasa, entre otras cosas, por reducir el índice de mortalidad empresarial, en particular de las pequeñas empresas. Para ello, todas las medidas orientadas a aliviar las tensiones de liquidez, mejorar el acceso al crédito de las empresas e impulsar la empleabilidad de colectivos de riesgo son bienvenidas.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, ha venido a introducir estímulos al emprendimiento en todas las áreas que a fecha de hoy se ven sometidas al devenir de la crisis: empleo, financiación, morosidad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, responsabilidad patrimonial del emprendedor, cargas administrativas a la hora de iniciar una actividad laboral y algunas otras.

Los aspectos a que nos referimos en el comentario fiscal están centrados en aquellas medidas fiscales introducidas por la Ley de apoyo a emprendedores que tienen una especial incidencia en la fiscalidad. La norma introduce modificaciones efectuadas en el ámbito tributario que transitan desde las operadas en el Impuesto sobre Sociedades (incentivos fiscales: por inversión de beneficios y a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica) a las introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (incentivos fiscales: a la inversión en empresas de nueva o reciente creación y a la inversión de beneficios) y la creación del régimen especial del “Criterio de Caja” en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por lo que respecta a la materia social, en este número orientamos cómo hacer un contrato de trabajo, ya que a la hora de iniciar una relación laboral es fundamental su correcta redacción. De este modo reduciremos las posibilidades de conflictos laborales, evitaremos sanciones administrativas y nos permitirá desarrollar una relación laboral con plenas garantías tanto para la empresa como para el trabajador. Todo ello fomentará el normal desarrollo de una sana prestación laboral.

En nuestro comentario del ámbito mercantil nos centramos en los efectos del nombramiento de un auditor de cuentas en el depósito registral de las cuentas anuales. A lo largo del comentario se resuelve la cuestión de si resulta exigible la presentación del informe de auditoría junto con las cuentas anuales, para su depósito en el Registro Mercantil. La existencia de lagunas legales sobre este particular ha dado lugar a que los tribunales se hayan pronunciado sobre la cuestión.

Concluimos con un comentario en materia contable que versa sobre el concepto de grupo de sociedades a nivel contable. Comentamos la cuestión sobre la calificación como empresas del GRUPO DE SOCIEDADES, a efectos del art. 42 del Código de Comercio, de sociedades participadas por familiares próximos, incidiendo o no en la obligación de formular obligatoriamente cuentas anuales consolidadas.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.