Hemeroteca Mayo 2013

21mar.

EMPLEO INFORMARÁ A LOS TRABAJADORES MAYORES DE 50 AÑOS DE UNA ESTIMACIÓN ANUAL SOBRE SU PENSIÓN

El Ministerio de Empleo baraja comenzar a remitir desde 2014 a los trabajadores a partir de 50 años una carta o informe anual sobre cuál será la cuantía de su pensión desde el momento de la jubilación de acuerdo con parámetros que aún están por determinar, para dar así desarrollo a uno de los mandatos incluidos en la última reforma de las pensiones.

Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, que ha querido dejar claro que esta información será una mera “orientación” y para nada tendrá “efectos jurídicos”.

Burgos ha resaltado también que todo el diseño de este proyecto está sujeto a cambios puesto que se trata de un proyecto de gran envergadura. “Somos conscientes de que supone cambiar la relación de los ciudadanos con el sistema, por eso hay que hacerlo de forma progresiva”, ha dicho.

Esta cambio de relación, ha ahondado, será “fundamental” para dar un paso hacia una cultura de mayor “conocimiento, sensibilidad y compromiso” de los ciudadanos con sus pensiones. De hecho, Empleo también sopesa incluir en la carta otras informaciones como los recursos del sistema o posibles cambios legislativos y cambiar el sistema de nóminas para incluir información sobre cómo se reparten las obligaciones de cotización entre el trabajador y el empresario para que “el ciudadano conozca a qué se dedica el dinero de las cotizaciones”.

Por otro lado, Burgos ha señalado que la puesta en marcha de este sistema de información supone “un desafío técnico organizativo con pocos precedentes” en la Seguridad Social,

En este punto, ha justificado que se empiecen a realizar estos envíos a personas a partir de los 50 años. A su juicio, se trata de una edad “razonable” en la que aún hay capacidad para tomar decisiones, pero que permite construir un sistema de información no tan costoso como el que derivaría de extender estas comunicaciones a todos los trabajadores.

En cualquier caso, ha señalado que ese umbral de 50 años es “el comienzo” con lo que previsiblemente se irá incrementando el nivel de cobertura en los próximos años.

En este capítulo de costes, Burgos ha confiado en que la puesta en marcha de estos cambios acarree “los menos posibles” para la Administración porque “el sistema no está para gastos innecesarios”.

Europa Press

19mar.

EL GOBIERNO TRABAJA EN LA REFORMA LEGAL PARA PUBLICAR INCUMPLIMIENTOS FISCALES “RELEVANTES”

El Gobierno ha confirmado que sigue trabajando en un proyecto de ley que modifique la Ley General Tributaria con el objetivo de permitir la publicación de listados de “obligados tributarios” que hayan incurrido en incumplimientos fiscales “relevantes”, pero no da una fecha concreta para su remisión al Parlamento.

Así lo asegura en una respuesta escrita al portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, a la que ha tenido acceso Europa Press. En su pregunta, el diputado preguntaba por las previsiones del Gobierno para poder publicar una lista de defraudadores, así como por la posibilidad de hacer pública también la relación de empresas que eluden el pago de impuestos a través de sociedades en otros países.

Aunque en su respuesta el Ejecutivo no compromete ninguna fecha para esta modificación normativa, sí precisa que es obligada dado que el artículo 95 de la ley vigente “dispone el carácter reservado de los datos informes o antecedentes en poder de la Administración Tributaria”, que “no pueden cederse ni comunicarse” más que en determinados supuestos.

Dado que entre esas excepciones no se incluye la comisión de incumplimientos tributarios, el Gobierno prevé recoger en un proyecto de ley, que será remitido “próximamente” al Congreso, esa posibilidad, tal y como anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado mes de diciembre, fijando incluso la publicación de la lista para el primer trimestre de este año. Sin embargo, ese plazo tuvo que ser revisado dado que las modificaciones necesarias para hacer posible la publicación requieren de una normativa con rango legal, al afectar a la Ley General Tributaria y a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Sin embargo, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) creen que esta medida no será “muy efectiva” dado que una parte de los que aparecerán en la lista serán defraudadores con sentencia firme por delito fiscal y, por tanto, información de acceso público. Por ello, recomiendan incluir también a los contribuyentes que se dedican a pedir aplazamientos y a hacer todo tipo de triquiñuelas legales para no pagar a Hacienda.

Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó el pasado 5 de marzo que en este listado no se incluirán los nombres de los beneficiarios de la amnistía fiscal, porque eso supondría incumplir la ley, aunque reconoció que sí se están estudiando diversas modificaciones legales para dar publicidad a la lista de grandes defraudadores.

Europa Press

11mar.

PORTAL EUROPEO DE MOVILIDAD PROFESIONAL EURES

En estos tiempos de profunda crisis económica en la que muchos jóvenes tienen que buscarse un futuro profesional fuera de nuestro país, cobran especial importancia la ayuda, orientación y asesoramiento que nos pueden ofrecer servicios web como el de EURES, el portal europeo de la movilidad profesional.

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a los trabajadores y empresarios (que deseen contratar o que vayan a desplazar trabajadores al extranjero), así como a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de las personas.

Ofrece una forma fácil de encontrar información sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa, ofertando vacantes de empleo en 31 países europeos, currículos de candidatos interesados, lo que se necesita saber para vivir y trabajar en el exterior, y mucho más.

Las ofertas de empleo publicadas en el portal proceden de los servicios públicos de empleo europeos. EURES es su herramienta para dar a conocer los puestos de trabajo que los empresarios estén interesados en cubrir con trabajadores de otros países europeos.

También se ofrece información para las empresas que necesitan desplazar trabajadores a otro Estado en el apartado “Contratación de personal en otros países”, donde está disponible una lista de control de lo que se debe saber antes de contratar personal de otros países.

Portal de Actualidad CISS

7mar.

EL ICO DESTINARÁ 300 MILLONES DE EUROS A LA FINANCIACIÓN DE PYMES ESPAÑOLAS Y LATINOAMERICANAS

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha aprobado un crédito por importe de 300 millones de euros a favor del Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinado a la financiación de pymes españolas y latinoamericanas.

El CAF, que ha otorgado financiación a empresas y bancos españoles por más de 5.000 millones de dólares en los últimos 15 años, destaca que con esta nueva facilidad se busca ampliar el apoyo a empresas que estén en proceso de expandir sus negocios en América Latina, así como también a empresas latinoamericanas que deseen incrementar operaciones en España.

El crédito aprobado por CAF pone el énfasis en la financiación de inversión productiva, importación y exportación de bienes y servicios de empresas españolas para Latinoamericana y viceversa; y garantías para empresas en procesos de licitación.

El Banco de Desarrollo de América Latina tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante la financiación de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe, Europa y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiación multilateral.

Europa Press

6mar.

EL GOBIERNO ESTUDIA QUE SE PUEDAN CONSTITUIR EMPRESAS CON SÓLO UN EURO DE CAPITAL SOCIAL

El Gobierno estudia permitir la constitución de empresas aportando sólo un euro de capital social, frente a los 3.000 euros que se necesitan actualmente para fundar una sociedad limitada, que es la forma jurídica a la que suelen recurrir las pequeñas y medianas empresas.

Eso sí, el Ejecutivo baraja que en el plazo de seis meses a un año, la nueva sociedad tenga que haber llegado a esos 3.000 euros de capital mínimo, ya sea mediante aportaciones materiales o económicas.

El proyecto de ley de emprendedores contendrá muchas otras medidas para que sea más fácil poner un negocio. Así, se simplificarán los trámites administrativos, como las licencias, se mejorará la financiación y se pondrá en marcha la figura del autónomo de responsabilidad limitada, por la que será inembargable la vivienda habitual y los materiales necesarios para el ejercicio de la actividad.

Lo que discute ahora el Gobierno, según las fuentes consultadas por Europa Press, es la cuantía de la deuda a partir de la cual no se podrá embargar la vivienda y otros bienes materiales necesarios para el emprendedor. Las organizaciones de autónomos han planteado 6.000 euros de límite, pero aún está por ver si el Ejecutivo aceptará esta cifra.

Las organizaciones de autónomos han pedido además que haya una cantidad mínima vital inembargable, similar al salario mínimo interprofesional, en aquellos casos en los que se estén embargando todos los ingresos de un autónomo para saldar una deuda.

Además, se quiere ayudar a aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito en su primera iniciativa empresarial para que puedan liberarse de las cargas y tener así una segunda oportunidad. Para ello, el Gobierno tiene la intención de establecer un nuevo procedimiento concursal para los emprendedores, implantando la figura de un árbitro o mediador antes de que los casos lleguen al juzgado.

La idea es que en este arbitraje se pueda conseguir un acuerdo sobre las cantidades adeudadas, con posibles paralizaciones o aplazamientos de procesos ejecutivos (por ejemplo, exonerando de recargos e intereses en un periodo de tiempo determinado).

Europa Press

4mar.

OPINIÓN DE LOS ASESORES FISCALES ACERCA DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE CUENTAS EN EL EXTRANJERO

La Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET) ha advertido de que la obligación de informar de cuentas y bienes en el extranjero puede suponer un importante perjuicio para los 6 millones de inmigrantes residentes en España y que aún tengan abiertas cuentas en sus países de origen.

En un comunicado, ASEFIGET indica que la medida, que limita a 50.000 euros el importe de los bienes a declarar, también puede afectar a aquellos españoles que, en su día, trabajaron fuera de España y dejaron alguna casa o cuenta bancaria abierta en el otro destino, ya que también tendrán la obligación de declarar dichos bienes porque la medida afecta a cualquier persona física o jurídica residente en España (que viva en territorio nacional más de 182 días al año y/o tengan aquí a su familia o su negocio).

Para ASEFIGET, la declaración de bienes en el extranjero, “además de tremendamente compleja” por la multitud de supuestos que abarca, tiene que presentarse vía telemática y de no ser así, será motivo de sanción.

En concreto, indica que si la declaración se presenta fuera de plazo o con algún error en los requisitos requeridos, la sanción mínima será de 1.500 euros, mientras que si se elude la obligación de presentarla y la Agencia Tributaria lo detecta, la multa asciende a un mínimo de 10.000 euros.

Además, en este segundo caso Hacienda interpretará los bienes no declarados en concepto de ganancia patrimonial; es decir, que aunque esos bienes pertenezcan al contribuyente con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, la Agencia Tributaria lo computará como si se tratara de un ingreso en la renta de este año.

De este modo, si no se presenta a declaración, el contribuyente responderá por la cuantía no declarada pagando por tres conceptos: lo que le corresponde por la renta a liquidar, las sanciones correspondientes al protocolo sancionador por no haber liquidado la renta en la forma y plazos correspondientes y las sanciones por el régimen sancionador específico de la obligación de información de bienes en el extranjero.

Europa Press

Normativa Mayo 2013

FISCAL

Medidas de apoyo al emprendedor. Incentivos fiscales

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 23/02/2013)

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, tiene por finalidad apoyar la iniciativa emprendedora, el desarrollo empresarial y la creación de empleo, introduciendo una serie de medidas dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.

Respecto a los incentivos fiscales, se regula un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora para incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.

– En el Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.

– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una nueva reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este. Y también en el ámbito de dicho Impuesto, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

En cuanto a las medidas de fomento de la financiación empresarial, se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la cobertura de provisiones técnicas, así como el Reglamento de planes y fondos de pensiones para quelos fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en entidades de capital riesgo, estableciendo un límite máximo específico del 3% del activo del fondo para la inversión en cada entidad. También levanta la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado, más las reservas, para facilitar el acceso a la financiación no bancaria de las empresas españolas.

Nota: Las medidas de carácter social se tratan en el comentario de la Sección Laboral de esta revista, pág. 6.

LABORAL

Medidas para jubilación anticipada y parcial

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE 16/03/2013)

Este Real Decreto recoge medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, y la lucha contra el fraude y las políticas de empleo, con la finalidad de favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.

El Capítulo I se ocupa de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena y será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

El Capítulo II recoge las modificaciones introducidas en la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial y en la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante.

El Capítulo III modifica la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo, incorporando las modificaciones que se han llevado a cabo respecto a la jubilación parcial.

En el Capítulo IV se incluyen las medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos.

Por otra parte, la Disposición Adicional 1ª introduce una serie de cautelas para evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley; la 2ª y 3ª contemplan el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas; la 4ª se ocupa de la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la jubilación anticipada; la 5ª se refiere al informe sobre la Recomendación 16.ª del Pacto de Toledo; la 6ª se refiere a la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas; la 7ª contempla el informe previo de las entidades, participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades del sector público estatal; la 8ª establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo; y la 9ª encomienda al Gobierno la creación en el plazo de un mes de un comité de expertos independientes para que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo.

Convenio especial para personas con discapacidad

Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral (BOE 2/03/2013)

Requisitos para poder solicitar la suscripción de dicho convenio:

– Tener dieciocho o más años de edad y no haber cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria.

– Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

– Tener reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral.

– No figurar en alta o en situación asimilada a la de alta.

– Encontrarse inscritas en los servicios públicos de empleo por un período mínimo de seis meses.

– No tener la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, ni de jubilación en su modalidad no contributiva, ni percibir pensiones equivalentes.

La suscripción del convenio especial determinará la inclusión en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, en una situación asimilada a la de alta, para la cobertura de las prestaciones por jubilación, y por muerte y supervivencia.
La cotización a la Seguridad Social será obligatoria desde la fecha de efectos del convenio especial y mientras el mismo se mantenga en vigor. Asimismo, se establecen el coeficiente reductor aplicable en el año 2013 que queda establecido en el 0,89.

Jornada de trabajo de transportistas por cuenta propia

Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera (BOE 23/02/2013)

Se aplicará expresamente al transporte por carretera de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, o de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.

Su finalidad es reforzar la seguridad y la salud de los trabajadores móviles del transporte por carretera, al trasponer la Directiva 2002/15/CE al colectivo de los trabajadores por cuenta propia.

Se concreta su objeto y el ámbito de aplicación, señalándose aquellos supuestos de transporte por carretera expresamente excluidos; se incluyen las definiciones de los conceptos básicos; y se regulan los tiempos de trabajo y de descanso, así como las pausas, recogiendo la obligación del conductor autónomo de registrar diariamente su tiempo de trabajo.

MERCANTIL

Tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita

Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE 23/02/2013)

Ya desde el inicio de su tramitación, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas judiciales ha sido objeto de fuertes críticas, por entender que atentaba contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la tutela judicial efectiva. Pese a ello, las nuevas tasas comenzaron a aplicarse el 17 de diciembre de 2012, tras la publicación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que aprobaba los modelos 696, para la autoliquidación, y 695, para la solicitud de devolución.

Finalmente se ha publicado este Real Decreto Ley que reduce los importes de las tasas judiciales y adelanta la entrada en vigor de determinadas medidas establecidas en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita.

Modulación de las tasas judiciales

• Se mantiene la cuantía fija en función del tipo de procedimiento, y se rebaja la cuota variable que debe pagar una persona física: del 0,5% del total de la cuantía de la pretensión al 0,10%.

• En los recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras la tasa no podrá exceder de la mitad de su importe.

• El importe de las tasas en los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual quedarán fuera de la condena en costas, que suele repercutir en el desahuciado o su avalista.

• Se resuelven dudas sobre el devengo de las tasas en determinados procesos: capacidad, filiación, matrimonio, menores, división de patrimonios, procesos concursales…

• Las reclamaciones por incumplimientos de laudos de consumo estarán exentos de tasa. Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco pagarán.

Beneficiarios del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita:

• Aumenta el número de beneficiarios, al reconocer como tales, con independencia de sus recursos, a determinados colectivos:

• Eleva los umbrales de renta para poder acceder a este derecho.

Agenda Mayo 2013

HASTA EL 1

RENTA Y PATRIMONIO

• Obtención del número de referencia del borrador y datos fiscales

• Confirmación del borrador de declaración con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación

• Declaración anual 2012 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación…….D-100, D-714

• Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2012…………….150

HASTA EL 22

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Junio 2013. Grandes Empresas…………………………111,115,117,123,124,126,128

• Segundo trimestre…………………………013 111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta

• Segundo trimestre 2013:

– Estimación Directa…………………………130

– Estimación Objetiva…………………………131

IVA

• Junio 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………………303

• Junio 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………………322

• Junio 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC y otras operaciones………………..340

• Junio 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………49

• Junio 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………353

• Junio 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

• Segundo trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………………303

• Segundo trimestre 2013. Declaración-liquidación no periódica…………………………309

• Segundo trimestre 2013. Régimen simplificado…………………………310

• Segundo trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Segundo trimestre 2013. Servicios vía electrónica…………………………367

• Segundo trimestre 2013. Regímenes general y simplificado…………………………370

• Segundo trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales…………………………308

• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca…………………………341

HASTA EL 25

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL

Declaración anual…………………………2012 200, 220

Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural.

Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

HASTA EL 31

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

• Segundo Trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito……………….195

AGOSTO 2013

DURANTE TODO EL MES

Se podrán presentar durante todo el mes de agosto las declaraciones correspondientes al mes de julio de Renta, Sociedades, IVA e Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de septiembre.

SEPTIEMBRE 2013

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Julio y agosto 2013. Grandes Empresas…………………………111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Julio y agosto 2013. Régimen General. Autoliquidación…………………………303

• Julio y agosto 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………………322

• Julio y agosto 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC y otras operaciones……………340

• Julio y agosto 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………………349

• Julio y agosto 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………353

• Julio y agosto 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………………380

Contabilidad Mayo 2013

El nuevo Reglamento de Facturación está basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada (que sustituye a los “tiques”). Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de 400 euros (IVA incluido), cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 euros (IVA incluido), para los supuestos en los que anteriormente podía expedirse tiques.

Con el fin de adaptar la normativa española a la legislación comunitaria europea y solucionar las divergencias existentes entre los diferentes Estados Miembros en materia de facturación, el 30 de noviembre de 2012 se aprueba el Real Decreto 1619/2012, por el que se regulan las obligaciones de facturación, y cuya entrada en vigor se produjo el1 de enero de 2013.

A su vez, se han planteado como objetivos la reducción de las cargas administrativas de los sujetos pasivos del impuesto, el impulso de las transacciones económicas y la consecución de una igualdad de trato entre las facturas en papel y las confeccionadas en formato electrónico.

El nuevo Reglamento de Facturación sigue la misma sistemática (tanto en estructura como en contenido) que el Reglamento aprobado por el Real Decreto1496/2003, no obstante, incorpora varios aspectos novedosos que a continuación exponemos:

1. Se elimina la posibilidad de emitir tiques como documentos sustitutivos de las facturas. En lugar de ello, a partir del 1 de enero de 2013, se podrá emitir como documento sustitutivo de la factura un nuevo tipo de documento denominado factura simplificada. Debemos destacar que este documento permitirá ejercer el derecho a la deducción del IVA bajo determinados parámetros. Las operaciones en las que se podrán utilizar la factura simplificada son las siguientes:

a) Su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido.

b) Operaciones en las que deba expedirse una factura rectificativa.

c) Cuando se haya autorizado expresamente por la Agencia Tributaria el uso de este tipo de facturas.

d) En todos los supuestos en los que se podía expedir tiques (conforme al Reglamento derogado) siempre que su importe no exceda de los 3.000 euros, IVA incluido.

Por el contrario, no podrá utilizarse la emisión de facturas simplificadas en los siguientes casos:

– Entregas de bienes destinados a otro estado miembro.

– Determinadas operaciones (ventas a distancia y bienes objeto de Impuesto especiales, art.68.Tres y 68.Cinco LIVA) que, por aplicación de las reglas de localización, se entienden realizadas en el territorio de aplicación del IVA.

– Las operaciones no localizadas en el territorio de aplicación del IVA sobre las que existe la obligación de expedir factura.

– Operaciones que se entienden realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto cuando el proveedor no esté establecido en el mismo, el sujeto pasivo sea el destinatario y la factura sea expedida por éste último en nombre y por cuenta del proveedor.

Dicha factura simplificada deberá contener la siguiente información:

a) Fecha de su expedición.

b) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

c) Identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.

d) Se atribuye carácter opcional a la expresión “IVA incluido”.

e) Cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del IVA deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.

f) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.

g) Las menciones del Reglamento de Facturación /2012 (art.6.1.j a 6.1.o):

– Operación exenta.

– En entregas de medios de transporte nuevos la fecha de su primera puesta en servicio.

– La mención “facturación por el destinatario”.

– La mención “inversión del sujeto pasivo”.

– La mención “régimen especial de las agencias de viajes”.

– La mención “régimen especial de los bienes usados”, “régimen especial de los objetos de arte” o “régimen especial de las antigüedades y objetos de colección”.

h) A efectos de practicar la deducción, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, o también en el supuesto en el que el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos:

– NIF atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la UE, así como el domicilio del destinatario de las operaciones.

– La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta que deberá consignarse por separado.

Además, debemos destacar que con el Reglamento anterior tan sólo se producía el derecho a la deducción del IVA soportado mediante factura ordinaria y no mediante el tique. Sin embargo, se permite la utilización de las facturas simplificadas para ejercer el derecho a la deducción. Para poder ejercitar dicho derecho, la factura simplificada deberá de informar sobre el NIF y domicilio del destinatario, así como la cuota tributaria que se repercute.

2. Con objeto de potenciar la facturación por medios electrónicos, este nuevo Real Decreto pretende igualar el trato entre la factura electrónica y la factura en soporte papel. Los medios de expedición, tanto de las facturas en papel como electrónicas, deben permitir garantizar al expedidor la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido, su legibilidad, así como la identidad del destinatario, lo cual puede probarse por cualquier medio admitido en Derecho, y en particular, por medio de los controles de gestión internos utilizados en la actividad de la empresa. Por lo tanto, una de las novedades es que deja de ser obligatoria la utilización del sistema EDI(intercambio electrónico de datos) y la firma electrónica avanzada para garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido.

Además, la aceptación de la factura por parte del destinatario deja de ser necesariamente una aceptación expresa (mediante documento escrito) para poder ser tácita.

Por lo tanto, a partir de ahora es suficiente que aplique a las facturas electrónicas un control similar al que realiza con sus facturas en soporte papel. En este sentido, la empresa podrá facturar adecuadamente generando facturas en cualquiera de los formatos que se utilizan habitualmente (pdf, html, jpg o gif) y remitiéndolas posteriormente por correo electrónico.

La Dirección General de Tributos se ha pronunciado en fecha 16 de enero de 2013, sobre la forma en que el destinatario de la factura electrónica debe prestar su consentimiento, estableciendo la necesidad de la constancia expresa (por ejemplo, mediante la remisión expresa de la aceptación o, en su caso, de la no aceptación de la factura electrónica) o tácita (por ejemplo, mediante la constatación de que el destinatario ha accedido a la página web o portal electrónico del expedidor en el que se ponen a su disposición las facturas electrónicas y no ha comunicado su rechazo a la recepción de las facturas electrónicas) de que el destinatario ha dado su consentimiento informado a la factura electrónica. También establece la necesidad de que sea siempre posible la revocación de la aceptación y la comunicación de la misma que podrá realizarse en papel o por medios electrónicos y preferentemente a través del medio en el que el destinatario viene recibiendo las facturas electrónicas.

3. El tercer aspecto a tratar, hace referencia a las modificaciones introducidas en el contenido de las facturas ordinarias o completas. Las modificaciones más importantes introducidas en el contenido de las facturas ordinarias son las siguientes:

a) Cuando el destinatario sea una persona física, incluso que no actúe como empresario o profesional, se exige con este nuevo Real Decreto que la factura incluya el domicilio del destinatario. Por lo tanto, se elimina la norma que establecía que no era obligatoria la consignación del domicilio en estos casos.

b) Se elimina la mención de “copia” cuando estamos ante una factura que tiene condición de copia.

c) En caso de encontrarnos ante operaciones no sujetas, se elimina la necesidad de indicar en la factura que la operación se encuentra no sujeta al impuesto.

d) En caso de operaciones exentas se establece la obligación de hacer referencia a la normativa aplicable que permite dicha exención.

e) Además, existen una serie de menciones que deben incluirse en el contenido de la factura:

– En aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación, habrá que hacer mención expresa a “Inversión del sujeto pasivo”.

– Lo mismo ocurre en aquellos supuestos en los que sea el adquirente o el destinatario de la entrega o prestación del servicio quien expida la factura. En este caso, la factura deberá de tener la mención “facturación por el destinatario”.

Por su parte, el contenido de las facturas rectificativas no se ha visto alterado prácticamente, si bien se ha eliminado la exigencia de mencionar su condición de documento rectificativo, así como describir la causa que genera dicha rectificación.

4. Plazo de emisión de las facturas

La última de las modificaciones hace mención al plazo de emisión de las facturas. Así se modifica el plazo para la expedición de las facturas cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal. En este caso,deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo de la operación.

CONCLUSIÓN

La nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.

Mercantil y Civil Mayo 2013

Incidencia en el ámbito mercantil de la Ley 7/2012, de lucha contra el fraude

Resulta sorprendente la capacidad de expansión que tiene el Derecho Tributario. La Ley 7/2012 establece medidas destinadas a prevenir y luchar contra el fraude fiscal, medidas que en buena medida deberían quedar circunscritas al ámbito que le es propio; sin embargo estas medidas han superado la barrera de lo tributario, alcanzando aspectos que cualquier ordenado empresario debe conocer, so pena de ver corregida su actuación con la imposición de una sanción (tributaria o no). Las modificaciones operadas en la Ley General Tributaria extienden su ámbito de aplicación a la planificación de operaciones de reestructuración.

I. UNA NORMA FISCAL CON CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO MERCANTIL

El 30 de octubre de 2012 se publicaba en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Aún conscientes de que puede provocar cierta perplejidad que en el ámbito mercantil se analice una norma cuyo nomen parece dirigir su contenido hacia otros derroteros, no podemos menos que hacer notar, como comentario inicial, que las prescripciones que aquella contiene, lejos de quedar circunscritas al ámbito estrictamente tributario, alcanzan a otros órdenes. Por supuesto el mercantil es uno de ellos.

La norma contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, y el motivo de la adopción de las mismas descansa en la realidad social y económica en que nos encontramos sumergidos, en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria; circunstancias que comportan que a fecha de hoy la figura del fraude fiscal sea más reprochable que nunca. La consecución de los objetivos que marca la norma, se persigue con una batería de medidas novedosas, diseñadas para minimizar los nichos de fraude detectados como origen de importantes detracciones de ingresos públicos, pero también con otro tipo de medidas que persiguen el perfeccionamiento de las normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas. Las medidas propuestas se articulan a través de figuras que afectan de forma directa al ámbito mercantil de las personas jurídicas

También merece apuntar una serie de medidas que se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y con una clara vocación de lucha contra el fraude, entre las que se encuentran: la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

II. MODIFICACIONES OPERADAS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

1. SUCESORES DE PERSONAS JURÍDICAS Y DE ENTIDADES SIN PERSONALIDAD

Se modifica el artículo 40 de la Ley General Tributaria para evitar la actuación en fraude de la Hacienda Pública consistente en repartir el patrimonio existente a los socios, una vez nacida la deuda, a través de operaciones de preliquidación, para dejar paso a una liquidación formal con una cuota insignificante. A dichos efectos, se incrementa el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad. De este modo, el alcance del límite de la responsabilidad de dicho socio en la deuda tributaria de la persona jurídica o entidad disuelta o liquidada, se extiende a las demás percepciones patrimoniales recibidas en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones.

En otro orden de cosas, pero dentro del mismo supuesto, se modifica el sistema de sucesión de las entidades con personalidad jurídica, para dar cobertura jurídica en la LGT a la sucesión de entidades jurídico-públicas, en las que también se produce la subrogación mercantil tradicional. Con ese propósito se incluyen de forma explícita como susceptibles de sucesión tributaria toda clase de sociedades y entidades con personalidad jurídica que tuvieran la condición de sucesoras y beneficiarias.

2. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA. MODIFICACIONES Y NUEVOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PARA LOS ADMINISTRADORES

En primer lugar, se establece un sistema de reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago. Así, en caso de concurrencia de una situación de responsabilidad respecto de la sanción, se modifica la norma para ofrecer la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de deuda derivada procedente de una sanción impuesta al deudor principal, beneficiándose de ese modo de la reducción legal por conformidad. De igual modo, se reconoce al responsable la eventual reducción por pronto pago de su propia deuda.

Por otro lado, se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores, de hecho o de derecho, de aquellas entidades que, carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, realizan una actividad recurrente y sistemática de presentación de autoliquidaciones formalmente pero sin ingreso por determinados conceptos tributarios, con ánimo defraudatorio.

Así, serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria.

Aclara la norma que se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea. Sin embargo, no se tendrán en cuenta en dicho cómputo las autoliquidaciones en las que, habiéndose solicitado aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con prestación de garantía.

Por último, deja claro el nuevo supuesto que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural no supere el 25% del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.

III. OTRAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. INCIDENCIA MERCANTIL

La Ley vino a introducir también la ya conocida limitación a la utilización de pagos en efectivo. El motivo que justifica su aparición reside en que la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, favoreciendo la opacidad de las operaciones y actividades, incrementando el riesgo de ocultación a la Administración. Así, se establece una limitación, de carácter general, a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones a partir de 2.500 euros. Se excluye de la limitación a los pagos efectuados cuando ninguno de los intervinientes en la operación actúe en calidad de empresario o profesional, así como a los pagos o ingresos realizados en entidades de crédito. Asimismo, se contempla expresamente una regla contra el fraccionamiento de operaciones a efectos del cálculo del límite legalmente establecido, debiendo sumarse todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. En todo caso, los intervinientes obligados por esta norma deberán conservar los justificantes del pago durante un plazo de cinco años.

Por último, se establece un severo régimen sancionador para los supuestos de incumplimiento, fijándose el importe de la sanción en un porcentaje del 25% del importe pagado si se superan los límites legales, y se introducen obligaciones de información para cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación legal.

Por último, resulta conveniente hacer notar la aparición de una nueva declaración informativa, para los bienes y derechos situados en el extranjero. La libertad en la circulación de capitales, a nivel comunitario, así como la globalización de la economía, hace aconsejable el establecimiento de esta obligación específica de información. De esta forma, a través de una disposición adicional que se incorpora a la Ley General Tributaria, se establece dicha obligación de información, así como la habilitación reglamentaria para su desarrollo. La falta de cumplimiento de esta obligación se castiga con sanciones muy severas, con mínimos que en ocasiones pueden considerarse exorbitantes.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Estábamos acostumbrados a que las normas se sucedieran unas a otras, en no pocas ocasiones sin que realmente hubiesen tenido tiempo para provocar los efectos para los que fueron creadas. Resulta sin embargo preocupante la creciente incidencia que tienen las normas creadas para un determinado sector en el resto del ordenamiento. A la vista está que además de ser honrados ciudadanos, ejemplares contribuyentes y ordenados empresarios, habrá que aprender derecho. Aunque la ley no lo diga.

Laboral Mayo 2013

Las nuevas medidas laborales y de Seguridad Social para emprendedores
e incentivos al empleo

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, elaborada por el Ministerio de Empleo tras un proceso en el que participaron los interlocutores sociales, tiene como objetivo poner en marcha una serie de medidas para reducir el desempleo juvenil, ya sea a través de la contratación de jóvenes por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento. El Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, es la norma en la que se regulan un primer conjunto de medidas para la puesta en práctica de la Estrategia.

El Real Decreto Ley 4/2013, que entró en vigor el 24 de febrero de 2013, incluye medidas de distinta naturaleza: fiscales, laborales y de financiación. En este artículo resumimos las medidas laborales y de Seguridad Social que contiene.

I. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO

Se establecen una serie de medidas para incentivar y favorecer la actividad por cuenta propia de jóvenes y discapacitados, unas basadas en la reducción de las cotizaciones de los nuevos autónomos y otras aplicables a los que son beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo. Estas medidas son compatibles entre sí.

1. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE JÓVENES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Los beneficios en sus cotizaciones quedan de la siguiente manera:

A) Los hombres menores de 30 años o mujeres menores de 35 que se den de alta en el Régimen de Autónomos (o como trabajadores por cuenta propia en el de Trabajadores del Mar), pueden aplicar, sobre la cuota por contingencias comunes que les corresponda (que dependerá de qué base de cotización hayan elegido –en 2013 se puede elegir la base entre un mínimo de 858,60 y un máximo de 3.425,70– y de qué porcentaje se aplica a esa base –en general el 29,8% o el 26,5% si hay cobertura por cese–), una reducción, durante los 15 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta. Es decir, pueden reducir sus cotizaciones en unos 76 euros mensuales durante 30 meses. La cuota mínima, que con carácter general es de unos 255 euros para este colectivo, se queda, por tanto, en unos 179 euros durante 30 meses. Este beneficio en las cotizaciones ya era aplicable antes del RDL 4/2013, lo que esta norma ha introducido es la siguiente alternativa a estas bonificaciones y reducciones.

B) Los menores de 30 años de edad que se den de alta por primera vez, o bien que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores a contar desde la fecha de efectos del alta, podrán aplicar las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes (incluida la incapacidad temporal) resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización, por un período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. Esto supone una reducción de unos 205 euros, por lo que la cuota mínima por contingencias comunes se queda en unos 50 euros mensuales los 6 primeros meses.

b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a). Con esta reducción la cuota se quedaría en torno a los 127 euros en ese período.

c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b). Con esta reducción la cuota se quedaría en torno a los 179 euros en ese período.

d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los 15 meses siguientes a la finalización del período de reducción. Con esta reducción la cuota se quedaría en torno a los 179 euros en ese período.

Si comparamos el ahorro en cotizaciones con el sistema anterior, el nuevo sistema supone un ahorro de unos 1.080 euros en 30 meses, con la ventaja adicional de que las cuotas experimentan una mayor reducción en el primer año de actividad. Si se opta por el sistema gradual de reducciones del apartado B) luego se puede aplicar el establecido en el apartado A), pero nunca se puede superar el tope de 30 meses de aplicación de bonificación/reducción.

Exclusiones: Las bonificaciones y reducciones del apartado B) anterior no podrán aplicarlas los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores por cuenta ajena.

Socios de cooperativas: También se aplican los incentivos de los apartados A) y B) anteriores a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos establecidos.

2. COTIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE INICIEN UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, que se den de alta en el Régimen de Autónomos (o como trabajadores por cuenta propia en el de Trabajadores del Mar) se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.

Cuando tengan menos de 35 años y causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, podrán aplicar sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento:

a) Una reducción equivalente al 80% durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.

b) Una bonificación equivalente al 50% durante los cuatro años siguientes.

En estos casos también se aplican los incentivos a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado e igualmente se excluyen de la reducción “por tramos temporales” a los autónomos que empleen a trabajadores por cuenta ajena.

3. COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CESE DE ACTIVIDAD

A partir del 1 de enero de 2014 la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será obligatoria para todos los trabajadores, cualquiera que sea el régimen en que coticen. Sin embargo, el RDL 4/2013 establece que la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que incluye la cobertura de la protección por cese de actividad, tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propiamenores de 30 años.

4. MEDIDAS PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

A) Posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia

La nueva norma establece dos nuevos supuestos de compatibilidad:

a) Cuando lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo.

b) Compatibilización por los menores de 30 años beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que se constituyan como trabajadores por cuenta propia. Podrán compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones siguientes:

– Que no tenga trabajadores a su cargo.

– Que lo solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia; transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad.

B) Se amplían las posibilidades de cobrar en un pago único la prestación por desempleo

Esta norma establece que podrán capitalizar su prestación por desempleo y percibirla de una sola vez:

a) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 100%cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.

b) Los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo menores de 30 años, cuando capitalicen la prestación para destinar hasta el 100% de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados.

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente.

5. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DEL COBRO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO TRAS REALIZAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

La prestación por desempleo se podrá suspender mientras se realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a 24 meses o inferior a 60 meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edadque causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

II. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Se establecen una serie de bonificaciones y reducciones a la contratación de determinados colectivos y se crea una nueva “modalidad” de contrato temporal.

1. CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA

Las empresas, incluidos los autónomos, que celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes desempleados menores de 30 años tendrán derecho, durante un máximo de 12 meses, a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado, del 100% en el caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.

Este incentivo podrá ser prorrogado por otros 12 meses, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del periodo a que se refiere el párrafo anterior.

Los trabajadores deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) No tener experiencia laboral o que ésta sea inferior a tres meses.

b) Proceder de otro sector de actividad en los términos que se determinen reglamentariamente.

c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos 12 meses durante los 18 anteriores a la contratación.

Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato.

La formación no tiene que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato y podrá ser:

a) Formación acreditable oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo.

b) Formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima de 90 horas en cómputo anual.

Para la aplicación de esta medida, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada.

La jornada pactada no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo.

Para poder acogerse a esta medida las empresas o autónomos deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, extinciones de contratos improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.

Para aplicar los beneficios, la empresa debe mantener el nivel de empleo alcanzado con este tipo de contrato durante, al menos, un período equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de 12 meses desde su celebración. En caso de incumplirlo deberá reintegrar los incentivos.

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el período de prueba.

Para la aplicación de las medidas a que se refiere este apartado será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.

2. CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE UN JOVEN POR MICROEMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS

Las empresas y autónomos, que contraten de manera indefinida, a tiempo completo o parcial, a un joven desempleado menor de 30 años tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante el primer año de contrato, siempre que:

a) Tengan, en el momento de la celebración del contrato, una plantilla igual o inferior a nueve trabajadores.

b) No hayan tenido ningún vínculo laboral anterior con el trabajador.

c) No hayan adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará solo a las extinciones producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.

d) No hayan celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este precepto, salvo que lo hayan celebrado pero se hubiera extinguido por causa no imputable al empresario o por resolución durante el período de prueba. En estos casos sí se podrá celebrar un nuevo contrato al amparo de este precepto, pero el periodo total de bonificación no podrá exceder, en conjunto, de 12 meses.

Exclusiones: Estos beneficios no se aplicarán:

a) Cuando el contrato sea un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores de los regulados por la Ley de la reforma laboral (Ley 3/2012).

b) Cuando sea para trabajos fijos discontinuos.

c) Cuando se trate de contratos indefinidos incluidos en el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (son contratos bonificados celebrados con discapacitados, víctimas de violencia de género o del terrorismo, o trabajadores en situación de exclusión social).

Otras condiciones:

– Los beneficios establecidos sólo se aplicarán respecto a un contrato.

– Para la aplicación de los beneficios, la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 18 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba.

– Se deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, un año desde su celebración.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro de los incentivos.

Será necesaria la formalización escrita de estos contratos en el modelo que se establezca al efecto.

3. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO JOVEN

Tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social durante los 12 meses siguientes a la contratación los trabajadores por cuenta propia menores 30 años, y sin trabajadores asalariados, que desde el 24 de febrero de 2013 contraten por primera vez, de forma indefinida, mediante un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, a personas desempleadas de edad igual o superior a 45 años, inscritas ininterrumpidamente como desempleadas en la oficina de empleo al menos durante 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación o que resulten beneficiarios del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado, al menos, 18 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el período de prueba. En estos casos, se podrá celebrar un nuevo contrato, si bien el período total de aplicación de la reducción no podrá exceder, en conjunto, de 12 meses.

4. PRIMER EMPLEO JOVEN. AMPLIACIÓN DE LAS CAUSAS PARA CELEBRAR UN CONTRATO TEMPORAL

Para incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional, las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de 30 años que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a tres meses.

Estos contratos son eventuales, como los celebrados por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos (se rigen por la misma normativa que éstos: el artículo 15.1.b del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo), pero con las siguientes peculiaridades:

a) Se considerará causa de celebración del contrato la adquisición de una primera experiencia profesional.

b) La duración mínima del contrato será de tres meses.

c) La duración máxima del contrato será de seis meses, salvo que se establezca una duración superior por convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, sin que en ningún caso dicha duración pueda exceder de 12 meses.

d) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable.

Para poder celebrar estos contratos, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 24 de febrero de 2013, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.

Incentivos a la conversión en indefinidos:

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que, una vez transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde su celebración, transformen en indefinidos estos contratos tendrán derecho a una bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años, siempre que la jornada pactada sea al menos del 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. Si el contrato se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por transformación será de 58,33 euros/mes (700 euros/año).

Requisitos:

– La empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con la transformación durante, al menos, 12 meses. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de los incentivos.

No se considerará incumplida la obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.

– Será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca.

5. INCENTIVOS A LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS PARA EL PRIMER EMPLEO

Podrán celebrarse contratos en prácticas con jóvenes menores de 30 años, aunque hayan transcurrido cinco o más años desde la terminación de los correspondientes estudios.

Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de 30 años, tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato.

Si el trabajador estuviese realizando ya prácticas no laborales (reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas), en el momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será del 75%.

Será precisa la formalización escrita de los contratos en el modelo que se establezca.

6. INCENTIVOS A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES A ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la economía social:

a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. Estas bonificaciones no serán compatibles con las previstas en el artículo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Fiscal Mayo 2013

Llegado el momento de enfrentarse a la liquidación del Impuesto sobre la Renta conviene tener presente las novedades que en sede de este impuesto han aparecido a lo largo del año pasado. Resulta cierto que la actual situación económica ha generado un notable incremento de la producción normativa que en poco ayuda a comprender un impuesto ya suficientemente complejo sin las constantes modificaciones a que se ve sometido.

I. UNA CAMPAÑA DE RENTA CON LA VISTA PUESTA EN EL AÑO SIGUIENTE

El ahora lejano 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros del entonces nuevo ejecutivo, adoptó una serie de medidas de carácter urgente en materia presupuestaria, tributaria y financiera con la deseada finalidad de incrementar la recaudación y de esta forma reducir el déficit público. Dichas medidas, recogidas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, fueron convalidadas por el Pleno del Congreso de los Diputados en fecha 11 de enero de 2012. Ciertamente dicha norma no dejaba de ser un tanto peculiar, si se tiene en cuenta que el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, acordaba la disolución de ambas cámaras y la convocatoria de elecciones generales el 20 de noviembre de 2011. La consecuencia lógica de estas circunstancias fue que no fuera posible aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. De tal modo que, por expreso mandato constitucional, los presupuestos del ejercicio 2011 se vieron prorrogados de forma automática. A la luz de dichos hechos, el Real Decreto Ley 20/2011 vino a corregir la inmovilidad presupuestaria, llevando a cabo modificaciones de hondo calado en buena parte de figuras de nuestro sistema impositivo, habida cuenta que la situación económica y financiera aconsejaban no prorrogar algunas materias que podrían tener repercusiones en el déficit público y en la estabilidad presupuestaria. A pesar de lo lejano que resulta en el tiempo, buena parte de las medidas que entonces se tomaron afectarán a la declaración de renta a presentar a fecha de hoy.

Ya en el ejercicio 2012 asistimos, no sin cierto estupor, a la aparición de un sinfín de reales decretos, leyes, órdenes, instrucciones, leyes que acogían lo dispuesto con carácter previo por reales decretos leyes, y cada una de ellas con nuevas medidas en el orden tributario. La desmesurada capacidad creativa de nuestro legislador hace que revisemos prácticamente a diario la planificación fiscal de nuestros impuestos, pero ello no debe ser óbice para que pongamos de manifiesto, una vez más, el despropósito que constituye para cualquier operador jurídico (y por lo que se refiere a la materia impositiva, todos lo somos) verse sometido a tamaña inseguridad en lo que se refiere a la correcta aplicación de la normativa tributaria en sede de, por lo que atañe a nuestro comentario, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No nos referiremos de nuevo a todas las novedades aparecidas a lo largo de los ejercicios pasados con incidencia en el Impuesto que nos disponemos a liquidar, y ello porque ya en números anteriores hemos tenido la oportunidad de desgranar su contenido, tratando de hacer inteligibles, en la medida de nuestras posibilidades, la tremenda complejidad de las mismas; y en todo caso, el momento para reordenar la dirección fiscal propia, conformándola a las normas vigentes, finalizó el pasado 31 de diciembre.

Pese a lo dicho, traeremos a colación alguna de las medidas contenidas en Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público; y en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De igual modo nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que ha modificado la Ley del IRPF.

Por último, consideramos necesario hacer una especial mención a las medidas que pueden tener incidencia en el cálculo del IRPF para el próximo ejercicio, por lo que haremos una exposición somera, aunque necesaria, respecto a las medidas recogidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, toda vez que esta norma actúa a modo de la denostada ley de acompañamiento a los presupuestos generales del estado; la cercanía entre su aprobación y la publicación de la Ley de Presupuestos para el 2013, permite vislumbrar la existencia de verdaderas medidas de carácter tributario en su contenido.

II. MODIFICACIONES A CONSIDERAR EN LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. MODIFICACIONES EN LA ESCALA DEL IMPUESTO

La primera de las medidas a que nos referiremos incide en la introducción de un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013. Dicho gravamen aplica tipos adicionales a los existentes que van desde el 0,75 aplicable al tramo inferior de la escala hasta el 7, que se aplicará a los contribuyentes cuya base liquidable supere los 300.000,20 euros (cuadro 1).

En lo referente a las rentas del ahorro, el incremento se opera llevando a cabo una subida sobre los tipos aplicables en un 2 y un 4 para los tipos existentes. Y al mismo tiempo, se regula un nuevo tipo para los contribuyentes cuya base liquidable del ahorro se sitúe por encima de los 24.000 euros (cuadro 2).

Cuadro 1

Base liquidable general – Hasta euros

Incremento en
cuota íntegra 
estatal – Euros

Resto base 
liquidable general – Hasta euros

Tipo
aplicable – 
Porcentaje

0

0

17.707,20

0,75

17.707,20

132,80

15.300,00

2

33.007,20

438,80

20.400,00

3

53.407,20

1.050,80

66.593,00

4

120.000,20

3.714,52

55.000,00

5

175.000,20

6.464,52

125.000,00

6

300.000,20

13.964,52

En adelante

7

Cuadro 2

Base liquidable del ahorro – Hasta euros

Incremento en 
cuota íntegra 
estatal – Euros

Resto base 
liquidable del 
ahorro – Hasta euros

Tipo 
aplicable – 
Porcentaje

0

0

6.000

2

6.000,00

120

18.000

4

24.000,00

840

En adelante

6

La modificación tuvo una inmediata consecuencia en los ingresos públicos, y es que el cálculo de las retenciones a practicar sobre los rendimientos del trabajo se vio igualmente incrementado a partir del mes de febrero de 2012.

2. DEDUCCIÓN POR RETENCIONES. MODIFICACIÓN AL ALZA DE LOS TIPOS

Tanto para el ejercicio 2012 como para el 2013 se establece un incremento en el tipo de retención aplicable a los rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales, premios, arrendamientos de bienes inmuebles y un largo etc., pasando del 19 al 21%.

Por otro lado, las retribuciones a los administradores y miembros de los consejos de administración de sociedades de capital ven incrementado el tipo de retención aplicable a los rendimientos que obtengan de aquellas por tal concepto, pasando del 35 al 42%.

Por último, desde el 1 de septiembre de 2012 se incrementó del 15 al 19% el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos de actividades profesionales y los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias y coloquios. Conviene tener en cuenta sin embargo que, con carácter transitorio, el porcentaje de retención sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen desde el desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 será del 21%. Por ende, se ve igualmente incrementado del 7 al 9% el tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales que inicien su actividad.

3. REDUCCIÓN DE DETERMINADOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Continua vigente el límite de 300.000 euros en la cuantía del rendimiento íntegro sobre la cual se calculará la reducción del 40%, por periodo de generación de determinados rendimientos íntegros del trabajo, superior a dos años u obtención de estos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedando excluidos de dicho límite los rendimientos íntegros previstos en el artículo 17.2 a) LIRPF (prestaciones de la Seguridad Social, mutualidades, planes de pensiones y determinados contratos de seguros).

4. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA

a) Inversión en vivienda habitual. Durante el 2012 la base de esta deducción está constituida por las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual con un máximo de 9.040 euros. A partir del 1 de enero de 2013, esta deducción continuará siendo aplicable para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012, pero desaparece para las nuevas adquisiciones de vivienda habitual.

b) Compensación fiscal por adquisición de vivienda habitual con anterioridad al 31 de diciembre de 2006. Con fecha de efectos de 15 de julio de 2012, desaparece la compensación prevista para aquellos contribuyentes que hubieren adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2006.

c) Alquiler de vivienda habitual. Podrá aplicarse esta deducción por parte de los contribuyentes cuya vivienda habitual sea arrendada y su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros. La base máxima de la deducción se establece en 9.040 euros, para bases imponibles iguales o inferiores a 17.707,20 euros anuales; cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales, la base de la deducción será el resultado de efectuar la siguiente operación: 9.040- 1,4125 x (BI- 17.707,20), por lo que la base de la deducción decrece linealmente hasta quedar a cero a partir de 24.107,20 euros.

d) Reducción por arrendamiento de vivienda. En los supuestos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, la reducción del rendimiento neto se establece en un 60%. En el caso de que proceda la reducción del 100% de dicho rendimiento neto, la edad del arrendatario debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. De igual modo, se establece un régimen transitorio que mantiene la reducción del 100% hasta los 35 años de edad del arrendatario, siempre que el contrato de arrendamiento se hubiera celebrado con anterioridad a 1 de enero de 2011.

e) Cantidades depositadas en cuentas vivienda. Aquellos contribuyentes que hayan depositado cantidades en cuentas vivienda en años anteriores y no hayan adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 y no tengan intención de hacerlo en el plazo de cuatro años desde la apertura de aquella, podrán devolver la deducción por adquisición de vivienda habitual practicada en los ejercicios anteriores, sin pagar intereses de demora.

5. EXENCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O CESE DEL TRABAJADOR

Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012, la disposición final undécima de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó la letra e) del artículo 7 de exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador y añadió una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la Ley del IRPF (indemnizaciones por despido exentas). Con ello, nos encontramos con que se derogó del artículo 7.e) de la Ley del IRPF, el párrafo segundo sobre la exención de la indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación. Con ello, para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca acto de conciliación o resolución judicial.

No obstante, se mantiene la exención para la anterior situación si los despidos se produjeron desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, esto es, para los despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 hasta el 7 de julio de 2012.

6. DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA EN LA VIVIENDA

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2011, hasta el 31 de diciembre de 2012, por las obras realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de su propiedad o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del contribuyente. Quedan excluidas de esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

La base máxima anual de esta deducción será de:

– Cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales: 6.750 euros anuales.

– Cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 euros anuales: 6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.

Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 euros por vivienda. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.

Esta deducción desapareció el 31 de diciembre de 2012.

7. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Las circunstancias actuales de crisis económica llevaron a restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, como una forma de materializar el principio por el cual quienes más tienen deben contribuir en mayor medida a la salida de la crisis. Este impuesto, establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprimió el gravamen, norma que sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo. El Real Decreto Ley 13/2011 restableció el gravamen del impuesto, si bien modificando su contenido, de tal suerte que excluye de su exacción a los contribuyentes con un patrimonio medio. Así, se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008, quedando establecido en 300.000 y 700.000 euros, respectivamente, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, el restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012.

III. LAS MODIFICACIONES FISCALES PARA EL EJERCICIO 2013. NOTAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

Las medidas a que nos referiremos a continuación despliegan sus efectos a partir del 1 de enero de 2013. Resulta oportuno hacer una breve mención a las mismas toda vez que consideramos que una adecuada planificación fiscal requiere no sólo conocimiento, sino también tiempo necesario para implementarse.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, introdujo importantes novedades en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En primer lugar, como ya se ha apuntado, suprime a partir de 1 de enero de 2013 la deducción por inversión en vivienda habitual, si bien se establece un régimen transitorio por el que se podrá seguir practicando esta deducción en ejercicios futuros para todos aquellos contribuyentes que bien hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades para su construcción con anterioridad a 1 de enero de 2013, bien hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017, o bien hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad antes del 1 de enero de 2013 y siempre que estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

Por otro lado, a partir de 1 de enero de 2013 se elimina la exención de los premios de las loterías del Estado, ONCE, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, quedando sometidos a una retención e ingreso a cuenta del 20% de su importe, salvo que el mismo sea inferior a 2.500 euros. El devengo de esta exacción se producirá en el momento en que se abone o satisfaga el premio, practicándose retención o ingreso a cuenta que no tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar autoliquidación. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20%.

La Ley procede igualmente a modificar la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa, cuantificándose por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador. Y ello será así salvo para los supuestos en que el pagador viniera satisfaciendo estos rendimientos en relación con viviendas que no fueran de su propiedad con anterioridad a 4 de octubre de 2012, ya que en dicho supuesto podrá seguir valorando conforme a la regla de valoración existente anteriormente.

Por otro lado, el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha introducido distintas novedades en materia de impuesto sobre la renta que consideramos necesario citar. En primer lugar, se modifica la exención de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, suprimiéndose el límite cuantitativo de 15.500 euros. Con ello, desde el 1 de enero de 2013 estas prestaciones por desempleo quedan exentas de forma íntegra.

Se introduce además una nueva reducción del 20% del rendimiento neto de las actividades económicas que resultará de aplicación cuando concurran determinadas circunstancias; en concreto, los beneficiarios deben determinar el rendimiento por el método de estimación directa, las actividades económicas se deben iniciar a partir del 1 de enero de 2013, y no debe haberse ejercido ninguna otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de la nueva actividad. La reducción se aplicará en el primer período impositivo en el que el rendimiento sea positivo y en el siguiente.

Editorial Mayo 2013

Como cada año, la llegada del mes de mayo anuncia el inicio del período para presentar la declaración de renta del ejercicio inmediatamente anterior. En este caso, el 2012.

Llegado el momento de enfrentarse a la liquidación del Impuesto sobre la Renta conviene tener presentes las novedades que han aparecido a lo largo del año pasado. Es cierto que la actual situación económica ha generado un notable incremento de la producción normativa que en poco ayuda a comprender un impuesto ya suficientemente complejo sin las constantes modificaciones a que se ve sometido.

En este número comentaremos alguna de las medidas contenidas en Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público; y en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. De igual modo nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha modificado la Ley del IRPF.

Asimismo, consideramos inevitable hacer una especial mención a las medidas que pueden tener incidencia en el cálculo del IRPF para el próximo ejercicio, por lo que haremos una exposición somera, aunque necesaria, respecto a las medidas recogidas por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, toda vez que esta norma actúa a modo de la denostada ley de acompañamiento a los presupuestos generales del estado; la cercanía entre su aprobación y la publicación de la Ley de Presupuestos para el 2013, permite vislumbrar la existencia de verdaderas medidas de carácter tributario en su contenido.

En el ámbito laboral, analizaremos el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, norma en la que se regula un primer conjunto de medidas para la puesta en práctica de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Ésta fue elaborada tras un proceso en el que participaron los interlocutores sociales, cuyo objetivo es poner en marcha una serie de medidas para reducir el desempleo juvenil, ya sea a través de la contratación de jóvenes por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.

En nuestro apartado mercantil comentaremos la sorprendente capacidad de expansión que tiene el Derecho Tributario. La aparición de la Ley 7/2012 supuso el establecimiento de medidas destinadas a prevenir y luchar contra el fraude fiscal, medidas que en buena medida deberían quedar circunscritas al ámbito que le es propio. Sin embargo, las medidas establecidas en aquella han superado la barrera de lo tributario, alcanzando aspectos que cualquier ordenado empresario debe conocer, so pena de ver corregida su actuación con la imposición de una sanción (tributaria o no). Las modificaciones operadas en la Ley General Tributaria extienden su ámbito de aplicación a la planificación de operaciones de reestructuración.

Finalmente, en nuestro comentario contable analizaremos el nuevo Reglamento de Facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con el fin de adaptar la normativa española a la legislación comunitaria europea y solucionar las divergencias existentes entre los diferentes Estados Miembros en materia de facturación.

Esta nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica,cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.

Esperamos que los comentarios que le presentamos le resulten de utilidad y, como siempre, quedamos a su disposición invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta que se le plantee.