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2013 y el fin de la deducción por vivienda habitual.

 

La llegada del año 2013 ha supuesto varias modificaciones en el panorama fiscal español.

Vamos a analizar una de ellas, ya que afecta a la mayoría de los contribuyentes.

FIN DE LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA HABITUAL PARA NUEVOS    COMPRADORES.

Muchas personas no finalizaron por completo la operación de compra en el 2012 y es ahora cuando se preguntan si podrán beneficiarse de la deducción en 2013.

Pues bien, veamos los casos en los que se puede aplicar la deducción por vivienda habitual:

PRIMERO.-  ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Las personas que podrán verse beneficiadas por la desgravación por vivienda, son aquellas que hayan adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 y aquellos que hayan comprado una vivienda en construcción en la que hayan desembolsado cantidades dinerarias y todavía lo sigan haciendo.

En el caso concreto de vivienda en construcción, para poder acogerse a esta desgravación, la entrega de la vivienda deberá realizarse en un plazo máximo de 4 años a contar desde el inicio de la inversión. Si lamentablemente esto no se llega a cumplir, se debe regularizar la desgravación de la que se han beneficiado los anteriores cuatro años.

SEGUNDO.- RAHABILITACIÓN

Todas las personas que hayan satisfecho cantidades de dinero en concepto de obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda antes del 31 de diciembre de 2012, seguirán acogiéndose a la desgravación. Además como en el caso anterior la obra deberá estar terminada en cuatro años.

TERCERO.- DISCAPACIDAD

En el caso de obras para la adecuación de viviendas de personas con discapacidad, la deducción permanecerá siempre que las mismas se realicen con anterioridad del 31 de diciembre de 2012 y las mismas condiciones que el apartado anterior.

CUARTO.- CUENTAS VIVIENDA

Por último, las cuentas vivienda, se desgravarán por última vez en la declaración de este año.

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Programa de ayuda “PREPARA” (Programa de Recualificación Profesional)

 

Según el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo durante seis meses, con efectos desde el 16 de agosto de 2012, hasta el 15 de febrero de 2013.


Este programa se estableció mediante el Real Decreto-ley 1/2011 de 11 de febrero, en cuanto a medidas urgentes para poder promover el empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
El Consejo de Ministros del 25 de enero de 2013 ha aprobado prorrogar la vigencia de este plan de forma indefinida mientras la tasa de paro no baje del 20%.
Se trata de un programa de cualificación para aquellas personas que agoten su protección por desempleo.


Esta ayuda trata de proteger al colectivo de desempleados que han agotado o no tienen derecho a las prestaciones correspondientes, presenten cargas familiares o sean parados de larga duración.


–  Se incrementa la ayuda, del 75 % al 85% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, IPREM, para aquellos beneficiarios que acrediten tres o más personas a su cargo.
–  Se centra el colectivo de beneficiarios en los parados de larga duración o parados con cargas familiares.
–  Para la determinación de la condición de beneficiario, se mantiene la vinculación del requisito de reducidas rentas del solicitante a las de la unidad familiar, incluyendo ahora las rentas de los padres en caso de convivencia.
–  Se exige que el solicitante acredite haber buscado activamente trabajo durante al menos 30 días desde la pérdida de otras prestaciones.


Las personas que pueden beneficiarse de este programa, son personas desempleadas por extinción de la relación laboral e inscrita en las Oficinas de Empleo que hayan agotado la prestación por desempleo y no tengan derecho a alguno de los subsidios, incluyendo sus prórrogas.
Además dichas personas han de cumplir en el momento de la solicitud alguna de estas condiciones:
–  Llevar inscritas como demandantes de empleo al menos doce de los últimos dieciocho meses.
–  Tener responsabilidades familiares, tal como este concepto viene definido en el artículo 215.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


En cuanto a la persona solicitante, debe carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluyendo las dos pagas extraordinarias.
Derechos de las personas beneficiarias:


–  Tienen derecho a realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción sobre su empleabilidad.
–  Participar en medidas activas de empleo que estén encaminadas a la recualificación o reinserción profesional para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo.
  Recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, como máximo 6 meses.
Obligaciones de las personas beneficiarias.


Los beneficiarios de estas ayudas tendrán la obligación de participar en las acciones de empleo y búsqueda de empleo.
Estarán obligadas a aceptar la oferta de empleo adecuada.


Además tendrán la obligación de comunicar, si en algún momento han dejado de reunir los requisitos necesarios para poder acceder al programa.
La solicitud de ayuda se podrá presentar a través de la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. El plazo para acceder es de dos meses desde el agotamiento de la prestación o subsidio por desempleo.


Sin embargo, el solicitante debe realizar una búsqueda de empleo al menos durante 30 días y acreditarlas al Servicio de Empleo Estatal.


El Plan Prepara sólo se puede recibir durante 6 meses, una sola vez. Quienes ya cobraron antes el Plan Prepara no podrían solicitarlo de nuevo. 

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¿Conoces las últimas novedades del ámbito de los empleados de hogar?

Por consecuencia del Real Decreto-Ley 29/2012, 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, se han introducido nuevas modificaciones.

Respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, a partir del 1 de abril de 2013, que presten menos de 60 horas por empleador tendrán que formular su afiliación a la Seguridad Social en términos de altas, bajas asi como variaciones de datos. Sin embargo todas estas solicitudes deberán ir firmadas por sus empleadores.

Además en el año 2013 las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se regularán con respecto a la siguiente tabla. Estos parámetros, van en función de la retribución percibida por los empleados:

Tramo

Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias €/mes 

Base de cotización €/mes

Hasta 172,05 

147,86

Desde 172,06 hasta 268,80 

244,62

Desde 268,81 hasta 365,60 

341,40

Desde 365,61 hasta 462,40 

438,17

Desde 462,41 hasta 559,10

534,95

Desde 559,11 hasta 655,90

631,73

Desde 655,91 hasta 753,00

753,00

Desde 753,01

790,65

Además el tipo de cotización por contingencias comunes pasa a ser el 22,90%, del cual el 19,05% es a cargo del empleador y el 3,85% restante a cargo del empleado. En cambio para la cotización por contingencias profesionales se aplicará el 1,10%; a cargo del empleador.

Por otro lado el empleado de hogar que preste sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador, que además tenga el acuerdo con este de que asume las obligaciones en materia de encuadramiento en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, será el responsable de la obligación de cotizar.

Por este motivo tendrá la obligación de ingresar la aportación propia y la que corresponda al empleador con el que tenga el acuerdo, por contingencias comunes y profesionales.

Agenda Marzo 2013

ABRIL 2013

DESDE EL 2 DE ABRIL HASTA EL 1 DE JULIO

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 2012

• Obtención del número de referencia del borrador y datos fiscales.

• Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta.

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

DESDE EL 24 DE ABRIL HASTA EL 1 DE JULIO

RENTA Y PATRIMONIO

• Presentación por Internet declaración anual 2012…………………..(D-100, D-714).

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

HASTA EL 22

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Marzo 2013. Grandes Empresas…………………..111,115,117,123,124,126,128

• Primer Trimestre…………………..2013 111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta

• Primer Trimestre 2013:

—Estimación directa…………………..130

—Estimación objetiva…………………..131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes

• Ejercicio en curso:

—Régimen general…………………..202

—Régimen de consolidación fiscal (Grupos Fiscales)…………………..222

IVA

• Marzo 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………..303

• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………..322

• Marzo 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones…………………..340

• Marzo 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………..349

• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………..353

• Marzo 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………..380

• Primer Trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………..303

• Primer Trimestre 2013. Declaración-Liquidación no periódica…………………..309

• Primer Trimestre 2013. Régimen simplificado…………………..310

• Primer Trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………..349

• Primer Trimestre 2013. Servicios vía electrónica…………………..367

• Primer Trimestre 2013. Regímenes general y simplificado…………………..370

• Primer Trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………..380

• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales…………………..308

• Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca…………………..341

HASTA EL 30

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

• Primer trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito…………………..195

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

• Año 2012…………………..720

MAYO 2013

DESDE EL 3 DE MAYO HASTA EL 1 DE JULIO

RENTA

• Declaración anual 2012…………………..D-100)

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

Abril 2013. Grandes Empresas…………………..111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Abril 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………..303

• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………..322

• Abril 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones…………………..340

• Abril 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………..349

• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………..353

• Abril 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………..380

JUNIO 2013

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

Mayo 2013. Grandes Empresas…………………..111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Mayo 2013. Régimen General. Autoliquidación…………………..303

• Mayo 2013. Grupo de entidades, modelo individual…………………..322

• Mayo 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA 
e IGIC y otras operaciones…………………..340

• Mayo 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias…………………..349

• Mayo 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………..353

• Mayo 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones…………………..380

HASTA EL 26

RENTA Y PATRIMONIO

• Confirmación del borrador de declaración con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta

• Declaración anual 2012 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta…………………..D-100, D-714

Hemeroteca Marzo 2013

CEPYME NO QUIERE QUE SE BONIFIQUEN LOS CONTRATOS PARA JÓVENES, SINO QUE ÉSTOS SE FLEXIBILICEN

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Jesús Terciado, ha asegurado que bonificar y subvencionar los contratos para jóvenes “no debe ser el objetivo en estos momentos”, pues lo que los empresarios necesitan para contratar es, fundamentalmente, flexibilidad. Se refería así a las medidas que están estudiando el Gobierno y los agentes sociales para potenciar la contratación juvenil y entre las que, según ha dicho, se encuentran la posibilidad de bonificar los contratos y también la de eliminar su posible “rigidez”.

A propósito de este debate, Terciado ha subrayado que ningún empresario va a contratar personal por una subvención o bonificación, sino que lo hará “si ve un proyecto viable y si tiene una flexibilidad suficiente”.

Ha recordado que en algunos países, como Alemania, han resuelto el problema del desempleo juvenil con los “minijobs” y en otros mejorando las condiciones de los contratos. “En ese entorno es en el que no tememos que mover. Una empresa sin perspectivas de mejorar su situación a corto plazo va a ser difícil que contrate y menos a una persona sin experiencia laboral”, ha insistido.

El vicepresidente de la CEOE ha defendido la reforma laboral y ha asegurado que no se creará empleo hasta que la economía empiece a crecer y fluya el crédito a empresas y familias, por lo que ha instado a los bancos, que “han recibido unas ayudas públicas que no han recibido otros”, a dar más facilidades a las empresas para financiarse.

El presidente de Cepyme ha indicado que será “difícil” superar un año más en las mismas condiciones que en 2012, aunque se ha mostrado esperanzado en que la situación mejore a medida en que mejore el sistema financiero y siga aumentando la confianza hacia y en España.

Europa Press

19

ene.

TABLÓN DE EDICTOS DE EXTRANJERÍA (TEREX)

Desde principios de año funciona en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) como medio oficial de publicación de edictos, anuncios, acuerdos, resoluciones, comunicaciones y cualquier otra información de interés general. Ha empezado a funcionar de manera efectiva el 19 de enero de 2012.

http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do

Este nuevo tablón electrónico es único para todos los procedimientos de extranjería regulados por el Reglamento de la LO 4/2000 y su consulta tiene carácter universal y es gratuita, tanto en su acceso a través de Internet, como el disponible en las Oficinas de Extranjería.

En el TEREX se publican las notificaciones dictadas en el ámbito de la extranjería, en los siguientes supuestos:

– Cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos.

– Cuando se ignore el lugar de la notificación o el medio por el que ha de practicarse.

– Cuando intentada la notificación, ésta no se haya podido practicar.

Los anuncios se mantendrán publicados en el Tablón durante un plazo de 20 días naturales, transcurridos los cuales, se entenderá que la notificación ha sido practicada.

Finalizado el plazo de publicación de 20 días naturales, el anuncio seguirá estando accesible durante un año, a efectos de su consulta. Transcurrido el plazo de un año, únicamente se facilitará la información contenida en el anuncio al propio interesado o a su representante así como al Defensor del Pueblo, a los Jueces y Tribunales, al Ministerio Fiscal, a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social u órganos equivalentes de la administración autonómica y local.

La búsqueda en el Tablón Edictal Electrónico se puede hacer por fecha de publicación, por número de expediente, o por datos personales.

Portal de actualidad CISS

14

ene.

LOS ASESORES FISCALES AVISAN DE QUE EL ESFUERZO FISCAL EN ESPAÑA ES EL MÁS ALTO DE LA EUROZONA

La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha advertido de que, tras las últimas subidas de impuestos, el esfuerzo fiscal en España se sitúa en torno al 40%, el más elevado de la Eurozona.

Para Asefiget era “previsible e inevitable” el desplome de la presión fiscal en un país en el que cada vez se realizan menos transacciones económicas, se destruyen más empresas, se cobran más subsidios de desempleo y cotizan menos personas a la Seguridad Social.

“Lo más preocupante es que el Ejecutivo haya pretendido resolver esta situación a base de aumentar el esfuerzo fiscal. Cuando los contribuyentes no pueden pagar más, buscan la forma de eludir algunos de los pagos que la ley les exige. Esto es lo que algunos analistas llaman fraude cuando, en realidad, es una cuestión de justicia contributiva y, sobre todo, de supervivencia”, han señalado.

Europa Press

13

ene.

CRÉDITOS DEL ICO A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha comprometido 22.000 millones de euros para poner a disposición de las empresas a través de sus líneas de mediación. El presidente de la institución, Román Escolano señala: “Nuestro principal objetivo es que toda empresa solvente, con un proyecto viable, disponga de la financiación suficiente”.

En 2013, el ICO se ha fijado dos ejes de actuación: uno destinado a empresas y emprendedores que realicen inversiones en España o necesiten liquidez y otro dirigido a fomentar la internacionalización de la empresa española, financiando tanto las inversiones en el exterior como la actividad exportadora.

Las líneas de financiación del ICO se tramitan a través de la red de oficinas de las entidades de crédito (bancos y cajas). Dichas entidades son las encargadas de analizar los proyectos, exigir las garantías y cubrir el riesgo de las operaciones.

Entre las principales novedades de esta línea en el 2013 destaca la mejora de las condiciones de financiación de liquidez de las empresas y la diferenciación del tipo de interés en función del plazo de amortización de la operación. El importe máximo de financiación es de 10 millones de euros por cliente, concedidos mediante préstamo o leasing y con plazos de amortización de hasta 20 años.

Asimismo se contempla la posibilidad de que comunidades de propietarios y particulares puedan financiar con esta línea la rehabilitación o reforma de edificios, elementos comunes y viviendas.

Por su parte, la línea ICO Sociedad Garantía Recíproca (SGR) 2013, que se enmarca dentro de la Línea Empresas y Emprendedores, cuenta con 200 millones para financiar los proyectos que cuenten con el aval de una SGR. El importe máximo de financiación es de 1 millón de euros por cliente, concedidos mediante préstamo o leasing y con plazos de amortización de hasta 15 años.

Europa Press

10

ene.

LOS CONCURSOS DE ACREEDORES AUMENTARON UN 35% EN 2012

Los concursos empresariales en España batieron un nuevo récord en 2012 al alcanzar las 7.233 insolvencias, un 35% que en 2011, según el “Baremo Concursal 2012” elaborado por PwC.

Para la consultora, el incremento del número de procedimientos durante el último trimestre del pasado año “hace previsible una gran actividad concursal en 2013”.

Las comunidades autónomas que más procesos registraron fueron Cataluña (21%), Comunidad Valenciana (15%) y la Comunidad de Madrid (13%), sumando entre las tres casi el 50% del total en toda España.

PwC avisa de que las reformas en el sistema financiero y, “especialmente en lo que se refiere a los calendarios de provisiones de los créditos dudosos para los activos financieros con colateral inmobiliario, hacen previsible un aumento de los concursos en estos sectores durante el nuevo año”.

Por último, PwC subraya que la legislación concursal española “frena la recuperación de la actividad empresarial”. En su opinión, en la reforma concursal pendiente “será necesario reorientar la ley hacia la supervivencia de los negocios, cosa que se conseguiría dando un paso hacia la desjudialización de la práctica concursal mediante la implantación de procesos preconcursales de mediación”.

9

ene.

LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTRENA CUENTA EN TWITTER

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha estrenado su cuenta en la red social Twitter, a través del perfil@info_TGSS. De esta forma, inicia un servicio de información de Notificaciones Telemáticas ya que, próximamente, se establecerá la obligatoriedad, para la práctica totalidad de las empresas, de recibir los actos administrativos de gestión recaudatoria por vía telemática.

Con su presencia en la red social Twitter, la Tesorería General de la Seguridad Social persigue el objetivo de mejorar la comunicación con el ciudadano, logrando un “feedback” que redunde en una mejora de la calidad de los servicios.

El objetivo es tener una presencia activa en las redes sociales ya que son un potente canal de información y una herramienta para tener una mejor interacción con el ciudadano.

Europa Press

8

ene.

AUMENTA UN 30% EL NÚMERO DE TRABAJADORES ESPAÑOLES EXPATRIADOS

El número de trabajadores españoles expatriados aumentó un 30% en el último año, según la firma especializada en la selección de mandos medios y directivos para empresas Michael Page. En el panorama económico actual la tendencia de las empresas españolas hacia la externalización ha ido creciendo “debido a le necesidad de rentabilizar su negocio gracias a las oportunidades que ofrecen nuevos mercados”. El aumento de los expatriados indica que cada vez más profesionales eligen cambiar de destino para obtener mejores condiciones económicas o un mejor puesto de trabajo.

Los puestos más frecuentes son los de exportación, puestos técnicos e ingenieros, así como los perfiles financieros.

La compañía de selección de personal explica que los destinos más habituales “dependen de varios factores, como el idioma”, por ello afirma que Sudamérica, especialmente Chile, Perú, México, Colombia y Brasil, es una de las regiones más solicitadas por los expatriados españoles.

No obstante, remarca que las firmas implantadas en mercados en desarrollo, como Guinea, Angola, Gabón y Ghana, están demandando actualmente a profesionales provenientes de España. En Europa, Alemania, Inglaterra y los países escandinavos son los que más expertos españoles están contratando ahora mismo.

Europa Press

3

ene.

LOS PROVEEDORES DE ADMINISTRACIO-NES SE PODRÁN DIRIGIR DIRECTAMENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA SI ÉSTAS NO PAGAN

El Ministerio de Hacienda está trabajando en la creación de un instrumento por el cual los proveedores de cualquier Administración, que sea morosa, puedan dirigirse directamente al Ministerio para que éste “arbitre la forma de pago”, al depender del Gobierno una parte de la participación de los ingresos de las comunidades y de los ayuntamientos.

Montoro ha señalado que este instrumento estará listo en los primeros meses de 2013 e impedirá que las administraciones se financien a costa de no pagar a los proveedores y ha garantizando que se cumplirá “estrictamente” la Ley de Morosidad en todas las administraciones. Subraya que “Las administraciones españolas no pueden vivir situaciones de morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los autónomos que son los proveedores de las administraciones, al interrumpir la circulación económica en España”.

Europa Press

26

dic.

UPTA PIDE REDUCIR LAS RETENCIONES POR IRPF DE LOS JÓVENES AUTÓNOMOS

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) propone reducir las retenciones por IRPF que soportan los jóvenes autónomos hasta el 5% durante los dos primeros años de actividad.

En un comunicado UPTA explica que se trata de una de las medidas que ha presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que sean incorporadas en los borradores de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven 2012/2015, con el fin de fomentar el auto empleo entre los jóvenes.

Otra de sus aportaciones se dirige a aumentar las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de los jóvenes hasta 30 años y mujeres hasta 35, hasta el 50% durante los primeros 12 meses de actividad y mantener el 30% de reducción de base durante los 18 posteriores.

Asimismo, UPTA apuesta por establecer un “impuesto mínimo” para las nuevas iniciativas emprendedoras de jóvenes; promover especialmente el emprendimiento joven en el ámbito rural; y crear un Sistema Nacional de Microcréditos en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una línea financiera diferenciada de la actualmente existente para empresas y autónomos.

Europa Press

Contabilidad Marzo 2013

Novedades en torno a la actualización de balances: aplicación contable y repercusiones fiscales

Se establece la posibilidad para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades de acogerse a la actualización de balances regulada en la Ley, con el fin de corregir el efecto monetario de la inflación, satisfaciendo un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta de revalorización.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, recoge la posibilidad de que, de manera voluntaria, las sociedades puedan actualizar los elementos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias.

El Plan General de Contabilidad no permite las revalorizaciones salvo que estén autorizadas por alguna disposición legal. Por lo tanto, el efecto de la inflación en los precios conlleva una disparidad en la unidad de medida monetaria de las diferentes partidas del balance. El activo y el pasivo corriente estarían valorados en la moneda corriente, pero los activos inmovilizados a largo plazo, siguiendo el criterio de valoración expresado por el Plan General de Contabilidad (coste de adquisición o de producción), estarían valorados en las unidades monetarias de la fecha de adquisición.

Lo que permite dicha actualización es corregir el efecto monetario de la inflación. Las últimas actualizaciones de balances aprobadas se realizaron en los años 1983 y 1996.

A continuación intentaremos resumir los principales aspectos que recoge dicha actualización, que se configura con carácter voluntarioy expondremos un ejemplo práctico de la misma.

1. PODRÁN ACOGERSE, CON CARÁCTER VOLUNTARIO, A DICHA ACTUALIZACIÓN

– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (IS).

– Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que realicen actividades económicas, que lleven su contabilidad conforme al Código de Comercio o estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica.

– Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que operen en territorio español a través de un establecimiento permanente.

2. SERÁN ACTUALIZABLES

– Los elementos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero.

– Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, condicionado, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.

– Los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados como activo intangible por las empresas concesionarias que deban aplicar los criterios contables establecidos por la Orden EHA/3362/2010.

Debemos mencionar que dicha actualización no se aplicará sobre los elementos patrimoniales que se encuentren totalmente amortizados a la fecha de actualización, así como a aquellos elementos patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad. Además, la actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma, y a las correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos. En el caso de los inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción.

3. FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Se actualizarán los elementos patrimoniales susceptibles de actualización que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, es decir, cerrado con posterioridad al 28 de diciembre de 2012. Por lo tanto, las sociedades cuyo ejercicio contable coincida con el año natural, deberán considerar el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la fecha de cierre del balance y hasta el día en que termine el plazo para su aprobación (el balance actualizado deberá estar aprobado por el órgano social competente), y en el caso de contribuyentes del IRPF, entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración por dicho impuesto correspondiente al período impositivo 2012.

4. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN

Las operaciones de actualización se realizarán aplicando una serie de coeficientes que a continuación detallamos.

COEFICIENTE

COEFICIENTE

Con anterioridad a 1 de enero de 1984

2,2946

En el ejercicio 1998

1,2235

En el ejercicio 1984

2,0836

En el ejercicio 1999

1,2150

En el ejercicio 1985

1,9243

En el ejercicio 2000

1,2089

En el ejercicio 1986

1,8116

En el ejercicio 2001

1,1839

En el ejercicio 1987

1,7258

En el ejercicio 2002

1,1696

En el ejercicio 1988

1,6487

En el ejercicio 2003

1,1499

En el ejercicio 1989

1,5768

En el ejercicio 2004

1,1389

En el ejercicio 1990

1,5151

En el ejercicio 2005

1,1238

En el ejercicio 1991

1,4633

En el ejercicio 2006

1,1017

En el ejercicio 1992

1,4309

En el ejercicio 2007

1,0781

En el ejercicio 1993

1,4122

En el ejercicio 2008

1,0446

En el ejercicio 1994

1,3867

En el ejercicio 2009

1,0221

En el ejercicio 1995

1,3312

En el ejercicio 2010

1,0100

En el ejercicio 1996

1,2679

En el ejercicio 2011

1,0100

En el ejercicio 1997

1,2396

En el ejercicio 2012

1,0000

Dichos coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición o coste de producción, las mejoras y la amortización de los elementos patrimoniales de acuerdo con el siguiente procedimiento:

castellano_contabilidad_img0101.jpeg

(*) No se actualiza el incremento neto de valor resultante de aquellos elementos patrimoniales que fueron actualizados de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Ley 7/1996. Sólo se aplicará sobre el precio de adquisición y las mejoras.

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El incremento neto de valor del elemento patrimonial actualizado se abonará en la cuenta “Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre”. El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado del elemento patrimonial actualizado teniendo en cuenta su estado de uso.

Este nuevo valor actualizado se amortizará, a partir del primer período impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2015, durante aquellos años que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial.

La Reserva de Revalorización será indisponible hasta que sea comprobada y aceptada por la Administración tributaria. La comprobación deberá realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de presentación de la declaración. Una vez efectuada la comprobación, o transcurrido el plazo para la misma, el saldo de la cuenta podrá destinarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación de capital social, o transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización, a reservas de libre disposición. No obstante, el referido saldo sólo podrá ser objeto de distribución cuando los elementos patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance.

En la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en que los elementos actualizados se hallen en el patrimonio de la entidad deberá incluirse información relativa a ellos, los criterios de actualización, el importe de la actualización y su efecto sobre la amortización, así como los movimientos de la cuenta. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá la consideración de infracción tributaria grave.

5. REPERCUSIONES FISCALES

a) Los sujetos que practiquen la actualización tendrán que satisfacer un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta de Reservas de Revalorización. Su importe se cargará en la cuenta Reservas de Revalorización y no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible, sino de deuda tributaria.

El hecho imponible del gravamen único se entiende producido en el caso de personas jurídicas, cuando el balance actualizado se apruebe por el órgano competente y, en el caso de personas físicas, cuando se formule el balance actualizado. Para los contribuyentes del IRPF, obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, el hecho imponible se entenderá realizado el día 31 de diciembre de 2012.

Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del IS o del IRNR, o del IRPF correspondiente al período impositivo 2012.

b) La Reserva de Revalorización no se integrará en la base imponible del IS, del IRPF ni del IRNR.

A continuación veamos, mediante un ejemplo sencillo, el cálculo de dicha reserva de revalorización. Para ello, suponemos una empresa que dispone de los siguientes elementos en su inmovilizado material con detalle al 31 de diciembre de 2012 de la fecha de adición y amortización acumulada:

Concepto

Fecha adición

Coste

Amortización acumulada

Terrenos

2005

120.000,00

0,00

Construcciones

2006

225.000,00

(31.500,00)

Maquinaria

2007

180.000,00

(108.000,00)

Supongamos, a su vez, que el coeficiente de endeudamiento es de 0,27.

El cálculo de la revalorización del coste sería el siguiente:

Concepto

Fecha adición

Coste

Coeficiente

Coste 
Revalorizado

Diferencia

Terrenos

2005

120.000,00

1,1238

134.856,00

14.856,00

Construcciones

2006

225.000,00

1,1017

247.882,50

22.882,50

Maquinaria

2007

180.000,00

1,0781

194.058,00

14.058,00

525.000,00

576.796,50

51.796,50

El resumen del impacto de las revalorizaciones en la amortización acumulada es el siguiente:

Amortización Acumulada 31.12.2012

Concepto

Fecha adición

Histórica

Revalorizada

Diferencia

Terrenos

2005

0,00

0,00

0,00

Construcciones

2006

(31.500,00)

(32.699,25)

(1.199,25)

Maquinaria

2007

(108.000,00)

(110.966,40)

(2.966,40)

(139.500,00)

(143.665,65)

(4.165,65)

A continuación detallamos el cálculo realizado en la amortización acumulada:

Construcciones

Año

Amortización Histórica

Coeficiente

Amortización 
Revalorizada

2006

4.500,00

1,1017

4.957,65

2007

4.500,00

1,0781

4.851,45

2008

4.500,00

1,0446

4.700,70

2009

4.500,00

1,0221

4.599,45

2010

4.500,00

1,0100

4.545,00

2011

4.500,00

1,0100

4.545,00

2012

4.500,00

1,0000

4.500,00

31.500,00

32.699,25

Maquinaria

Año

Amortización Histórica

Coeficiente

Amortización 
Revalorizada

2007

18.000,00

1,0781

19.405,80

2008

18.000,00

1,0446

18.802,80

2009

18.000,00

1,0221

18.397,80

2010

18.000,00

1,0100

18.180,00

2011

18.000,00

1,0100

18.180,00

2012

18.000,00

1,0000

18.000,00

108.000,00

110.966,40

Por último, calculamos el incremento neto de valor de cada elemento:

Concepto

Fecha adición

Valor neto contable Actualizado

Valor neto contable en libros

Diferencia

Coeficiente Endeudamiento

Incremento neto de valor

Terrenos

2005

134.856,00

120.000,00

14.856,00

0,27

4.011,12

Construcciones

2006

215.193,25

193.500,00

21.683,25

0,27

5.854,48

Maquinaria

2007

83.091,60

72.000,00

11.091,60

0,27

2.994,73

12.860,33

Por lo tanto, la sociedad realizará el siguiente asiento contable:

N.º cuenta

Descripción

Cargo

Abono

210

Terrenos y bienes naturales (**)

4.011,12

211

Construcciones (**)

6.178,28

213

Maquinaria (**)

3.795,66

2811

Amortización acumulada de construcciones (**)

(323,80)

2813

Amortización acumulada de maquinaria (**)

(800,93)

11

Reserva de Revalorización Ley 16/2012

(12.860,33)

(**) Es el resultado de multiplicar las diferencias de revalorización por el coeficiente de endeudamiento.

Además, la sociedad tendrá que satisfacer gravamen único del 5% sobre los 12.860,33 euros, es decir, 643,02 euros. El asiento contable a realizar sería el siguiente:

N.º cuenta

Descripción

Cargo

Abono

111

Reserva de Revalorización Ley 16/2012

643,02

475

H.P acreedor por conceptos fiscales

(643,02)

CONCLUSIÓN

Si bien la aplicación voluntaria de esta actualización de balances permite el reconocimiento de valores contables más cercanos a los de mercado, corrigiendo el efecto de la inflación, el coste fiscal actual del gravamen único, junto con el ahorro fiscal futuro de las amortizaciones (a partir de 2015) y unos coeficientes mucho más conservadores que actualizaciones pasadas, hacen su aplicación algo menos interesante que en las dos anteriores actualizaciones aprobadas por el legislador.

Mercantil y Civil Marzo 2013

Cuestiones novedosas en materia de sociedades de capital

La Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, continúa el camino iniciado por la Ley de Sociedades de Capital actualizando y modernizando el régimen de las sociedades, en particular, en lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías. Las reformas y modificaciones, operadas a lo largo del año 2012, inciden en la utilización de las páginas web de las sociedades así como en el uso de comunicaciones electrónicas entre el socio y la sociedad, todo ello dirigido a la progresiva implantación de una administración electrónica de las sociedades de capital.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

El 2 de julio de 2010 se aprobó, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), norma que procedía a unificar en un solo cuerpo legal la regulación de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas cotizadas y las sociedades comanditarias por acciones, esto es, la práctica totalidad de las sociedades de capital existentes en nuestro ordenamiento jurídico. El proceso de refundición a que asistimos en aquel momento fue la muestra evidente de la apremiante necesidad de modificar el Código de Comercio decimonónico, vigente aún a fecha de hoy, o, en su defecto, aprobar un nuevo Código de las Sociedades Mercantiles acorde a la realidad económica en que se mueven las sociedades y los operadores jurídicos. De ahí que la aprobación de la LSC supusiera un paso de gigante para la reordenación de la normativa existente en materia societaria, pese a que como se reconocía en la Exposición de Motivos, no elimine totalmente su dispersión. Quizá por ello, el apartado V hacía expresa mención de la decidida voluntad de provisionalidad con que nacía la norma, toda vez que apuntaba a que en el futuro se realizaran nuevas e importantes reformas. Como consecuencia de lo expuesto, llegamos a la conclusión de que era, y es, aspiración del legislador la creación de un único cuerpo legal que contenga la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles, sin descartar la posibilidad de un Código de las Sociedades Mercantiles o incluso un Código Mercantil.

Mientras tanto, desde aquel momento, hemos asistido a distintas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital. Así, en el año 2011, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, modificó la Ley con el objeto, en primer lugar, de reducir el coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por los operadores jurídicos, así como la supresión de ciertas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada. En segundo lugar, traspuso a la legislación interna la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

En lo que atañe al contenido de este artículo, a lo largo del año 2012 se han producido modificaciones de calado en la Ley; así, el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, introdujo una serie de novedades relevantes que consideramos necesario analizar en los párrafos siguientes. Si bien, con carácter previo, consideramos necesario apuntar que el Gobierno, aprobado y estando en vigor el indicado Real Decreto-ley, decidió tramitarlo vía Proyecto de Ley. A cuyo tenor, dicha norma acabó convirtiéndose en la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, y en virtud de la disposición derogatoria de la misma, quedó derogado expresamente el Real Decreto-ley 9/2012. Todo un ejemplo de coherencia legislativa.

Pese a que la Ley 1/2012 realiza modificaciones sustanciales en la LSC en materia de fusiones y escisiones de capital y en la Ley de Modificaciones Estructurales, nos centraremos fundamentalmente en las modificaciones que afectan a las sociedades no cotizadas.

EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL SOCIO EN CASO DE FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. SUSPENSIÓN HASTA EL AÑO 2014

El artículo 348 bis LSC, incorporado por la Ley 25/2011, al tratar el derecho de separación del socio, en sede de sociedades no cotizadas, establecía que a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

Con ello se permitía al socio salir de la sociedad recuperando el valor de su inversión a valor razonable. El motivo, como resulta obvio, no era otro que proteger la posición de los socios minoritarios ante políticas abusivas de reinversión de beneficios mantenidas en el tiempo.

Con la nueva disposición transitoria introducida en la LSC por la Ley 1/2012, se suspende hasta el 31 de diciembre de 2014 el ejercicio de este derecho del socio cuando pretenda ejercitarse con base en esta causa, tratando de evitar dificultades financieras adicionales a las sociedades en la actual situación de crisis.

MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD

La Ley 1/2012 viene a modificar la utilización de la página web de las sociedades de capital, así como las comunicaciones entre sociedad y socio por medios electrónicos.

En primer lugar, la modificación operada deja claro que las sociedades de capital podrán tener una página web corporativa. El carácter potestativo desaparece para las sociedades cotizadas a las que impone expresamente esta obligación. Por lo que se refiere a su creación, deberá acordarse por la junta general de la sociedad. En la convocatoria de la junta, la creación de la página web deberá figurar expresamente en el orden del día de la reunión. Salvo disposición estatutaria en contrario, la modificación, el traslado o la supresión de la página web de la sociedad será competencia del órgano de administración.

El acuerdo de creación de la página web, así como el acuerdo de modificación, de traslado o de supresión de la misma se harán constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y serán publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En el supuesto de modificación, traslado o supresión de la página web el acuerdo deberá ser publicado también en la propia página web que se ha acordado modificar, trasladar o suprimir, durante los treinta días siguientes a contar desde la inserción del acuerdo. La publicación de la página web de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil será gratuita.

Hasta que la publicación de la página web en el Boletín Oficial del Registro Mercantil tenga lugar, las inserciones que realice la sociedad en la página web no tendrán efectos jurídicos.

Por otro lado, los estatutos sociales podrán exigir que, antes de que se hagan constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, estos acuerdos se notifiquen individualmente a cada uno de los socios.

Por lo que se refiere a las publicaciones en la página web, la sociedad garantizará la seguridad de la misma, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito, con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.

La carga de la prueba del hecho de la inserción de documentos en la página web y de la fecha en que esa inserción haya tenido lugar corresponderá a la sociedad. En este sentido, los administradores tienen el deber de mantener lo insertado en la página web durante el término exigido por la ley, y responderán solidariamente entre sí y con la sociedad frente a los socios, acreedores, trabajadores y terceros de los perjuicios causados por la interrupción temporal de acceso a esa página, salvo que la interrupción se deba a caso fortuito o de fuerza mayor. Para acreditar el mantenimiento de lo insertado durante el término exigido por la ley será suficiente la declaración de los administradores, que podrá ser desvirtuada por cualquier interesado mediante cualquier prueba admisible en Derecho.

Por último, y en lo referente a las comunicaciones entre la sociedad y los socios, incluida la remisión de documentos, solicitudes e información, podrán realizarse por medios electrónicos siempre que dichas comunicaciones hubieran sido aceptadas por el socio. La sociedad deberá habilitar, a través de la propia web corporativa, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre socios y sociedad.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Asistimos, por enésima vez, a la modificación de lo ya modificado. Resulta curioso observar que algunas de las novedades apuntadas a lo largo de estas líneas verán refrendada su vigencia por el nuevo Código Mercantil, así, la aplicación del derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos quedará al albur de lo que el legislador decida. De igual modo, la modificación operada sobre las páginas web de las sociedades y su futura aplicación, especialmente en materia de convocatoria de juntas, deberá ver incentivada su utilización para que el futuro Código no deshaga todo lo hecho hasta el momento.

Laboral Marzo 2013

Nuevas medidas de lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social

El 27 de abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social para el período 2012-2013, con el que se persigue que aflore el empleo irregular, controlar el fraude en las prestaciones por desempleo –a través de empresas ficticias o compatibilizándolas con el trabajo– y combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones. Para ello se han utilizado dos normas: la Ley 13/2012, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, y la Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código Penal. En este artículo resumimos los aspectos de estas normas más importantes para las empresas.

LA LEY 13/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Esta norma, en vigor desde el 29 de diciembre de 2012, refuerza la actuación de la Inspección de Trabajo, establece nuevas obligaciones de colaboración con la Inspección por parte de las Administraciones Públicas y Mutualidades de Previsión y crea un nuevo mecanismo de notificación, en el seno de la propia Inspección, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Además la Ley facilita, con la extensión del plazo de responsabilidades solidarias, el poder derivar la deudas con la Seguridad Social de las contratas y subcontratas, y endurece considerablemente todas las conductas y actitudes defraudatorias contra el sistema de Seguridad Social, con un importante incremento en las cuantías de las sanciones, que corren parejas con la reforma del Código Penal y el endurecimiento de los delitos ligados con la Seguridad Social.

Exponemos los aspectos más relevantes:

1. Derivación de las deudas de los contratistas

Se amplía la posibilidad de derivar al empresario principal las deudas con la Seguridad Social contraídas por el contratista.

Se extiende el plazo para exigir la responsabilidad solidaria por las obligaciones de Seguridad Social, no solo durante la vigencia de la contrata, o el año posterior a su terminación, sino a un periodo mucho más prolongado en el tiempo: tres años.

En relación con esta extensión de la derivación de responsabilidad, la nueva Ley establece que se creará un sistema de consulta telemática sobre el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, a través del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED de la Seguridad Social), para facilitar el control del cumplimiento de las obligaciones de contratistas y subcontratistas. Esto está pendiente de desarrollo reglamentario.

2. Limitación de la reducción automática de las sanciones

A partir de ahora se limita la reducción del 50% de la sanción, de modo que ésta se reducirá solo cuando la cuantía del acta de liquidación supere a la del acta de infracción, es decir, cuando el importe de la deuda con la Seguridad Social sea superior a la de la sanción.

La aplicación automática de la reducción de la sanción suponía en muchos supuestos que era más beneficioso pagar la sanción que cumplir con las obligaciones de Seguridad Social.

3. Obligación de comunicar las variaciones en el calendario y horario de trabajo de los expedientes de suspensión o de reducción de jornada

El empresario debe comunicar, con carácter previo a que se produzcan, las variaciones realizadas en el calendario, o el horario inicialmente previsto para cada uno de los trabajadores afectados, en los supuestos de aplicación de expedientes de suspensión de contratos o de reducción de jornada.

4. Obligación de los empresarios de suministrar información a la Inspección

Se establece la obligación para las empresas de facilitar toda la información de libros, registros o información de obligatoria conservación y que justifique el cumplimiento de las normas del orden social. La presentación se hará en soporte informático y de forma tratable y legible, así como compatible con los soportes de uso generalizado.

El recurso a los soportes informáticos facilitará a la Inspección los cruces de la información con la que tienen otros organismos públicos.

5. La Inspección de Trabajo podrá acceder a la información notarial

La Inspección de Trabajo podrá acceder a la información del Índice Único Informatizado Notarial, es decir, a información de gran importancia para la investigar algunas infracciones, como la utilización de empresas ficticias y para llevar a cabo determinadas actuaciones, como las derivaciones de responsabilidad en materia de Seguridad Social.

6. Ampliación de los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo

Se amplía el plazo de duración de las actuaciones inspectoras en los casos de especial complejidad, y se amplía el plazo de interrupción de las actuaciones de tres a cinco meses en todos los casos, y no solo en los supuestos de especial complejidad o dificultad, o de obstrucción u ocultación del sujeto inspeccionado, o por la colaboración administrativa internacional.

El acuerdo de ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras debe ser motivado, no se produce automáticamente y el órgano inspector tiene que seguir un procedimiento para ello.

7. Notificaciones a través del tablón de edictos de la Inspección de Trabajo

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos dispone que la publicación de actos y comunicaciones puede ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

Se quiere crear uno propio para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluido en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que necesitará de desarrollo reglamentario para entrar en vigor (“La práctica de la notificación en el Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se efectuará en los términos que se determinen por Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”).

Transcurrido el periodo de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el Tablón de Edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento, o iniciándose, en su caso, el plazo para interponer el recurso que proceda.

8. Infracciones muy graves de los empresarios y autónomos en materia de Seguridad Social

Es infracción muy grave el falseamiento, no solo de los documentos de cotización, sino de otros documentos o la realización de autodeclaraciones falsas (por ejemplo, solicitudes de reducción de cuotas por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral).

9. Infracciones muy graves de trabajadores, beneficiarios y solicitantes de prestaciones

Se define como infracción: “Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa correspondiente”. Es decir, ahora la infracción no es solo percibir la prestación y compatibilizarla con trabajo, sino que se introduce el término “solicitud”. Aunque aún no se haya percibido efectivamente la prestación, podrá ser objeto de sanción la conducta del trabajador que haya solicitado la prestación y esté trabajando.

10. Cuantía de las sanciones

Se incrementa la cuantía de las sanciones en aquellas situaciones de economía irregular que afecten a un grupo de trabajadores, siendo su incremento proporcional al número de empleados sin afiliar o dar de alta en la Seguridad Social, así como solicitantes o beneficiarios de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena, bien por la falta de afiliación o alta en la Seguridad Social, bien por tratarse de solicitantes o beneficiarios de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena. El incremento, que se establece de forma proporcional, se realizará de acuerdo con una escala.

11. Sanciones accesorias

Se establece el criterio de pérdida automática, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, para que éste conste necesariamente en el acta de infracción de forma motivada.

La Inspección jugará un papel fundamental, al prescindir del criterio de pérdida automática de todas las ayudas, bonificaciones o beneficios desde la fecha de la comisión de la infracción, por otro más acorde al principio de proporcionalidad, pero ligado al número de trabajadores afectados por la infracción. De esta forma, no se pierden completamente todas las ayudas o beneficios, como en la actualidad, sino sólo en función de los trabajadores afectados.

En la propia acta de infracción se deberá motivar, tanto los trabajadores afectados por la infracción, como también el criterio de pérdida de las ayudas, beneficios y bonificaciones en materia de empleo.

12. Deber de comprobación de la situación de los trabajadores de contratistas y subcontratistas

Se extiende el deber de comprobación empresarial de los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, tanto con carácter previo al inicio, como ocurría antes de la actual reforma, como durante la ejecución de la contrata o subcontrata. El control se referirá a la afiliación y alta de cada uno de los trabajadores ocupados por las distintas contratistas y subcontratistas.

MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA SEGURIDAD SOCIAL

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

En el ámbito social, la reforma del Código Penal se centra en los siguientes aspectos:

1. Delitos contra la Seguridad Social

Los objetivos de esta reforma son, entre otros, facilitar las regularizaciones, perseguir las tramas societarias utilizadas para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social y luchar contra nuevas formas de organización delictiva dedicadas a la obtención fraudulenta de prestaciones.

• Se reduce significativamente la cuantía a partir de la cual la defraudación es constitutiva de delito: de 120.000 euros en un año natural a 50.000 euros en un periodo de 4 años naturales.

Se aclara que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acreditada por otros hechos. Con esto se busca evitar que en la práctica se puedan dar supuestos en los que se interprete que no existe delito contra la Seguridad Social por el mero hecho de que se hayan presentado los documentos de cotización, sin entrar a valorar si son veraces y completos.

Además de las penas, ya previstas, de prisión de 1 a 5 años, y multa del tanto al séxtuplo, se impone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.

• Regularización voluntaria por el infractor. Se configura como “el reverso del delito”, haciendo desaparecer el carácter delictivo de la infracción cuando se produzca el total reconocimiento y pago de la deuda antes de que el infractor tenga conocimiento del inicio de las actuaciones inspectoras o del proceso penal correspondiente.

• Ejecución de la deuda en vía administrativa. La existencia de un procedimiento penal no paraliza el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social. No obstante, el juez podrá acordar la suspensión si aprecia que la ejecución puede ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

• Se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Se elevan las penas máximas, lo que implica que el plazo de prescripción del delito se amplíe de 5 a 10 años:

a) Cuando la cantidad defraudada exceda de 120.000 euros.

b) Cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Cuando se utilicen sociedades o personas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la cantidad defraudada o su patrimonio.

2. Delitos contra los derechos de los trabajadores, previstos en el título XV del Código Penal

Se modifica la regulación de los delitos contra los derechos de los trabajadores para incluir nuevos supuestos de incumplimientos graves de la normativa sobre el alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o sobre las preceptivas autorizaciones para trabajar, que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a los empresarios que sí cumplen estas obligaciones.

Este es el caso de los empresarios que contraten trabajadores sin formalizar su incorporación al Sistema de la Seguridad Social que les corresponda o sin obtener la preceptiva autorización para trabajar, en el caso de extranjeros que lo precisen, cuando el número de trabajadores afectados sea al menos de:

– El 25%, en empresas o centros de trabajo de más de 100 trabajadores.

– El 50%, en las empresas que ocupen entre 11 y 100 trabajadores.

– La totalidad de la plantilla, en empresas o centros de trabajo que ocupen entre 6 y 10 trabajadores.

Además, se elevan las penas máximas, lo que implica de nuevo incrementar el plazo de prescripción de estos delitos hasta los 10 años:

– Prisión de 6 meses a 6 años, y

– Multa de 6 a 12 meses.

Fiscal Marzo 2013

Las novedades fiscales para el ejercicio 2013: un nuevo esfuerzo del contribuyente

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, y la posterior Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, constituyen la hoja de ruta fiscal para el ejercicio 2013. A diferencia de años anteriores, las novedades aprobadas no generan una especial alarma en los contribuyentes, quizá porque estos hayan agotado ya la capacidad de sorprenderse, fiscalmente hablando. Pese a todo, es justo reconocer que, ahora sí, el incremento en la tributación empieza a incidir en las rentas tradicionalmente menos proclives a quedar sujetas a tributación.

I. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DE LA NUEVA REGULACIÓN

A lo largo del pasado año asistimos a la introducción de diversas medidas en el ámbito tributario con el fin de consolidar las finanzas públicas y, de este modo, corregir lo antes posible los principales desequilibrios que afectan a la economía española, principalmente la reducción del déficit público, todo ello con el fin último de contribuir a la recuperación de aquella. Las medidas a que nos referimos se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico básicamente mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Todas las medidas incorporadas en los citados decretos no fueron suficientes para conseguir el objetivo de reducción del déficit público y tuvieron que ser corregidas por dos normas posteriores, de hondo calado por lo que se refiere a la fiscalidad para el ejercicio 2013.

Nos referiremos, en primer lugar, a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Como indicábamos, la evolución de los ingresos públicos continuaba requiriendo la adopción de medidas adicionales que, reforzando estos últimos, y complementando las anteriores reformas, permitieran fijar las bases de una recuperación económica estable y duradera. Esta norma actúa al modo de la denostada ley de acompañamiento a los presupuestos generales del estado, toda vez que la cercanía entre su aprobación y la publicación de la Ley de Presupuestos para el 2013, permite vislumbrar la existencia de verdaderas medidas de carácter económico en su contenido, especialmente por la vía de incremento de los ingresos derivados de los tributos.

La Ley, lejos de quedar circunscrita a la modificación de los impuestos más importantes por el número de sujetos que quedan afectados, realiza un verdadero circuito por el sistema impositivo español para llevar a cabo modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributos locales, catastro inmobiliario, y otros más, creando incluso nuevas figuras impositivas destinadas a sujetar a tributación fuentes de renta antes exentas.

En otro orden de cosas, aunque en la misma línea, el pasado 28 de diciembre, se publicó en el BOE la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Esta Ley, pese a no ser el instrumento adecuado para crear tributos, por expreso mandato del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución, sí puede modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

En el ámbito tributario, el Título VI de la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas que inciden en las principales figuras del sistema tributario (la gran mayoría de las cuales son las que habitualmente recoge esta norma).

En las siguientes líneas analizaremos las principales modificaciones operadas por estas leyes en el ámbito tributario, si bien, por motivos de espacio, nos centraremos en aquellas que merezcan una mayor atención, bien por su alcance, bien por su novedad.

II. MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA LEY 16/2012, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Las modificaciones operadas por la nueva norma toman el testigo de las modificaciones que sobre este Impuesto se habían llevado a cabo a lo largo del pasado ejercicio, todas ellas destinadas a incrementar la recaudación impositiva.

La primera de las medidas se concreta en la supresión, a partir de 1 de enero de 2013, de la deducción por inversión en vivienda habitual, si bien se establece un régimen transitorio por el que se podrá seguir practicando esta deducción en ejercicios futuros para todos aquellos contribuyentes que bien hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades para su construcción con anterioridad a 1 de enero de 2013, bien hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017, o bien hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad antes del 1 de enero de 2013 y siempre que estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

Aquellos contribuyentes que, con anterioridad a 1 de enero de 2013, hubieran depositado cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no se hubiera superado el plazo de cuatro de años desde la apertura de aquella, deberán devolver las deducciones practicadas sin que tengan que liquidar intereses de demora.

En otro orden de cosas, a partir de 1 de enero de 2013 se elimina la exención de los premios de las loterías del Estado, ONCE, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo. El devengo de esta exacción se producirá en el momento en que se abone o satisfaga el premio, practicándose retención o ingreso a cuenta que no tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar autoliquidación. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20%. En todo caso, no existirá obligación de presentar autoliquidación cuando el premio hubiera sido de cuantía inferior al importe exento, siendo dicho importe de cuantía igual o inferior a 2.500 €. Si el importe del premio es superior, estará sujeto a este gravamen la parte del mismo que exceda de dicho importe, y si existe cotitularidad sobre el premio, deberá prorratearse la cuantía exenta entre los distintos titulares.

Del mismo modo, y continuando con los juegos, se aclara que, desde 1 de enero de 2012, se permite computar las pérdidas en el juegocon el límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio.

Por otro lado, con la finalidad de penalizar fiscalmente los movimientos especulativos, en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año.

La Ley procede igualmente a modificar la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa. Así las cosas, se cuantificará por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador. En todo caso, si el pagador viniera satisfaciendo estos rendimientos en relación con viviendas que no fueran de su propiedad con anterioridad a 4 de octubre de 2012, podrá seguir valorando conforme a la regla de valoración existente anteriormente.

Pese a que la regla general es la progresiva desaparición de deducciones, se prorroga durante el año 2013 el tratamiento que se ha venido aplicando, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, para los gastos e inversiones efectuados en dichos ejercicios para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. De igual modo, se prorroga durante el año 2013 el tratamiento que se ha venido aplicando relativo a la reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o mantenimiento de empleo.

En los supuestos en que un contribuyente por el IRPF vaya a trasladar su residencia a otro Estado de la Unión Europea y tenga rentas pendientes de imputar en la base imponible, podrá optar por imputarlas, bien en la base imponible del último período impositivo que deba declararse por IRPF, o por presentar, a medida en que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto, en el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente si no hubiera perdido la condición de contribuyente.

2. Impuesto sobre Sociedades

Se introduce una nueva limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles. La medida, que tiene carácter temporal, se aplica a empresas que no sean de reducida dimensión, se aplicará a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014. Con esta modificación, la amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias será fiscalmente deducible hasta el importe de multiplicar por 0,7 la cantidad que corresponda en función del método de amortización que se esté aplicando.

Como correlato lógico a lo indicado previamente en sede del IRPF, se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo por las entidades que tengan la condición de microempresas.

En otro orden de cosas, se introduce un nuevo supuesto de gasto que no tendrá la consideración de deducible. En particular, la norma se refiere a los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, o en caso de resultar superior, del importe que esté exento por aplicación de lo establecido en el artículo 7.e) de la LIRPF (indemnizaciones por despido), aun cuando se satisfagan en varios períodos impositivos, derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de su condición como administradores de la sociedad, o de ambas. A estos efectos, se computarán las cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio.

3. Impuesto sobre el Patrimonio

Queda prorrogada durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal, para los años 2011 y 2012.

4. Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Se establece un gravamen especial sobre los premios de las loterías en términos sustancialmente idénticos a los establecidos en el IRPF. Además, se modifica la configuración del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades No Residentes dejando sujetas a dicho gravamen exclusivamente las entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal.

5. Impuesto sobre el Valor Añadido

Se produce una modificación en la Ley del IVA de tal manera que, en las operaciones a plazos, será suficiente instar el cobro de uno de los plazos mediante reclamación judicial al deudor, o por medio de requerimiento notarial, para modificar aquella en la proporción que corresponda por el plazo o plazos dejados de cobrar.

6. Tributos locales

En primer lugar se excluye de la exención prevista en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a aquellos en los que se lleven a cabo ciertas explotaciones económicas. Pese a ello, y haciendo un guiño a las entidades locales, en aras a aumentar su autonomía, se establece una bonificación potestativa de hasta el 95% para que los ayuntamientos puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos inmuebles.

En segundo lugar, se extiende al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas la bonificación potestativa aplicable en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuando se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

7. Catastro Inmobiliario

Con efectos desde 1 de enero de 2013 se crea una nueva tasa de regularización catastral. El hecho imponible del tributo lo conforma la regularización de la descripción de los bienes inmuebles resultante del procedimiento, y los sujetos pasivos del mismo serán aquellos que deban tener la condición de sujeto pasivo del IBI en el ejercicio en que se haya iniciado el procedimiento de regularización. La tasa se devengará con el inicio del procedimiento de regularización, y su cuantía se establece en 60 euros por cada inmueble.

III. MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA LEY 17/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, se incluye la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al 1%.

Se establece la compensación por la pérdida de beneficios fiscales que afecta a determinados contribuyentes con la vigente LIRPF: los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2012 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006.

2. Impuesto sobre Sociedades

De igual modo que en sede del IRPF, se actualizan, también al 1%, de los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios en los supuestos de transmisión.

Se establece la regulación de la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2013, que no difiere de la existente hasta el momento, habida cuenta de las modificaciones operadas a lo largo del año 2012.

3. Tributos locales

La disposición transitoria duodécima de la Ley establece que, hasta el 31 de diciembre de 2014, la determinación de la base liquidable del IBI atribuida a los ayuntamientos, se realizará por la Dirección General del Catastro, salvo que el ayuntamiento le comunique que la competencia será ejercida por él. La comunicación deberá realizarse antes de finalizar el mes de febrero en el que asuma el ejercicio de la competencia. n

CONCLUSIÓN

Las medidas a que nos hemos referido tienen en su gran mayoría un innegable efecto inmediato en la recaudación por parte de la Hacienda pública, que no es otra cosa que el efecto que se persigue con las Leyes aprobadas, habida cuenta del ánimo que llevó a publicarlas: el incremento de los ingresos públicos y la correlativa reducción del déficit. En ese sentido nada debe objetarse. Cabe plantearse, sin embargo, si todas las medidas han sido tomadas a su debido tiempo y en su debida cuantía, y precisamente por ello, no sería osado preguntar hasta cuándo habrá que mantenerlas.