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Hemeroteca Diciembre 2012

 

11

oct.

ASESORES FISCALES ALERTAN DE QUE LA LEY CONTRA EL FRAUDE EROSIONA LAS GARANTÍAS DE LOS CIUDADANOS

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que la nueva ley contra el fraude aprobada por el Gobierno puede representar una pérdida de los derechos y garantías del ciudadano, ya que contiene medidas que suponen un “fuerte endurecimiento” de las sanciones en situaciones que no tienen por qué suponer la existencia de un fraude a la Hacienda Pública.

Aedaf indica que las modificaciones que esta norma incluye en la Ley General Tributaria, tanto en materia de sanciones como de responsables, incumplen los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica e introducen “grandes dosis de arbitrariedad”. En este sentido, advierten de que, por ejemplo, si un contribuyente es llamado para presentar un documento en un procedimiento de comprobación y por desconocimiento o por brevedad del plazo comparece sin él, puede ser sancionado, a discreción del funcionario, con una multa mínima de 1.000 euros, superior al salario mínimo interprofesional. Entre los ejemplos que Aedaf considera “abusivos”, destaca que se tipifica como infracción presentar una declaración en papel cuando sea obligatoria su presentación por vía telemática y la sanción asciende a 1.500 euros, así como la multa de 1.000 euros para particulares o 3.000 para empresarios por no atender al primer requerimiento de la administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido.

Europa Press

9

oct.

EL IMPACTO DE LA SUBIDA DEL IVA OSCILARÁ ENTRE 95 Y 1.370 EUROS POR HOGAR

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que el impacto de la subida de IVA en los hogares oscilará entre los 94,9 euros al año en los de menor capacidad de consumo y los 1.370 euros en aquellos con más posibilidades. Así lo señala en el último número de Cuadernos de Información Económica titulado “Incertidumbre y débil pulso económico”, en el que analiza los efectos recaudatorios de la reforma del IVA y la recaudación tributaria en tiempos de crisis con medidas como la amnistía fiscal.

En los hogares, la subida de IVA generará de media un aumento de impuestos indirectos de 356,8 euros al año, lo que supone un incremento del 10,13%. Funcas considera “proporcional” la subida del IVA, ya que combina con la forma concreta en que se distribuye el gasto en España. “Se puede afirmar, contrariamente a la percepción generalizada, que la subida aprobada en el IVA no es especialmente regresiva”, señala.

En términos de recaudación, la subida de IVA que entró en vigor el pasado 1 de septiembre aportará unos 6.700 millones de euros al año, de los que 5.010,5 millones vendrían de los hogares, y el resto de otros agentes económicos como las Administraciones públicas y el sector empresarial público y privado.

A la hora de estimar el efecto recaudatorio, Funcas ha tenido en cuenta el impacto de estos cambios impositivos en las decisiones de consumo de los hogares para evitar resultados sesgados al alza. Si el cambio fiscal no alterara las decisiones de consumo haciendo que se consuman más unos bienes que otros, la recaudación total se elevaría a 7.445,6 millones, ya que los hogares aportarían 573,7 millones más, hasta 5.584,2 millones. Así, se deduce que el no tener en cuenta el impacto en el consumo genera una sobreestimación de 845 millones, que es lo que, según Funcas, ha ocurrido con algunas cifras oficiales publicadas recientemente.

Europa Press

8

oct.

ATA DENUNCIARÁ A LAS ADMINISTRACIONES QUE SE RETRASEN MÁS DE 30 DÍAS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las Administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la Directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

El presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, “pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada”.

Según el Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012, realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, cinco de cada diez autónomos (55,3%) tardan más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días. Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.

A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio “es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis”, la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.

 

Europa Press

3

oct.

EL 80% DE LA NUEVA FISCALIDAD ELÉCTRICA RECAERÁ EN EL CONSUMIDOR, SEGÚN EL EX PRESIDENTE DE REE

El 80% de las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno en el sector eléctrico acabará repercutiendo sobre el consumidor final de electricidad, mientras que el 20% restante deberá ser asumido por la cogeneración, la industria y la tecnología solar, afirmó el ex presidente de Red Eléctrica de España (REE) Luis Atienza en una jornada sobre energía organizada en el Congreso.

Las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno “hacen la ficción de que son unos impuestos para las empresas, pero van a repercutir sobre el consumidor”, afirmó Atienza, antes de advertir de que los mercados a plazo de la electricidad “ya están anticipando” un aumento de precios relacionado con estas medidas.

Las principales eléctricas, señaló, trasladarán al consumidor el nuevo impuesto del 6% a la producción, mientras que los llamados céntimos verdes al gas, carbón y fuel podrán cargarse sobre el pool eléctrico, ya que gravan las tecnologías más caras, que son las que marcan el precio del mercado mayorista para todas las fuentes de generación.

Las nuevas medidas “no forman parte de una hoja de ruta” y se han diseñado “de forma que parezcan impuestos que pagan las empresas, cuando en realidad se hacen para que las empresas sean las que pasen luego la factura a los consumidores”, aseguró.

Para el ex presidente del gestor técnico de la red eléctrica, es necesario especificar quién tiene que asumir este coste, si los ciudadanos a través de las cuentas públicas o los consumidores de electricidad mediante la tarifa eléctrica.


Europa Press

1

oct.

ALEMANIA PONDRÁ EN MARCHA UN PROGRAMA PARA CONTRATAR A JÓVENES EUROPEOS
La Agencia Federal de Empleo alemana pondrá en marcha a partir de enero un nuevo programa especial para ayudar a jóvenes de otros países de Europa a encontrar un empleo en Alemania, según informó el organismo en un comunicado.
El programa, denominado “Promoción de la movilidad profesional de jóvenes interesados en formación y jóvenes profesionales de Europa”, tendrá una duración prevista de dos años y contará con un presupuesto de 40 millones de euros cada uno. Las condiciones para acceder al programa es tener entre 18 y 35 años y proceder de uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

El director de la agencia, Raimund Becker, destacó que este programa es beneficioso para los jóvenes, los empleadores alemanes y los países de origen: “Los candidatos jóvenes pueden desarrollar sus carreras, los empleadores pueden hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada, y los países pueden recuperar después profesionales capacitados y con experiencia”.

Por otro lado, también informó de que los candidatos podrán recibir ayuda para estudiar alemán tanto en el país como en su Estado de origen, ya que hasta ahora el idioma ha sido “una gran barrera”.

Europa Press

28

sep.

BALANCE TRAS LA REFORMA DE LOS EMPLEADOS DEL HOGAR
El Gobierno dejará de recaudar 63 millones de euros al año tras la integración del antiguo Régimen del Hogar en el Régimen General, a pesar de haberse experimentado un incremento en el número de empleados del hogar que se han afiliado al sistema de Seguridad Social.

Se ha producido un descenso de las bases de cotización de los asistentes domésticos, como consecuencia de que un gran número de contratos a trabajadores del hogar presenta “un escaso número de horas”. Esto implica que la base media mensual es inferior en un 30% a la base vigente el año anterior.

Según Empleo, el saldo se sitúa en cerca de 80.000 nuevas altas, un resultado “discreto” si se tiene en cuenta que el sector doméstico emplea a alrededor de 600.000 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Tras conocer los datos, el Gobierno ha emplazado a los trabajadores del hogar a que utilicen la ley como “la única vía” para desarrollar sus perspectivas laborales. Por su parte, la Seguridad Social se compromete a explorar alternativas que fa ciliten y simplifiquen, tanto a empleadores como trabajadores, los trámites necesarios para darse de alta en el sistema.”

 

Europa Press

25

sept.

EL GOBIERNO PRESENTARÁ UNA NUEVA LEY DE CÁMARAS PARA CREAR EMPLEO ENTRE LAS PYMES
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha confirmado que la nueva Ley de Cámaras estará lista “antes de que acabe el año” para que las cámaras de comercio “jueguen un papel fundamental” en la generación de empleo, al tiempo que faciliten servicios de asesoría a los emprendedores que piensen abrir un negocio.

Uno de los puntos que recoge la nueva Ley de Cámaras que diseña el Gobierno es que las cámaras se transformen en “lugares naturales” para la mediación y el arbitraje en España, de modo que se contribuya a “descongestionar la actividad de la justicia a través de la resolución rápida” de los conflictos que se presenten.

Otro de los cambios que se exponen en el nuevo marco regulatorio de estas instituciones empresariales es intensificar la prestación de servicios de internacionalización a las empresas, así como la formación en este ámbito.

Europa Press

 

20

sept.

EL GOBIERNO PRESENTARÁ UNA NUEVA LEY DE CÁMARAS PARA CREAR EMPLEO ENTRE LAS PYMES
España redujo a 28 días el tiempo necesario para abrir una empresa en 2011, frente a los 47 días que se tardaba el año anterior, lo que supone una reducción considerable, aunque lejos de los países más eficientes, según datos del Foro Económico Mundial de Davos.

Así, en Nueva Zelanda se puede abrir una empresa en un día y en Australia en dos. En Hong Kong y Singapur se tarda tres días, mientras que Bélgica y Hungría son los países mejor situados de la UE, con cuatro días. Portugal, con 5 días, y Dinamarca, Italia y Eslovenia, con 6 días, figuran entre los países más ágiles, al igual que Estonia y Francia, con 7 días.

En Irlanda y Reino Unido la cifra aumenta a 13, al tiempo que Alemania y Suecia llegan a 15 días. España figura, junto con Austria, entre los países de la UE donde más tiempo se tarda en abrir una empresa. Por detrás de España solo aparece Polonia, con 32 días.

Instituto de Estudios Económicos

 

19

sept.

LA AEAT PERMITE OBTENER LOS CERTIFICADOS DE RENTA POR INTERNET
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha un nuevo servicio que permite a los contribuyentes solicitar y obtener por Internet los certificados de renta, de forma que se pueden conseguir en el momento y sin necesidad de disponer de certificado electrónico ni desplazarse a las oficinas de la AEAT.

El servicio, disponible en la web www.agenciatributaria.es, es similar al sistema REN0 para la obtención rápida del borrador y datos fiscales para hacer la declaración de la renta.

El certificado de renta es un resumen de la declaración del IRPF comúnmente utilizado por los ciudadanos como justificante de ingresos con vistas a la obtención de ayudas públicas y la realización de diversas gestiones en el ámbito público y privado (pedir becas, ayudas escolares, alquilar un piso, etc.).

Para conseguirlo, solo se necesita el NIF, un teléfono móvil y, si se presentó declaración de renta, el importe de la casilla 620 de la misma. Si no se presentó, se necesitará el número de una cuenta bancaria de la que sea titular el contribuyente que requiere el certificado.

Al introducir estos datos, el contribuyente recibirá en el acto un SMS con un número de referencia. Con este número podrá acceder a su certificado e imprimirlo.
Con este nuevo servicio, la Agencia Tributaria pretende agilizar la expedición de este tipo de certificados, ya que se expide más de un millón al año. Hasta ahora, para su obtención los contribuyentes generalmente acudían a una oficina de la AEAT y recibían el certificado varios días después por correo.

Europa Press

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Normativa Diciembre 2012

FISCAL

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros en Sociedades
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades (BOE 17/07/2012)

La presente Resolución establece los criterios interpretativos para aplicar la limitación general en la deducción de gastos financieros introducida por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que modificó el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Tras definir el concepto de gastos financieros e ingresos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios, declarando que tanto los gastos como los ingresos que se deben tomar en consideración a los efectos de la aplicación del límite establecido en el artículo 20 del TRLIS deben estar relacionados con el endeudamiento empresarial, se ocupa del beneficio operativo, de la aplicación de gastos financieros procedentes de ejercicios anteriores y del beneficio operativo que no ha determinado la deducibilidad de gastos financieros en un periodo impositivo. También incluye reglas específicas para grupos de consolidación fiscal.

Nuevos modelos de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 y 222)
Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE 29/09/2012)

Se hace necesario actualizar los modelos de pagos fraccionados de acuerdo a las importantes modificaciones sufridas desde la aprobación del modelo anterior por la O EHA/664/2010 (RDL 9/2011, de 19 de agosto, RDL 12/2012, de 30 de marzo, RDL 14/2012, de 20 de abril y, sobre todo, RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad). Dichas modificaciones normativas, al ser sustanciales, afectan a las variables que inciden en la determinación de los pagos fraccionados a realizar y a las cautelas a establecer en determinados supuestos sobre su importe mínimo, lo que obliga a la aprobación de un nuevo modelo, no solo del modelo general 202 sino también del modelo 222 para efectuar el pago fraccionado en régimen de consolidación fiscal.

En la Orden se procede a configurar el modelo 202 como un modelo cuya presentación se va a realizar exclusivamente por vía telemática, por lo que se amplía dicha obligación a aquellas entidades obligadas a declarar los pagos fraccionados y que no tienen la forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada.
Para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 60 millones de euros se establece la presentación obligatoria de una comunicación de datos adicionales junto con el pago fraccionado correspondiente.
Prevención y lucha contra el fraude

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 30/10/2012)
Nota: Nos remitimos al comentario recogido en la sección Fiscal de esta revista, pág. 4.

LABORAL

Prórroga del programa PREPARA


Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE 25/08/2012). Convalidado por Resolución de 13 de septiembre de 2012 (BOE 20/09/2012)

Se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, centrando su función protectora en el colectivo de desempleados que, sin derecho a otras prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares u ostenten la condición de parados de larga duración.

Se incrementa la cuantía de la ayuda hasta el 85% del IPREM para aquellos beneficiarios con tres o más personas a su cargo, manteniéndose en el 75% la cuantía para el resto de los casos. Persiste la vinculación al requisito de rentas de la unidad familiar, aunque se redefine su composición en coherencia con otros programas de análoga finalidad. En este sentido, se pretende que el programa atienda a las situaciones de mayor necesidad y se amplía la ayuda para los casos en los que las cargas familiares sean mayores.

Se articulan mecanismos para fortalecer la vinculación entre las políticas activas y pasivas, que contribuyan a potenciar el carácter de “programa para el empleo”, y así, se refuerza el seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso de actividad, exigiendo que los solicitantes acrediten haber realizado actuaciones de búsqueda de empleo a título personal, o en colaboración con los servicios de empleo, como requisito previo a la obtención de la condición de beneficiarios. El compromiso de búsqueda activa de empleo deberá mantenerse durante todo el programa, y los servicios de empleo podrán requerir al beneficiario que acredite la materialización de dicho compromiso en cualquier momento.

Podrán beneficiarse de este programa las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del periodo comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el día 15 de febrero de 2013, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo, y que, además, llevaran inscritas como demandantes de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses y tuvieran responsabilidades familiares, además de carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

No obstante lo anterior, y aunque el solicitante carezca de rentas, si convive con padres, cónyuge o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33%, o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

El plazo para solicitar la inclusión en el programa será de dos meses desde la finalización de la prestación o subsidio por desempleo.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos


Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (BOE 28/09/2012)
La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado tripartito, cuya función es el asesoramiento y consulta a las partes de la negociación colectiva en orden al planteamiento y determinación del ámbito funcional de los convenios. La reforma laboral llevada a cabo ha añadido a sus tradicionales funciones consultivas y de observatorio de la negociación unas funciones decisorias que favorecerán y potenciarán la utilización en las empresas de los mecanismos de flexibilidad interna consistentes en la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, evitando así que el ajuste laboral se produzca a través del recurso a los despidos.
Lo más novedoso de esta regulación es el desarrollo de las funciones decisorias atribuidas por el nuevo artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores a la Comisión para la solución de discrepancias por falta de acuerdo en los procedimientos sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo de aplicación. Esto se desarrolla en el capítulo V del Real Decreto: su primera sección se refiere las disposiciones generales sobre su objeto, ámbito de actuación y sujetos legitimados para solicitar su actuación, que son las empresas y los representantes de los trabajadores. La segunda sección establece el procedimiento para la solución de discrepancias surgidas respecto a la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en los convenios colectivos. Asimismo, incluye de forma separada los procedimientos para la solución de discrepancias mediante decisión en el seno de la Comisión o mediante la designación de un árbitro, que habrá de ser elegido entre expertos imparciales e independientes, siendo de elección preferente aquel sobre el que las partes hayan mostrado conformidad.

MERCANTIL

Registro Electrónico de Apoderamientos


Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (BOE 25/07/2012)

Se establece en la presente Orden, que entró en vigor el 25 de septiembre, que en el Registro electrónico de apoderamientos se podrán hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, inscribiéndose únicamente las representaciones que los interesados otorguen voluntariamente. Desarrolla los procedimientos a través de los cuales el poderdante procederá a la inscripción de apoderamientos en el Registro y regula la regulación de la renuncia y revocación del apoderamiento.

Por lo que respecta a los trámites y actuaciones por medios electrónicos y sus categorías, y al procedimiento de adhesión al Registro electrónico de apoderamientos, las consultas y certificaciones para el interesado, se señala que, dado que el Registro no tiene carácter público, el interesado solo podrá acceder a la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado, pudiendo obtener dichas consultas y certificaciones por medios electrónicos.

Se regulan, asimismo, los procedimientos de acceso electrónico a la información del Registro por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y por lo que se refiere a la protección de datos, los artículos 12 y 13 se ocupan de dicha protección y de la creación del fichero de datos personales “Registro electrónico de apoderamientos”, cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Por último, los Anexos recogen los formularios para la inscripción en el Registro, para la revocación de poderes y para la renuncia de apoderamientos, así como el contenido del Fichero de datos personales.

Seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales


Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales (BOE 02/06/2012)

Se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales, que deberán acreditar ante el secretario judicial del juzgado que conozca del concurso, y cuya finalidad es cubrir el riesgo del posible nacimiento a su cargo de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función.

El deber de aseguramiento recae sobre el administrador concursal, ya sea persona natural o jurídica; cuando la administración concursal sea una persona jurídica, la cobertura del seguro o garantía equivalente incluirá la responsabilidad de los profesionales que actúen por cuenta de esta.

Siendo dicho seguro o garantía equivalente un presupuesto para la aceptación del cargo, los administradores concursales no pueden aceptar su nombramiento sin acreditar convenientemente que gozan de dicha cobertura, que debe ser mantenida durante toda la tramitación del proceso concursal

El administrador concursal podrá sustituir el aseguramiento por una garantía solidaria de contenido equivalente constituida por entidad de crédito que pueda prestar garantías de este tipo por el importe, y deberá mantener su vigencia hasta que transcurran cuatro años desde la fecha en la que el administrador concursal cesó en el cargo por cualquier causa. La suma mínima asegurada será de 300.000 euros, aunque se establecen cuantías superiores en determinados casos.

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Laboral Diciembre 2012

Panorama de actualidad laboral

La actualidad laboral no descansa. Además de la Ley de la Reforma Laboral, que consolida las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 3/2012 pero con algunos cambios y matizaciones relevantes, el Real Decreto-Ley 20/2012 introduce importantes novedades, como la eliminación de la mayoría de las bonificaciones en las cotizaciones y recortes en las prestaciones sociales. Asimismo, aunque pendiente de aprobación, el borrador del Reglamento de los despidos colectivos recoge una serie de cambios en el procedimiento a seguir para la tramitación de este tipo de despidos.

 

BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Tipo de
contrato 
Colectivos Cuantía
anual 
Duración Vigencia
de la
Media 
Normaríva
Indefinido Para empresas de menos de 50 trabajadores. Apoyo a emprendedores

Mayores de 45 años desempleados más de 12 meses(1)

Desempleados
/as
1.300 €/año
108,33 €/mes
     

Mujeres subrepre-
sentadas (2)

1.500 €/año
125 €/mes

 

 

 

 
Jóvenes de 16 y 30 años, ambos inclusive, inscritos en la Oficina de Empleo Desempleados
/as
1.er año, 1.000; 2.º, 1.100 y 3.º, 1.200 3 años (3) Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%

Ley 3/2012 (art. 4 y DT 9ª.2)

Mujeres subrepre-
sentadas (2)

Las anteriores cuantías se incrementarán en 100 euros/año

     
Víctimas del terrorismo (4)
(art. 34 L 29/2011; art. 2.4
bis L 43/2006)
1.500 €/año
125 €/mes
4 años    
Víctimas de violencia de género o
de violencia doméstica (4) (art. 2.4 Ley 43/2006)
850 €/año
70,83 €/mes
4 años Indefinida  
Trabajadores en situación de
exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006)
600 €/año
50 €/mes

4 años

   
Personas con discapacidad (art. 2.2 Ley 43/2006) Menores de 45 años En general 4.500 €/año
375 €/mes
     
Discapacidad severa (5)

5.100 €/año
425 €/mes

   
Mujeres

En general

5.350 €/año
445.83 €/mes

Vigencia del contrato

Indefinida

– Ley 43/2006

Discapacidad severa (5)

5.950 €/año
495.83 €/mes

Menores de 45 años En general

5.700 €/año
475 €/mes

 

 

 

Discapacidad severa (5)

6.300 €/año
525 €/mes

     
Contratación de un trabajador con discapacidad por un CEE (6) (Relación de carácter especial) (art. 2.3 L. 43/2006) 100% cuotas empresariales por todos los conceptos Indefinida Indefinida  

 

TIPOS DE 
CONTRATO 
COLECTÍVOS CUANTÍA ANUAL DURACIÓN VIGENCIA
DE LA
MEDIA 
NORMATIVA
Indefinido Conversión de contratos en prácticas, de relevo y sustitución por jubilación en empresas de menos de 50 trabajadores Mujeres

 

41,67 €/mes
500 €/año

 

3 años

 

 

indefinidos

 

– Ley 3/2012 (art. 7)

 

Hombres

 

58,33 €/mes
700 €/año
Conversión de contratos para la formación y el aprendizaje (7)

Mujeres

 

1.500 €/año

3 años

indefinidos

– Ley 3/2012 (art. 3.2 y DT 13ª)

 

Hombres

1.800 €/año

Personas con discapacidad

– Conversión de contratos temporales

– Misma bonificación que las contrataciones
indefinidas iniciales (empresas ordinarias)

– Ley 43/2006 (art. 2.6)

– Conversión de contratos temporales celebrados con CEE (6) (art. 2.3 Ley 43/2006)

– 100% de las cuotas empresariales a la SS por todos
los conceptos y cuotas de recaudación en conjunto (CEE)

Víctimas de violencia de género (LO 1/2004)

– Conversión de contratos temporales

– Misma bonificación que las contrataciones
indefinidas iniciales (empresas ordinarias)

4 añosIndefinida

– Ley 43/2006 (art. 2.6)

Víctimas del terrorismo (art. 34 Ley 29/2011)

– Conversión de contratos temporales

– Misma bonificación que las contrataciones
indefinidas iniciales (empresas ordinarias)

– Ley 43/2006 (art. 2.6)

Trabajadores en situación de exclusión social

Conversión de contratos temporales

– Misma bonificación que las contrataciones indefinidas
iniciales (empresas ordinarias)

 

 

– Ley 43/2006 (art. 2.6)

Contratación temporal

Contratos de interinidad con desempleados con discapacidad para sustituir a trabajadores con discapacidad en situación de incapacidad temporal

100% todas las aportaciones

Toda la vigencia del contrato

Indefinida

– Ley 45/2002 (DA 9ª)

 

Personas con discapacidad (8)

Contrato temporal fomento del empleo (art. 2.2.4 L 43/2006)

En general

Hombres

Menores 45 años

3.500 €/año

291,66 €/mes

Toda la vigencia del contrato

Indefinida

– Ley 43/2006 (DA 1ª)

Mayores
45 años

4.100 €/año 341,66 €/mes

Mujeres

Menores 45 años

4.100 €/año 341,66 €/mes

Mayores
45 años

4.700 €/año

391,66 €/mes

Discapacidad severa

Hombres

Menores 45 años

4.100 €/año 341,66 €/mes

Mayores
45 años

4.700 €/año
391,66 €/mes

Mujeres Menores 45 años

4.700 €/año
391,66 €/mes

Mayores
45 años

5.300 €/año
441,66 €/mes

  Contratados en CEE (6) (art.2.3. Ley 43/2006)

100% cuotas empresariales por todos los conceptos

 

   

Víctima violencia de género o doméstica (art. 2.4 Ley 43/2006)

600 €/año
50 €/mes
     
Trabajadores en situación de exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006)

 

500 €/año

41,67 €/mes

     

Víctimas del terrorismo (art. 34 Ley 29/2011; art. 2.4 bis Ley 43/2006)

600 €/año
50 €/mes
     

Contrato temporal para la Formación y el Aprendizaje

Jóvenes desempleados inscritos en la O. E., mayores de 16 años y menores de 30 (9), contratados para la formación y el aprendizaje

Reducción del 75% o del 100% de las cuotas del empresario (10)

Toda la vigencia del contrato

– Ley 3/2012 (art. 3)

– Ley 3/2012 (art. 3)

(1) Desaparece la exigencia contenida en el RD-Ley 3/2012 de haber estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación (art. 4.5 Ley 3/2012).

(2) Mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado.

(3) Asimismo deberá mantener el nivel de empleo alcanzado durante, al menos, un año desde la celebración del contrato.

(4) Sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo (DF 14ª Ley 3/2012).

(5) Discapacidad severa: Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33% y discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% (art. 2.parr. 2.2 Ley 43/2006).

(6) Centro Especial de Empleo.

(7) Serán de aplicación en los supuestos de contratos para la formación celebrados con anterioridad al 31-8-2010 y que se transformen en indefinidos a partir del 1-1-2012.

(8) En el supuesto de trabajadores discapacitados, no se aplica el límite de edad.

(9) Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, se podrá concertar este contrato con menores de 30 años (Disposición Transitoria novena Ley 3/2012).

(10) Si la contratación la realiza una empresa con plantilla inferior a 250 personas (100%) y si es = a 250 (75%).

 

BONIFICACIONES/REDUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO

OBJETO COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN Y OBSERVACIONES NORMATIVA
Mantenimiento empleo afectados por procedimientos de regulación de empleo (11) Trabajadores cuyos contratos queden suspendidos –incluidas las suspensiones tramitadas por la Ley Concursal– o a quienes se les reduzca la jornada de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, que se inicien entre 1/01/2012 y 31/12/2013 50% cuota empresarial por contingencias comunes de los trabajadores afectados – Duración: Durante situación de desempleo, máx. 240 días por trabajador – Ley 3/2012 (art. 15)
Conciliación de la vida personal, laboral y familiar Contratos interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante losperíodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad o riesgo durante el embarazo o la lactancia

100% cuota empresarial del interino (inc. contingencias prof. y recaudación conjunta)

100% cuota trabajador en situación de maternidad (incl. contingencias prof. y recaudación conjunta)

– Duración: Mientras dure la sustitución

– RDL 11/1998

– Ley 12/2001 (DA 2ª)

Contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato ejercitando su derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes

– Duración: mientras dure la sustitución.

– 6 meses en el caso de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.

– Ley Orgánica 1/2004 (art. 21.3)

(11) Procedimientos en tramitación a fecha de 12/2/2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio. Procedimientos resueltos por la Autoridad laboral y en vigencia en su aplicación el 12/2/2012, se regirán por la normativa en vigor cuando se dictó la resolución (Ley 3/2012 DT 10ª).

BONIFICACIONES/REDUCCIONES AL TRABAJO AUTÓNOMO

OBJETO COLECTIVO CUANTÍA DURACIÓN Y OBSERVACIONES NORMATIVA
Bonificaciones al trabajo autónomo Nuevas altas de familiares colaboradores detrabajadores autónomos. El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción y colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a los de los trabajadores por cuenta propia del RE del Mar) 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial de trabajo por cuenta propia que corresponda 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta Ley 3/2011 (DA 11ª)
Trabajadores autónomos que cesen la actividad por encontrarse en período de descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural y que sean sustituidos por desempleados con contrato de interinidad bonificado

100% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima o fija que corresponda al tipo de cotización establecido como obligatorio durante la sustitución

Mientras dure la sustitución

– RDL 11/1998 (art.1)

– Ley 12/2001 (DA 2ª)

Autónomos con discapacidad 50% de la cuota correspondiente a la basemínima de autónomos

Cinco años siguientes a la fecha de alta

– Ley 45/2002 (DA 11ª)
Personas incorporadas al RE de Trabajadores Autónomos a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo (12-10-2007). Límite de edad: hombres hasta 30 años y mujeres hasta 35 años 30% de la cuota mínima de autónomos 30 meses (15 meses de reducción y 15 de meses de bonificación tras el periodo de reducción) – LGSS (DA 35ª)
Trabajadores autónomos en Ceuta y Melilla en los sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias 50% de la Base de cotización por contingencias comunes (Primer año de vigencia de la norma 43%, segundo año 46% y tercero y sucesivos el 50%) Indefinida – LGSS (DA 30ª.2)


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Agenda Diciembre 2012

ENERO 2013

HASTA EL 2

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Diciembre 2012. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128

• Cuarto Trimestre…………….. 2012……………..111,115,117,123,124,126,128
•Resumen anual 2012. Presentación modelo preimpreso……….180,188,190,193,194

IVA

• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, Régimen especial del grupo de entidades……………..039

• Cuarto Trimestre 2012. Servicios vía electrónica……………..367

 

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES

Declaración anual 2012. Presentación en papel (preimpreso o generado mediante el módulo de impresión de la AEAT)……………..346

HASTA EL 30

PAGOS FRACCIONADOS

Renta Cuarto Trimestre 2012:

• Estimación Directa……………..130

• Estimación Objetiva……………..131

CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA

• Solicitud de inclusión para el año 2013………… CCT

La renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se deberá formular en el modelo de “solicitud de 
inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”

 

IVA

• Diciembre 2012. Régimen General. Autoliquidación……………..303

• Diciembre 2012. Grupo de entidades, modelo individual……………..322

• Diciembre 2012. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones……………..340

• Diciembre 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias……………..349

• Diciembre 2012. Grupo de entidades, modelo agregado……………..353

• Diciembre 2012 (o año 2012). Operaciones asimiladas a las importaciones……………..380

• Cuarto Trimestre 2012. Régimen General. Autoliquidación……………..303

• Cuarto Trimestre 2012. Declaración-Liquidación no periódica……………..309

• Cuarto Trimestre 2012. Declaración final. Régimen Simplificado……………..311

• Cuarto Trimestre (o año 2012). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias……………..349

• Cuarto Trimestre 2012. Declaración final. Regímenes General y Simplificado……………..371

• Cuarto trimestre 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones……………..380

• Resumen anual 2012……………..390

• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales……………..308

• Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca……………..341”

 

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA


Declaración anual 2012. Presentación en papel……………..345

HASTA EL 31

RENTA Y SOCIEDADES

 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

 

• Resumen anual 2012. Presentación en soporte, vía telemática (Internet) y en impreso generado mediante el módulo de impresión de la AEAT (con programa de ayuda)……………..180,188,190,193,194,196

 

IVA

• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo para el año precedente……………..sin modelo 

 

FEBRERO 2013

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Ocubre 2012. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Octubre 2012. Régimen General. Autoliquidación………… 303

• Octubre 2012. Grupo de entidades, modelo individual………… 322

• Octubre 2012. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y
otras opciones………… 340

• Octubre 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349

• Octubre 2012. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353

• Octubre 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380

HASTA EL 28

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada año natural……………..036

Si el período impositivo no coincide con el año natural la opción/renuncia a la opción se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Declaración anual de operaciones con terceros

• Año 2012……………..347

MARZO 2013

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

 

 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Febrero 2013. Grandes Empresas……………..111,115,117,123,124,126,128 IVA

• Febrero 2013. Régimen General. Autoliquidación……………..303

• Febrero 2013. Grupo de entidades, modelo individual……………..322

• Febrero 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones……………..340

• Febrero 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias……………..349

• Febrero 2013. Grupo de entidades, modelo agregado……………..353

• Febrero 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones……………..380

 

NOTA: En el momento de elaborar esta agenda, ninguno de los calendarios tributarios habían sido publicados por los organismos oficiales, por lo tanto, se ha confeccionado teniendo en cuenta el calendario fiscal del año 2012.

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Contabilidad Diciembre 2012

Tratamiento contable de los dividendos, recibidos tanto en efectivo como en acciones(scrip dividends)

Dada la restricción del crédito actual por parte de las entidades financieras, y ante la creciente necesidad de tesorería por parte de las empresas para poder hacer frente a sus deudas, son muchas las compañías que están optando por posibilitar que sus accionistas sean retribuidos mediante la entrega de nuevas acciones en lugar de la retribución en metálico. Así, un gran número de empresas del Ibex como Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, etc., ya remuneran a sus accionistas (pago de dividendos) con acciones nuevas o en efectivo.

Es el propio accionista quien tiene que decidir la forma en que quiere ser retribuido. De esta manera, al acordar la sociedad el reparto del dividendo, cada accionista recibe unos derechos de asignación gratuita; dichos derechos son negociados y pueden ser transmitidos en el mercado de valores. Así, cada accionista puede elegir entre tres opciones:l.


1. Recibir nuevas acciones de la sociedad. Se asignan al accionista de manera gratuita las acciones nuevas que correspondan al número de derechos del que es titular. Para ello, la sociedad deberá realizar una ampliación de capital liberada.

 2. Recibir efectivo, por un importe fijo, mediante la venta de sus derechos a la empresa emisora. Esta opción solo se concede a los accionistas que lo sean en la fecha en que se atribuyan los derechos y únicamente para los derechos de asignación gratuita que se reciban en dicha fecha. Además, esta opción tiene el mismo tratamiento fiscal que un dividendo y, por lo tanto, está sujeta a una retención del 21%.

3. Recibir en efectivo el importe de vender los derechos asignados en el mercado de valores.

A continuación desarrollaremos el tratamiento contable de cada una de las tres alternativas planteadas. Nos referiremos a la Consulta N.º 1 del BOICAC 88 de diciembre de 2011, que versa sobre el tratamiento contable, desde la perspectiva del inversor, de los derechos recibidos en pago de un dividendo que puede hacerse efectivo mediante las tres modalidades comentadas en el párrafo anterior.

La norma de registro y valoración 9.ª “Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad, en su apartado 2.8, establece que los dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán, cuando se declare el derecho del socio a recibirlos, como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Esta norma continúa señalando que en la valoración inicial de un activo financiero se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, los importes de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. Asimismo, se aclara que si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan repartido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos y minorarán el valor contable de la inversión.

La Consulta completa dichas normas con los pronunciamientos ya realizados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la Consulta N.º 2 del BOICAC 47 y la Consulta N.º 3 del BOICAC 32. En base a las mismas se establece lo siguiente:

1. Consulta N.º 2 del BOICAC 47, de septiembre de 2001 “Sobre el tratamiento contable derivado de unos dividendos percibidos mediante acciones emitidas por la misma sociedad que reparte el dividendo”. Dicha Consulta determina que si las acciones antiguas y las recibidas liberadas tienen iguales derechos, el valor total de la cartera no se verá alterado, siendo valoradas todas las acciones, tanto antiguas como nuevas, al precio medio ponderado.

2. Consulta N.º 3 del BOICAC 32, de diciembre de 1997 “Sobre la forma de contabilizar los dividendos repartidos cuando se entregan activos distintos de la tesorería”. Indica que las retribuciones que pueden percibir los accionistas, por su calidad de propietarios, deben ser consideradas distribución de los fondos propios de la empresa y registrarse cuando la junta general acuerde el reparto de dividendos. Además, establece que si el crédito derivado del devengo de un dividendo se paga con acciones liberadas emitidas al efecto, su valoración debe considerar los criterios recogidos en el párrafo anterior.
Teniendo en cuenta lo anterior, establece los siguientes criterios de contabilización:

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Adicionalmente, la Consulta establece las siguientes consideraciones en relación con la valoración de las acciones. Si el accionista decide:

 

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A continuación, veamos una explicación práctica de lo expuesto. Para ello, supongamos que la empresa A posee 1.000 acciones del Banco Santander, adquiridas el 1 de septiembre de 2011 a un precio de 5 euros por acción, siendo el valor inicial por el que fueron registradas. Al cierre del ejercicio las acciones cotizaban a 5,5 euros. En abril de 2012, Santander decide repartir un dividendo a sus accionistas mediante la entrega de acciones totalmente liberadas, en la proporción de 1 nueva por 25 antiguas.

La empresa A puede optar por recibir las acciones correspondientes, vender su derecho preferente al Banco a un precio de 0,20 euros, o en el mercado a un precio de 0,18 euros. El valor teórico del derecho antes de la ampliación es de 0,21. Por su parte, las acciones del Santander antes de la ampliación seguían cotizando a 5,5 euros. A 31 de diciembre de 2012, la empresa A sigue teniendo todos los títulos, y las acciones cotizan a 5 euros. Analicemos las distintas alternativas y su contabilización.

Supuesto 1: Las acciones del Banco Santander se encuentran clasificadas por la empresa A como disponibles para la venta.

a) La empresa A decide recibir las acciones.

En primer lugar, debemos tener en cuenta el valor teórico del derecho antes de la ampliación, que es de 0,21, para poder segregarlo del precio de la acción.

En abril de 2012, y de acuerdo con la Consulta N.º 2 del BOICAC 47, el valor total de la cartera no se verá alterado, siendo valoradas todas las acciones, tanto antiguas como nuevas, al precio medio ponderado. Por lo tanto, realizaremos los siguientes asientos :

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
540X Derechos preferentes (1.000*0,21) 210
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 210

 

Se produce una pérdida de valor de 90 € por la diferencia entre el valor contable y el valor razonable de las acciones, que la empresa tendrá que contabilizar de la siguiente forma:

 

N.º cuenta

Descripción Cargo Abono
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 210

540X

Derechos preferentes (1.000*0,21)

210

 

Como vemos, el valor total de la cartera no se ha visto alterado.

Al cierre del ejercicio 2012, tendremos que valorar las acciones a valor razonable.

Valor razonable de las acciones: 1.040 acciones*5 euros= 5.200 euros.

Valor contable de las acciones (a 31/12/2011): 1.000 accioes * 5,29 euros (*) = 5.290 euros.

(*) Precio medio ponderado: (1.000*5,5)+(40*0)/1.040= 5,29 euros

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
800 Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta 90
250

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

90
N.º cuenta Descripción Cargo Abono
133

Ajuste por valoración en activos financieros disponibles para la venta

90
800

Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta

90

 

b) La empresa A decide vender los derechos a Banco Santander.

Por la venta de los derechos en abril de 2012 realizaremos el siguiente asiento:

 

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
572

Bancos (1.000*0,20*79%) (Neto que entra en la sociedad)

158
473

Hacienda Pública retenciones e ingresos a cuenta (1.000*0,20*21%)

42
760

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio

200

 

Al cierre del ejercicio 2012, tendremos que valorar las acciones a valor razonable: Valor razonable de las acciones: 1.000 acciones*5 euros= 5.000 euros.

Valor contable de las acciones (31/12/2011): 1.000 acciones * 5,5 euros = 5.500 euros. Hay una pérdida de valor por la diferencia entre el valor contable y el valor razonable de las acciones, que la empresa tendrá que contabilizar de la siguiente forma:

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
800

Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta

500
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 500

 

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
133

Ajuste por valoración en activos financieros disponibles para la venta

500
800

Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta

500

 

c) La empresa A decide vender los derechos en el mercado.

Dado que tenemos que dar de baja el activo, en primer lugar deberemos segregar el valor de la acción del derecho de suscripción preferente.

 

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
540X Derechos preferentes (1.000*0,21) 210
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 210

 

En abril de 2012, por la venta de los derechos, realizaremos el siguiente asiento:

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
572

Bancos (1.000*0,18)

180
666

Pérdidas procedentes de valores negociables [1000*(0,21-0,18)]

30
540X

Derechos preferentes (1.000*0,21)

210

 

A su vez, al cierre del ejercicio 2012, deberemos valorar las acciones por su valor razonable:

Valor razonable de las acciones: 1.000 acciones*5 euros= 5.000 euros.

Valor contable de las acciones: 1.000 acciones * 5,5 euros – 210 (Derechos) = 5.290

 

N.º cuenta Descripción Cargo Abono
800

Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta

290
250

Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

290
N.º cuenta Descripción Cargo Abono
133

Ajuste por valoración en activos financieros disponibles para la venta

290
800

Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta

290

 

 

Supuesto 2: Las acciones del Banco Santander se encuentran clasificadas por la empresa A como disponibles para negociar.
El tratamiento contable es el mismo, con la excepción de que los cambios de valoración para valorar las acciones a valor razonable se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, en lugar de hacerlo en Patrimonio. Como se desprende del ejemplo, en función de la decisión de la empresa a la hora de clasificar su cartera, variará su repercusión en el resultado y patrimonio neto.

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Mercantil y Civil Diciembre 2012

Comentarios a la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles

La Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece por vez primera una regulación unitaria, a nivel estatal, del instituto de la mediación. Como su propia disposición final quinta indica, la ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, lo que la convertirá, de hecho, en una ley aplicable en todo el territorio del Estado. Ante la creciente aparición de controversias entre empresas, resulta conveniente para las partes en conflicto evitar la judicialización de asuntos para mantener las relaciones jurídicas y económicas existentes y conseguir llegar a acuerdos dirigidos por un tercero ajeno a las partes. La mediación viene así a cubrir un vacío existente en nuestro ordenamiento, especialmente en el ámbito mercantil.

I. INTRODUCCIÓN. EL ORIGEN DE LA NORMA

En la reunión del Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2012, se aprobó el Real Decreto-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Dicha norma incorporaba al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación, estableciendo unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. Es justo reconocer que la norma en que se plasmó dicha Directiva, el Real Decreto-Ley, fue más ambiciosa que la propia norma comunitaria, toda vez que su regulación se extendió más allá del propio contenido de la misma, en línea con la previsión de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediación. El recurso, nuevamente, a la utilización de la fórmula del Real Decreto-Ley, esto es, a la tramitación por vía urgente, se justificó por el Ejecutivo en que la demora en la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2008/52/CE, había finalizado el 21 de mayo de 2011. De este modo, se entendía justificado el recurso al Real Decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptación de nuestro Derecho, con lo que se ponía fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, con las consecuencias negativas que comportaba para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea. En todo caso, resulta imprescindible hacer notar que esta norma introduce a nivel estatal una institución de resolución alternativa de conflictos existente ya en el ámbito autonómico.

Posteriormente, el Pleno del Congreso aprobó el 28 de junio de 2012, con la ratificación de todas las enmiendas del Senado, el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. De este modo, la Ley 5/2012, de 6 de julio, heredera directa del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, se publicó en el BOE de 7 de julio de 2012, y entró en vigor veinte días después de su publicación.

El contenido de la Ley entronca de forma directa con el Estado de Derecho, en cuanto que una de sus funciones esenciales es la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos. Ello comporta el establecimiento de las medidas adecuadas para implantar una justicia de calidad, destinada a resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad compleja. Quizá por eso no resulte extraño comprobar el esfuerzo realizado por el Estado para implantar nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca, precisamente, la mediación, como instrumento complementario de la Administración de Justicia.

Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de desmarcar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

II. LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN

Se La Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español. Quedan en todo caso excluidas del ámbito de aplicación de la Ley la mediación penal, la mediación con las Administraciones públicas, la mediación laboral y la mediación en materia de consumo.

1. Los principios informadores de la mediación

El principio de voluntariedad y libre disposición. Los artículos 1 y 6 de la Ley se refieren de forma expresa al carácter voluntario que tiene la mediación, un principio que informará al resto del articulado del texto normativo, toda vez que faltando la voluntad de las partes de someterse a este instrumento se perdería su objeto. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. En todo caso, aclara la Ley que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

El principio de imparcialidad. La Ley garantiza que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.

El principio de neutralidad. La mediación se desarrollará de forma tal que se permita a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación.

La confidencialidad. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes, de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. Dicho principio comporta un deber para el mediador en cuanto que impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo. Con dos importantes excepciones: cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad, y cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.

 

2. Los requisitos mínimos del mediador

Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidas en el ejercicio de su profesión. Pueden serlo igualmente personas jurídicas, si bien en este caso deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en la Ley. En todo caso, el mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.

 

3. El procedimiento de ejecución de los acuerdos

Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. En este caso, el acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario, acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador. En todo caso, el notario, antes de elevarlo a escritura pública, deberá comprobar que el acuerdo alcanzado no es contrario a Derecho.
Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación. La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo. Y si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La figura de la mediación está dirigida a extraer del ámbito judicial aquellos asuntos que, bien por cuantía, bien por importancia sustantiva, pueden alcanzar una resolución por otras vías, menos costosas para las partes y más rápidas. Resulta evidente que el acceso a la tutela judicial efectiva, en cuanto principio fundamental de nuestro ordenamiento, comporta que no sea factible excluir del seno de la justicia ningún asunto, lo que no debe ser óbice para que se generen mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial.

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Fiscal Diciembre 2012

Planificación fiscal al final del 2012. Una necesaria reflexión

Un año más, nos encontramos al final del ejercicio sabiendo de antemano que del resultado de nuestras cuentas a fecha de 31 de diciembre surgirá la cuota tributaria a ingresar en las arcas públicas. Constituye un deber para todo ciudadano contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica, ya lo dice la Constitución, pero ello no significa que dicho mandato no comprenda la posibilidad para quien debe contribuir de utilizar los medios legales existentes en cada momento para reducir, dentro del ámbito permitido por la ley, la factura fiscal. Es cierto que el empleo de los beneficios fiscales requiere un profundo conocimiento del ámbito tributario, pero no lo es menos que las circunstancias presentes conducen a la aparición de normas que a menudo desdicen a sus inmediatas antecesoras, lo que en poco ayuda a ajustar la cuota fiscal a lo pretendido por la propia ley. En las siguientes líneas trataremos de mostrar las novedades más importantes aparecidas en el último tramo del presente año.

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. LAS NORMAS APARECIDAS A LO LARGO DEL 2012

En el presente ejercicio, y hasta fecha de hoy, hemos asistido, no sin asombro, a la aparición de un sinfín de reales decretos leyes, leyes, órdenes, instrucciones, o leyes que regulan lo dispuesto con carácter previo por reales decretos leyes. En definitiva, pese a que deberíamos estar ya acostumbrados, no podemos menos que hacer notar una vez más el despropósito que constituye para cualquier operador jurídico (y por lo que se refiere a la materia impositiva, todos lo somos) verse sometido a tamaña inseguridad en lo relativo a la correcta aplicación de la normativa tributaria; especialmente si se tiene en cuenta la facilidad con que la Administración inicia los procedimientos sancionadores ante un posible incumplimiento, incluso cuando el mismo viene provocado por la propia oscuridad generada por una norma modificada en el mismo ejercicio, de signo diametralmente opuesto. Sirva como ejemplo lo sucedido el pasado año con la deducción por adquisición de vivienda habitual.

No constituye el objeto de estas líneas referirnos nuevamente a todas las novedades aparecidas a lo largo del ejercicio, y ello porque ya en números anteriores hemos tenido la oportunidad de desgranar su contenido, tratando de hacer inteligible en la medida de nuestras posibilidades la tremenda complejidad de las mismas. Pese a lo dicho, sí nos referiremos nuevamente a alguna de las medidas contenidas en Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Y ello porque algunas de dichas medidas habrán empezado a tener efectividad a partir del mes de octubre, con el cálculo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, entendiendo que resultan de capital importancia.

De igual modo, nos referiremos a las novedades introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha modificado la Ley del IRPF. Y, por último, haremos una especial mención al Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, toda vez que, en el caso de que se aprobara con su actual redacción, comportaría una modificación importantísima de la relación entre los contribuyentes y la Administración tributaria.

II. UNA ESPECIAL REFERENCIA A LAS NOVEDADES FISCALES DEL PRESENTE EJERCICIO. LAS MEDIDAS QUE RESULTAN ESPECIALMENTE NOVEDOSAS


1. La modificación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (LPGE) regula la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012, fijando el porcentaje del 18% para la modalidad prevista en el artículo 45.2 de la Ley del Impuesto, mientras que establece la obligación de determinar el cálculo del pago fraccionado por la vía del artículo 45.3 de la misma Ley para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cifra de 6.010.121,04 euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los periodos impositivos dentro del 2012. Al mismo tiempo, y por obra de lo establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012, se introducen modificaciones en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades calculados con arreglo a la modalidad del artículo 45.3 del TRLIS, adecuando su importe en función del volumen de operaciones de la entidad. Así, para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros, el porcentaje será del 21%; entre 10 y 20 millones de euros, el 23%; entre 20 y 60 millones de euros, el 26%; y más de 60 millones de euros, el 29%.Ç

2. La modificación de las exenciones de las indemnizaciones por despido

La disposición final undécima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha incorporado una reforma de calado en el ámbito tributario. La Ley introduce una modificación en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Y en este sentido, se modifica el artículo 7c) de la Ley del Impuesto y se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda a la misma.
A tenor de la modificación operada por la Ley, para que proceda la exención de la indemnización por despido del trabajador será necesaria la declaración de la improcedencia del mismo en acto de conciliación o en sede judicial. Debe tenerse en cuenta que al mismo tiempo, y por esta misma Ley, se ha visto modificada la cuantía de la indemnización por despido improcedente, que ha quedado fijada con carácter general en 33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades, lo que incide de pleno en la exención contemplada en la Ley, por ser este el importe que gozaría de exención.
La propia Ley se ha encargado de regular los supuestos en que el trabajador afectado por esta medida hubiese celebrado su contrato con la empresa con carácter previo a su entrada en vigor. Así, la nueva cuantía de indemnización será aplicable a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012, mientras que para los formalizados con anterioridad a dicha fecha la indemnización se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a esa fecha.

3. La nueva deducción por creación de empleo

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha introducido una modificación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a cuyo tenor, con efectos a partir del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012), se da una nueva redacción al artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que sea menor de 30 años, podrán deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros.

Las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:

a) El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

b) El importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el periodo impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente en los 12 meses anteriores. La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera percibido la prestación por desempleo durante, al menos, 3 meses antes del inicio de la relación laboral.

Estas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos 3 años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados determinará la pérdida de la deducción, que deberá regularizarse. No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

El trabajador contratado que diera derecho a una de las deducciones a que hemos hecho referencia no se computará a efectos del incremento de plantilla para la libertad de amortización por las empresas de reducida dimensión.

4. La limitación en la deducibilidad de gastos financieros

En el ejercicio 2012, se extiende la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros a todas las empresas, salvo determinadas excepciones, sin que se exija para su aplicación la pertenencia a grupos mercantiles.

III. LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTARIA Y DE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE


1. La limitación de los pagos en efectivo

El artículo 7 de la Ley establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Pero se permite que dicho importe se incremente hasta 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

La principal crítica que merece la redacción propuesta es la generalización de la medida, toda vez que presume la existencia de un fraude fiscal en operaciones que nada tienen que ver con dicha figura. Si realmente se quiere controlar el movimiento de dinero en efectivo, resultaría mucho menos invasivo el establecimiento de una obligación informativa para el movimiento de estos capitales.

Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga, y la Administración podrá dirigirse de forma indistinta contra cualquiera de ellos o contra ambos. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 o 15.000 euros, y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base de la sanción.

El límite establecido por la Ley podría generar numerosos problemas prácticos con pequeños contribuyentes que no han cometido infracción alguna. Por ello, su aplicación generalizada resultaría desproporcionada.

2. La obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, respecto a los bienes de que sean titulares o beneficiarios de bienes en otros países, la siguiente información:

a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero.

El régimen sancionador por incumplir el suministro de la información es especialmente severo. Y así, constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas. También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. La sanción prevista para dicho incumplimiento se fija en un mínimo de 5.000 euros.

3. Las ganancias no justificadas de patrimonio

Se modifica el artículo 39 de la Ley de IRPF, de tal manera que su redacción pasa a ser la que a continuación comentamos. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción. En todo caso, tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

 

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Editorial Diciembre 2012

Cuando llegamos a final de año es conveniente hacer un repaso de lo que nos ha deparado el ejercicio a punto de concluir, para ir preparándonos de cara al nuevo año que vamos a iniciar. En esta ocasión, es más necesario que nunca realizar un análisis de lo acontecido –en lo relativo al ámbito económico y empresarial– teniendo en cuenta que han sido abundantes las novedades legislativas.

Un año más, nos encontramos al final del ejercicio sabiendo de antemano que del resultado de nuestras cuentas a fecha de 31 de diciembre surgirá la cuota tributaria a ingresar en las arcas públicas. Todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a nuestra capacidad económica, pero tenemos la posibilidad de utilizar los medios legales existentes en cada momento para reducir, dentro del ámbito permitido por la ley, la factura fiscal. El empleo de los beneficios fiscales requiere un profundo conocimiento del ámbito tributario, y poco nos ayuda la constante aparición de normas que a menudo desdicen a sus inmediatas antecesoras. En nuestro comentario fiscal exponemos las novedades más importantes aparecidas en el último tramo del presente año.

De igual forma, ante la actual situación de crisis existente, se han aprobado una serie de normas de gran transcendencia en el ámbito laboral. En lo que se refiere a incentivos a la contratación, la disposición transitoria sexta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, “abolió” el derecho a aplicar bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque el apartado segundo de esta misma disposición establecía una amplia relación de excepciones. Además, quedaban sin suprimir las reducciones en las cotizaciones, que continúan siendo aplicables. La nueva regulación afecta a las cuotas correspondientes a las cotizaciones a partir del mes de septiembre, por lo que hemos creído conveniente confeccionar un cuadro actualizado de las bonificaciones que continúan siendo aplicables después de este importante cambio normativo.

En el apartado mercantil se comenta la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establece por vez primera una regulación a nivel estatal de la mediación, aplicable por tanto en todo el territorio del Estado. Ante la creciente aparición de controversias entre empresas, resulta conveniente para las partes en conflicto evitar la judicialización de asuntos para mantener las relaciones jurídicas y económicas existentes y conseguir llegar a acuerdos dirigidos por un tercero ajeno a las partes. La Ley de mediación viene así a cubrir un vacío existente en nuestro ordenamiento, especialmente en el ámbito mercantil.

Por otra parte, dada la restricción del crédito actual por parte de las entidades financieras, y ante la creciente necesidad de tesorería por parte de las empresas para poder hacer frente a sus deudas, son muchas las compañías que están optando por posibilitar que sus accionistas sean retribuidos mediante la entrega de nuevas acciones en lugar de la retribución en metálico. Por ello, en nuestra sección dedicada al ámbito contable comentamos esta política de retribución de dividendos (en acciones o efectivo), utilizada cada día por un mayor número de empresas, y desarrollamos el tratamiento contable de las tres alternativas que se le presentan al accionista, pues cada una de ellas tiene un impacto distinto en la cuenta de resultados y patrimonio neto.

Como siempre, nuestro propósito es que estos comentarios le sean de utilidad y, una vez más, le invitamos a acudir a nuestro despacho para consultarnos cualquier duda o cuestión que precise. Asimismo, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestros más sinceros deseos para el año que estamos a punto de estrenar.