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Mapa Mental Plusvalías

 

 

El tratamiento fiscal a las plusvalías, tratará de penalizar a priori la venta de acciones compradas en menos de un año. En definitiva tiene como objetivo penalizar a los especuladores y premiar a los inversores a medio-largo plazo. Veremos que ocurre finalmente con los Presupuestos para 2013.

¿Afectará solo a las plusvalías financieras?

Adjuntamos esquema comparativo.

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Hemeroteca Septiembre 2012

 

8

jul.

MÁS DE 70.000 FAMILIARES DE AUTÓNOMOS SE BENEFICIARÁN DE LA BONIFICACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que más de 70.000 familiares de autónomos se darán de alta y comenzarán a cotizar en la Seguridad Social después de la entrada en vigor de la reforma laboral que contempla que los familiares de autónomos tendrán una bonificación del 50% en las cotizaciones sociales durante los primeros 18 meses.

Esta medida permitirá cotizar 126 euros mensuales durante 18 meses, en lugar de 253 euros, y será aplicable a cónyuges, hijos, parejas de hecho, hijos en adopción, padres y resto de familiares hasta segundo grado de consanguinidad.

ATA ha recordado que según la Encuesta de Población Activa (EPA) hay más de 140.000 familiares que colaboran en la actividad familiar sin cotizar y que, ante la caída de actividad que ha provocado la crisis, muchos familiares que trabajan en el negocio familiar se dieron de baja en la Seguridad Social por no poder hacer frente a las cotizaciones de forma continuada.

Europa Press

27

jun.

MONTORO DICE QUE EL PAGO A PROVEEDORES “SALVARÁ” 100.000 EMPLEOS

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que los 17.718 millones de euros que el Gobierno destinará al pago de facturas atrasadas de las comunidades autónomas –cuyo cobro empieza hoy–, junto con el fondo de pago a proveedores municipales, permitirán “salvar” 100.000 puestos de trabajo en todo el país.

Montoro ha destacado que esta medida persigue “hacer frente a las deudas comerciales” de los gobiernos autonómicos como ya se hizo para ayudar a las corporaciones locales.

En total, Hacienda prevé que esta inyección beneficie a más de 29.000 proveedores, dos tercios de los cuales son pequeñas y medianas empresas. Según los datos oficiales, el 90% de las facturas que se satisfarán con estos fondos son de menos de 10.000 euros, y una gran parte corresponden a la prestación de “servicios públicos básicos” como la sanidad.

Europa Press

22

jun.

ATA HA AGRADECIDO “LA SENSIBILIDAD” MOSTRADA A SUS DEMANDAS PARA QUE LA MAYORÍA DE LOS TRANSPORTISTAS NO SE VEAN EXPULSADOS DEL SISTEMA DE MÓDULOS

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha calificado de “necesario” el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que se ha aprobado, ya que “España debe ser un país serio donde no haya cabida para las prácticas irregulares”.

En este sentido, la Federación ha recordado que los autónomos son uno de los colectivos más afectados por “la competencia desleal” de aquellos que no hacen frente a sus compromisos en materia fiscal.

Por ello, ATA ha manifestado la necesidad de erradicar las prácticas fraudulentas “por cuanto perjudican a los negocios debidamente establecidos y cumplidores de sus obligaciones”. Por esta razón, la organización ha valorado el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo como “necesario”.

Por último, ATA ha mostrado su satisfacción por “la sensibilidad del Gobierno” al aceptar demandas enviadas por la Federación para que la mayoría de los transportistas no se vean excluidos del sistema de módulos. “El sistema de módulos debe ser objeto de una reflexión más sosegada para su reforma y no ser objeto de cambios aislados ante un problema coyuntural de fraude”, han subrayado.

Europa Press

5

jun.

LAS EMPRESAS PODRÁN PRORROGAR CONTRATOS DE FORMACIÓN DOS VECES CON UN MÁXIMO DE TRES AÑOS

Las empresas podrán prorrogar hasta en dos ocasiones los contratos de formación y aprendizaje siempre que haya acuerdo entre las partes y en suma no se superen los tres años de duración, según el borrador del proyecto de Real Decreto de desarrollo del contrato para la formación y el aprendizaje, al que obliga la reforma laboral, que establece también las bases de la formación profesional dual.

El documento señala que con carácter general estos contratos, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 25 años sin cualificación profesional reconocida, tendrán una duración mínima de un año y una máxima de tres años.

No obstante, en el caso de que se hubiese concertado una duración “inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida”, podrán prorrogarse mediante acuerdo entre las partes “hasta por dos veces”, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a los seis meses y sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Ahora bien, el texto prevé que estos contratos se verán prorrogados “tácitamente” como contratos indefinidos ordinarios, salvo que se pruebe la naturaleza temporal de la actividad, si el trabajador “continuara prestando servicios” una vez superado el plazo máximo sin que el empresario haya reclamado la expiración del contrato de formación. Asimismo, establece que en el caso de que el trabajador continúe en la empresa tras finalizar su contrato de formación, su duración computará a efectos de la antigüedad en la empresa, una cuestión que se suele tomar en consideración en procesos de expediente de regulación de empleo o de cara a revisiones salariales.

Europa Press

30

may.

BRUSELAS VE INSUFICIENTE LA REFORMA LABORAL Y PIDE SUPRIMIR LA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL

La Comisión Europea ha tachado de insuficiente la reforma laboral aprobada en febrero por el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que el coste del despido en los contratos fijos sigue siendo demasiado alto en comparación con los temporales, lo que mantiene la segmentación del mercado de trabajo.

El Ejecutivo comunitario ha pedido además que se suprima la cláusula de revisión salarial automática en los convenios colectivos.

“La reforma de la negociación colectiva aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 es un paso en la dirección reclamada” por la UE. “No obstante, no está claro si es suficiente para afrontar los desafíos”, señala el análisis de Bruselas sobre las reformas españolas.

El Ejecutivo comunitario pide al Gobierno español vigilar la aplicación de la reforma para verificar si los interlocutores sociales aprovechan las oportunidades de ajustar salarios y condiciones de trabajo. También reclama “revisar las cláusulas automáticas ‘ex post’ de revisión salarial en los convenios colectivos, que el reciente acuerdo entre los interlocutores sociales se limita a congelar para el periodo 2012-2014”.

Bruselas ve “excesivo” el periodo de dos años de ultraactividad para los convenios y expresa sus dudas por el sistema de arbitraje previsto en la reforma en caso de desacuerdo.

Europa Press

17

may.

CAE LA MOROSIDAD POR PRIMERA VEZ EN DOS TRIMESTRES

El número de autónomos afectados por la morosidad, tanto pública como privada, ha experimentado un “ligero” descenso en los cuatro primeros meses de 2012, hasta el 56,4% de los emprendedores, lo que supone la primera bajada en los últimos seis meses, según se desprende del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA.

Para Amor, presidente de ATA, este es el reflejo de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores por parte del Gobierno, “que está suponiendo un alivio para muchos autónomos y que para otros significará el cobro de facturas del siglo pasado que incluso están en pesetas”.

No obstante, ha subrayado que seis de cada diez de los encuestados tarda más de seis meses en cobrar, “de los que el 19,6% tiene que esperar más de un año”. Únicamente el 11,8% de los autónomos se ve obligado a esperar un plazo de entre 60 y 90 días.

El estudio de la organización asegura que algo más de la mitad de los emprendedores (58,9%) aprueba las medidas y reformas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar la crisis económica, frente a un 33% que piensa que no se está haciendo lo suficiente o que las medidas “no son adecuadas”.

Europa Press

17

may.

CASI EL 80% DE LOS TRABAJADORES CREE QUE CAMBIAR EL CALENDARIO LABORAL REDUCIRÍA SU MOTIVACIÓN

Un 78% de los trabajadores cree que modificar el calendario laboral afectaría negativamente a la motivación de los empleados, según una encuesta de Feebbo.com para el Observatorio del Empleo de AgioGlobal.

Este estudio refleja el rechazo mayoritario de los trabajadores a la supresión de puentes o al traslado de fiestas al lunes más cercano. El 64% considera que en España no hay demasiados puentes y vacaciones, sino que “las cosas están bien así” y que “la crisis es una excusa para quitarlos”.

Según la encuesta, elaborada entre ciudadanos que actualmente tienen empleo, dos de cada tres se manifiestan abiertamente en contra de reducir puentes y festivos para mejorar la productividad.

Aunque uno de cada tres trabajadores españoles sí cree que se disfruta de demasiados días de asueto y un 20% considera que quitar algún puente “mejoraría la productividad”, el 78% cree que el traslado de festivos afectaría negativamente a la motivación de los trabajadores. De hecho, un 66% asegura que “la gente trabaja mejor cuando está contenta”.

Con respecto a la actitud de los trabajadores frente a su empresa a raíz de la crisis, la mitad de los trabajadores dice que trabaja ahora lo mismo que antes, un 28% asegura estar “más motivado” para ayudar a su empresa a superar la crisis y otro 20% admite que ahora trabaja más y se queja menos.

Europa Press

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Normativa Septiembre 2012

FISCAL

Medidas tributarias aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012


Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE 30/6/2012)

Las normas tributarias se incluyen en el Título VIII de la Ley. Se dedica el capítulo I a los impuestos directos. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, se incluye la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al 1%, y se regulan las compensaciones por la pérdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Respecto alImpuesto sobre Sociedades, se actualizan también al 1% los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios en los supuestos de transmisión y se regula la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012. En el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se extiende la exención aplicable a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en España a sus matrices residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea a los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo. Respecto a los impuestos indirectos, recogidos en el capítulo II, se introducen modificaciones de carácter técnico en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre Hidrocarburos para adaptar el ordenamiento interno a la normativa comunitaria. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios al 1%. Respecto a las tasas, se actualizan, con carácter general, al 1% los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2011.

Amnistía fiscal


Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del RDL 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentación (BOE 4/6/2012)

Cualquier dinero en efectivo que permanezca opaco a efectos del control de Hacienda podrá ser regularizado con sólo haber sido depositado antes de realizar la declaración tributaria especial en una cuenta abierta en una entidad de crédito española, de otro estado de la Unión Europea o en un estado integrante del espacio económico europeo que haya suscrito un convenio con España para evitar la doble imposición «y no se trate de jurisdicciones calificadas como de alto riesgo, deficientes o no cooperativas por el Grupo de Acción Financiera Internacional».

Por lo tanto, no será necesario demostrar la antigüedad del dinero y bastará con que el contribuyente lo ingrese en una cuenta bancaria, que, como toda la amnistía fiscal, tendrá el carácter de reservada.

Podrán presentar esta declaración tributaria especial los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas.

La titularidad de estos bienes y derechos deberá haberse adquirido antes del 31 de diciembre de 2010 y podrá acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, que se declararán por el importe total del saldo al 31 de diciembre de 2010.

La cuantía que tendrán que pagar aquellos que se acojan a esta regularización extraordinaria será del 10% del importe declarado y sobre la cuantía ingresada no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos.

La declaración especial tendrá que presentarse antes del 30 de noviembre de 2012 y los datos relativos a la presentación serán de carácter reservado.

Medidas tributarias de estabilidad presupuestaria


Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14/7/2012)

Subrayamos las siguientes novedades fiscales como las más relevantes:

1. En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido se incrementan los tipos impositivos general y reducido con efectos desde el 1 de septiembre de 2012. Así, el tipo impositivo general pasa del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. Asimismo, varias categorías de entregas de bienes y prestaciones de servicios dejan de tributar al tipo reducido y pasan a hacerlo al tipo general.

2. En relación con el Impuesto sobre Sociedades destacan las siguientes medidas, la mayoría con vigencia limitada a los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 2013:

a) El incremento de las limitaciones en la compensación de bases imponibles negativas.

b) Se introducen diversas medidas para incrementar el importe de la cuota a ingresar derivada de los pagos fraccionados. Entre otras:

– Se incrementan los porcentajes aplicables para calcular los pagos fraccionados en función del volumen de operaciones, pudiendo llegar hasta un 29%.

– Se eleva a un 12% la cantidad mínima a ingresar en función del resultado contable. A estos efectos, no se permite minorar el resultado con el importe de las bases imponibles susceptibles de compensación, permitiéndose detraer únicamente el importe de los pagos fraccionados anteriores (no el de las retenciones e ingresos a cuenta soportadas).

– Se limita la aplicación de la exención para evitar la doble imposición económica internacional (art. 21) al 75% de su importe. Es decir, a efectos de los pagos fraccionados se integra en la base imponible el 25% de las referidas rentas.

c) Se hace extensiva la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros (art. 20 LIS) a todas las empresas en general, sin cir-cunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.

d) Se aprueba un nuevo gravamen especial del 10% sobre las rentas de fuente extranjera que permite la repatriación de dividendos o la transmisión de participaciones en las que se posea un porcentaje de participación de, al menos, un 5%.

3. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destaca el incremento, con efectos de 1 de septiembre de 2012, a un 21% el porcentaje de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales.

LABORAL

Nueva reforma laboral


Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE 7/7/2012)

Dictada con la finalidad de reformar el mercado laboral, proporcionando a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. Su objetivo es crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores. Contiene medidas de aplicación inmediata destinadas a establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo.

Reforma aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional, fomenta la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes, incentiva la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo y favorece la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo. E incluye medidas referidas a los incentivos para la contratación de trabajadores y para favorecer su empleabilidad, al favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas, a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, a la mejora de la intermediación laboral y a aspectos relativos a la negociación colectiva.

Medidas sociales de estabilidad presupuestaria


Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14/7/2012)

Nota: Nos remitimos al comentario recogido en la sección Laboral.

MERCANTIL

Liberalización del comercio


Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE 26/5/2012). Convalidado por Resolución de 14 de junio de 2012 (BOE 21/6/2012)

Se reducen las cargas administrativas que dificultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas. Se considera necesario sustituir en lo posible dichas cargas administrativas por procedimientos de control menos gravosos pero garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios, que constituyen más del 90% de las empresas que desarrollan su actividad en estos sectores, normalmente en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados.

Se eliminan los supuestos de autorización o licencia municipal previa motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Son actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, que se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable. Esta flexibilización afecta también a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra. El control administrativo se realizará a posteriori, aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.

La sustitución de la licencia por actos posteriores de control no supondrá ninguna merma de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos sino que la agilización de la apertura de nuevos establecimientos supondrá un incremento de la recaudación obtenida por este concepto. El presente Real Decreto-ley prevé la reforma del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con este fin.

Obligaciones de información de fusiones y escisiones en sociedades de capital


Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (BOE 23/06/2012)

Esta ley incorpora, en materia de modificaciones estructurales de la empresa, las comunicaciones electrónicas, cuidando especialmente de que esa simplificación no afecte a la adecuada tutela de los acreedores y de los trabajadores de la sociedad.

Al mismo tiempo, con el propósito de facilitar el funcionamiento de las sociedades mercantiles y de posibilitar el cada vez más urgente ahorro de costes, la presente Ley potencia la página web; y lo hace incluyendo el régimen jurídico general de la página web y la previsión expresa de comunicaciones electrónicas entre la sociedad y los socios. Por lo que se refiere al régimen jurídico general de esa página que tiene carácter obligatorio para las sociedades cotizadas, se regula la creación, la modificación, el traslado y la supresión de la misma, se establecen los deberes de los administradores respecto de lo insertado en ella y se disciplinan las cuestiones referentes a la interrupción del acceso.

Se amplían las posibilidades de acción de los acreedores en los casos en los que, no obstante la prohibición expresa de la ley, la fusión o la escisión se lleven a cabo sin la prestación de las garantías necesarias a favor del opositor. La Ley establece, en efecto, que, si la fusión se hubiera llevado a cabo no obstante el ejercicio, en tiempo y forma, del derecho de oposición, sin prestación de garantía por parte de la sociedad, el acreedor puede solicitar del Registro Mercantil que, por nota al margen de la inscripción practicada, se haga constar el ejercicio de ese derecho, permitiendo que, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de esta nota marginal, pueda presentar demanda ante el Juzgado de lo Mercantil contra la sociedad absorbente o contra la nueva sociedad solicitando la prestación de garantía del pago del crédito.

La Ley modifica la redacción de las normas relativas al derecho de separación de los socios en caso de fusión transfronteriza y en caso de traslado al extranjero del domicilio social, reconociendo derecho de separación al socio en esos dos supuestos.

Por la promulgación de la presente Ley se deroga el Real Decreto-Ley 9/2012, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.

Contabilidad Septiembre 2012

Aspectos contables a considerar durante el ejercicio 2012

A lo largo de este año se han producido determinadas modificaciones legislativas que tienen repercusión en el ámbito de la contabilidad o de las cuentas anuales. En este comentario realizamos un repaso de las novedades más destacadas, como la supresión –en la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, a presentar en el Registro Mercantil en este año 2012– del requisito de la legitimación notarial de la firma de la certificación, con el fin de reducir costes para las empresas, y el establecimiento de una limitación específica a la deducción de gastos financieros entre empresas que formen grupo mercantil o tengan la consideración de empresas asociadas. Por último, analizaremos el tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de crédito –fórmula que está siendo utilizada por muchas empresas ante la falta de liquidez actual– de acuerdo con la consulta publicada por el BOICAC nº 89, de marzo de 2012.

Recientemente se han producido determinadas modificaciones que son merecedoras de nuestra atención y que debemos tener en cuenta para una buena gestión empresarial. A continuación vamos a realizar un breve recordatorio de las novedades más significativas para poder aplicarlas de manera adecuada. Así, centraremos nuestra atención en tres aspectos que consideramos relevantes en el entorno económico actual.


1. El primero de ellos afecta a la supresión de la legitimación notarial de firmas en el depósito de cuentas anuales, con la consiguiente reducción de costes en la presentación de dichas cuentas.

La ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, da nueva redacción al artículo 279 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, eliminando el requisito de la legitimación notarial de las firmas para el depósito de las cuentas anuales. La eliminación de dicho requisito persigue la reducción de costes para las empresas en la presentación de las cuentas anuales.


2. En segundo lugar, analizaremos el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público y que ha introducido limitaciones en la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades, devengados en el período impositivo y que se deriven de deudas contraídas con entidades del grupo. Si bien la limitación se produce desde un punto de vista fiscal, el cálculo del mismo parte de la contabilidad de la sociedad.

El citado RDL establece para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012 lo siguiente:

a) No serán deducibles los gastos financieros del ejercicio que deriven de deudas generadas en el seno del grupo mercantil destinadas ala adquisición a otras entidades del mismo grupo de participaciones en el capital o los fondos propios de cualquier tipo de entidades, o las aportaciones al capital o a los fondos propios de otras entidades del grupo. Se entiende como entidades del grupo las definidas de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio.

En cualquier caso, dicha limitación no se aplicará en el caso de que el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones. Entre dichos motivos económicos podemos encontrar los supuestos de reestructuración dentro del grupo, consecuencia directa de una adquisición a terceros, o bien aquellos supuestos en que se produce una auténtica gestión de las entidades participadas adquiridas desde el territorio español.

La citada limitación supondrá, de ser aplicable, un ajuste positivo extracontable en la base del Impuesto sobre Sociedades.

b) No son deducibles los gastos financieros netos que superen el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio.

b.1) De acuerdo con el RDL, se entiende por gasto financiero neto el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos los gastos financieros con entidades del grupo consideraros como no deducibles, de acuerdo con el punto a) anterior.

b.2) Por su parte se entiende como beneficio operativo el siguiente:

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c) En todo caso serán deducibles los gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 millón de euros.

d) Los gastos financieros netos que no hayan podido deducirse, podrán deducirse en los períodos que concluyan en los 18 añosinmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período correspondiente, y con el límite previsto en este punto b).

e) Además, en el caso de que los gastos financieros netos del período no alcanzaran el límite del 30% del beneficio operativo, la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionarán al límite del 30% para los períodos impositivos que concluyan en los 5 años siguientes.

Quedan excluidas de esta limitación a la deducibilidad de gastos financieros las entidades que no formen parte de un grupo mercantil, ni tengan la consideración de empresas asociadas, así como las entidades de crédito.


3. Por último, queremos destacar una de las últimas consultas resueltas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), relativa al tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de créditos, fórmula que está siendo utilizada por muchas empresas ante la crisis y la falta de liquidez actual.

La Consulta número 4 del BOICAC Nº 89 de marzo de 2012, versa sobre el tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de créditos, tanto desde el punto de vista de la sociedad prestamista como prestataria.

Partimos del supuesto de una Sociedad A (prestamista) que concedió en ejercicios anteriores un préstamo por importe de 100.000 euros a la Sociedad B (prestataria) y que se ha venido contabilizando por ambas entidades aplicando el criterio de coste amortizado.

En la actualidad, al variar las circunstancias del mercado, el valor en libros del instrumento financiero es significativamente superior a su valor razonable.

La Sociedad B (prestataria), en el marco de refinanciación de su deuda, tiene previsto realizar una ampliación de capital social por compensación de créditos. Supongamos, a su vez, que el coste amortizado de la deuda es de 80.000 euros y su valor razonable de 65.000 euros.

De acuerdo con dicha consulta, y desde una perspectiva puramente contable, la Sociedad prestataria reconocerá un incremento de sus fondos propios por el valor razonable de la deuda que se da de baja, y contabilizará un ingreso en el la cuenta de pérdidas y ganancias, en sintonía con las consultas 4 y 5 del BOICAC Nº 79, se septiembre de 2009, y con la norma de registro y valoración (NRV) 9ª “Instrumentos financieros” del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Por su parte, la Sociedad prestamista registrará los instrumentos de patrimonio recibidos por el valor razonable de la contrapartida entregada, y en su caso, reconocerá la correspondiente pérdida, salvo que el deterioro del valor del activo ya se hubiera contabilizado en la sociedad aportante en aplicación del criterio de coste amortizado.

Por lo tanto, los asientos a realizar por la sociedad prestataria y prestamista en el momento de la ampliación de capital, de acuerdo con el ejemplo, serán los siguientes:

Sociedad Prestataria B

Nº cuenta

Descripción

Cargo

Abono

171 ó 521

Deudas a largo plazo/corto plazo

80.000

100-110

Fondos propios

65.000

778

Ingresos excepcionales

15.000

Sociedad Prestamista A (*)

Nº cuenta

Descripción

Cargo

Abono

24/25

Inversiones financieras

65.000

252/542

Créditos a largo plazo/corto plazo

80.000

678

Gastos excepcionales

15.000

(*) La Sociedad A no tenía registrado deterioro alguno del crédito.

Finalmente, la Consulta también responde a si el tratamiento contable variaría en los dos siguientes casos:

a) Que la deuda a capitalizar fuese un préstamo participativo.

b) En el supuesto en el que la compensación descrita se formalizase entre empresas del grupo.

En ambos casos concluye que el tratamiento no variará respecto al tratado con anterioridad.

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Mercantil y Civil Septiembre 2012

El pagaré y la responsabilidad del pago a título personal

El requisito de la expresión de la representación con la que se actúa en el momento de firmar la promesa de pago que constituye el pagaré es un principio impuesto en interés de la transparencia de las relaciones cambiarias y de la seguridad del tráfico jurídico, especialmente el cambiario. La mención de la representación en el título valor –de cara a su conocimiento por quienes vayan pasando a formar parte del círculo de partícipes en la relación jurídica que genera el documento– permitirá excluir la responsabilidad personal y directa del librador del mismo.

I. UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE PAGARÉ. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

La regulación del pagaré viene establecida por la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (LCCh). Pese a su regulación expresa, el prototipo de título cambiario lo constituye la letra de cambio. De tal manera que su régimen resultará, en principio, aplicable a los demás títulos cambiarios, es decir, el pagaré y el cheque. Y ello es así por expresa disposición legal, toda vez que el propio artículo 96 de la LCCh establece que serán aplicables al pagaré, mientras ello no sea incompatible con la naturaleza de este título, las disposiciones relativas a la letra de cambio.

El pagaré, tal y como lo configura la Ley, cumple una función económica fundamental, que no es otra que configurarse como un instrumento de crédito. Así las cosas, el firmante del pagaré obtiene un plazo para cumplir, obteniendo crédito. A su vez, el que recibe el pagaré concede crédito con el respaldo de la garantía cambiaria que incorpora el pagaré. Y este último a su vez, puede movilizar dicho crédito acudiendo al descuento. El pagaré, en definitiva, cumple una función económica similar a la de la letra de cambio –que es una orden o un mandato de pago a favor de un tercero– y distinta a la del cheque –que es un instrumento de pago–.

Por lo tanto, con lo que acabamos de comentar bien podemos considerar el pagaré como el título en el que se pone de manifiesto una promesa de pago de una cantidad de dinero, a favor o a la orden de una persona determinada, en el momento de la fecha de vencimiento del efecto.

II. LA AUSENCIA DE CONSTANCIA EN EL TÍTULO DE LA EXPRESIÓN DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE SE ACTÚA

Se suscita la cuestión de la determinación del obligado cambiario en el supuesto en el que, mediando poder, el representante no hace constar en el texto de la cambial su condición de representante de la entidad librada, cuestión ésta que si bien es cierto no ha sido resuelta pacíficamente por la jurisprudencia cuando la reclamación se produce entre los firmantes de la cambial que han intervenido en el negocio causal que subyace a su emisión, suscita menos dudas cuando nos encontramos con un acreedor cambiario ajeno totalmente a dicho negocio causal al haberle sido endosado el título.

Sobre este punto constituye doctrina jurisprudencial admitida que el requisito de la expresión de la representación con la que se actúa es, en principio, impuesto en aras de la transparencia de las relaciones cambiarias y de la seguridad del tráfico jurídico documental, especialmente protegibles en los supuestos de transmisión del crédito a terceros ajenos a la relación causal, para los cuales la naturaleza abstracta del título se profundiza en cuanto no les son oponibles excepciones basadas en las relaciones precambiarias, salvo que hayan participado o tenido conocimiento de las mismas. Ello es incluso aplicable en los casos de administradores de compañías (artículo 9 LCCh), que se presumen autorizados para ostentar representación por el solo hecho de su nombramiento. Esta regla se traduce en la dispensa de que se otorgue a los mismos un poder expreso, pero no excusa en absoluto la mención de la representación en el título valor de cara a su conocimiento por quienes vayan pasando a formar parte del círculo de partícipes en la relación documental que constituye el pagaré.

De todo ello se desprende que, por regla general, quien libra una letra, cheque o pagaré sin expresar representación alguna, pasa a responder del pago a título personal, aunque haya firmado por cuenta de la entidad a la que representa. Si de resultas de esta responsabilidad personal, se planteara litigio entre quienes fueron parte en el negocio causal, los tribunales tienden a flexibilizar el rigor con el que ha de ser interpretado el mencionado artículo 9 de la Ley, estableciendo que se habrá de estar a la prueba practicada para poder concluir si el aceptante, que firmó como persona física sin antefirma alguna, lo hizo en su propio nombre asumiendo el pago, o actuó en nombre y representación de la persona jurídica que recibió la provisión de fondos del librador.

Esta flexibilización se debe al sistema vigente en nuestro ordenamiento, conforme al cual la abstracción en materia cambiaria está limitada por la posibilidad de oponer la relación causal cuando la controversia se cierra entre los intervinientes en el contrato documental subyacente en el pagaré, en cuyo supuesto cabe, desde luego, la alegación de la falta de provisión de fondos, excepción que también sería admisible frente a los terceros tenedores del efecto si se acredita su pleno conocimiento de las relaciones precambiales.

Resulta exigible, pues, un mayor rigor en los supuestos en los que el pagaré se ha endosado a un tercero ajeno al negocio causal. Descansando dicho plus de exigencia en el carácter formal y abstracto de los títulos cambiarios, cuyas declaraciones están destinadas a un número indeterminado de personas, de manera que su circulación ha de procurar la debida seguridad, para lo cual es imprescindible su condición de títulos completos y sustantivos. En base a esta integridad, también el mecanismo de la representación o el mandato, caso de existir, ha de resultar del propio título y, así, quien firma el documento sin expresar su cualidad de representante queda, en principio, obligado personalmente, de ahí que quien firma en nombre y representación de otro un pagaré debe consignarlo expresamente en el documento para que pueda ser oponible contra el tenedor del título.

III. EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD DE PAGO

Existe una numerosa jurisprudencia emanada de las Audiencias Provinciales en interpretación del artículo 9 de la LCCh, cuyo casuismo y examen pormenorizado de cada supuesto implica, igualmente, la existencia de resoluciones judiciales en un sentido y otro: a favor y en contra. Si bien, la tendencia mayoritaria predomina el aspecto más doctrinal, formalista, al tratarse de títulos cambiarios. Así, el hecho de que en el lugar de la firma aparezca una rúbrica sin indicación de nombre o apellidos ni designación del supuesto representado, ni exposición de que se obra por poder, ni cualquier otra mención en la antefirma reveladora de una intervención a título distinto del meramente personal, indica que quien queda obligado cambiariamente es la persona física que rubricó el pagaré y no la mercantil por la que se dice que se actuaba.

El principio general es, pues, el de la necesidad de expresar en la antefirma el carácter con que se actúa, presumiéndose que los administradores de compañías están autorizados por el solo hecho de su nombramiento; esto es, no necesitan poder alguno para firmar el pagaré.

La jurisprudencia entiende, de forma mayoritaria, que la normativa tiende a favorecer al titular del crédito, no al obligado cambiario, pues aquel era a quien le debía constar siempre la cualidad y condición de quienes actuaban cambiariamente. En este sentido, alguna sentencia ha afirmado que la razón de tal exigencia descansa en el carácter formal y abstracto de los títulos cambiarios, cuyas declaraciones están destinadas a un número indeterminado de personas, de manera que su circulación ha de procurar la debida seguridad, para lo cual es imprescindible su condición de títulos completos y sustantivos. En base a esta integridad, también el mecanismo de la representación o el mandato, caso de existir, ha de resultar del propio título y, así, quien firma el documento sin expresar su cualidad de representante queda, en principio, obligado personalmente, como antes se ha dicho. De ahí que el que firme en nombre y representación de otro un pagaré deberá hacer mención expresa a esta circunstancia en el documento, para que de este modo pueda ser oponible contra el tenedor del título.

No incluir aquellas expresiones, tratándose de títulos valores formales y abstractos, sin que exista relación contractual causal entre el endosatario de los pagarés y ejecutante y el librado-librador, comporta estar a la literalidad de los títulos valores, pues de lo contrario se vulnerarían los principios de seguridad del tráfico y de la buena fe, ya que dependería exclusivamente de la voluntad de los obligados cambiarios el modo en que quedarían obligados. Sirva un ejemplo: si los acreedores cambiarios ejercitaran la acción cambiaria frente a la persona natural que firmó sin expresar que lo hacía como representante de la sociedad de la que era administrador, éste podría alegar su falta de legitimación pasiva diciendo simplemente que actuó en representación de la sociedad. Por el contrario, si los acreedores dirigieran su demanda contra la sociedad, por entender que, pese a que el firmante de los pagarés no hizo constar en qué calidad firmaba los pagarés, ésta podría alegar de igual modo su falta de legitimación, diciendo que el administrador había firmado sin expresar en qué calidad firmaba.


LA DOCTRINA SENTADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de junio de 2010, precisando la doctrina fijada en su anterior sentencia de 5 de abril de 2010, ha dejado sentada la siguiente doctrina jurisprudencial: “el firmante de un pagaré queda obligado en nombre propio si no hace constar el poder o representación con que actúa o, al menos, la mención de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa, dado que resulta imposible deducir, de las menciones del pagaré, que actúa como representante o apoderado de una sociedad o entidad aunque ostente esta condición respecto de una o varias”. Ante la rotundidad de lo resuelto por el Tribunal poco podemos añadir, pero lo cierto es que en esta ocasión quien gana es la seguridad del tráfico cambiario.

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Laboral Septiembre 2012

Panorama de actualidad laboral

La actualidad laboral no descansa. Además de la Ley de la Reforma Laboral, que consolida las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 3/2012 pero con algunos cambios y matizaciones relevantes, el Real Decreto-Ley 20/2012 introduce importantes novedades, como la eliminación de la mayoría de las bonificaciones en las cotizaciones y recortes en las prestaciones sociales. Asimismo, aunque pendiente de aprobación, el borrador del Reglamento de los despidos colectivos recoge una serie de cambios en el procedimiento a seguir para la tramitación de este tipo de despidos.

En este artículo vamos a exponer de forma resumida y esquemática los aspectos esenciales de las normas laborales más importantes de reciente aprobación o en proceso de elaboración, que configuran el actual panorama de la regulación laboral.

LA LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Publicada en el BOE del 7 de julio y con entrada en vigor al día siguiente, destacamos las novedades más importantes que introduce respecto del Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, del que proviene:

1. Despidos por causas económicas

Se modifica la definición de causa económica en dos aspectos:

a) La disminución persistente del nivel de ingresos o ventas que justifica el despido se refiere a ingresos ordinarios

b) Para hacer la comparativa de ingresos y apreciar la disminución durante tres trimestres consecutivos ha de comparase con el mismo trimestre del año anterior.

2. Procedimiento de despido colectivo

Se introducen las siguientes novedades:

a) La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deberá ir acompañada de toda la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo en los términos que reglamentariamente se determinen (ya hay un borrador de este Reglamento).

b) Se podrá acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea aplicable a la empresa.

c) No es necesaria autorización de la autoridad laboral pero ésta podrá realizar durante el período de consultas, a petición conjunta de las partes, actuaciones de mediación y funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.

3. Nulidad de los despidos colectivos

La Ley establece que la sentencia del procedimiento de impugnación de un despido colectivo sólo declarará nula la decisión extintiva (y por lo tanto habrá que readmitir a los trabajadores y abonarles salarios de tramitación) cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista o no haya respetado el procedimiento establecido para los supuestos de fuerza mayor, u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas.

Antes se establecía la nulidad cuando no se hubiese respetado el procedimiento establecido para los despidos colectivos, lo que en la práctica había producido la nulidad por defectos formales. Ahora la redacción sólo exige que no se haya realizado período de consultas o no se haya aportado la documentación exigida.

4. Despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo

Se mantiene el despido por faltas justificadas que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, pero en este caso,siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de 12.

Es decir, se introduce un margen en función de las ausencias en el año anterior.

5. Abono de parte de la indemnización por el fogasa

En empresas de menos de 25 trabajadores el Fondo de Garantía Salarial asume parte de la indemnización por despido de trabajadores con contrato indefinido, cuando es por causas objetivas procedente. La novedad está en que el empresario no debe pagar toda la indemnización y luego recuperar del Fogasa esos 8 días, sino que sólo le pagará la parte que le corresponde asumir y el trabajador será quien tenga que solicitar al Fogasa los 8 días por año restantes.

6. Exención fiscal de las indemnizaciones por despido

a) Se vuelve a la redacción anterior al despido exprés de la Ley del IRPF, de modo que para avalar la exención de la indemnización habrá que acudir al SMAC.

b) Se establece que las indemnizaciones por despidos producidos desde la entrada en vigor del RDL 3/2012 y hasta el día de la entrada en vigor de la Ley estarán exentas en la cuantía que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, cuando el empresario así lo reconozca en el momento de la comunicación del despido o en cualquier otro anterior al acto de conciliación y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

7. Aportaciones por despido colectivo de trabajadores de más de 50 años

Se rebaja de 500 a 100 el número de trabajadores que tiene que tener una empresa con beneficios que lleve a cabo despidos de trabajadores de más de 50 años para estar obligada a hacer la aportación económica al Tesoro Público. Además, para el cálculo de la aportación se tendrá en cuenta el coste del ERE temporal que en su caso hubiera hecho la empresa antes de la extinción.

8. Distribución irregular de la jornada por el empresario

Se eleva al 10% (antes era el 5%) el porcentaje de la jornada anual que el empresario, unilateralmente y preavisando con 5 días, puede distribuir de forma irregular.

9. Permiso retribuido para formación

Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un período de hasta 5 años (antes 3). Es decir, se pueden acumular hasta 100 horas para formación.

10. Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores

La Ley condiciona la posibilidad de celebrar estos contratos –con período de prueba de 1 año e importantes incentivos fiscales y de seguridad social– a que la tasa de desempleo no baje del 15%. Cuando esto suceda, ya no se podrá celebrar esta modalidad contractual.

11. Forma de computar el encadenamiento de contratos temporales (suspensión del art. 15.5 ET)

Se mantiene que la suspensión finalice el 31 de diciembre de 2012 (antes la suspensión finalizaba el 30 de agosto de 2013), pero se puntualiza cómo deben computarse los contratos temporales a efectos del encadenamiento. En concreto, quedará excluido del cómputo el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, haya existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en todo caso los períodos de servicios transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las mismas. Es decir, hay un “paréntesis” en el que no se cuentan los contratos del trabajador.

12. Convenios colectivos

Se introducen estas novedades:

a) Una vez denunciado un convenio hay un plazo de un año (antes eran dos) para que las partes negocien otro nuevo. De no hacerlo, el convenio deja de estar vigente en su totalidad y se pasa a aplicar el convenio de ámbito superior que exista, y si no hay ninguno, las condiciones del Estatuto de los Trabajadores.

b) Los convenios colectivos ya no pueden establecer la jubilación forzosa de los trabajadores que alcancen la edad de jubilación, y esto se aplica también a los convenios suscritos antes de la entrada en vigor de la ley, cuando finalice su vigencia inicial pactada o si ésta ya ha finalizado antes de entrar la Ley en vigor, a partir de ese momento.

13. Nuevos beneficios en las cotizaciones

a) Las empresas que contraten a una persona que tenga reconocida la condición de víctima del terrorismo tendrán derecho a bonificaciones en la Seguridad Social durante cuatro años. Además, las víctimas tienen derechos especiales para adaptar su jornada de trabajo y ocupar vacantes.

b) Las empresas del sector del turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería que inicien o mantengan en alta a los fijos discontinuos entre los meses de marzo y noviembre de cada año se beneficiarán de una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

EL REAL DECRETO LEY 20/2012, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD: SUS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO

1. Recargos por pagar fuera de plazo las cotizaciones sociales habiendo presentado los documentos de cotización

Se pagará el 20% independientemente del plazo transcurrido hasta el pago. Antes eran el 3%, 5%, 10% ó 20% dependiendo del tiempo transcurrido.

2. Conceptos que no cotizan. Se reducen y se establecerá un tope máximo exceptuado de cotización por el Gobierno

Tendrán que cotizar las cantidades que se abonen en concepto de quebranto de moneda y las indemnizaciones por desgaste de útiles o herramientas y adquisición de prendas de trabajo, cuando tales gastos sean efectivamente realizados por el trabajador y sean los normales de tales útiles o prendas; los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas y las percepciones por matrimonio.

3. Supresión de la mayoría de las bonificaciones en las cotizaciones

Se suprimen todas las bonificaciones a excepción de las destinadas a la contratación de discapacitados, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres.

Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a víctimas de violencia de género y trabajadores en baja por maternidad.

4. Prestaciones por desempleo

a) Se reduce la cuantía de la prestación por desempleo a partir del sexto mes. El porcentaje a aplicar sobre la base reguladora pasa del 60% al 50%, que sólo se aplicará a los nuevos perceptores.

b) Recortes en los subsidios por desempleo. Se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva, que pasan al ordinario. También se retoca el de mayores de 52 años, que ahora será para mayores de 55 años.

5. Fondo de Garantía Salarial: Se recortan los límites máximos que abonará el FOGASA

Se reduce del límite del importe que abonará el Fondo de Garantía Salarial, tanto de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario como de las indemnizaciones por despido.

EL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE DESPIDOS COLECTIVOS

Esta norma es fundamental en el desarrollo y aplicación práctica de la reforma laboral, que ha sustituido un procedimiento con control administrativo de los despidos colectivos a un procedimiento sin él, en el que el período de consultas con los representantes de los trabajadores es esencial.

Se ha hecho público el borrador de este Reglamento que, como tal, no es más que un documento provisional, pero que ha despertado un gran interés porque da las pistas o pautas de lo que, a buen seguro, será el reglamento definitivo. Ahora bien, este documento ha sido redactado estando vigente el Real Decreto-ley, con anterioridad a la aprobación de la Ley, por lo que habrá de adaptarse en su tramitación a lo establecido en esta última sobre los despidos colectivos.

Destacamos de su contenido la documentación que se requiere aportar en los despidos colectivos:

1. Documentación que hay que aportar en los despidos colectivos por causas económicas

– Una memoria explicativa que acredite los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.

– Para la acreditar esos resultados el empresario podrá acompañar toda la documentación que considere, y deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.

– Cuando la situación consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar esa documentación, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.

– Cuando la situación consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas.

– Cuando la empresa forme parte de un grupo de empresas deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el periodo señalado, siempre que existan operaciones con partes vinculadas a la empresa que inicia el procedimiento. Si no hay obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el procedimiento, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, y existan operaciones con partes vinculadas a dicha empresa.

2. Documentación en los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción

– Incluirá una memoria explicativa de las causas técnicas, organizativas o de producción que justifican el despido colectivo, que acredite, la concurrencia de alguna de las causas señaladas.

– El empresario deberá aportar los informes técnicos que acrediten la concurrencia de las causas técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los medios e instrumentos de producción; la concurrencia de las causas organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción o la concurrencia de las causas productivas derivadas de los cambios, entre otros, en la demanda de los productos y servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

 

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Fiscal Septiembre 2012

Algunas consideraciones para el cierre fiscal del ejercicio 2012

El ejercicio que concluirá el próximo 31 de diciembre ha estado marcado en el ámbito tributario por la situación de crisis económica y financiera en que nuestro país está inmerso. Nunca es sencillo abordar el cierre fiscal de un ejercicio, pero a la luz de las actuales circunstancias y de las novedades normativas que han ido apareciendo a lo largo del año, se puede augurar un final de ejercicio fiscal sometido a continuas modificaciones y revisiones. Y ello es así porque la toma de decisiones para optimizar el resultado fiscal, requiere un análisis sosegado de las novedades tributarias aparecidas a lo largo del año, con el añadido de que las decisiones que se tomen en este sentido podrán afectar también a la cuota tributaria de ejercicios futuros, salvo que el legislador cambie de parecer antes de final de año; práctica a la que nos tiene acostumbrados.


A lo largo del presente año y hasta la fecha de cierre de este comentario, se han dictado por vía urgente hasta una veintena de normas, a las que debe sumarse la aparición, el pasado 30 de diciembre, del Real Decreto-Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. La tardía aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 y sobre todo la aprobación en el mes de julio del RDL 20/2012, no hace más que corroborar lo que ya hemos apuntado: el cierre del ejercicio 2012 requerirá de un plus de atención para comprobar el total cumplimiento de las medidas incorporadas en las normas a las que hemos hecho referencia de forma genérica.

Posiblemente más de uno puede pensar que un artículo sobre este tema está fuera de lugar a tres meses vista del final del ejercicio, pero lo cierto es que la finalidad del mismo, lejos de pretender zanjar determinadas cuestiones, es realizar un resumen recopilatorio y una interpretación de las medidas aprobadas, que deberán tenerse en cuenta a la hora de afrontar el cierre fiscal del ejercicio en curso.

Por ello nos referiremos a normas que, aunque no pueden considerarse novedosas, están relacionadas de forma directa con las operaciones a realizar en el presente ejercicio. De igual modo, las normas que, aparecidas a lo largo del 2012, modifican las leyes vigentes a su inicio, requieren un especial análisis para comprender su alcance y extensión en el cálculo de los futuros impuestos.

Las medidas a que nos referiremos a continuación tienen como punto de partida las modificaciones operadas por el Real Decreto-Ley 20/2011, y se extienden hasta el Real Decreto-Ley 20/2012. Dentro de dicho paréntesis, normativo y temporal, se encuentran distintas normas, dictadas por la vía de la urgencia, que han incidido ya en la determinación de la factura fiscal del actual ejercicio.

II. NOVEDADES TRIBUTARIAS A TENER EN CUENTA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2012


Entramos a analizar las principales normas que afectarán al cierre del presente ejercicio, todo ello sin perjuicio de que con posterioridad a la redacción de este comentario aparezcan nuevas medidas que modifiquen o amplíen el texto de las normas vigentes en el momento actual.

1. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público


Las medidas que recoge esta norma afectan al cierre fiscal del ejercicio en el ámbito de distintos impuestos.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las modificaciones inciden en buena medida en el incremento de los tipos impositivos, y si bien puede considerarse un asunto ajeno al cierre, debemos recordar que la regularización de los tipos de retención derivados de esta norma debió haberse hecho en el mes de febrero de 2012.

En lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades las modificaciones han sido pocas, y en la mayoría de los casos se han limitado a prorrogar los beneficios fiscales aparecidos a lo largo del pasado ejercicio 2011.

Por un lado, queda prorrogada para el año 2012 la aplicación del tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo aplicable a las empresas de menos de 25 trabajadores. Y ello con la lógica correlación en el Impuesto sobre la Renta para los empresarios y profesionales, por vía de la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas. Todo ello sin perjuicio de lo que al comentar otras normas se dirá.

Queda prorrogado, igualmente, el tratamiento fiscal otorgado a los gastos realizados para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

La única modificación operada por esta norma en este impuesto, la constituye el incremento del tipo general de retención que pasa del 19 al 21%, como consecuencia de la modificación operada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarais y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público


La aparición de esta norma tiene su origen en la difícil situación por la que atraviesa la economía española, de tal modo que con ella se ha procedido a adoptar diversas medidas con el fin de corregir lo antes posible los principales desequilibrios existentes en el ámbito económico. Así las cosas, este Real Decreto-Ley viene a complementar las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 20/2011, adoptando medidas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, así como, para dotar de mayor autonomía financiera a los Ayuntamientos, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si bien aquí nos referiremos exclusivamente al primer Impuesto.

También con el fin de reducir el déficit público, este Real Decreto-Ley estableció una declaración tributaria especial para determinadas rentas, con el objeto de conseguir mayores ingresos, pese a la manifiesta discriminación que supone para el resto de contribuyentes, cumplidores de las normas. Su redacción se ha visto modificada por el Real Decreto-Ley 19/2012. Esta “amnistía fiscal” –porque ese es su nombre– se ha visto desarrollada por la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, publicada en el BOE de 4 de junio de 2012.

a) Medidas de carácter temporal, aplicables exclusivamente en los años 2012 y 2013

— En concreto, se limita la deducción del fondo de comercio, tanto generado en adquisiciones de negocios como en operaciones de reestructuración empresarial, al límite anual máximo de una centésima de su importe, extendiéndose implícitamente el plazo para la aplicación de dicha deducción.

— Asimismo, se reduce el límite de deducciones aplicadas en los períodos impositivos iniciados dentro de los citados años, de modo que el importe de las deducciones previstas en el Capítulo IV de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no podrá exceder conjuntamente del 35% de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones. Elevándose dicho límite al 60% cuando el importe de la deducción por gastos en I+D, que correspondan a gastos e inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones. Para contrarrestar el efecto negativo de esta limitación se amplían los plazos para la aplicación en períodos impositivos futuros de las deducciones pendientes. En este límite, excepcionalmente para los años 2012 y 2013, se incluye la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

— Por último, en relación con las grandes empresas, adicionalmente, se establece un importe mínimo del pago fraccionado, con base en el resultado del ejercicio, minorado en las bases imponibles negativas cuya compensación resulte posible en el mismo.

b) Medidas con carácter indefinido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades

— Destaca por importancia, entre ellas, la limitación que se introduce en relación con la deducción de gastos financieros, teniendo en cuenta que dicha reforma la conduce hacia la tendencia legislativa existente en estados de nuestro entorno económico.

— En concreto, se establece el carácter no deducible para aquellos gastos financieros generados en el seno de un grupo mercantil y destinados a la realización de determinadas operaciones entre entidades que pertenecen al mismo grupo, respecto de los cuales se venía reaccionando por parte de la Administración Tributaria cuando no se apreciaba la concurrencia de motivos económicos válidos. La modificación permite su no aplicabilidad, en la medida en que las operaciones sean razonables desde la perspectiva económica, como pueden ser supuestos de reestructuración dentro del grupo, consecuencia directa de una adquisición a terceros, o bien aquellos supuestos en que se produce una auténtica gestión de las entidades participadas adquiridas desde el territorio español.

— Adicionalmente, se introduce una limitación general en la deducción de gastos financieros, que se convierte en la práctica en una regla de imputación temporal específica, permitiendo la deducción en ejercicios futuros de manera similar a la compensación de bases imponibles negativas.

— Por otro lado, se modifica el régimen de exención en la transmisión de participaciones en entidades no residentes en territorio español, con la finalidad de flexibilizar el mismo ante la extraordinaria rigidez que impedía hasta ahora la aplicación de la exención cuando se incumplía alguno de los requisitos exigidos, aun cuando dicho incumplimiento se produjera en un único período impositivo. Por ello, se introduce la aplicación de una regla de proporcionalidad de la exención en función del período de tiempo en el que se cumplen los requisitos para su aplicación, respecto del período de tenencia total de las participaciones.

— Por último, se elimina la libertad de amortización regulada en la Disposición Adicional undécima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuyo mantenimiento, en ausencia total de requisitos vinculados al empleo, ha demostrado ser claramente inviable, dadas las actuales circunstancias económicas. Esta derogación se acompaña de una limitación temporal en la base imponible respecto de las cantidades pendientes de aplicar procedentes de períodos impositivos en que se haya generado el derecho a la aplicación de la libertad de amortización. Dicha modificación se traslada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto publico en el ámbito educativo


Pese al enunciado del Real Decreto-Ley, se establecen disposiciones en el ámbito tributario. La Disposición Final segunda de esta norma modifica de nuevo el Impuesto sobre Sociedades.

— En primer lugar, como medida aplicable exclusivamente en los años 2012 y 2013, se modifica el artículo 1, Primero, Cuatro, del Real Decreto-Ley 12/2012, en cuanto a los pagos fraccionados.

— Por otro lado, con efectos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 12/2012, se modifican los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En virtud de esta modificación, los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley, que se devenguen hasta 30 de noviembre de 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto. Para ello el sujeto pasivo optará por la sujeción al mismo a través de un gravamen especial. La base imponible del gravamen especial estará constituida por el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios devengados, sin que resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor de la participación que pudiera derivarse de la distribución de los beneficios que sean objeto de este gravamen especial. Si se cumpliera el requisito de la participación en al menos el 5% –letra a)–, el día en que se produzca la transmisión, y el requisito de que la renta obtenida provenga de actividades empresariales en el extranjero –letra c)–, durante todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, cuya transmisión se realice hasta 30 de noviembre de 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través del gravamen especial antes citado. En este último caso, la base imponible estará constituida por la renta obtenida en la transmisión, así como por la reversión de cualquier corrección de valor sobre la participación transmitida, que hubiera tenido la consideración de fiscalmente deducible durante el tiempo de tenencia de la participación.

4. Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero


Las Disposiciones Finales primera y tercera, con el objeto de facilitar la salida al mercado de los inmuebles en manos de las entidades financieras, modifican las leyes del IRPF y de Sociedades. En este sentido, crea una nueva exención, del 50% de las rentas positivas derivadas de la transmisión de bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan la condición de activo no corriente o que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y que hubieran sido adquiridos a título oneroso a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 18/2012 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

No formarán parte de la renta con derecho a la exención el importe de las pérdidas por deterioro relativas a los inmuebles, ni las cantidades correspondientes a la reversión del exceso de amortización que haya sido fiscalmente deducible en relación con la amortización contabilizada.

La exención prevista en esta disposición será compatible, en su caso, con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Y en todo caso queda excluida de la exención los supuestos en que el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad respecto de la que se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, o al cónyuge de la persona anteriormente indicada o a cualquier persona unida a esta por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido.

III. LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012


Pese a que esta Ley debería carecer de transcendencia tributaria, en atención a la demora con que se ha visto aprobada y publicada, quizá podríamos haber esperado que su contenido contuviera alguna modificación de carácter impositivo. Sin embargo, como buena parte de las modificaciones que normalmente comprenden las leyes de presupuestos fueron introducidas por el Real Decreto-Ley 20/2011, nos referiremos única y exclusivamente a las aparecidas en este momento y que además puedan incidir sobre el cierre fiscal del ejercicio.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, se actualizan los coeficientes correctores del valor de adquisición o coste de producción aplicables a los elementos patrimoniales en los supuestos de transmisión en períodos impositivos iniciados en 2012. En otro orden de cosas, la LPGE 2012 regula la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012, fijando el porcentaje del 18% para la modalidad prevista en el artículo 45.2 de la Ley del impuesto, mientras que establece la obligación de determinar el cálculo del pago fraccionado por la vía del artículo 45.3 de la misma Ley para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cifra de 6.010.121,04 euros, durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del 2012. Por último, con efectos desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta general del artículo 140.6.a) TRLIS se eleva del 19 al 21%, en consonancia con la modificación operada por el Real Decreto-Ley 20/2011.

IV. RECORTES E INCREMENTOS: LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012


La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 (15 de julio) ha materializado las subidas de impuestos que muchos esperaban con resignación, y ha sorprendido con medidas que muy pocos imaginaban. Por lo que se refiere al ámbito tributario, puesto que es éste el objeto del artículo, y dentro de las medidas relacionadas con el cierre fiscal, consideramos necesario referirnos, si bien de forma escueta, a las novedades cuya aplicación corresponderá ya al presente ejercicio:

— Se modifica la compensación de bases imponibles negativas para los sujetos pasivos del impuesto que tengan un volumen de operaciones de entre 20 y 60 millones de euros, limitándola al 50%. Dicho porcentaje se minora hasta el 25% para las entidades con un volumen de operaciones superior a los 60 millones de euros.

— Restricción de la deducción por amortización fiscal de activos intangibles de vida útil indeterminada, quedando el porcentaje máximo anual deducible en el 2%, frente al 10% anterior.

— Se introducen modificaciones en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades calculados con arreglo a la modalidad del artículo 45.3 del TRLIS, adecuando su importe en función del volumen de operaciones de la entidad. Así, para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros, el porcentaje será del 21%; entre 10 y 20 millones de euros, el 23%; entre 20 y 60 millones de euros, el 26%; y más de 60 millones de euros, el 29%.

— Extensión de la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros a todas las empresas, salvo determinadas excepciones, sin que se exija para su aplicación la pertenencia a grupos mercantiles.

— Introducción de un nuevo gravamen especial, voluntario, sobre rentas y dividendos de fuente extranjera, con el cumplimiento de determinados requisitos. El tipo de gravamen será del 10%.

 

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Editorial septiembre 2012

El cierre fiscal del ejercicio constituye uno de los momentos clave en la vida de las empresas. La finalización del ejercicio es, con carácter general y a excepción de aquellos que fijan su cierre por ejercicio partido, el punto de partida para determinar la cuota del Impuesto que en los siguientes meses debería satisfacer a la Hacienda Pública. El ejercicio que concluirá el próximo 31 de diciembre ha estado marcado en el ámbito tributario por la grave situación de crisis económica y financiera en que nuestro país está inmerso. Nunca es sencillo abordar el cierre fiscal de un ejercicio, pero a la luz de las circunstancias presentes y de las novedades normativas que han ido apareciendo a lo largo del año, bien podemos augurar un final de ejercicio fiscal sometido a continuas modificaciones y revisiones. La toma de decisiones para optimizar el resultado fiscal requiere un análisis sosegado de las novedades tributarias aparecidas a lo largo del año, con el añadido de que las decisiones que se tomen en este sentido podrín afectar también a la cuota tributaria de ejercicios futuros, salvo que el legislador cambie de parecer antes de fin de año, algo a lo que ya estamos acostumbrados.

A lo largo del presente año y hasta la fecha de cierre de esta revista, se han dictado por vía urgente hasta una veintena de normas la última de las cuales ha sido el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por lo que el cierre del ejercicio requerirá un plus de atención para comprobar el cumplimiento de las medidas incorporadas. Sobre todo ello trata nuestro comentario fiscal, donde abordamos aquellas consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de calcular el resultado final.

Con respecto a nuestro comentario en el ámbito social, presentamos una reseña sobre la Ley de la Reforma Laboral, que consolida las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 3/2012 pero con algunos cambios y matizaciones relevantes; así como las medidas en materia de Seguridad Social y empleo que, a su vez, contiene el ya mencionado Real Decreto-Ley 20/2012. Asimismo, aunque pendiente de aprobación, el borrador del Reglamento de los despidos colectivos recoge una serie de cambios en el procedimiento a seguir para la tramitación de este tipo de despidos, que merecen ser comentados.

Por lo que se refiere a la materia mercantil, en este número se estudia el pagaré y la responsabilidad del pago a título personal. Es importante resaltar que en el momento de firmar la promesa de pago que constituye el pagaré, es requisito obligado la expresión de la representación con la que se actúa; Este es un principio impuesto en aras de la transparencia de las relaciones cambiarias y de la seguridad del tráfico jurídico, especialmente el cambiario. La mención de la representación en el título valor, de cara a su conocimiento por quienes vayan pasando a formar parte del círculo de partícipes en la relación jurídica que genera el documento, permitirá excluir la responsabilidad personal y directa del librador del mismo.

Por último, en nuestro comentario contable, realizamos un repaso de aquellos aspectos que deben tenerse en consideración durante el ejercicio 2012, ya que a lo largo de este año se han producido determinadas modificaciones legislativas que tienen repercusión en el ámbito de la contabilidad o de las cuentas anuales. Entre las novedades más importantes cabe destacar la supresión de la legitimación notarial de firmas en el depósito de las cuentas anuales, así como la modificación de la deducibilidad de los gastos financieros realizada por el Real Decreto-Ley 12/2012. Además, finalizamos el comentario haciendo mención a la reciente consulta resuelta por el ICAC, relativa al tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de créditos, fórmula que viene siendo utilizada por muchas empresas en estos momentos de crisis y falta de liquidez.

Como siempre, esperamos que los contenidos que le presentamos le resulten de utilidad, quedando a su disposición e invitándole a contactar con nuestro despacho para resolver cualquier duda o consulta profesional que se le plantee, donde le atenderemos en todo aquello que necesite.

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¿Es deducible la retibución de los administradores en el impuesto sobre sociedades?

En muchas sociedades se dan las circunstancias que a continuación describimos:

 – Una Sociedad de responsabilidad limitada en cuyos estatutos consta que el cargo de administrador es gratuito.  El socio es, administrador de la mercantil y director general de la misma. Está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.).
 – Percibe una retribución mensual por su labor como gerente.

2.- Planteamiento 

¿ Es fiscalmente deducible esta remuneración­?
¿Tiene por tanto consideración de gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades?

3.- Respuesta

La Dirección General de Tributos se ha pronunciado al respecto.
Consulta Vinculante.- (V0879-12 DE 25/04/2012)
Y su respuesta es NO

4.- Argumentos de la DGT– Las funciones de gerencia son absorbidas por las funciones de Administrador. Según el Derecho Laboral, ser miembro de los órganos de administración de una sociedad es incompatible con las funciones de personal de alta dirección.

Sin embargo en una relación laboral común, sí se puede dar la doble condición, de hecho es muy común esta circunstancia, que una misma persona sea Administrador y a su vez, trabajador por cuenta ajena (Una empresa en la que un mismo socio es administrador no percibiendo ninguna remuneración por ejercer dicho cargo, y a su vez es trabajador, percibiendo remuneración por los trabajos desarrollados. Casos como por ejemplo un mecánico, consultor, carpintero, ingeniero…..etc, etc, etc).

En el caso que nos ocupa, administrador- gerente, es difícil apreciar la dualidad de relaciones, prevaleciendo la relación mercantil sobre la laboral en último caso.– El cargo de administrador e gratuito. Dicha situación se refleja en los Estatutos.

Si el ejercicio del cargo de Administrador es gratuito, parece obvio que la remuneración que perciba se considere una Liberalidad, es decir que no sería fiscalmente deducible a la hora de cuantificar la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Ahora bien, para que sea deducible dicho gasto, en los Estatutos de la Sociedad debe figurar que el cargo es retribuido y además debe figurar preferiblemente cómo se va a retribuir y cual será la cuantía. Aunque en este último punto la Dirección General de Tributos es mas flexible.