dinero

Aspectos a tener en cuenta en la RENTA 2010

Los borradores que se envían desde el Ministerio de Economía y Hacienda en muchos casos contienen errores. Recomendamos que se revisen antes de confirmarlos.

En este sentido los errores más comunes son los siguientes:


Matrimonios o separaciones producidos en 2010: estos datos no suelen estar actualizados y tanto las pensiones alimentarias a los hijos como las compensatorias al ex cónyuge desgravan. Así mismo en el caso de los matrimonios separados, el cónyuge que abandona la vivienda, aunque ya no viva en ella, puede deducirse la parte proporcional de la hipoteca que sufraga.

– Nacimientos o adopciones en 2010: la desaparición de las ayudas por nacimiento o adopción entró en vigor el 1 de enero de 2011 con lo cual sí que debe tenerse en cuenta en la declaración del 2010.

– Desajustes en el importe global de la deducción por maternidad. Aquí debe tenerse en cuenta que, en el caso de madres trabajadoras con hijos menores de 3 años, puede deducirse hasta 1.200 euros anuales por cada niño. A veces puede haber desajustes, sobre todo si se cobra del INEM, porque en los borradores no se discierne el tiempo de desempleo, aunque se tenga derecho a deducción.

– Vivienda habitual: aunque la desgravación por vivienda ha desaparecido este año, en el ejercicio del año 2010 las compras de primeras residencias sí que desgravan. Además, en el caso de las cuentas vivienda con varios titulares (por ejemplo una pareja) debe revisarse que aparecen los dos interesados ya que muchas veces hay errores.

Seguros por incendios del hogar o de vida exigidos al constituir la hipoteca: estas cantidades pueden incluirse en la desgravación por vivienda.

– Compensación de porcentajes incrementados de deducción por vivienda. Se tiene derecho a una Compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual por la diferencia de normativa vigente hasta 2.006 (los primeros 4.500 euros de cuotas hipotecarias pagadas a los tipos incrementados del 20%, o 25% en los dos años siguientes a la compra, y el resto de cuotas hipotecarias pagadas al 15%) frente a la nueva deducción anunciada esa fecha (únicamente el 15%).

– Las donaciones que son deducibles no suelen aparecer en el borrador si no existen certificados.

– Hay que revisar que las novedades en materia fiscal de la Comunidad Autonómica está contempladas y, por tanto, los posibles beneficios.

– Por último, si en otros ejercicios se hubieran declarado rentas de trabajo no sujetas a retención y no se hubiera corregido, seguirán apareciendo en el borrador.


Fuente: muypymes

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Hemeroteca Mayo 2011

15 DE FEBRERO DE 2011

UPTA PIDE QUE LOS JÓVENES QUE SE HAGAN AUTÓNOMOS PUEDAN BONIFICARSE EL 100% DE LAS CUOTAS

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido que los jóvenes que decidan ejercer una actividad por cuenta propia puedan bonificarse el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social en lugar del 30%, como sucede actualmente.

La organización de autónomos ha recordado que el nuevo plan de choque contra el paro bonifica el 100% de las cuotas a aquellos empresarios con menos de 250 trabajadores que contraten a tiempo parcial a jóvenes o parados de larga duración.

Para UPTA, “no parece muy razonable que se bonifique más a los empresarios que contratan jóvenes que a los propios jóvenes cuando se autoemplean”. Según la organización, la falta de incentivos suficientes para comenzar una actividad económica es la causa de que desde junio de 2010 haya 14.563 jóvenes autónomos menos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).

UPTA ha explicado que una de las medidas que ha tenido un mayor estímulo en los últimos años entre los jóvenes fue la de poder acceder a bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en un 30%, medida aprobada en 2007.
“Sin embargo, ahora, con las nuevas medidas que apruebe el Gobierno, esta bonificación queda muy lejos de la prevista de bonificar el 100% a los empresarios que contraten a tiempo parcial a trabajadores jóvenes”, ha lamentado.

UPTA teme que la reacción de los jóvenes sea la de esperar el acceso a estos contratos bonificados y desestimar la posibilidad de ejercer una actividad por cuenta propia.

Europa Press

11 DE FEBRERO DE 2011

SALGADO CALCULA QUE LA REFORMA DE LAS PENSIONES SUPONDRÁ UN AHORRO DE 3,5 PUNTOS DEL PIB EN 2050

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el esquema de reforma de pensiones que plantea el Gobierno permitirá un “ahorro” de 3,5 puntos del PIB, que permitirá reducir a la mitad el incremento previsto del gasto en pensiones hasta 2050 y situará a España en la media de los grandes países europeos, al tiempo que reducirá la percepción de riesgo de la economía española.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha defendido que se trata de la “mejor de las posibles” porque cuenta con el aval de los agentes sociales y el Pacto de Toledo, y garantizará “más y mejores pensiones” para el futuro.

Durante la comparecencia de ambos ante la Comisión del Pacto de Toledo para defender la reforma de las pensiones, Salgado ha asegurado que la reforma permitirá pasar de un “riesgo alto” a un “riesgo medio” en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que llegará a “bajo” gracias al proceso de consolidación fiscal.

Y es que Salgado ha justificado la necesidad de aprobar esta reforma “ahora que hay tiempo” porque la evolución demográfica de España a futuro repercute en la valoración hoy mismo de la economía española y de la prima de riesgo, lo que ocasionaría más subidas de los tipos, con el consiguiente encarecimiento de la deuda pública y la financiación de los hogares, ha asegurado.

Europa Press

 

10 DE FEBRERO DE 2011

OCAÑA ASEGURA QUE HACIENDA NO IRÁ «EN CONTRA DE LOS PARADOS» AL INVESTIGAR RENTAS SIN DECLARAR EN 2011

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha asegurado que la intención de Hacienda de estrechar el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y al mismo tiempo cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social responde a la necesidad de reducir la economía sumergida y “no va en contra de los parados”.
Ocaña hizo estas aclaraciones en rueda de prensa conjunta con el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López-Carbajo, en la que avanzaron las directrices del plan de prevención y lucha contra el fraude para 2011.

Así, la persecución de las rentas no declaradas será uno de los puntales de las actuaciones de inspección este año, para lo que la AEAT prevé realizar actuaciones conjuntas con la Seguridad Social “en poco tiempo”, según López-Carbajo.

Por otro lado, Ocaña explicó que el plan de lucha contra el fraude de 2011 dará “continuidad” a las actuaciones de la agencia y potenciará actuaciones de investigación enfocadas en los procesos de ingeniería fiscal a gran escala y de planificación fiscal dirigida al fraude, es decir, aquellos fraudes con mayor grado de “sofisticación”.

Asimismo, Hacienda tratará de reforzar las actuaciones sobre las operaciones de cobro en efectivo y ampliar la colaboración con las comunidades autónomas para un mejor control de los tributos cedidos.

Europa Press

 

10 DE FEBRERO DE 2011

ATA PIDE AL PARLAMENTO QUE LOS AUTÓNOMOS EN PARO PUEDAN JUBILARSE ANTICIPADAMENTE A LOS 61 AÑOS

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha enviado a los grupos parlamentarios una serie de propuestas para enmendar la reforma de las pensiones, entre las que plantean que los autónomos que hayan cesado involuntariamente en su actividad puedan jubilarse anticipadamente a los 61 años con los mismos requisitos y los mismos coeficientes reductores que se les aplican a los asalariados.

En total, ATA ha remitido a los partidos políticos cuatro enmiendas. En otra, la organización de autónomos plantea la implantación de exenciones, devoluciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para determinados colectivos de autónomos que hayan experimentado caídas en su actividad, todo con el objetivo de que no opten por la economía sumergida.

Asimismo, la organización que preside Lorenzo Amor pide que las subidas anuales de las bases de cotización sean consensuadas con los representantes de los autónomos y discutidas en el marco del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

Por último, ATA propone incluir una representación de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia en los órganos directivos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Europa Press

 

8 DE FEBRERO DE 2011

PYMES Y AUTÓNOMOS PAGAN CADA AÑO 800 MILLONES POR IVA DE FACTURAS SIN COBRAR, SEGÚN GESTHA

Los técnicos de Hacienda proponen cambios para un mejor reparto de las cargas fiscales y mejorar el control del gasto público.

La legislación vigente sobre IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.

Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.

A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012

Europa Press

 

8 DE FEBRERO DE 2011

MÁS DEL 57% DE LAS EMPRESAS NO RESPETA LOS PLAZOS PACTADOS CON PROVEEDORES

El 57,13% de las compañías no respetan las condiciones de pago pactadas con sus proveedores, según un estudio realizado por Informa D&B con datos a 31 de diciembre de 2010. Así pues, las empresas que cumplen con los pagos a tiempo retroceden al 42,87%, frente al 44,94% que lo hacía a 30 de junio. Los importes de las facturas analizadas suman 8.130.582.697 euros, de los que se pagó puntualmente el 26,99%. El plazo medio de retraso de pago sobre las condiciones pactadas fue de 20,87 días, una ligera mejora de 0,05 días respecto al mismo dato a 30 de junio de 2010.

Del estudio se desprende también que España y Portugal se erigen como los dos países europeos que pagan con mayor retraso, con una demora superior en 20 días a la media europea, que se sitúa en los 13,86 días. Además, los periodos establecidos para los pagos en España oscilan entre 90 y 120 días.

En concreto, la administración pública retrasa sus pagos una media de 39,73 días, en tanto que la construcción lo hace 34,74 días. La hostelería también se acerca a esta cifra con una media de 28,44 días.

Por tipo de empresas, el 50,03% de las microempresas y el 41,42% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados frente al 7,95% de las medianas y el 8,21% de las grandes empresas. Sin embargo, una vez superados los 120 días de retraso, las empresas pequeñas tienen más dificultades, pues un 7,22% de micros y un 5,03% de pequeñas empresas se encuentran en esta situación, frente al 1,39% y el 2,37% de medianas y grandes empresas, respectivamente.

Europa Press

 

3 DE FEBRERO DE 2011

LOS 426 EUROS HAN BENEFICIADO A 824.270 PERSONAS, DE LOS QUE EL 34% HA ENCONTRADO EMPLEO

La secretaria del Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que el programa temporal por desempleo e inversión (PRODI), que contempla ayudas de 426 euros mensuales a parados sin prestación ni subsidio y estará en vigor hasta el 15 de febrero, ha beneficiado ya a un total de 824.270 personas, de las que un 34% lo han abandonado al encontrar empleo.

Rodríguez ha admitido que el “grado de eficacia” de cada uno de los programas “difiere mucho”, si bien ha destacado que la principal política activa de empleo, la destinada a la recualificación profesional, ha permitido que 6 de cada 10 de sus beneficiarios sean contratados en los tres meses siguientes al recibir los cursos, un dato que resalta aún más en el mercado laboral actual, que mantiene un “bajo dinamismo”.

Respecto al programa que sustituirá al PRODI, Rodríguez ha explicado que se basa en el “derecho” de los beneficiarios a entrar en los itinerarios, a participar en acciones de formación y “en algunos casos, según sus rentas” a percibir una ayuda económica de acompañamiento. No obstante, para llegar a esta última fase hay que pasar antes por los dos requisitos anteriores, de forma que esté vinculada con el carácter de política activa del programa. “Eso es lo que quiere la persona en situación de desempleo”, ha remarcado Rodríguez.

Europa Press

 

3 DE FEBRERO DE 2011

EL GOBIERNO PONE 600 MILLONES EN AVALES A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES Y PYMES

El Gobierno ha puesto 600 millones de euros en avales a disposición de emprendedores y PYMES a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), organismo adscrito al Ministerio de Industria Turismo y Comercio, según ha anunciado la secretaria general del Departamento, Teresa Santero.

Concretamente, el Ejecutivo asegura una cobertura de la mitad de los 1.200 millones de euros de garantías financieras que las sociedades de garantía recíproca (SGR) esperan otorgar a más de 8.000 emprendedores y pymes, la mayoría para proyectos innovadores, lo que podría movilizar hasta 2.500 millones de inversión.

El objeto de los contratos firmados es la cobertura parcial de las provisiones y los fallidos que se deriven del riesgo asumido en 2011 por estas sociedades de garantía recíproca con emprendedores y pymes. Las SGR ofrecen garantías financieras a proyectos viables, mejoran las condiciones de financiación ofrecidas por entidades financieras y desarrollan labores de asesoramiento financiero.

Para asumir la mitad del riesgo, Cersa ha incrementado sus recursos propios un 38% a través de una ampliación de capital, incremento que se suma al crecimiento de más del 60% acometido a lo largo del pasado ejercicio, agregó la secretaria general de Industria.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y el director adjunto de esta patronal, José María Méndez, asistieron a la firma de contratos de reafianzamientos entre Cersa y las 23 sociedades de garantía recíproca.

Europa Press

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Normativa Mayo 2011

FISCAL

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5/3/2011)

Con esta Ley se pretende modernizar la economía española y acelerar el cambio del modelo productivo del país y que entró en vigor el 6 de marzo. Introduce modificaciones en el ámbito tributario. En concreto, en el título II se recogen las reformas que la Ley realiza con la finalidad de incidir directamente en la mejora de la competitividad del tejido econ ómico español y entre ellas algunas se centran en la simplificación del régimen de tributación.

Así, se incorpora la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente en la Ley del IPRF, ampliando el ámbito de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas.

Para los grupos fiscales se incorpora la simplificación en la comunicación de sus variaciones. Asimismo, para impulsar los medios telemáticos en las relaciones con la Administración tributaria, se sustituyen determinadas obligaciones de publicación de las administraciones tributarias en boletines oficiales por la posibilidad de publicación en sede electrónica.

MODELO 140, DE SOLICITUD DEL ABONO ANTICIPADO Y COMUNICACIÓN DE VARIACIONES DE LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD DEL IRPF

Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE 28/2/2011)

Dejada sin efecto la deducción por nacimiento o adopción del IRPF y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, supresión reiterada por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ambas normas suprimieron o modificaron, desde el 1 de enero de 2011, aquellos artículos que recogían las referidas ayudas y establecieron sendas disposiciones adicionales que permiten que los nacimientos producidos en 2010 y las adopciones constituidas en dicho año den derecho en el citado período impositivo a la deducción por nacimiento o adopción o, en su caso, a la percepción de la prestación de pago único por nacimiento o adopción de hijo de la Seguridad Social, siempre que la inscripción en el Registro Civil se efectúe antes del 31 de enero de 2011, pudiendo, en el caso de la deducción, solicitar antes de la citada fecha el abono anticipado de la misma y cuando se trate de la prestación de pago único, debiendo solicitar su percepción antes de la indicada fecha.

Esta desaparición de la ayuda por nacimiento o adopción de hijos, en sus dos vías de percepción, obliga a suprimir el modelo 141, de solicitud del pago único por nacimiento o adopción de hijo, y a aprobar un nuevo modelo 140 cuyo contenido se limite únicamente a la solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que los contribuyentes que disfruten de dicho abono anticipado deben también comunicar las variaciones sobrevenidas que afecten a dicho pago, estableciéndose el plazo para formular la correspondiente solicitud o, en su caso, para comunicar las correspondientes variaciones, así como el procedimiento para la tramitación y resolución de aquélla.

LABORAL

MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (BOE 19/2/2011)

La finalidad de la presente reforma es contribuir a conformar el nuevo modelo económico y productivo, así como un mercado de trabajo más eficiente y de más calidad, y a mejorar la atención a las personas y su empleabilidad en el mercado de trabajo y a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial.

Contiene el presente Real Decreto-ley 13 artículos distribuidos en cuatro Capítulos, dos Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales.

Establecen las Disposiciones Adicionales que la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales pasa a denominarse Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y que en las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, la financiación de las políticas activas de empleo previstas en la presente norma se fijará en el marco del Concierto y del Convenio Económico, respectivamente.

La entrada en vigor es el 20 de febrero de 2011, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Gobierno elaborará antes del 31 de octubre de 2011 la Estrategia Española de Empleo a que se refiere el artículo 4 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Los itinerarios individuales y personalizados de empleo se aplicarán gradualmente en tres fases: 1) durante el año 2011, su realización estará dirigida prioritariamente a los colectivos a que se refiere el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas; 2) durante el año 2012, la prioridad en la realización de los itinerarios se determinará en el Plan Anual de Política de Empleo para dicho ejercicio, y 3) a partir de enero de 2013, la elaboración de estos itinerarios se extenderá a toda la población desempleada.

MEDIDAS URGENTES PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN AL EMPLEO ESTABLE

Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas (BOE 12/2/2011)

El artículo 1 se refiere al programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable. Esta medida persigue incrementar las posibilidades de colocación de los jóvenes y de los desempleados de larga duración, mediante una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad (que puede alcanzar el 100%) para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial siempre que la jornada oscile entre el 50% y el 75% de la habitual y la duración del contrato no sea inferior a seis meses. En los supuestos en que esta contratación sea temporal, la transformación del contrato de trabajo en indefinido goza también de bonificaciones en las cuotas.

El objeto del artículo 2 es el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Dicho programa se basa en acciones de políticas activas de empleo que permitan su recualificación para incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de crecimiento. Las personas participantes en estas acciones con menores rentas podrán recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM mensual, durante un máximo de seis meses.

Las acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación profesional y formación para el empleo se recogen en el artículo 3. Estas acciones se dirigen a jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas procedentes del sector de la construcción u otros sectores afectados por la crisis, que tengan dificultades de inserción laboral derivadas de su baja cualificación.

Y se dedica el artículo 4 a la inclusión de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas, cuyo objetivo es responder mejor a las necesidades de recualificación de las personas desempleadas, incrementando sus oportunidades de acceso a un empleo en la coyuntura actual. Por ello, durante el año 2011, en los planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, la participación de personas desempleadas oscilará entre el 20% y el 40% respecto del total de personas que inician la formación.

MERCANTIL

SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA CON DOMICILIO EN ESPAÑA

Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España (BOE 8/3/2011)

La presente Ley supone cumplir un mandato comunitario y cerrar definitivamente el bloque legal de regulación de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) con domicilio en España. Con esta norma se propicia la dotación eficaz de un instrumento en el ámbito del derecho de sociedades que permitirá mejorar la situación económica y social en el conjunto de la Unión Europea, reduciendo obstáculos del mercado interior y potenciando el desarrollo entre regiones y Estados miembros a través de la fórmula jurídica cooperativa sin necesidad de crear otras sociedades mercantiles para desarrollar en una sola estructura jurídica cooperativa actividades transfronterizas.

La SCE tiene como objetivo principal la satisfacción de las necesidades de sus socios y el desarrollo de sus actividades económicas o sociales respetando los principios cooperativos de participación democrática y distribución equitativa del beneficio neto y sin obstáculos a la libre adhesión. La Ley por la que se regula la sociedad cooperativa europea en España beneficiará sin duda la contribución a la extensión del Estatuto de la SCE en aras al respeto de la igualdad de condiciones de la competencia y de desarrollo económico que persigue la Unión Europea, por cuanto de este modo se dota a las cooperativas, entidades comúnmente reconocidas en todos los Estados miembros, de los instrumentos jurídicos adecuados que permiten facilitar el desarrollo de sus actividades transnacionales.

El objetivo principal de la Ley es permitir de iure la constitución de la SCE en España. Por este motivo, desde la aprobación del Reglamento (CE) número 1.435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, se han ido efectuando diferentes análisis del desarrollo en España de los aspectos diferidos por dicho Reglamento, y que fundamentalmente residen en la determinación de la legislación aplicable y el Registro competente en todos los actos de la SCE. A tal efecto, en todo el proceso de elaboración de la norma se ha consultado a los Ministerios con competencias en relación con esta materia y a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Además, se remitió la propuesta al sector cooperativo, a través de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), que dio su conformidad al texto. La norma también ha sido informada positivamente por el Consejo para el Fomento de la Economía Social. Finalmente, el Consejo de Estado ha emitido el dictamen preceptivo, cuyas observaciones se han tenido en cuenta en el articulado de la norma.

CONTABILIDAD

MODIFICACIÓN DEL REGL. 1126/2008 CE, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL REGL. 1606/2002 CE, EN LO QUE SE REFIERE A LAS MEJORAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF

Reglamento (UE) nº 149/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las Mejoras de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (DOUEL 19/2/ 2011)

Se modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprobaron diversas normas internacionales e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008, como consecuencia de la publicación por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) de las Mejoras de las Normas Internacionales de Información Financiera, en el marco del proceso anual de mejora destinado a racionalizar y clarificar las normas internacionales de contabilidad.

La mayoría de las modificaciones introducidas aclaran o corrigen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) existentes o son modificaciones consecutivas a algún cambio introducido en ellas previamente. Tres modificaciones (dos modificaciones de la NIIF 1 y una de la NIC 34) introducen cambios en los requisitos existentes o aportan alguna orientación complementaria sobre la aplicación de los mismas.

La entrada en vigor del presente Reglamento se establece el día 22 de febrero de 2011, al tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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Contabilidad Septiembre 2011

Nueva información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 presenta dos novedades respecto los ejercicios anteriores. En primer lugar, aparece la obligación por parte de los administradores de informar de cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con el interés de la sociedad y comunicar su participación directa o indirecta en sociedades con la misma o análoga actividad. En segundo lugar, se incorpora la obligación de informar sobre el número de días en que la empresa supera los plazos de pago a los proveedores fijados por la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A lo largo de este artículo, queremos detallar la nueva información que la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2010 deberá de contener, y que supone una novedad con respecto a lo que se venía exigiendo en la memoria en ejercicios anteriores. A su vez, analizaremos la dificultad que puede acarrear la obtención de la información solicitada en la memoria, especialmente en relación a los plazos de pago de proveedores.

En concreto, son dos las novedades que afectan a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales.

En primer lugar, hay que hacer mención al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En base al artículo 229 de dicho texto refundido se establece lo siguiente:

  1. Los administradores deberán comunicar al consejo de administración y, en su defecto, a los otros administradores o, en caso de administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. El administrador afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a que el conflicto se refiera.
  2. Los administradores deberán, asimismo, comunicar la participación directa o indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231, tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.
  3. Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados anteriores serán objeto de información en la memoria.

Este nuevo artículo 229, viene a derogar el artículo 127-ter de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, por lo que la información relativa a las situaciones de conflicto de intereses ya no sólo se hace exigible a las Sociedades Anónimas, sino a todas las contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, también a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, y las Sociedades Comanditarias por acciones.

A continuación se detallan las personas, físicas o jurídicas, que se consideran vinculadas a los administradores, de acuerdo con el artículo 231 del citado texto refundido:

1. Tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores:

  • El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
  • Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del administrador.
  • Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador.
  • Las sociedades en las que el administrador, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.

2. Respecto del administrador persona jurídica, se entenderán que son personas vinculadas las siguientes:

  • Los socios que se encuentren, respecto del administrador persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.
  • Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores, y los apoderados con poderes generales del administrador persona jurídica.
  • Las sociedades que formen parte del mismo grupo y sus socios.
  • Las personas que respecto del representante del administrador persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se establece en el párrafo anterior.

La segunda novedad que afecta a la memoria, la encontramos en la Ley 15/2010, de 5 de julio de 2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En base a dicha Ley, todas las Sociedades, deberán informar, de forma expresa, sobre los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales, siendo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas quien resolverá sobre la información oportuna a incorporar en las mismas.

Así, el 29 de diciembre de 2010 el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dictó resolución sobre la información a incorporar en la memoria en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. En base a dicha resolución nos gustaría destacar los siguientes aspectos:

  • Tienen la obligación de informar sobre los plazos de pago a sus proveedores las empresas que deban elaborar cuentas anuales de acuerdo con nuestro Derecho contable o aquellas que las elaboren de manera voluntaria. Las empresas que formulen las cuentas anuales consolidadas también tienen la obligación de informar al respecto, si bien se incluyen exclusivamente a las empresas radicadas en España que se consoliden por el método de integración global o proporcional.
  • Se exige que se informe sobre el número de días en que la empresa ha superado el plazo legal de pago. Así, y puesto que la Sociedad puede tener que cumplir con distintos plazos legales en función de la naturaleza del bien o servicio del que se trate, y al objeto de ponderar el citado incumplimiento, se ha considerado emplear el indicador Plazo medio ponderado excedido de pagos (PMPE).

PMPE =

∑ (cada uno de los pagos realizados a proveedores con aplazamiento superior al legal * Nº de días de aplazamiento excedido)
/ ∑ total de pagos realizados en el ejercicio con aplazamiento superior al legal

  • El deber de información afecta exclusivamente a las operaciones comerciales de pago, es decir, a los acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servicios. Por lo tanto, quedan fuera de la norma los acreedores o proveedores que no cumplan tal condición como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.

  • Con objeto de poder apreciar el grado de cumplimiento de la norma, las empresas que elaboren la memoria en el modelo normal deberán incluir en una nota independiente la siguiente información:

  1. La denominación de nota será la siguiente: «Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio».

  2. Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo entre los que se hayan realizado dentro del plazo máximo legal de los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

  3. Plazo medio ponderado excedido de pagos.

  4. Saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio que acumule un aplazamiento superior al permitido por la Ley.

Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance
N (Ejercicio actual) N-1 (Ejercicio anterior)
Importe %* Importe %*
**Dentro del plazo máximo legal

Resto

TOTAL PAGOS 
EJERCICIO 100 100
PMPE (días) de pagos
Aplazamiento que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal
* Porcentaje sobre el total.
** El plazo máximo legal será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad.

 

En relación a este punto, debemos mencionar que las pequeñas y medianas empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán obligadas a informar del PMPE. No obstante, tan sólo en el supuesto en que dichas empresas se incluyan en el conjunto consolidable de una sociedad española, se verán obligadas a cumplimentar la totalidad de la información, incluyendo el PMPE.

La información de las cuentas anuales consolidadas estará referida a los proveedores del grupo, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las empresas dependientes y, en su caso, de las empresas multigrupo. El cuadro sólo recogerá información correspondiente a las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable.

A continuación y a modo informativo, adjuntamos un cuadro resumen con los plazos legales marcados por la Ley de lucha contra la morosidad:

Período Plazo máximo de pago régimen general y productos de alimentación no frescos o no perecederos Plazo máximo de pago para los productos de alimentación perecederos Plazo máximo de pago para las Administraciones Públicas Plazo máximo de pago para las empresas constructoras de
obra civil
Desde la entrada en vigor de la Ley hasta el
31/12/2010
85 días 30 días 55 días 120 días
Desde el
1/01/2011 hasta
el 31/12/2011
85 días 30 días 50 días 120 días
Desde el
1/01/2012 hasta
el 31/12/2012
75 días 30 días 40 días 90 días
A partir del
1/01/2013
60 días 30 días 30 días 60 días

 

La resolución del ICAC establece una disposición transitoria relativa a la información a incluir en la memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación, es decir, de la memoria del ejercicio 2010. Así, en este primer ejercicio de aplicación, las entidades deberán suministrar exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago. Tampoco se presentará información comparativa al respecto.

Finalmente, debemos mencionar que, si bien conceptualmente los requisitos de información exigidos por la resolución del ICAC son claros, la obtención de la información solicitada, especialmente a partir del segundo año de aplicación requerirá sin duda alguna la adaptación de los sistemas de información de las empresas, con el consiguiente coste que ello pudiera acarrear.

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Mercantil y Civil Mayo 2011

Reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital. Comentarios al Proyecto de Ley

Como ya comentamos en nuestra revista de diciembre, el pasado 1 de septiembre de 2010 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La norma, haciendo gala de la decidida voluntad de provisionalidad a que hacía referencia el apartado V de la Exposición de Motivos, no ha tardado en verse modificada. En Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2011 se aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Sociedades de Capital, y a este texto es al que vamos a dedicar el comentario de ahora.

FINALIDAD Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

El Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2011, viene a modificar y completar la Ley de Sociedades de Capital, con la clara intención de recorrer el camino que dirige a una modernización de la regulación de las sociedades mercantiles, en muchos casos decimonónica.
La norma presentada por el Gobierno tiene por objeto, en primer lugar, la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del Derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como la supresión de algunas de las más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada.

En segundo lugar, y en otro orden de cosas, la trasposición a la legislación interna de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, forma también parte del paquete de normas que el Gobierno presenta.

Desde la primera perspectiva, la norma puede calificarse de proyecto de ley de reforma parcial, la segunda, en cambio, pertenece a la categoría de las leyes de incorporación.

LA REDUCCIÓN DE COSTES

La reducción de costes, en la línea que ya plasmó el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se consigue mediante la eliminación de algunos requisitos de publicidad en prensa, oficial o privada, que pese a estar justificados en épocas pasadas, han perdido significado en el momento presente. Entre las medidas más significativas destaca la relativa a la forma de convocatoria de la junta general de socios, generalizando a las sociedades anónimas el régimen vigente para las sociedades de responsabilidad limitada. Se suprime, así, el carácter obligatorio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. Se mantienen, sin embargo, dos excepciones, para los supuestos en que las acciones emitidas sean al portador, y para aquellos otros en que estemos en presencia de sociedades cotizadas.

Asimismo, se procede a la derogación de la exigencia legal de que determinados acuerdos de modificación de los estatutos sociales tengan que anunciarse en periódicos como requisito necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro. Se suprime igualmente la exigencia de que la disolución de la sociedad anónima se publique en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social. Finalmente, se elimina la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, durante el período de liquidación de la sociedad anónima, del denominado “estado anual de cuentas”.

Abundando en las medidas reductoras de costes, se considera importante, y por ello se modifica, la admisión de que los estatutos de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida estructura del órgano de administración, puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando así que, sin necesidad de modificación de dichos estatutos, la junta general de accionistas pueda optar sucesivamente por aquel que considere preferible, lo que supone un ahorro de costes al que hasta ahora sólo tenían acceso las sociedades de responsabilidad limitada.

En materia de cuentas anuales se proponen dos medidas tendentes a reducir el coste de su depósito, facilitando así el grado de cumplimiento de esta obligación. Por un lado, la eliminación del requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización. Y, por otro lado, la supresión de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación de depósito, de escasa utilidad desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. En este sentido, la norma es consciente de que las actuales posibilidades de acceso telemático al Registro Mercantil suplen con creces las funciones que años atrás podía cumplir la publicación de las listas de sociedades que habían depositado las cuentas anuales.

Y en lo referente a la liquidación, se pone fin a la exigencia de que, en la liquidación de las sociedades anónimas, los bienes inmuebles tuvieran que venderse en pública subasta. Ello pese a que tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan tratado de restringir el ámbito de este requisito, la norma entiende que ya no existen argumentos para mantenerlo por más tiempo.

De las normas de modernización del Derecho de las sociedades de capital que la Ley introduce –procedentes de la “Propuesta de Código de Sociedades mercantil”, de 2002, redactado por la Sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación– destacan dos que se refieren al Consejo de administración: la primera, la regulación, por primera vez en norma de rango de ley, del régimen jurídico del administrador persona jurídica, con una específica referencia a la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y del representante; y la segunda, la facultad de convocatoria del Consejo de administración por los administradores que representen, al menos, un tercio de los componentes del órgano, cuando el presidente, a pesar de haber sido requerido para ello, no lo hubiera convocado.

ELIMINACIÓN DE DIFERENCIAS DE RÉGIMEN ENTRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LAS LIMITADAS

En cuanto a la eliminación de diferencias de régimen entre las sociedades anónimas y las limitadas, resulta preciso hacer mención a la unificación del contenido de determinadas disposiciones. Así, en relación con la convocatoria de las juntas generales (en la línea anticipada por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre):

  • • la admisibilidad también para las sociedades anónimas de la posibilidad de introducir en los estatutos causas de exclusión de accionistas;
  • • la unificación de las causas legales de disolución aplicando a todas las sociedades de capital la relativa a su inactividad;
  • • la generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los administradores de la sociedad, y
  • • la unificación del régimen jurídico de los liquidadores de sociedad cancelada.

Estas diferencias que no pudieron incorporarse en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, toda vez que excedían de los límites de la habilitación concedida por las Cortes Generales –como reconoció expresamente el Consejo de Estado– se superan ahora con el propósito de perfeccionar el régimen legal de las formas jurídicas preponderantes en la realidad económica española. Por ello, se lleva a cabo la corrección de la contradicción entre el plazo que debe mediar entre la publicación de la convocatoria de la junta general de accionistas y el plazo para la celebración de la junta a solicitud de la minoría y la ampliación del ámbito de las sanciones de las conductas prohibidas en el capítulo relativo a los negocios sobre las propias acciones y participaciones sociales.

LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE

La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas tiene por objeto facilitar y promover, en el ámbito de la Unión Europea, el ejercicio de los derechos de información y voto de los accionistas de las sociedades cotizadas. A través de las normas contenidas en la norma comunitaria se pretende garantizar que las juntas generales sean debidamente convocadas y que los documentos que deben presentarse a las mismas estén disponibles a tiempo para que todos los accionistas, con independencia de su lugar de residencia, puedan adoptar una decisión razonada en el momento y emitir el voto. Al objeto de conseguir tal fin, la Directiva aboga por suprimir los obstáculos que dificultan el voto de los accionistas, así como remover los obstáculos legales para la participación electrónica en las juntas, a excepción de los necesarios para la verificación de la identidad del accionista y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se hace especial hincapié en permitir a los accionistas no residentes en el Estado miembro ejercer sus derechos con la misma facilidad que los residentes, eliminando los obstáculos que dificultan su acceso a la información y el ejercicio del voto sin necesidad de asistir físicamente a la reunión.

Al mismo tiempo, se regulan otras formas de participación del accionista en las juntas, como la introducción de nuevos puntos en el orden del día de la reunión, la presentación de propuestas de acuerdos sobre puntos del orden del día o el ejercicio del derecho de información sobre dichos puntos, y, finalmente, se suprimen los obstáculos que dificultan el ejercicio del voto por representante para aquellos accionistas que optan por no acudir físicamente a la junta y que tampoco participan por medios telemáticos.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La aspiración del legislador a que exista un único cuerpo legal que contenga la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles empieza a cobrar forma. El proceso de refundición iniciado con la Ley de Sociedades de Capital, seguido de las modificaciones a que estamos asistiendo, no es más que un nuevo paso dirigido hacia la necesidad de modificar el Código de Comercio decimonónico vigente o, en su defecto, aprobar un nuevo Código de las Sociedades Mercantiles acorde a la realidad económica en que se mueven las sociedades y los operadores jurídicos. Quizá la mención de la decidida voluntad de provisionalidad con que nació la Ley de Sociedades de Capital, pese a ser una manifiesta enemiga de la seguridad jurídica, sea, por una vez, un buen indicador.

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Laboral Mayo 2011

Acuerdo Social y Económico: Principales modificaciones en el Sistema de Pensiones

En el Acuerdo Social y Económico, suscrito por el Gobierno y los denominados agentes sociales –patronales y sindicatos– el pasado 2 de febrero, se ha introducido, entre otras cuestiones, una significativa modificación de nuestro sistema de pensiones. El propósito de estas notas es resumir los puntos más relevantes a considerar a este respecto. Es importante aclarar –para evitar confusiones– que el Acuerdo de referencia es sólo eso, una acuerdo cuyo contenido ha de ser tramitado a través de leyes ordinarias y no mediante el procedimiento de urgencia que se lleva a cabo a través de un Real Decreto-ley. Por consiguiente, la entrada en vigor de las modificaciones legales y de la nueva normativa –especialmente en lo que se refiere a la reforma de las pensiones– no va a entrar en vigor, ni mucho menos, de manera inmediata. Según el propio texto del Acuerdo, la mayor parte de las normas lo harán a partir del año 2013.

REFORMA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

1. Edad de jubilación

  • La ordinaria se fijará, en términos generales, a los 67 años.
  • La anticipada podrá ser a partir de los 63 años.

1.1. Jubilación ordinaria

  • Podrá ser, no obstante, a los 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses.
  • El paso de los 65 a los 67 años de edad se aplicará progresivamente, dentro del periodo comprendido entre 2013 y 2027, a razón de 1 mes por año hasta 2018 y de 2 meses por año desde 2019 a 2027:


Edad de Jubilación
en funcion de los períodos de cotización acreditados
Referencia temporal Menos de 38 años y 6 meses cotizados 38 años y 6 meses o más cotizados
Durante año 2013 65 años y 1 mes 65
Durante año 2014 65 años y 2 meses 65
Durante año 2015 65 años y 3 meses 65
Durante año 2016 65 años y 4 meses 65
Durante año 2017 65 años y 5 meses 65
Durante año 2018 65 años y 6 meses 65
Durante año 2019 65 años y 8 meses 65
Durante año 2020 65 años y 10 meses 65
Durante año 2021 66 años 65
Durante año 2022 66 años y 2 meses 65
Durante año 2023 66 años y 4 meses 65
Durante año 2024 66 años y 6 meses 65
Durante año 2025 66 años y 8 meses 65
Durante año 2026 66 años y 10 meses 65
Durante año 2027 67 años 65
  • Por otra parte, el paso de la cotización de 35 a 38 años y medio para poder jubilarse a los 65 años con el 100% de la base reguladora se producirá también progresivamente desde 2013 a 2027, a razón de 3 meses cada año:
Referencia temporal Período cotizado
Durante año 2013 35 años y 3 meses
Durante año 2014 35 años y 6 meses
Durante año 2015 35 años y 9 meses
Durante año 2016 36 años
Durante año 2017 36 años y 3 meses
Durante año 2018 36 años y 6 meses
Durante año 2019 36 años y 9 meses
Durante año 2020 37 años
Durante año 2021 37 años y 3 meses
Durante año 2022 37 años y 6 meses
Durante año 2023 37 años y 9 meses
Durante año 2024 38 años
Durante año 2025 y 2026 38 años y 3 meses
A partir del año 2027 38 años y 6 meses

1.2. Jubilación anticipada

  • Esta jubilación es voluntaria a partir de los 63 años si se acreditan, al menos, 33 años cotizados.
  • En estos casos se aplicará al importe de la pensión un coeficiente reductor del 7,50% por año de anticipo respecto a la edad ordinaria de jubilación en cada caso.
  • La pensión resultante no generará complemento por mínimos. Es decir, será la que se derive de los cálculos pertinentes sin elevarla a la cuantía fija que se establezca para cada momento.

1.3. Jubilación anticipada en situaciones de crisis

  • La edad de 63 años podrá reducirse a 61 años en el caso de que la jubilación anticipada provenga de una situación de crisis y se haya acordado como consecuencia de compromisos adoptados en EREs, convenios colectivos y/o acuerdos colectivos en las empresas.
  • En estos casos, las jubilaciones podrán anticiparse a los 61 años, siempre que se tenga un mínimo de 33 años cotizados, aplicándose un coeficiente reductor del 7,50% por cada año de adelanto, no pudiendo ser, sin embargo, la reducción resultante ni inferior al 33% ni superior al 42% de la respectiva base reguladora.
Coeficientes reductores en supuestos de jubilación anticipada en situaciones de crisis
(situación en 2027 tras aplicación de régimen transitorio)
Años cotizados Años de Edad
61 62 63
33 en adelante 42% 37,5% 33%

 

  • Es importante remarcar que el Acuerdo menciona expresamente que se mantendrán y respetarán las condiciones de acceso a la jubilación anticipada como consecuencia de compromisos adoptados con anterioridad al mismo y derivados de situaciones de crisis y adoptados antes de la firma del mismo.

2. Jubilación especial a los 64 años

Este tipo de jubilación quedará derogada íntegramente en cuanto entre en vigor la nueva normativa. Se refiere a la regulada por el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, que la permite –percibiendo el 100% de la pensión– cuando la empresa contrate simultáneamente a otro trabajador por un periodo al menos de 1 año.

3. Jubilación parcial

  • La jubilación parcial, a partir de los 61 años, mediante el contrato de relevo, se mantiene en el Acuerdo.
  • Además, se indica, literalmente, que «la cotización será íntegra tanto para relevista como para relevado». Es decir, se mantiene esta jubilación parcial pero cotizando, tanto el relevista como el relevado –y, naturalmente, la empresa– la cuota íntegra, no la parcial en proporción al tiempo trabajado.
  • Asimismo, el Acuerdo determina que la «elevación de la cotización respecto a la situación actual» se realizará progresivamente (no se indica cómo) en un periodo de 15 años, desde la entrada en vigor de la reforma.

4. Período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión de jubilación

  • Para la determinación de la base reguladora, de la que se deriva la cuantía de la pensión, se tendrán en cuenta los 25 últimos años de cotización, en lugar de los 15 años actuales.
  • Esta elevación se realizará también progresivamente a razón de un año por año desde 2013 a 2022:
Elevación del periodo de cómputo
(cálculo de la base reguladora)
Referencia temporal Tiempo computado
Durante año 2013 192 meses (16 años)
Durante año 2014 204 meses (17 años)
Durante año 2015 216 meses (18 años)
Durante año 2016 228 meses (19 años)
Durante año 2017 240 meses (20 años)
Durante año 2018 252 meses (21 años)
Durante año 2019 264 meses (22 años)
Durante año 2020 276 meses (23 años)
Durante año 2021 288 meses (24 años)
Durante año 2022 300 meses (25 años)

5. Normas especiales respecto a determinadas situaciones

5.1. Mujeres trabajadoras

Las mujeres que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción de hijos podrán adelantar antes de los 67 años su jubilación a razón de 9 meses por cada hijo, con un máximo de 2 años, siempre que con ese período adicional dispongan de un período de cotización suficiente para acceder a la cuantía completa de la jubilación, entre los 65 y los 67 años. El período de excedencia por cuidado de hijos que se entiende como cotizado se amplía a 3 años.

5.2. Jóvenes trabajadores

Se prevén una serie de medidas para que puedan computarse más años de cotización. Entre otras, la cotización normal y ordinaria a la Seguridad Social en los contratos formativos.

5.3. Trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos y/o insalubres

Prevé el Acuerdo establecer un catálogo de profesiones de estas características, con el fin de establecer, para las mismas, un sistema de coeficientes reductores de la edad de jubilación (actualmente ya existente en algunas actividades).

5.4. Trabajadores autónomos

Con la intención de aplicar paulatinamente a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la misma protección contenida en el Régimen General en materia de pensiones, las bases medias de cotización del RETA experimentarán un crecimiento similar al de las medias del Régimen General. Esa subida anual no podrá superar el crecimiento de las medias del Régimen General en más de un punto porcentual.

¿CÓMO SE CALCULA UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?

Al margen ya del desarrollo teórico, queremos desarrollar un par de ejemplos prácticos que serán de utilidad en la siempre farragosa práctica del cálculo de una pensión de jubilación.

Lo más relevante es conocer que la cuantía de la pensión final a percibir dependerá, por un lado, de los años que cada uno haya cotizado, de la edad en que efectivamente decida jubilarse –con las limitaciones mínimas establecidas al efecto– y de la base reguladora que se haya venido acreditando.

1º) Deberemos conocer las bases de cotización obtenidas a lo largo de la vida laboral. Con esa información obtendremos la denominada «base reguladora», que es una cantidad a la que luego se le aplica un porcentaje para así obtener el importe de la pensión.

Hasta ahora, para calcular esa base reguladora se sumaban las bases de cotización de los 180 meses (15 años) inmediatamente anteriores al mes previo a producirse el hecho causante de la pensión (que generalmente es el día del cese en la actividad laboral para los trabajadores por cuenta ajena y el último día del mes del cese en el trabajo en los trabajadores autónomos), y esa suma se dividía entre 210 (15 años x 14 pagas/año).

Según el acuerdo firmado por el Gobierno, Sindicatos y Patronal, en el 2012 la base reguladora se calculará como hasta ahora, pero a partir del 1-1-2013 se irá incrementando paulatinamente -a razón de doce meses más cada año- el período de cálculo, de modo que, en el 2022 la base reguladora se calculará sumando las bases de cotización de los 300 meses (25 años) inmediatamente anteriores al del mes previo al cumplimiento de la edad de jubilación y dividiéndola entre 350 (25 años x 14 pagas al año).

En los años intermedios se incrementa el período en un año por cada año transcurrido (en 2013 se suman las bases de 192 meses y se dividen por 224, en 2014 se suman las de 204 meses y se dividen por 238, etc.). De esta manera, para calcular la pensión ya no se van a tener en cuenta sólo las cotizaciones de los últimos 15 años, sino que llegarán a computarse las de los últimos 25 años. Esto en la mayoría de los casos supondrá una reducción del importe de la pensión, ya que las bases de cotización suelen ser superiores en los últimos 15 años cotizados.

Actualización de las bases de cotización: Hay que tener en cuenta que las cantidades cotizadas hace años no «valen» lo mismo en el momento en que se realizaron esas cotizaciones que en el momento de jubilarse. Por eso, para calcular la pensión, los importes de las bases de cotización se actualizan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), excepto las de los últimos 24 meses computables, que se toman por su valor nominal, es decir, sin actualizar.

2º) Porcentaje aplicable a la base reguladora. Una vez calculada la base reguladora, hay que saber qué porcentaje de la misma va a constituir la pensión, pudiendo ir desde el 50% hasta el 100%. El elemento determinante de ese porcentaje es el número de años cotizados. A más años cotizados, mayor porcentaje aplicable. Con 15 años cotizados se percibiría el 50% de la base reguladora -este porcentaje se mantiene igual que ahora tras la reforma- y para cobrar el 100%, ahora es necesario haber cotizado 35 años, pero tras la reforma, a partir del 1-1-2026 será necesario haber cotizado 37 años para tener el 100% de la base reguladora. Este incremento de los años para percibir el 100% de la base se establece también de forma paulatina.

3º) Es importante destacar que las modificaciones operadas, que hemos comentado, mantienen, como sucede en la actualidad, unas pensiones mínimas y máximas que para el ejercicio de 2011 son las siguientes:

  • Pensión mínima: a) para jubilados con 65 años con cónyuge a cargo es de 10.388 euros anuales, lo que equivale a 742,00 euros al mes; b) para jubilados con 65 años sin cónyuge es de 8.419,60 euros, equivalente a 601,4 euros al mes.
  • Pensión máxima: El importe máximo para 2011 es de 2.497,91 euros al mes (34.970,74 euros anuales).

Una vez tenidos en cuenta y reunidos todos estos datos, podemos calcular el importe correspondiente a la pensión:

EJEMPLO 1:
Un albañil por cuenta propia va a jubilarse y tiene acreditadas las siguientes bases de cotización a lo largo de su vida laboral (entendemos los importes actualizados al IPC):

  • – De los 30 a los 50 años sus bases de cotización fueron de 1.200 €/mes.
  • – De los 50 a los 65 años (últimos 15 años) sus bases de cotización han sido de 1.600 €/ mes.

Cálculo de la pensión con la normativa actual:

  1. Su base reguladora, será: 1.600*180/210 =1.371,43
  2. Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años tiene derecho al 100% de la base reguladora.
  3. Importe de la pensión: 1.371,43 €/mes
  4. El importe obtenido no es inferior a la pensión mínima ni supera la máxima para el 2011, luego no se ajustará dicho importe.

Cálculo de la pensión con la aplicación plena de la reforma:

  1. Su base reguladora, será: (1.600*180 + 1.200*120)/350 =1.234,28. En este caso la base reguladora se ha visto reducida en un 10% respecto de la resultante en la normativa anterior.
  2. Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años no tiene derecho al 100% de la base reguladora, sino a un porcentaje algo inferior:

– Por los 15 primeros años de cotización: El 50%
– Por cada uno de los 240 meses posteriores cotizados ese porcentaje se incrementa en un 0,19%: es decir, se incrementará en: 0,19*240 = 45,6.
Porcentaje aplicable: 50 + 45,6 = 95,6%
3º) Importe de la pensión: 1.234,28*95,6% = 1.179,97 €/mes

EJEMPLO 2:
Administrativo por cuenta ajena que tiene acreditadas las siguientes bases de cotización a lo largo de su vida laboral (entendemos los importes actualizados al IPC):

  • – De los 20 a los 50 años sus bases de cotización fueron de 1.500 €/mes.
  • – De los 50 a los 65 años (últimos 15 años) sus bases de cotización han sido de 1.200 €/ mes.

Cálculo de la pensión con la normativa actual:

  1. Su base reguladora, será: 1.200*180/210 = 1.028,57
  2. Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años tiene derecho al 100% de la base reguladora.
  3. Importe de la pensión: 1.028,57 €/mes
  4. El importe obtenido no es inferior a la pensión mínima ni supera la máxima para el 2011, luego no se ajustará dicho importe.

Cálculo de la pensión con la aplicación plena de la reforma:

  1. Su base reguladora, será: (1.200*180 + 1.500*120)/350 =1.131,43
  2. En este caso la base reguladora se ha visto incrementada en un 10% respecto de la resultante en la normativa anterior.
  3. Porcentaje aplicable: Al haber cotizado más de 37 años tiene derecho al 100% de la base reguladora
  4. Importe de la pensión: 1.131,43 €/mes

Como puede comprobarse, cada uno tendrá que hacer sus cálculos. A unos pocos, la reforma les podría beneficiar. Por ejemplo, alguien que hubiese cotizado mucho de los 40 a los 50 años y se hubiese quedado en paro en ese momento. A la mayoría les perjudicará, ya que habitualmente se cobra más con 65 que con 40 años.

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Fiscal Mayo 2011

Apuntes para la declaración de renta 2010. Novedades y cambios

Al enfrentarnos un año más a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2010 resulta conveniente tener presentes las novedades que en el seno de este impuesto se han ido produciendo. No son pocas las modificaciones que se han originado. Algunas –aunque de gran calado– han pasado desapercibidas. Otras, en cambio, han tenido mayor repercusión mediática.

I. LA INCIDENCIA DE LAS NORMAS DE IMPULSO A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A partir del mes de mayo del 2011, se abre el plazo para que se proceda a autoliquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Resulta ocioso decir que a la fecha de publicación de este comentario ya poco se puede hacer para optimizar fiscalmente el resultado de la factura tributaria, lo que no debe ser óbice para que nos refiramos a las principales novedades que debemos tener presente a la hora de saldar cuentas con Hacienda.

El motivo fundamental por el que tratamos este tema reside en las distintas medidas de estímulo económico dictadas a lo largo del pasado ejercicio. Medidas destinadas no sólo a la recuperación de la economía, sino también a mantener el tejido empresarial y laboral.

Buena parte de las medidas a las que nos referiremos no son ni muchísimo menos novedosas, y las hemos comentado ya con anterioridad. De hecho, empezaron a aparecer a finales del año 2008, cuando ya la recesión era conocida, aunque aún lejos de los preocupantes índices que alcanzaría a lo largo del 2009. El año 2010, continuista respecto a su predecesor en materia de aprobación normativa tributaria, ha seguido sumando esfuerzos en el camino apuntado. Sirva de ejemplo de lo que decimos la copiosa producción legislativa a la que venimos asistiendo desde el año 2008. Así, y a simple título de ejemplo, podemos hacer mención del Plan de medidas de estímulo económico, aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008, que perseguía inyectar recursos adicionales a las familias y a las empresas, con un conjunto de estímulos económicos de diversa naturaleza (entre las que destacaban medidas de carácter tributario) que se fueron materializando a lo largo de todo el año en distintos Decretos Leyes que introdujeron:

  • la deducción de 400 euros aplicable a los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, con el fin de mejorar la renta disponible de las familias y, así, incentivar el consumo;
  • la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, y más adelante,
  • el anticipo del disfrute de la deducción por inversión en vivienda habitual mediante la toma en consideración, bajo determinadas circunstancias y cumpliendo determinados requisitos de dicha deducción, a efectos de determinar el importe de los pagos a cuenta del IRPF.
    En el año 2009, las normas de carácter tributario cedieron su protagonismo a las normas de carácter financiero, y así se sucedieron:
  • el Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas;
  • el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica;
  • el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, y
  • el Real Decreto-ley 7/2009, de 22 de mayo, de concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ayuda a la adquisición de vehículos y la renovación del parque de vehículos, entre tantas otras normas.

Fue, sin embargo, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de 2008, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 la que, con carácter sustantivo, incidió en la configuración del Impuesto sobre la Renta, a los efectos de su liquidación.

En el año 2010, distintos Decretos y Reales Decretos aparecidos a lo largo del ejercicio, volvieron a la senda de las modificaciones en materia tributaria, en sede, entre otros, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

II. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE IRPF

La producción normativa, en materia tributaria, haciendo y deshaciendo y adaptando a las cambiantes condiciones económicas, no ha hecho más que reflejar el profundo desfase existente entre la previsión reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y la realidad económica. Ello ha provocado la aparición de determinadas medidas tributarias que han acompañado al difícil panorama económico en el que nos movemos. En este orden de cosas, y quizá por ello con carácter general, consideramos necesario referirnos a las medidas más novedosas aparecidas a lo largo del pasado ejercicio, con independencia de que, con carácter puntual, descendamos a analizar algunas medidas concretas.

En primer lugar, la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, introdujo una serie de novedades en materia tributaria, con su correspondiente reflejo para el impuesto que estamos tratando. En particular, y a los efectos del cálculo del impuesto, interesan las siguientes:

  • Se modifica el importe exento en las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único. Así, con efectos desde el 1 de enero de 2010, se eleva la exención para las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único de 12.020 euros a 15.500 euros.
  • En materia de deducción por rendimientos del trabajo o de actividades económicas, desde 1 de enero de 2010, se modifica la deducción de 400 euros por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas. En concreto, serán deducibles:
    – 400 euros anuales, cuando la base imponible sea igual o inferior a 8.000 euros.
    – 400 euros, menos el resultado de multiplicar por 0,1 la diferencia entre la base imponible y 8.000 euros anuales, cuando la base imponible está comprendida entre 8.000,01 y 12.000 euros anuales.
    Para bases imponibles superiores no podrá aplicarse la deducción. En consonancia con esta novedad, la Ley y el Reglamento del Impuesto se han visto modificados, cambiando por tanto las reglas de cálculo de las retenciones e ingresos a cuenta, adaptando de igual modo los límites excluyentes de la obligación de retener.
  • Con efectos desde el 1 de enero de 2010, se elevan los tipos de gravamen del ahorro, del 18% vigente en el ejercicio anterior a los siguientes:
    – 19%, aplicable para los primeros 6.000 euros de base liquidable del ahorro.
    – 21%, a partir de 6.000,01 euros de base liquidable del ahorro.
  • En consonancia con la modificación de los tipos de gravamen de las rentas del ahorro, se incrementa del 18% al 19% el tipo de retención e ingreso aplicable a las siguientes rentas:
    – Con carácter general, los rendimientos del capital mobiliario.
    – Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.
    – Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos.
    – Arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles urbanos.
    – Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias.
    – Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual o industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento de los bienes anteriores. Queda exceptuada la explotación de los derechos de imagen, cuyo tipo de retención se mantiene en el 24%.
  • Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por el mantenimiento o creación de empleo, para los períodos impositivos 2009, 2010 y 2011. Podrá reducirse el rendimiento neto de actividades económicas en un 20%, siempre que:

– el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de las actividades desarrolladas por el contribuyente sea inferior a 5 millones de euros;
– la plantilla media sea inferior a 25 empleados;
– se mantenga o cree empleo.

Para el cómputo de la plantilla media será necesario que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de los periodos impositivos citados, la plantilla media del empresario no sea inferior a la unidad ni inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009. Pese a todo, si el empresario ha iniciado la actividad dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período. Si, en cambio, se ha constituido a partir de 1 de enero de 2009, se entenderá que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero. Los empresarios que hubiesen iniciado la actividad dentro de 2009, 2010 o 2011 y cuya plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad podrán aplicar el tipo reducido en su primer año de inicio, a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión del primer período impositivo, la plantilla media no sea inferior a la unidad.

En todo caso, el importe de la reducción no podrá ser superior al 50% del importe de las retribuciones satisfechas al conjunto de sus trabajadores.

  • En lo referente a la deducción por vivienda habitual la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ha incorporado un nuevo régimen aplicable a esta importante deducción, si bien su aplicación efectiva se verá en la renta del presente ejercicio, el 2011, en el próximo año. Mientras tanto, y para la autoliquidación del impuesto correspondiente al ejercicio 2010, la deducción se aplicará con el régimen vigente en dicho momento.
  • Al mismo tiempo, y aún en sede de deducción por vivienda habitual, la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas modificó sustancialmente la regulación de la deducción por inversión en vivienda habitual, al eliminar los porcentajes incrementados de deducción. Tras la modificación, el porcentaje de deducción por este concepto quedó fijado en un 15% sobre las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de la vivienda habitual, mientras que con el régimen anterior se permitía un incremento de los porcentajes de deducción durante los dos años inmediatamente posteriores a la adquisición de la vivienda. A los efectos de compensar la minoración de la deducción, se reguló un sistema de compensación para los contribuyentes que cumplieran determinados requisitos. Concretamente, que la vivienda habitual se hubiera adquirido antes del 20 de enero de 2006 y que se hubiera utilizado financiación ajena para su adquisición. Dicha compensación fiscal se mantiene en el cálculo del año 2010.
  • Se modifica el régimen aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español que, como consecuencia de dicho desplazamiento, adquieran su residencia fiscal en España. Hasta el momento, el régimen era aplicable para contribuyentes que adquirieran su residencia fiscal en España y que no lo hubieran sido en los últimos 10 años, siempre que el desplazamiento a territorio español se produjera como consecuencia de un contrato de trabajo, los trabajos se realizaran efectivamente en España, y dichos trabajos se realizaran para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español. Asimismo, se requería que los rendimientos del trabajo no estuvieran exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cumpliendo estas condiciones, los trabajadores podían optar por tributar en España por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aun siendo residentes, en el ejercicio de cambio de residencia y en los cinco siguientes. La modificación introducida por la Ley de Presupuestos consiste en la introducción de un requisito adicional: un límite cuantitativo, de tal suerte que el régimen no podrá ser aplicado por aquellas personas cuyas retribuciones anuales previsibles del trabajo superen, en alguno de los años de aplicación del régimen, los 600.000 euros.
  • En otro orden de cosas, la Orden de Módulos de IRPF e IVA, EHA/99/2010, de 28 de enero, desarrolló para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas manteniendo la estructura de la vigente para el año anterior, si bien introdujo algunas pequeñas modificaciones, en concreto, en relación con el IRPF, una reducción general del 5% del rendimiento neto para todos los contribuyentes que tributen por este régimen.
  • Por último, el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, introdujo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una exención en la tributación del impuesto de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con un límite de 1.500 euros; creando igualmente una nueva deducción por obras de mejora en la vivienda habitual, destinada a aquellos contribuyentes con bases imponibles inferiores a 53.007,20 euros. En virtud de esta disposición será deducible el 10% de las cantidades satisfechas desde el 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012 por obras realizadas en la vivienda habitual o en el edificio en la que esta se encuentre, con un máximo de 12.000 euros por vivienda habitual. Las obras deberán tener por objeto, entre otros y sin ánimo de exhaustividad, la mejora de la eficiencia energética, la utilización de energías renovables y la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros.

III. ALGUNOS APUNTES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

La Ley de Presupuestos para el año 2011 ha incorporado, como viene siendo habitual, medidas de calado en el ámbito tributario. En sede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la escala general y complementaria del impuesto, comprenderá dos nuevos tramos en la escala de gravamen estatal para rentas superiores a 120.000,20 euros y a 175.000,20 euros, incrementándose el tipo de gravamen respecto al máximo anterior en un 1% y un 2%, respectivamente. Por otro lado, se suprime la deducción por nacimiento de hijos o adopción, con efectos desde el 1 de enero de 2011. En otro orden de cosas, se establece un límite cuantitativo para la reducción del 40% en rendimientos irregulares, establecida en 300.000 euros anuales.

En lo referente a la deducción por inversión en vivienda habitual, a partir del 1 de enero de 2011, sólo podrán aplicarla los contribuyentes cuyas bases imponibles sean inferiores a 24.107,20 euros anuales. Afecta a este límite tanto las cantidades satisfechas para la compra o rehabilitación, como las cantidades depositadas en cuentas vivienda, así como las inversiones realizadas en obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por discapacidad. La base máxima de la deducción será de 9.040 euros para contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 17.707,20 euros, disminuyendo progresivamente para aquellos cuya base imponible se sitúe entre 17.707,20 y 24.107,20 euros. Para aquellos contribuyentes que hubieren adquirido o rehabilitado su vivienda antes del 1 de enero de 2011, se mantiene el régimen anterior.

Por último, y respecto a la reducción por arrendamiento de vivienda, con efectos desde 1 de enero de 2011, se ve incrementado del 50 al 60% el porcentaje de reducción del rendimiento neto por arrendamiento de vivienda. Por lo que se refiere a la reducción del 100% existente con la anterior regulación, queda limitada a los contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2011, a aquellos supuestos en los que el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años, rebajando así la edad máxima para acceder a este beneficio fiscal.

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Editorial Mayo 2011

Como es habitual en esta época, uno de los temas que centra más la atención, tanto entre los asesores como entre sus clientes, es la campaña de renta. Al enfrentarnos un año más a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2010 resulta conveniente tener presentes las novedades que en el seno de este impuesto se han ido produciendo. No son pocas las modificaciones que se han originado. Algunas –a pesar de su importancia– han pasado desapercibidas. Otras, en cambio, han tenido mayor repercusión mediática. Por ello, el motivo fundamental por el que tratamos este tema en nuestro comentario fiscal, reside en las distintas medidas de estímulo económico dictadas a lo largo del pasado ejercicio. Medidas destinadas no sólo a la recuperación de la economía, sino también a mantener el tejido empresarial y laboral.

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